SAT

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    En la iniciativa de cambios al Código Fiscal de la Federación se propone incorporar en la fracción IX, del apartado D, del artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, los requisitos mínimos que las personas morales deben cumplir previo a su cancelación, y prever la posibilidad de que el Servicio de Administración Tributaria pueda establecer requisitos adicionales mediante reglas de carácter general.

     Asimismo, con dicha medida se evita que el Servicio de Administración Tributaria obtenga pérdidas recaudatorias, en virtud de que los contribuyentes deberán estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones para la procedencia de su cancelación, es decir, un contribuyente que tenga créditos fiscales, por ejemplo, no podrá cancelar su registro hasta en tanto cubra el adeudo correspondiente.

     Cabe mencionar que, en aquellos casos en que el contribuyente materialmente ya se encuentre liquidado, pero fiscalmente aún no se cancela su registro por el incumplimiento de alguna obligación, se tiene previsto otorgar como una facilidad, la posibilidad de que dichos contribuyentes no tengan que cumplir con obligaciones periódicas (formales), de tal forma que hasta en tanto no puedan cancelarse fiscalmente, no deban cumplir con la presentación de declaraciones u otra obligación formal, de esta forma se evitará generar mayores obligaciones a los contribuyentes en el proceso de cancelación.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

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    Fuente: TFJA

     

    En la reciente Revista del Tribunal Federal de Justicia Administrativa No. 36 correspondiente al mes de Julio de 2019 en su página 174 se da a conocer Tesis que establece que la autoridad no puede modificar el resultado del ejercicio fiscal en el que se haya originado la perdida fiscal o saldo a favor para comprobar su procedencia.

     

    Dicha tesis se transcribe a continuación:

     

     

    VIII-P-2aS-454

    PÉRDIDA FISCAL O SALDO A FAVOR.- PARA COMPROBAR SU PROCEDENCIA, LA AUTORIDAD NO PUEDE MODIFICAR EL RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO DONDE SE HAYA ORIGINADO.- Del artículo 42, tercer párrafo, del Código Fiscal de la Federación se desprende que al desplegar alguna de las facultades de comprobación ahí contempladas, respecto de un ejercicio fiscal donde se disminuyan pérdidas fiscales o se compensen saldos a favor, la autoridad puede requerir al contribuyente la documentación comprobatoria que acredite de manera fehaciente el origen y procedencia de dichos conceptos, independientemente del ejercicio en que se haya originado; sin embargo, mediante dicha atribución no se faculta a la autoridad a modificar el resultado fiscal del ejercicio de origen. En ese sentido, si en ejercicio de sus facultades de comprobación, como puede ser una revisión de gabinete o una visita domiciliaria, la autoridad expresa motivos, fundamentos y conclusiones que tienen sustento en hechos concretos, a partir de los cuales determina la improcedencia de una pérdida fiscal por ejemplo por el rechazo de una deducción, o bien de un saldo a favor en caso de no haber reversado las pérdidas fiscales pendientes de disminuir derivado de una desconsolidación, debe entenderse que esa decisión impacta en el resultado fiscal del ejercicio fiscal donde se generó la pérdida o el saldo a favor cuando la autoridad liquide contribuciones por esos motivos y respecto de dicho ejercicio fiscal; de modo que si con posterioridad el crédito determinado es anulado lisa y llanamente, debe entenderse que los hechos en que se sustentó dicho crédito ya fueron juzgados y, al menos por estos, el ejercicio fiscalizado está firme. De ahí que no resulte válido que posteriormente la autoridad audite el ejercicio donde la contribuyente haya disminuido la pérdida o compensado el saldo a favor, y determine la improcedencia de dichos conceptos, sustentando su decisión en los mismos hechos en que apoyó la liquidación primigenia, sino que debe comprobar hechos diferentes para estimar que su actuación es legal, ya que de no ser así se estarían modificando elementos, como en los ejemplos descritos resulta ser la deducción rechazada o la pérdida fiscal no reversada, mediante los cuales se determinó el resultado fiscal del ejercicio de origen, mismo que debe considerarse que está firme.



    PRECEDENTE:

    VIII-P-2aS-267
    Juicio Contencioso Administrativo Núm. 28690/16-17-10-4/3139/17-S2-06-04.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 25 de enero de 2018, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Juan Manuel Jiménez Illescas.- Secretario: Lic. Galdino Orozco Parejas.
    (Tesis aprobada en sesión de 22 de marzo de 2018)
    R.T.F.J.A. Octava Época. Año III. No. 22. Mayo 2018 p. 144

    REITERACIÓN QUE SE PUBLICA:

    VIII-P-2aS-454
    Juicio Contencioso Administrativo Núm. 310/17-20-01-2/4021/17-S2-06-04.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 15 de mayo de 2018, por mayoría de 4 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrado Ponente: Juan Manuel Jiménez Illescas.- Secretario: Lic. Galdino Orozco Parejas.
    (Tesis aprobada en sesión de 15 de mayo de 2018)



     

     

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    El día 12 de Mayo de 2020 se publicó en el DOF la PRIMERA Resolución de  Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal, donde se adiciona la regla 13.3 que habla acerca de las suspensiones.

     

    Fuente: https://bit.ly/2SZsDzC

     

      

                           Suspensión de plazos y términos legales

    13.3.              En atención a las medidas extraordinarias establecidas en el artículo Segundo, inciso c), del “Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)”, y conforme al artículo Primero del “Decreto por el que se sanciona el Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)”, ambos publicados en el DOF el 24 de marzo de 2020, se estará a lo siguiente:

     

    A.        Para los efectos del artículo 12 del CFF, se suspende el cómputo de los plazos y términos legales de los siguientes actos y procedimientos que deban realizarse por y ante el SAT, incluyendo aquellos que se realizan por y ante las entidades federativas en términos de los convenios de colaboración administrativa en materia fiscal federal, siempre que no puedan ser realizados por medios electrónicos:

     

    I.      Presentación y resolución del recurso de revocación o de inconformidad.

    II.     Desahogo y conclusión de los procedimientos a que se refieren los artículos 150, 152, 153, 155 y 158 de la Ley Aduanera.

    III.    Inicio o conclusión del ejercicio de las facultades de comprobación, actos de verificación, así como el levantamiento de las actas que deban emitirse dentro de los mismos.

    IV.    Presentación o resolución de solicitudes de permiso, autorización, concesión, inscripción o registro; así como el inicio o resolución de los procedimientos de suspensión, cancelación o revocación de los mismos.

    V.     Realización, trámite o emisión de los actos previstos en los artículos, 27, apartado C, fracción I, inciso a), 34, 34-A, 36, tercer párrafo, 41, 41-A, 42, antepenúltimo párrafo, 46, 46-A, 48, 49, 50, 52, 52-A, 53, 53-A, 53-B, 63, segundo párrafo, 67, 69-D, segundo párrafo, 121, 133-A y 133-F del CFF; 29 y 203 de la Ley Aduanera y 91 de la Ley del ISR.

    VI.    Presentación, trámite, atención, realización o formulación de las promociones, requerimientos o actuaciones, que deban realizarse en la sustanciación de los actos a que se refieren las fracciones anteriores.

     

    B.        Acorde con lo dispuesto en el artículo Primero, fracción II, inciso c) del “Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2”, publicado en el DOF el 31 de marzo de 2020, de manera enunciativa mas no limitativa, no se encuentran comprendidos en la suspensión de los plazos y términos a que se refiere el apartado A de la presente regla, los siguientes actos que deban realizarse por y ante el SAT, incluyendo aquellos que se realizan por y ante las entidades federativas en términos de los convenios de colaboración administrativa en materia fiscal federal:

     

    I.      La presentación de declaraciones, avisos e informes.

    II.     El pago de contribuciones, productos o aprovechamientos.

    III.    La devolución de contribuciones.

    IV.    Los actos relativos al procedimiento administrativo de ejecución.

    V.     Los actos relativos a la entrada al territorio nacional y la salida del mismo de mercancías y de los medios en que se transportan o conducen, incluyendo las referentes al cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias.

    VI.    Los servicios de asistencia y orientación al contribuyente, incluidos la inscripción y avisos ante el RFC, que deban realizarse en las ADSC de manera presencial, los cuales se realizarán previa cita registrada en el Portal del SAT.

     

    C.        En términos del artículo 28, tercer párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, se suspende el cómputo de los plazos y términos legales de los siguientes actos y procedimientos que deban realizarse por y ante el SAT, siempre que no puedan ser realizados por medios electrónicos:

     

    I.      Los relativos al cumplimiento del objeto de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, su Reglamento, las Reglas de Carácter General y demás disposiciones que de estos emanen, incluido la presentación y resolución del recurso de revisión a que se refiere el artículo 61 de dicha Ley.

    II.     El inicio y conclusión de la verificación en el seguimiento y cumplimiento de los Programas de Auto Regularización, previstos en el transitorio Décimo Cuarto de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio 2019 y las disposiciones SEXTA y OCTAVA de las Disposiciones de Carácter General que Regulan los Programas de Auto Regularización, publicadas en el DOF el 16 de abril de 2019, así como la presentación y resolución de las solicitudes a que refieren dicho precepto y disposiciones.

    III.    Presentación y resolución de las promociones, requerimientos o actuaciones, que deban realizarse en la sustanciación de los procedimientos establecidos en los artículos 18, 23 y 25 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, incluso la presentación y resolución del recurso de revisión correspondiente.

    IV.    Inicio y resolución del procedimiento a que se refieren las cláusulas Trigésima Cuarta y Trigésima Quinta de los convenios de colaboración administrativa en materia fiscal federal.

    V.     Presentación, trámite, atención, realización, sustanciación o formulación de las promociones, requerimientos o actuaciones, que deban realizarse en la sustanciación de los actos y procedimientos a que se refieren las fracciones anteriores.

     

                           La suspensión de plazos y términos a que se refiere la presente regla comprenderá del 4 al 29 de mayo de 2020.

     

                           Tratándose de los plazos que se computen en meses o en años, al cómputo de los mismos se adicionarán 26 días naturales, al término de los cuales vencerá el plazo de que se trate.

     

                           En caso de que alguno de los actos o procedimientos cuyo plazo se suspende conforme a la presente regla se realice durante el periodo de suspensión previsto en la misma, dicho acto se entenderá efectuado el primer día hábil del mes de junio de 2020.

                           CFF 12, 27, 34, 34-A, 36, 41, 41-A, 42, 46, 46-A, 48, 49, 50, 52, 52-A, 53, 53-A, 53-B, 63, 67, 69-D, 121, 133-A y 133-F; Ley Aduanera 29, 36, 61, 150, 152, 153, 155, 158 y 203; LISR 91; LIF 2019 Décimo Cuarto Transitorio; Ley Federal de Procedimiento Administrativo 28; Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita 61, y Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado 18, 23 y 25

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    En la iniciativa de cambios al Código Fiscal de la Federación se propone adicionar la fracción XII en el apartado C del artículo 27, para señalar que el Servicio de Administración Tributaria por acto de autoridad podrá suspender o disminuir obligaciones que los contribuyentes tengan registradas ante el Registro Federal de Contribuyentes, sin que sea necesario que los contribuyentes presenten el aviso respectivo, cuando determine que éstos no han realizado ningún tipo de actividad en los últimos tres ejercicios previos.

     La justificación obedece a que el Servicio de Administración Tributaria ha detectado que diversos contribuyentes que ya no realizan ningún tipo de actividad se encuentran aún activos en el citado Registro, lo cual genera que el padrón de contribuyentes no se encuentre debidamente actualizado

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

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    El SAT Publica 3ra Versión Anticipada de la 2da Resolución de Modificaciones a la RMF

     

     

     

    Fuente: www.sat.gob.mx

     

     

     

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    En la iniciativa de cambios al Código Fiscal de la Federación se propone indicar que si bien la adopción del acuerdo conclusivo se podrá solicitar en cualquier momento, el límite temporal para hacerlo será de quince días siguientes a aquél en que se haya levantado el acta final o se haya notificado el oficio de observaciones o la resolución provisional, según sea el caso, ello considerando que el contribuyente durante el procedimiento de fiscalización tuvo la oportunidad para desvirtuar las observaciones u optar por corregir su situación fiscal, demostrando así su buena fe para llegar a un acuerdo de conclusión, máxime que, derivado de la posibilidad de solicitar dichos acuerdos hasta antes de que se notifique la liquidación, es muy común que los contribuyentes esperen a que la autoridad trate de notificar la liquidación correspondiente, para solicitar la adopción de un acuerdo conclusivo con el único propósito de evitar que concluya el proceso de notificación de la liquidación y poner en riesgo el acto de fiscalización, en caso de que no se llegue a un consenso y la autoridad deba emitir la liquidación al reactivarse los plazos del artículo 50 y 53-B del Código Fiscal de la Federación.

    En ese contexto, se propone incluir diversas causales de improcedencia del acuerdo conclusivo, a efecto de establecer limitantes a su interposición cuando se utiliza con el mero propósito de obstaculizar y viciar los procedimientos de fiscalización, tal como sucede cuando se solicita la adopción de un acuerdo conclusivo cuando ya se encuentra en vías de notificación la resolución determinante del crédito fiscal; cuando no resulta aplicable debido a la naturaleza de las facultades ejercidas en materia de devoluciones, compulsas y cumplimentación de resoluciones y sentencias, o bien, en aquellos casos en que los solicitantes de la adopción de un acuerdo conclusivo sean empresas que facturan operaciones simuladas (EFOS) presuntos o definitivos, ello considerando que el mecanismo para desvirtuar los hechos que llevaron a la autoridad a publicarlos como tales se encuentra previsto en el propio artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, por lo que de ninguna manera procede utilizar el procedimiento de acuerdo conclusivo para tales efectos.

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  • Fuente: TFJA

    En Septiembre se emite la Tesis de Jurisrpuedencia emitida por la Segunda del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en la cual se  estipula en en los casos de solicitud de devolución, la autoridad tiene facultad para comprobar la existencia de las operaciones que amparan la devolución, no siendo suficientes las facturas, contratos y demás documentos, pues en todo caso se deberá acreditar la materialidad de dichas operaciones.

     

    A continuación se Transcribe la Tesis:

     

    Tesis: VIII-J-2aS-78
    Página: 86
    Época: Octava Época
    Fuente: R.T.F.J.A. Octava Época. Año IV. No. 38. Septiembre 2019
    Materia: 
    Sala: Segunda Sección
    Tipo: Jurisprudencia

    VISITA DOMICILIARIA. TRATÁNDOSE DE UNA SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN LA AUTORIDAD FISCAL TIENE ESA FACULTAD PARA COMPROBAR LA EXISTENCIA DE LAS OPERACIONES QUE SUSTENTAN LA PETICIÓN.- En términos de lo dispuesto por el artículo 22, noveno párrafo, en relación con el artículo 42, fracción III, ambos del Código Fiscal de la Federación, la autoridad fiscal con la finalidad de verificar la procedencia de una solicitud de devolución presentada por un contribuyente, tiene la facultad para ordenar una visita domiciliaria. Asimismo, si la determinación de una obligación fiscal consiste en la constatación de la realización del hecho imponible o existencia del hecho generador y la precisión de la deuda en cantidad líquida, es dable entender que el legislador estimó que el vocablo determinar no solo comprende la cuantificación de la obligación en una cantidad cierta, sino la actividad de establecer y verificar la existencia del presupuesto generador del deber de tributar. De ahí, que si la autoridad fiscal en ejercicio de sus facultades de comprobación determina que no se pudo comprobar la existencia de las operaciones que el contribuyente aduce son amparadas con la documentación en la cual sustenta su derecho a obtener la devolución solicitada, resulta correcto que la autoridad fiscal concluya en consecuencia que la exhibición y aportación de dichos documentos es ineficaz para demostrar la existencia material de esas operaciones. Lo anterior en función de que no basta que los documentos tales como facturas, contratos, registros contables, etc., indiquen en su contenido que las operaciones allí señaladas se llevaron a cabo, cuando del resultado del ejercicio de las facultades de comprobación de la autoridad de referencia conoció que el objeto material de las operaciones es inexistente. (Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/S2/13/2019)

    PRECEDENTES: VII-P-2aS-767 Juicio Contencioso Administrativo Núm. 4732/12-17-11-6/1435/14-S2-07-03.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 11 de noviembre de 2014, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrada Ponente: Magda Zulema Mosri Gutiérrez.- Secretario: Lic. Adolfo Ramírez Juárez. (Tesis aprobada en sesión de 25 de noviembre de 2014)

    R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año V. No. 44. Marzo 2015. p. 833 VIII-P-2aS-39 Juicio Contencioso Administrativo Núm. 25236/15-17-08-8/1509/16-S2-09-04.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 24 de enero de 2017, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Juan Ángel Chávez Ramírez.- Secretario: Lic. Carlos Humberto Rosas Franco.- Ponencia asumida por el Magistrado Alfredo Salgado Loyo. (Tesis aprobada en sesión de 24 de enero de 2017)

    R.T.F.J.A. Octava Época. Año II. No. 8. Marzo 2017. p. 155 VIII-P-2aS-125 Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1041/16-14-01-6/1339/17-S2-06-04.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 8 de junio de 2017, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Juan Manuel Jiménez Illescas.- Secretario: Lic. Galdino Orozco Parejas. (Tesis aprobada en sesión de 8 de junio de 2017)

    R.T.F.J.A. Octava Época. Año II. No. 13. Agosto 2017. p. 237 VIII-P-2aS-344 Juicio Contencioso Administrativo Núm. 2783/17-17-07-3/789/18-S2-06-04.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 14 de agosto de 2018, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Juan Manuel Jiménez Illescas.- Secretario: Lic. David Alejandro Alpide Tovar. (Tesis aprobada en sesión de 14 de agosto de 2018)

    R.T.F.J.A. Octava Época. Año III. No. 26. Septiembre 2018. p. 310 VIII-P-2aS-440 Juicio Contencioso Administrativo Núm. 5331/17-09-01-6/2594/18-S2-06-04.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 4 de abril de 2019, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Juan Manuel Jiménez Illescas.- Secretario: Lic. Galdino Orozco Parejas. (Tesis aprobada en sesión de 4 de abril de 2019)

     

    R.T.F.J.A. Octava Época. Año IV. No. 34. Mayo 2019. p. 391 Así lo acordó la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión celebrada el 18 de junio 2019.- Firman el Magistrado Doctor Alfredo Salgado Loyo, Presidente de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y la Licenciada Andrea Guadalupe Aguirre Ornelas, Secretaria Adjunta de Acuerdos, quien da fe.

     

     

     

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    La cancelación de las facturas electrónicas es un proceso común en la práctica contable de los contribuyente, pero es normal caer en prácticas erróneas como generar notas de crédito buscando cancelar sus efectos fiscales.

    Es probable que esta creencia se deba a que cuando fue la transición de la versión de CFDIs 3.2 a 3.3 el SAT "sugirió" cancelar CFDIs con notas de crédito y esa práctica se quedó como costumbre en algunos contribuyentes como solución. Si embargo, de acuerdo al esquema de cancelación de CFDI 3.3 que entró en vigor el 1º de noviembre de 2018, las facturas en algunos casos, solo podrán cancelarse cuando la persona a favor de quien se expidan acepte su cancelación.

    Lo primero que debemos tener en cuenta es que una Nota de Crédito, ampara devoluciones, descuentos y bonificaciones y también sirve para corregir un monto en una factura, sin embargo, la factura anteriormente generada queda vigente. Si lo que se quiere hacer es que la factura original quede invalidada, esta deberá cancelarse.

    De acuerdo al apéndice 2 de la guía del anexo 20 del SAT en donde se establecen los tipos de comprobantes que pueden emitirse, se define el concepto del comprobante de EGRESOS también conocido como NOTA DE CRÉDITO de la siguiente manera:

    Comprobante de Egreso.- Amparan devoluciones, descuentos y bonificaciones para efectos de deducibilidad y también puede utilizarse para corregir o restar un comprobante de ingresos en cuanto a los montos que documenta, como la aplicación de anticipos. Este comprobante es conocido como nota de crédito.

    Por tanto, si se emite el CFDI de tipo egreso (nota de crédito) a este se le debe dar el efecto fiscal correspondiente, es decir, aplicarlo en la declaración anual como deducción, ya que se trata de un descuento, devolución o bonificación, según el artículo 25, fracción I de la LISR.

    Si lo que necesitas es sustituir una factura de venta errónea, deberás cancelar el CFDI de ingresos y generar uno nuevo de tipo SUSTITUCIÓN DE LOS CFDI PREVIOS relacionándolo con el CFDI cancelado. 

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    Con fecha 28 de diciembre de 2020 se publica en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto por el que se establecen estímulos fiscales a la enajenación de los combustibles que se mencionan en la frontera sur de los Estados Unidos Mexicanos. El estímulo fiscal corresponde a un acreditamiento contra el ISR o el IVA según el monto de litros de gasolina enajenados en un mes calendario.

    A través de este decreto se aplicará un estímulo fiscal para los empresarios con actividades de expendio al público de gasolinas y diesel en los municipios de la frontera sur del país, colindantes con Guatemala.

    Lo anterior para evitar una afectación económica dada la diferencia de precios de los combustibles entre los estados del sur de México con los departamentos colindantes del norte de Guatemala, explicó la dependencia a cargo de Arturo Herrera Gutiérrez.

    Para ello, expidió este día en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que se establecen estímulos fiscales a la enajenación de los combustibles que se mencionan en la frontera sur de los Estados Unidos Mexicanos”, mismo que tendrá como vigencia a partir del 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2024.

    De acuerdo con el Artículo primero del Decreto, el estímulo consistirá en una cantidad por litro de gasolina enajenada aplicable en cada una de las zonas geográficas que la dependencia determinó para elaborar el documento.

    En su Artículo tercero, el Decreto especifica que la franja fronteriza sur del país será dividida en zonas geográficas para la aplicación del estímulo, las cuales son:

    Zona I: Municipios de Calakmul y Candelaria del Estado de Campeche.

    Zona II: Municipios de Balancán y Tenosique del Estado de Tabasco.

    Zona III: Municipios de Ocosingo y Palenque del Estado de Chiapas.

    Zona IV: Municipios de Marqués de Comillas y Benemérito de las Américas del Estado de Chiapas.

    Zona V: Municipios de Amatenango de la Frontera, Frontera Comalapa, La Trinitaria, Maravilla Tenejapa y Las Margaritas del Estado de Chiapas.

    Zona VI: Municipios de Suchiate, Frontera Hidalgo, Metapa, Tuxtla Chico, Unión Juárez, Cacahoatán, Tapachula, Motozintla y Mazapa de Madero del Estado de Chiapas.

     

    De acuerdo con el texto oficial, “el monto del estímulo fiscal correspondiente a la totalidad de litros de gasolina enajenados en un mes de calendario se podrá acreditar contra el impuesto sobre la renta (ISR) a cargo del contribuyente que deba enterarse en las declaraciones de pagos provisionales propios correspondientes al mes en que se llevó a cabo la enajenación de las gasolinas o en la declaración del ejercicio.

    Cuando se opte por aplicar el acreditamiento contra los pagos provisionales propios, el acreditamiento aplicado se considerará como impuesto efectivamente pagado”.

    Si después de hecho lo anterior hubiera una diferencia o el acreditamiento no se haya aplicado en los pagos provisionales propios, la o el contribuyente lo podrá acreditar contra el impuesto al valor agregado (IVA) del mes de que se trate, y, en ese caso, ya no se podrá acreditar en la declaración del ejercicio del impuesto sobre la renta.

    “El derecho para solicitar la devolución a que se refiere el párrafo anterior, tendrá vigencia de un año contado a partir del mes inmediato posterior a aquél en que se obtuvo el saldo excedente, en el entendido de que quien no solicite oportunamente la devolución, perderá el derecho de realizarla con posterioridad”, precisa el documento.

     

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    Con fecha 28 de diciembre de 2020 se publica en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto por el que se otorgan estímulos fiscales en materia de hidrocarburos. 

    En función de que el flujo de efectivo de los Asignatarios se vio disminuido considerablemente durante el año 2020 debido a la caída inesperada en el precio de la mezcla mexicana de petróleo, por la fuerte disminución de la demanda internacional de petróleo que se produjo como resultado de la emergencia de salud pública a nivel global y por factores que afectaron de manera particular al mercado internacional de petróleo, como los desacuerdos en la política de precios entre naciones líderes en la producción mundial de crudo, como Rusia y Arabia Saudita; así como la elevada acumulación de inventarios de crudo por parte de Estados Unidos;

    Por tanto se autoriza a los Asignatarios a pagar a plazo en forma diferida el pago provisional por concepto de derecho por la utilidad compartida a que se refiere el Título Tercero, Capítulo I de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, así como el pago mensual del derecho de extracción de hidrocarburos a que se refiere el Título Tercero, Capítulo II del citado ordenamiento legal, ambos correspondientes al mes de noviembre de 2020, a más tardar el 7 de enero de 2021;

    Que resulta conveniente establecer que los pagos que realicen los Asignatarios de conformidad con el presente Decreto, no generará recargos por prórroga, actualización, ni darán lugar a sanción alguna, y

    Que de conformidad con el artículo 39, fracción I del Código Fiscal de la Federación, el Ejecutivo Federal tiene la facultad de autorizar el pago a plazo de contribuciones de forma diferida, cuando se haya afectado o trate de impedir que se afecte la situación de algún lugar o región del país, una rama de actividad, la producción o venta de productos, o la realización de una actividad, así como en casos de catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias, por lo que he tenido a bien expedir el siguiente

     

  • Publicado el 10 Oct a las 11:11h

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    logo-GMC Por: GM Capacitación

    Con fecha 30 de septiembre de 2016 se publica en el DOF, Decreto por el que se otorgan estímulos fiscales para incentivar el uso de medios electrónicos de pago y de comprobación fiscal.

    Este decreto tiene la finalidad de estimular a los comercios, para que establezcan medios de pago electrónicos, como se ha hecho en años anteriores durante el período “Buen Fin”con la novedad de que se amplía para otorgar también premios por solicitar comprobante fiscal.

    Para esto, el Ejecutivo ha considerado que la suma total de los montos a entregar como premios a los tarjetahabientes no podrá exceder de la cantidad de $650,000,000.

    Los puntos relevantes del decreto son los siguientes:

    1. El ESTIMULO consistente en acreditar contra el impuesto sobre la renta propio o del retenido a terceros por este impuesto, el importe entregado como premio en los sorteos que celebre el Servicio de Administración Tributaria, y/o el costo del bien o servicio que se entregue como premio en dichos sorteos, consignado en el comprobante fiscal digital por Internet que se emita a su entrega
    2. Podrán acreditar el estímulo fiscal otorgado hasta agotarlo, en los meses siguientes a aquél en que se realice la entrega de los premios a cada ganador, y una vez que se haya entregado al Servicio de Administración Tributaria la información que determine a través de las reglas de carácter general.
    3. Se exime a los beneficiarios de los estímulos previstos en este Decreto del pago del Derecho por concepto de vigilancia que establece el artículo 27 de la Ley Federal de Derechos.
    4. Se releva a los beneficiarios de los mismos de la obligación de presentar el aviso a que se refiere el artículo 25, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación.
    5. El estímulo fiscal a que se refiere el presente Decreto, así como el importe de los premios que se entreguen a las personas físicas, derivados de los sorteos, no se considerarán ingresos acumulables para los efectos del impuesto sobre la renta.
    6. La aplicación del estímulo fiscal establecido en el presente Decreto no dará lugar a devolución ni compensación.
    7. El decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y concluirá su vigencia el 31 de diciembre de 2017

    El decreto completo lo podrán bajar de la siguiente liga

  •  

    Fuente: Conferencia Matutina Presidencial

     

    El 22 de Octubre de 2019, dentro de la Conferencia Mañanera, se dio a conocer por parte de los titulares del SAT, UIF y Procuraduria Fiscal de la Federación la segunda fase del combate a las empresas fantasma y operaciones simuladas. 

    Margarita Ríos-Farjat, titular del SAT, explicó que, de manera inicial, se identificó 150 posibles factureras con 282 mil millones de pesos facturados, por lo que procedieron a bloquear el Certificado de Sello Digital de 144 empresas.

    Luego de diversos trámites y rectificaciones, el SAT entregó 144 expedientes a la UIF, que dio inicio a investigación en etapas.

    En un primer momento, la UIF seleccionó a sólo 10 empresas que, al ser revisadas, permitieron detectar a 135 personas físicas y morales relacionadas con ese tipo de irregularidades.

    "Se dio vista a la PFF para que proceda por defraudación fiscal contra quien reciba las ganancias. Además, se están abriendo 14 investigaciones penales por lavado de dinero, que abarcan a 145 sujetos", informaron en un documento.

    "El SAT revisó los 135 casos relacionados detectados por la UIF (a los que se suman los primeros 10 detectados por el SAT). Los 145 casos representan 50 mil millones de pesos facturados".


     

      Baja la presentación que se utilizo para explicar de manera gráfica este tema en la Siguiente Liga:

     

     

                                              

     

     

      

     

  • Publicado el 05 Sep a las 09:48h

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    Por. LC y LD Victor Hugo González Martínez web

    Dentro de las facultades de las autoridades tributarias está la de fiscalizar la contabilidad a fin de comprobar que la solicitud de devolución de contribuciones esté debidamente sustentada por lo que podrá ejercitar el procedimiento de revisión conforme al artículo 22 del Código Fiscal de la Federación.

    De manera específica el procedimiento que establece la forma en que deberá llevarse a cabo la fiscalización de las solicitudes de devolución se encuentra regulada en el artículo 22-D del Código Tributario Federal que a la letra indica que para comprobar la procedencia de las devoluciones las autoridades podrán ejercer las facultades previstas en la fracción II o III del Artículo 42 de dicho código. Dicho numeral fija las bases en que deberá revisarse la documentación de los contribuyentes, los plazos y las formalidades que debe cumplir.

    PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN

    El referido artículo 22-D del Código Fiscal de la Federación señala que para revisar la procedencia de las devoluciones la autoridad podrá ejercer cualquiera de las siguientes facultades de comprobación:


    • Revisión de gabinete o en las oficinas de la autoridad.
    • La visita domiciliaria en las instalaciones del contribuyente.

    Es decir, en dicho numeral se establecen los lineamientos para llevar a cabo la verificación y solo puede ser mediante cualquiera de esas dos formas de fiscalización, sin embargo es importante destacar que el propósito de estas facultades de comprobación tienen como propósito “verificar la procedencia de la devolución” de tal forma que en la notificación al contribuyente debe especificar el propósito de la auditoria, el periodo y las contribuciones.

    Resulta muy importante como lo establece el artículo 22-D del Código Fiscal de la Federación que el único propósito de la revisión es para verificar si procede o no la revisión, por lo que si la autoridad se aparta de dicho objeto estaría vulnerando los derechos del contribuyente siendo incluso probable que ejercite un amparo a su favor.

    El numeral señalado nos dice:

    Artículo 22-D. Las facultades de comprobación, para verificar la procedencia de la devolución a que se refiere el noveno párrafo del artículo 22 de este Código, se realizarán mediante el ejercicio de las facultades establecidas en las fracciones II ó III del artículo 42 de este Código. La autoridad fiscal podrá ejercer las facultades de comprobación a que se refiere este precepto por cada solicitud de devolución presentada por el contribuyente, aun cuando se encuentre referida a las mismas contribuciones, aprovechamientos y periodos, conforme a lo siguiente:

    I. El ejercicio de las facultades de comprobación deberá concluir en un plazo máximo de noventa días contados a partir de que se notifique a los contribuyentes el inicio de dichas facultades. En el caso en el que la autoridad, para verificar la procedencia de la devolución, deba requerir información a terceros relacionados con el contribuyente, así como en el de los contribuyentes a que se refiere el apartado B del artículo 46-A de este Código, el plazo para concluir el ejercicio de facultades de comprobación será de ciento ochenta días contados a partir de la fecha en la que se notifique a los contribuyentes el inicio de dichas facultades. Estos plazos se suspenderán en los mismos supuestos establecidos en el artículo 46-A de este Código.

    II. La facultad de comprobación a que se refiere este precepto se ejercerá únicamente para verificar la procedencia del saldo a favor solicitado o pago de lo indebido, sin que la autoridad pueda determinar un crédito fiscal exigible a cargo de los contribuyentes con base en el ejercicio de la facultad a que se refiere esta fracción.

    III. En el caso de que la autoridad solicite información a terceros relacionados con el contribuyente sujeto a revisión, deberá hacerlo del conocimiento de este último.

    IV. Si existen varias solicitudes del mismo contribuyente respecto de una misma contribución, la autoridad fiscal podrá emitir una sola resolución.

    V. En caso de que las autoridades fiscales no concluyan el ejercicio de las facultades de comprobación a que se refiere el presente artículo en los plazos establecidos en la fracción I, quedarán sin efecto las actuaciones que se hayan practicado, debiendo pronunciarse sobre la solicitud de devolución con la documentación que cuente.

    VI. Al término del plazo para el ejercicio de facultades de comprobación iniciadas a los contribuyentes, la autoridad deberá emitir la resolución que corresponda y deberá notificarlo al contribuyente dentro de un plazo no mayor a diez días hábiles siguientes. En caso de ser favorable la autoridad efectuará la devolución correspondiente dentro de los diez días siguientes a aquel en el que se notifique la resolución respectiva. En el caso de que la devolución se efectué fuera del plazo mencionado se pagarán los intereses que se calcularán conforme a lo dispuesto en el artículo 22-A de este Código.

    De la lectura a la norma antes transcrita podemos destacar que lejos de establecer beneficios a la autoridad en la especie concede derechos del contribuyente por lo que deberá estarse atento a ellos para salvaguardarlos.

    En virtud de lo anterior podemos destacar los siguientes puntos:

    auditoria2
    • La revisión tiene un solo propósito que es verificar la procedencia de la devolución.


    • La auditoria debe ceñirse al periodo que abarca la devolución solicitada y no uno distinto.


    • Debe especificar la contribución a revisar.


    • Tendrá que señalarse las partidas que son sujetas de revisión.


    • Evidentemente tendrá que señalar en la notificación si se trata de una orden de auditoria o de gabinete.


    • El plazo máximo de duración de la auditoria es de 90 días, por lo que en caso contrario opera la caducidad de la instancia administrativa. En casos excepcionales la auditoria podrá duplicarse a 180 días.


    • Asimismo el plazo de duración de la auditoría puede ser sujeto de suspensión conforme lo estable el código como por ejemplo la no entrega de la documentación, la muerte del contribuyente, la huelga y otros casos más.


    • La autoridad tiene la obligación de notificar al contribuyente una vez vencido el plazo legal de la revisión en 10 días posteriores para conocer la resolución que puede ser autorizando o negando la devolución.


    • Destaca el hecho de que por esta revisión la autoridad no puede determinar ningún crédito fiscal, sino que para hacerlo tendrá que ser por medio de otro acto de fiscalización

    Cabe señalar que el contribuyente en cualquier momento puede ejercer el derecho de defensa, como por ejemplo desde el inicio de la notificación interponer el amparo, o en su caso al final de la auditoria cuando tenga conocimiento de la resolución concluyente.

    Asimismo los tribunales ya se han pronunciado para decir que toda vez que la autoridad puede ejercer una visita domiciliaria en cuyo caso está obligada a levantar las actas parciales y final que proceda.


    En ese sentido la tesis nos indica lo siguiente:

    Época: Décima Época 
    Registro: 2011629 
    Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
    Tipo de Tesis: Aislada 
    Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
    Publicación: viernes 13 de mayo de 2016 10:13 h 
    Materia(s): (Administrativa) 
    Tesis: XVII.1o.P.A.5 A (10a.)

    DEVOLUCIÓN DE SALDO A FAVOR. LAS FORMALIDADES PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 46 Y 46-A, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, SON APLICABLES A LA VISITA DOMICILIARIA QUE PRACTIQUE LA AUTORIDAD PARA VERIFICAR LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD RELATIVA. El artículo 22 del Código Fiscal de la Federación prevé como un derecho de los contribuyentes, solicitar la devolución de las cantidades pagadas indebidamente al fisco federal o las que procedan conforme a las leyes fiscales y, además, establece que la autoridad tributaria puede ejercer sus facultades de comprobación para verificar la procedencia de la solicitud de devolución, sin señalar normas especiales para su desarrollo; sin embargo, cuando aquélla, con arreglo a ese precepto, ejerce la facultad de comprobación contenida en el artículo 42, fracción III, del propio código, es decir, una visita domiciliaria para el fin mencionado, debe sujetarse a las formalidades establecidas en los numerales 46 y 46-A, último párrafo, del mismo ordenamiento, de acuerdo a los cuales, deben levantarse actas parciales, última acta parcial y final, y si las autoridades no levantan esta última dentro de los plazos fijados en el artículo 22 mencionado, la visita se entenderá concluida al término de éstos y quedarán sin efectos la orden y las actuaciones que de aquélla derivaron, pues la génesis de esas formalidades consiste en hacer respetar los derechos fundamentales de seguridad jurídica e inviolabilidad del domicilio, previstos en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para acotar suficientemente el ejercicio de la facultad de la autoridad administrativa en el domicilio fiscal, y evitar que se torne arbitrario.

    PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.

    Amparo directo 385/2015. Móvil Six, S.A. de C.V. 12 de febrero de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín Hernández Simental. Secretario: Dorian Campos Hinojos.

    Amparo directo 412/2015. Patronato de la Feria y Exposición Ganadera Santa Rita del Estado de Chihuahua, A.C. 10 de marzo de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín Hernández Simental. Secretario: Juan Carlos Rivera Pérez.

    Esta tesis se publicó el viernes 13 de mayo de 2016 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

    CONCLUSIÓN

    Es importante señalar que la autoridad está sujeta a cumplir con diversos procedimientos establecidos en diversas normas legales pero esencialmente en el artículo 22-D del Código Fiscal de la Federación.

    Dentro de las obligaciones que debe cumplir la autoridad irremediablemente son:


    • Notificar la facultad de comprobación que esta ejerciendo.


    • Señalar el período sujeto de revisión y no dejarlo ambiguo o genérico.


    • Establecer la documentación que es materia de la revisión.


    • Asimismo debe precisar la contribución que va a revisar.


    • No debemos olvidar que hemos estado hablando de la revisión propiamente, pero la autoridad cuando notifique una resolución negativa debe darle a conocer de forma fundada y motivada las razones que tuvo para dictarla en ese sentido como lo sería la no causación de la contribución, la falta de algún requisito o que no se haya cumplido con alguna obligación sustantiva.


    • De igual forma la autoridad debe respetar los plazos legales para terminar su revisión porque de otro modo queda sin efectos la auditoria.

    Los puntos anteriores son enunciativos y del análisis de una adecuada defensa del contribuyente pueden sobre salir otros aspectos no mencionados pero que podrían ayudar al contribuyente para afrontar este tipo de revisiones, pues podemos advertir que estos procedimientos tienen dos propósitos como es evitar las devoluciones o buscar un pretexto para no devolverlas sino no tendría sentido.

    En conclusión el contribuyente debe estar atento porque puede interponer un amparo desde el inicio para lo cual goza de 15 días hábiles para ello, de igual manera estar atento para hacer valer sus derechos mediante el apoyo del abogado fiscalista.

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    Con fecha 23 de Junio se dio a conocer por parte del Gobierno Federal actualización al combate y esquema de empresas Factureras.

     

     

     

    Fuente: Gobierno de Mexico

     

     

     

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    El pasado 15 de Enero de 2020 en la conferencia mañanera el Gobierno de México creó un grupo de trabajo para combatir y erradicar la subcontratación ilegal u outsourcing ilegal la cual será perseguida como delincuencia organizada.
     
    El procurador fiscal de la Federación, explico que estas actividades se perseguirán de acuerdo con la ley antifactureras, porque se requiere de la contribución de tres o más personas para llevar a cabo esta práctica.
     
    Señalo que la reforma busca castigar como delincuencia organizada a todas las empresas que dan servicio de outsourcing ilegal, es decir, tres o más personas que de forma permanente y reiterada llevan a cabo actividades ilícitas, como en este caso es la defraudación fiscal.
     
    Explicó que las empresas que usan ese esquema de contratación de personal buscan no pagar cuotas del Seguro Social y del Infonavit, minimizar el pago de impuestos o desaparecer la relación laboral con los empleados.
     
    El funcionario de la Secretaría de Hacienda llamó a los empleadores y a las empresas que prestan el servicio a desistir de esa práctica, ya que pueden ser sancionados con penas de cárcel.
     
    Con base en lo anterior se dio a conocer un documento que explica detalladamente lo anterior

  • Publicado el 07 Feb a las 11:32h

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    De conformidad con los artículos 38, fracción IV del Código Fiscal de la Federación y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratándose de la competencia de los actos administrativos, para cumplir con la garantía de fundamentación, se debe citar el artículo, apartado, párrafo, fracción, inciso o subinciso de la ley, reglamento, decreto o acuerdo que le otorgue la atribución ejercida. Es en este contexto que la competencia en materia legal, uno de los requisitos de todo acto administrativo, la cual tiene gran importancia pues en caso de no cumplirse dicho acto sera ilegal y por tanto nulo. En este sentido en la Revista del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (R.T.F.J.F.A.) Séptima Época. Año VI. No. 58. Mayo 2016. p. 223, se publico la tesis siguiente:

    VII-P-1aS-1353

    COMPETENCIA TERRITORIAL

    LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS LOCALESREGIONALES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 

    TRIBUTARIA ESTÁN OBLIGADAS A CITAR EN EL ACTO MISMO, EL ARTÍCULO RESPECTIVO DEL ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE LA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL DE LAS MISMAS.-

    De conformidad con los artículos 38, fracción IV del Código Fiscal de la Federación y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratándose de la competencia de los actos administrativos, para cumplir con la garantía de fundamentación, se debe citar el artículo, apartado, párrafo, fracción, inciso o subinciso de la ley, reglamento, decreto o acuerdo que le otorgue la atribución ejercida, por lo que las unidades administrativas Locales o Regionales del Servicio de Administración Tributaria previstas en el Reglamento de dicho órgano desconcentrado, anterior al nuevo Reglamento del Servicio de Administración Tributaria, publicado el veinticuatro de agosto de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación, deben fundar la competencia del acto que emiten, en el precepto normativo que fija o delimita la circunscripción territorial, sin que pueda considerarse por satisfecho dicho requisito, el hecho de que se haya invocado tal acuerdo en un acto diverso, toda vez que todos los actos administrativos en lo individual deben cumplir con la debida fundamentación, de lo contrario se deja en incertidumbre jurídica al contribuyente al no saber si la autoridad actúa dentro del ámbito espacial que las normas jurídicas lo habilitan o facultan para ello.

    Juicio Contencioso Administrativo Núm. 23016/12-17-05-2/1609/13-S1-04-04.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 31 de marzo de 2016, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrado Ponente: Rafael Anzures Uribe.- Secretario: Lic. Javier Armando Abreu Cruz.
    (Tesis aprobada en sesión de 19 de abril de 2016)

    R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año VI. No. 58. Mayo 2016. p. 223

    Ver Sentencia Relacionada

     Por otro lado y en el mismo sentido  en la R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año VI. No. 60. Julio 2016. p. 125, se publico la tesis siguiente:

    VII-P-1aS-1370

    COMPETENCIA TERRITORIAL DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS REGIONALES 

    DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.- PARA CUMPLIR CON EL REQUISITO DE FUNDAMENTACIÓN ES NECESARIO SE INVOQUE EL “ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE LA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 

    REGIONALES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA”, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 15 DE ENERO DE 2013, AL SER ESTE EL ORDENAMIENTO QUE PREVÉ SU COMPETENCIA POR RAZÓN DE TERRITORIO.- De conformidad con el artículo 37, primer párrafo apartado A, y último párrafo, del Reglamento Interior delServicio de AdministraciónTributaria, vigente hasta el 21 de noviembre de 2015, la circunscripción territorial de las unidades administrativas regionales de dicho órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la cual ejercerán sus facultades, se determinará mediante acuerdo que al efecto emita el Jefe del Servicio de Administración Tributaria. De esta manera, mediante el “Acuerdo por el que se establece la circunscripción territorial de las unidades administrativas regionales del Servicio de 

    Administración Tributaria”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2013, en específico en su artículo Primero, se prevé de manera pormenorizada la circunscripción territorial que corresponde a cada unidad administrativa delServicio de AdministraciónTributaria, esto es, de cada Administración Local de Servicios al Contribuyente, Auditoría Fiscal, Jurídica y de Recaudación. De ahí que a fin de cumplir con el requisito de fundamentación de la competencia de la autoridad, previsto por el artículo 16 constitucional, es necesario que dichas Administraciones Locales citen la porción normativa aplicable del referido Acuerdo, al ser este el ordenamiento que prevé su competencia por razón de territorio.

    Juicio Contencioso Administrativo Núm. 4061/14-12-02-4/227/16-S1-05-04.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 14 de abril de 2016, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretario: Lic. Arturo Garrido Sánchez.
    (Tesis aprobada en sesión de 9 de junio de 2016)

    R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año VI. No. 60. Julio 2016. p. 125

    Ver Sentencia Relacionada

    Por último el pasado diciembre de 2016 y nuevamente en el mismo sentido  en la R.T.F.J.F.A. Octava Época. Año I. No. 5. Diciembre 2016. p. 216, se publico la tesis siguiente:

     

    VIII-P-1aS-62

    COMPETENCIA TERRITORIAL DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS REGIONALES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.- PARA CUMPLIR CON EL REQUISITO DE FUNDAMENTACIÓN ES NECESARIO SE INVOQUE EL “ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE LA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS REGIONALES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA”, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 15 DE ENERO DE 2013, AL SER ESTE EL ORDENAMIENTO QUE PREVÉ SU COMPETENCIA POR RAZÓN DE TERRITORIO.- De conformidad con el artículo 37, primer párrafo apartado A, y último párrafo, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, vigente hasta el 21 de noviembre de 2015, la circunscripción territorial de las unidades administrativas regionales de dicho órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la cual ejercerán sus facultades, se determinará mediante acuerdo que al efecto emita el Jefe del Servicio de Administración Tributaria. De esta manera, mediante el “Acuerdo por el que se establece la circunscripción territorial de las unidades administrativas regionales del Servicio de Administración Tributaria”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2013, en específico en su artículo Primero, se prevé de manera pormenorizada la circunscripción territorial que corresponde a cada unidad administrativa del Servicio de Administración Tributaria, esto es, de cada Administración Local de Servicios al Contribuyente, Auditoría Fiscal, Jurídica y de Recaudación. De ahí que a fin de cumplir con el requisito de fundamentación de la competencia de la autoridad, previsto por el artículo 16 constitucional, es necesario que dichas Administraciones Locales citen la porción normativa aplicable del referido Acuerdo, al ser este el ordenamiento que prevé su competencia por razón de territorio.

    PRECEDENTE:

    VII-P-1aS-1370
    Juicio Contencioso Administrativo Núm. 4061/14-12-02-4/227/16-S1-05-04.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 14 de abril de 2016, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretario: Lic. Arturo Garrido Sánchez.
    (Tesis aprobada en sesión de 9 de junio de 2016)
    R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año VI. No. 60. Julio 2016. p. 125

    REITERACIÓN QUE SE PUBLICA:

    VIII-P-1aS-62
    Juicio Contencioso Administrativo Núm. 18814/15-17-08-5/1408/16-S1-01-04.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 10 de noviembre de 2016, por mayoría de 4 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrado Ponente: Carlos Chaurand Arzate.- Secretaria: Lic. Claudia Palacios Estrada.
    (Tesis aprobada en sesión de 10 de noviembre de 2016)

    R.T.F.J.A. Octava Época. Año I. No. 5. Diciembre 2016. p. 216

    Es claro que los contribuyentes deberán vigilar que sean cumplidos los requisitos de fundamentación de la competencia de la autoridad a efectos de que no sean vulnerados sus derechos.

     

  • Publicado el 08 Dic a las 02:10h

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    Con fecha 6 de Diciembre de 2016 fue publicado en el D.O.F. proyecto de Norma Mexicana bajo el la ClavePROY-NMX-R-086-SCFI-2016 y titulo SERVICIOS-EMPRESAS DE SUBCONTRATACIÓN Y/O TERCERIZACIÓN DE PERSONAL-REQUISITOS.

    Hay que aclarar que aun es un proyecto y que se tienen 60 días naturales para que cualquier interesado pueda prestar sus comentarios, sin embargo se espera que opere para 2017.

    Hemos encontrado que en diferentes medios de comunicación hacen referencia a es una NOM, sin embargo el proyecto se refiere a una NMX. La aclaración anterior es importante debido a que tienen diferencias que para efectos prácticos podemos resumir en lo siguiente:

    Normas Oficiales Mexicanas (NOM)

    • Son regulaciones técnicas para productos, procesos o servicios.
    • Son de carácter obligatorio.
    • La NOM-068-SCT-2-2000 es una Norma Oficial Mexicana

    Normas Mexicanas (NMX)

    • Establecen requisitos mínimos de calidad de productos y servicios.
    • Son de aplicación voluntaria.
    • La NMX-EC-17020-IMNC-2000 es una Norma Mexicana.

    Como antecedente de esta Norma tenemos que las secretarías de Economía y del Trabajo, junto con la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH), buscan fijar estándares o criterios mínimos que las empresas que ofrecen servicios de outsourcing deben cumplir y evitar la simulación de las firmas que tercerizan personal.

    El Proyecto de Norma Mexicana tiene como objetivo coadyuvar con las Empresas deSubcontratación y/o Tercerización de personal, a efecto de que cumplan con el marco jurídico aplicable,evitando plenamente la simulación de operaciones y estableciendo los requisitos para obtener la certificación y autorización del uso del signo distintivo que compruebe que se cumple con el presente Proyecto de Norma Mexicana.

    Así pues tendremos que en la NOM se incluirán aspectos como que las empresas de outsourcing deberán cumplir con los básicos de la Ley Federal del Trabajo (contrato escrito, prestaciones como aguinaldo y vacaciones), seguridad social, pago de impuestos y contribuciones y protección de datos personales del trabajador.

    Recordemos que con la reforma a la Ley Federal del Trabajo de 2012 en su artículo 15 A ya se reconoció a la Subcontratación (outsourcing) desde el punto de vista laboral, por tanto se buscará fortalecer con una regulación específica que permita certificar el cumplimiento de sus obligaciones legales en materia laboral, fiscal y de seguridad social frente a sus clientes y empresas, es decir la Nom no cambiará a ninguna la ley, por el contrario, precisará las obligaciones descritas en las leyes del Infonavit en su artículo 29 bis y la Ley del IMSS en su artículo 15 A, que obliga a las empresas de outsourcing a informar trimestralmente a ambos institutos el padrón de empleados registrados y la Ley Federal del Trabajo.

    A decir de los involucrados en su creación, dentro de los datos  que se consideraron alarmantes alarmantes y que por tanto impulsaron la creación de dicha Norma se encuentra que:

    • Hay más de 800 empresas, de las cuales no todas cumplen con el pago de impuestos.
    • Puede ser que estén ofreciendo eludir responsabilidades fiscales y en materia de prestación.
    • Encontrarse con la simulación de buscar un ahorro a costa de los ingresos del trabajador.
    • Existen esquemas de simulación para contratar personal que pueden afectar al trabajador como los sindicatos, pagos asimilados a salarios y asociaciones civiles y cooperativas.

    Así pues, esta norma servirá para que las empresas que ofrezcan los servicios de subcontratación puedan contar con una certificación oficial y que aquellas empresas que contraten los servicios de las outsourcings tengan la seguridad de recibir un servicio que esté cumpliendo con la Ley.

    Por tanto lo que se buscará con esta Norma es promover el outsourcing formal, que respetare y cumpla con las obligaciones fiscales y laborales, y de seguridad social pagando íntegramente sus contribuciones.

    Finalmente será importante que todas aquellas empresas de outsourcing revisen su contenido y alcances, para efectos implementar los requisitos mínimos de calidad que se establece en esta NOM para otorgar este tipo de servicios.

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    Publicado el 09 Sep a las 17:43h

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    La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que el artículo 88 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, vigente en 2015, no prevé expresamente un plazo para que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores dicte resolución en el procedimiento administrativo sancionador correspondiente y, por lo mismo, transgrede el principio de seguridad jurídica.

    Aun cuando el artículo 89 Bis-1 de la misma ley prevé el lapso de cinco años para que caduquen las facultades sancionadoras de la citada Comisión, lo cierto es que dicho plazo se interrumpe con el inicio del procedimiento administrativo relativo, de ahí que a partir de ese momento queda en manos de la autoridad definir cuándo dictar la resolución correspondiente.

    A través de un comunicado se precisó que la ausencia del límite temporal descrito en el precepto impugnado no se encuentra subsanada por la figura de la caducidad prevista en el artículo 89 Bis-1, pues al interrumpirse el plazo de esta última con el inicio del procedimiento sancionador subsiste el vicio de inconstitucionalidad determinado en la sentencia recurrida.

    Lo anterior, toda vez que la indefinición legislativa de un límite temporal para que la autoridad emita una resolución, posibilita incurrir en arbitrariedades o que se prolongue indefinidamente el procedimiento y se deje en incertidumbre jurídica al particular.

    Razón por la cual, la Primera Sala confirmó la sentencia recurrida y amparó a una empresa a la cual se le impuso una multa por la omisión de remitir el reporte de operaciones relevantes del segundo trimestre de 2012. Resolución que fue considerada válida en el juicio de nulidad.

    Inconforme la empresa quejosa promovió amparo, mismo que le fue concedido por el tribunal colegiado, lo cual motivó la presente revisión por parte de la autoridad.

     

    Veamos el Comunicado emitido por la SCJN:

     

    inconstitucionalidad-cnbv

  • Publicado el 06 Sep a las 09:06h

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    logo-GMC Por: GM Capacitación

    En términos de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo en su artículo 16 si el actor niega conocer la resolución administrativa que pretende impugnar, así lo expresará en su demanda, y, al contestarla, la autoridad acompañará constancia de la resolución administrativa y de su notificación, las cuales puede combatir el actor mediante ampliación de la demanda.

    ARTÍCULO 16.- Cuando se alegue que la resolución administrativa no fue notificada o que lo fue ilegalmente, siempre que se trate de las impugnables en el juicio contencioso administrativo federal, se estará a las reglas siguientes:

    I. Si el demandante afirma conocer la resolución administrativa, los conceptos de impugnación contra su notificación y contra la resolución misma, deberán hacerse valer en la demanda, en la que manifestará la fecha en que la conoció.

    II. Si el actor manifiesta que no conoce la resolución administrativa que pretende impugnar, así lo expresará en su demanda, señalando la autoridad a quien la atribuye, su notificación o su ejecuciónEn este caso, al contestar la demanda, la autoridad acompañará constancia de la resolución administrativa y de su notificación, mismas que el actor deberá combatir mediante ampliación de la demanda.

    III. El Tribunal estudiará los conceptos de impugnación expresados contra la notificación, en forma previa al examen de los agravios expresados en contra de la resolución administrativa.

    Si resuelve que no hubo notificación o que fue ilegal, considerará que el actor fue sabedor de la resolución administrativa desde la fecha en que manifestó conocerla o en la que se le dio a conocer, según se trate, quedando sin efectos todo lo actuado en base a dicha notificación, y procederá al estudio de la impugnación que se hubiese formulado contra la resolución.

    Si resuelve que la notificación fue legalmente practicada y, como consecuencia de ello la demanda fue presentada extemporáneamente, sobreseerá el juicio en relación con la resolución administrativa combatida.

    En este sentido los Plenos de Circuito a través de la tesis PC.XXX. J/7 A (10a.), emitida por contradicción entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos del Trigésimo Circuito publicada el viernes 4 de abril de 2014 en el Semanario Judicial de la Federación y, siendo de aplicación obligatoria a partir del lunes 7 de abril de 2014  resolvió lo siguiente:

    Época: Décima Época

    Registro: 2006103

    Instancia: Plenos de Circuito

    Tipo de Tesis: Jurisprudencia

    Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

    Libro 5, Abril de 2014, Tomo II

    Materia(s): Administrativa

    Tesis: PC.XXX. J/7 A (10a.)

    Página: 1186

    JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. CUANDO EL ACTOR NIEGA CONOCER EL ACTO IMPUGNADO Y LA AUTORIDAD, AL CONTESTAR LA DEMANDA, AFIRMA SU EXISTENCIA YEXHIBE EL DOCUMENTO ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA, PERO SEÑALA NO HABER EFECTUADO LA NOTIFICACIÓN RESPECTIVA, DEBE DECRETARSE SU NULIDAD LISA Y LLANA.

    Conforme al artículo 16, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo (cuyo contenido sustancial reproduce el numeral 31, fracción II, de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Aguascalientes), y a la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2a./J. 196/2010, cuando el actor niega conocer la resolución que pretende impugnar, la autoridad, al contestar la demanda, debe exhibir el documento original del acto impugnado o copia certificada. Ahora bien, dicha regla debe aplicarse, por igualdad de razón, cuando el demandante niega conocer dicho acto y la autoridad afirma su existencia y la demuestra con la exhibición del documento original o en copia certificada, pero señala no haber efectuado la notificación correspondiente; de ahí que si la autoridad no prueba que se notificó antes de que se instaure la demanda, el acto administrativo no puede surtir efectos y debe declararse su nulidad lisa y llana, ya que debe darse oportunidad al actor de imponerse de su contenido e impugnarlo, por lo que la ausencia de la notificación no puede generar un beneficio procesal para la autoridad demandada (como sobreseer en el juicio contencioso administrativo), sin que sea válido que ésta pretenda notificar la resolución, a través del juicio contencioso administrativo, toda vez que la ley no lo autoriza y porque no puede obligarse al particular a promover un juicio para enterarse del contenido del acto emitido en su contra, pues ello implicaría vulnerar los derechos de acceso a la justicia y a un recurso efectivo, previstos en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, respectivamente.

    PLENO DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO.

    Contradicción de tesis 6/2013. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos del Trigésimo Circuito. 4 de febrero de 2014. Mayoría de tres votos de los Magistrados José Luis Rodríguez Santillán, Miguel Ángel Alvarado Servín y Silverio Rodríguez Carrillo, con ejercicio de voto de calidad del primero de los nombrados en su carácter de presidente del Pleno del Trigésimo Circuito. Disidentes: Álvaro Ovalle Álvarez, Lucila Castelán Rueda y Esteban Álvarez Troncoso. Ponente: Esteban Álvarez Troncoso. Secretaria: María Ivannova Salazar Velasco.

    Tesis y/o criterios contendientes:

    El sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, al resolver el amparo directo 755/2013, y el diverso sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, al resolver los amparos directos 874/2010 y 779/2013.

    Nota:

    La tesis de jurisprudencia 2a./J. 196/2010 citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, enero de 2011, página 878, con el rubro: “JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. CUANDO EL ACTOR NIEGA CONOCER EL ACTO IMPUGNADO, LA AUTORIDAD AL CONTESTAR LA DEMANDA DEBE EXHIBIR EL DOCUMENTO ORIGINAL O, EN SU CASO, COPIA CERTIFICADA.”

    Finalmente la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la Tesis 2a./J. 86/2016 (10a.) emitida por contradicción entre las sustentadas por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Pleno del Trigésimo Circuito publicada el viernes 05 de agosto de 2016 en el Semanario Judicial de la Federación siendo de aplicación obligatoria a partir del lunes 08 de agosto de 2016, que dicta lo siguiente:

    Época: Décima Época

    Registro: 2012189

    Instancia: Segunda Sala

    Tipo de Tesis: Jurisprudencia

    Fuente: Semanario Judicial de la Federación

    Publicación: viernes 05 de agosto de 2016 10:05 h

    Materia(s): (Administrativa, Administrativa)

    Tesis: 2a./J. 86/2016 (10a.)

    JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SI EL ACTOR NIEGA CONOCER EL ACTO IMPUGNADO Y SU NOTIFICACIÓN, Y LA AUTORIDAD AL CONTESTAR LA DEMANDA EXHIBE CONSTANCIA DE LA RESOLUCIÓN, PERO RECONOCE NO HABERLA NOTIFICADO, ELLO NO CONDUCE A DECRETAR SU NULIDAD LISA Y LLANA.

    En términos de los artículos 16, fracciones II y III, y 17 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, si en un juicio contencioso administrativo el actor niega conocer la resolución administrativa que pretende impugnar así lo expresará en su demanda y, al contestarla, la autoridad acompañará constancia de la resolución administrativa y de su notificación, las cuales puede combatir el actor mediante ampliación de la demanda; debiendo estudiarse los conceptos de impugnación expresados contra la notificación, en forma previa al examen de los agravios expresados contra la resolución administrativa, y si se resuelve que no hubo notificación, se considerará que el actor fue sabedor de la resolución administrativa desde la fecha en que se le dio a conocer. En este sentido, no se deja en estado de indefensión al accionante, pues pese a que la autoridad demandada no haya notificado la resolución impugnada, lo cierto es que al dársele vista con el oficio de contestación de la demanda y la constancia del acto combatido, se le tiene como conocedor de éste y podrá reclamarlo en la ampliación a la demanda; por tanto, la omisión de la demandada en el juicio contencioso administrativo de exhibir la constancia de notificación de la resolución, por sí sola, no conduce a declarar la nulidad lisa y llana de los actos impugnados, pues ello será motivo de pronunciamiento por el ponente o la Sala, según sea el caso.

    SEGUNDA SALA

    Contradicción de tesis 104/2016. Entre las sustentadas por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Pleno del Trigésimo Circuito. 15 de junio de 2016. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos; en su ausencia hizo suyo el asunto Eduardo Medina Mora I. Secretaria: Claudia Mendoza Polanco.

    Tesis y/o criterios contendientes:

    Tesis PC.XXX. J/7 A (10a.), de título y subtítulo: “JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. CUANDO EL ACTOR NIEGA CONOCER EL ACTO IMPUGNADO Y LA AUTORIDAD, AL CONTESTAR LA DEMANDA, AFIRMA SU EXISTENCIA Y EXHIBE EL DOCUMENTO ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA, PERO SEÑALA NO HABER EFECTUADO LA NOTIFICACIÓN RESPECTIVA, DEBE DECRETARSE SU NULIDAD LISA Y LLANA.”, aprobada por el Pleno del Trigésimo Circuito, y publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 4 de abril de 2014 a las 10:40 horas, y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 5, Tomo II, abril de 2014, página 1186, y

    El sustentado por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 489/2015.

    Tesis de jurisprudencia 86/2016 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintinueve de junio de dos mil dieciséis.

    Hay que recordar lo que al efecto establece el artículo 217 de la Ley de Amparo que dice lo siguiente:

    Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales.

    La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente.

    La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito.

    La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.

    Con lo anterior queda de manifiesto que la tesis Tesis 2a./J. 86/2016 (10a.), sera el criterio que los tribunales inferiores deberán respetar y con ello, la omisión de la demandada en el juicio contencioso administrativo de exhibir la constancia de notificación de la resolución, por sí sola, no conduce a declarar la nulidad lisa y llana de los actos impugnados,

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    En la iniciativa de cambios al Código Fiscal de la Federación se propone adicionar un inciso i) en la citada fracción I del artículo 33 del Código Fiscal de la Federación para incluir una nueva facultad para las autoridades fiscales, consistente en proporcionar asistencia a los contribuyentes y darles a conocer en forma periódica parámetros específicos respecto a la utilidad, conceptos deducibles o tasas efectivas de impuesto sobre la renta, con el fin de que estos puedan cumplir con mayor certidumbre y en un entorno de cumplimiento preventivo y cooperativo con sus obligaciones fiscales, sin que por ello se entienda que se están ejerciendo facultades de comprobación.


    Esta facultad también se plantea como una forma de que el Servicio de Administración Tributaria dé a conocer, tanto para operaciones con partes independientes como para operaciones con partes relacionadas y para fines del impuesto sobre la renta, los parámetros de tributación y deducciones que deben corresponder a los contribuyentes, con base en el sector económico o rubro de actividad industrial a la que pertenecen. El alcance de esta publicación será meramente orientativo y con el fin de medir riesgos impositivos, buscando generar percepción de riesgo cuando los contribuyentes estén fuera de los parámetros dados a conocer por el Servicio de Administración Tributaria. La propuesta se complementa con el marco colaborativo y de cumplimiento cooperativo que enmarcará los programas de cumplimiento voluntario que implementaría dicho órgano desconcentrado de aceptarse la propuesta, dado que no se está en el supuesto del ejercicio de las facultades de comprobación.

    Consideramos que esta nueva facultad será muy peligrosa, en virtud de que será el SAT el único que calificará cuál es el verdadero monto de utilidad que se puede reportar; cuales son las deducciones que considerará como válidas e incluso los montos de las contraprestaciones y márgenes de utilidad de los contribuyentes, lo que se traduce en que se dejara en manos de la autoridad que recaude a cada contribuyente el monto de impuestos que considere necesario.

    Es clara la inconstitucionalidad de esta reforma porque trata de romper el principio de autodeterminación que rige en la materia tributaria plasmado en el articulo 6 del Código Fiscal de la Federación.

    La anterior reforma está íntimamente ligada con una adición a la fracción IV al artículo 33 del Código Fiscal de la Federación con el objetivo de promover el cumplimiento voluntario en la presentación de las declaraciones y de que el contribuyente pueda corregir su situación fiscal.

    Para lograr lo anterior, las autoridades fiscales podrán enviar a las contribuyentes propuestas de pago a través de declaraciones prellenadas, así como comunicados para promover el cumplimiento voluntario e informar respecto a las inconsistencias detectadas por la autoridad, sin que con ello se considere que se inician facultades de comprobación.

     

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