SAT

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    El Servicio de Administración Tributaria desde hace algún tiempo ha manejado lo que le llama Recaudación Inducida, que se basa por la emisión de Cartas Invitación a través del las cuales se les hace saber a los Contribuyentes que tienen omisiones en el cumplimiento de sus obligaciones y con ello tengan la oportunidad de regularizarse de manera espontánea.

     

    El pasado 28 de septiembre de 2020 el SAT dio a conocer la tercera versión de la “Tercera resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal para 2020 y sus anexos 1-a, 3 y 14”, en ella se prevé la incorporación de la regla 2.12.15. con el título “Aclaración de cartas invitación o exhortos de obligaciones omitidas”.

     

    La regla indica textualmente lo siguiente:

    Cuando las personas físicas o morales reciban una carta invitación o exhorto, mediante el cual cualquier autoridad del SAT solicite se acredite el cumplimiento en la presentación de declaraciones a que está sujeto de conformidad con las disposiciones fiscales aplicables, por algún impuesto, concepto, periodo y ejercicio, podrán realizar la aclaración correspondiente ante la Administración Desconcentrada de Recaudación más cercana a su domicilio fiscal, de conformidad con lo establecido en la ficha de trámite 128/CFF “Aclaración de requerimientos o carta invitación de obligaciones omitidas”, contenida en el Anexo 1-A. Lo dispuesto en la presente regla no será aplicable tratándose de las cartas invitación emitidas por la Administración General de Grandes Contribuyentes.

     

    Por tanto, es importante considerar lo que se establece en la ficha de trámite 128/CFF “Aclaración de requerimientos o carta invitación de obligaciones omitidas”, contenida en el Anexo 1-A de la RMISC 2020.

     

    En dicha ficha se indica que el contribuyente deberá ingresar al portal del SAT, en el apartado de Otros trámites y servicios, Aclaraciones asistencia y orientación electrónica, Aclara tu requerimiento de obligaciones omitidas, sección “Mi Portal”, servicios por Internet, y finalmente la opción “consulta” y proporcionar el número de folio del envío o recepción de su aclaración y que en caso de que la autoridad requiera documentación adicional, se enviará un reporte de información pendiente

    Una excepción que se debe tomar en cuenta es que las cartas invitación no será aplicable a las cartas invitación emitidas por la Administración General de Grandes Contribuyentes.

     

  • Publicado el 26 Ago a las 11:33h

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    I. INTRODUCCION

    Una de las reformas más controvertidas de la reforma fiscal para 2014 que aún sigue dando de qué hablar es la referente a la posibilidad que tiene el Fisco de Cancelar los certificados de sello digital. Dicha reforma se publicó en el D.O.F. el 9 de diciembre de 2013 para estar vigente a partir de 2014, con lo que uno podría pensar que solamente aplicaría para el ejercicio en que entre en vigor hacia adelante, sin embargo se han visto diversos casos que esta disposición se ha aplicado en forma retroactiva incluso para ejercicios de 2012 y 2013, es decir antes de la entrada en vigor de dicha disposición.

    Es por ello que el propósito del presente artículo será abordar las diversas vías de defensa que pueden tener los contribuyentes sujetos a esta situación

     

    II. DESARROLLO

     En efecto el articulo 17 H, fracción X del Código Fiscal de la federación indica lo siguiente:

    Artículo 17-H.- Los certificados que emita el Servicio de Administración Tributaria quedarán sin efectos cuando:

    X. Las autoridades fiscales:

    a) Detecten que los contribuyentes, en un mismo ejercicio fiscal y estando obligados a ello, omitan la presentación de tres o más declaraciones periódicas consecutivas o seis no consecutivas, previo requerimiento de la autoridad para su cumplimiento.

    b) Durante el procedimiento administrativo de ejecución no localicen al contribuyente o éste desaparezca.

    c) En el ejercicio de sus facultades de comprobación, detecten que el contribuyente no puede ser localizado; éste desaparezca durante el procedimiento, o bien se tenga conocimiento de que los comprobantes fiscales emitidos se utilizaron para amparar operaciones inexistentes, simuladas o ilícitas.

    d) Aun sin ejercer sus facultades de comprobación, detecten la existencia de una o más infracciones previstas en los artículos 79, 81 y 83 de este ordenamiento, y la conducta sea realizada por el contribuyente titular del certificado.

     

    De lo anterior se puede apreciar que existen 4 supuestos por los cuales el fisco tiene la facultad de cancelar los certificados de sello digital.

    En este sentido a través del Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1258/15-16-01-8.- Resuelto por la Sala Regional Peninsular del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 4 de abril de 2016, se emitió la tesis siguiente:

     

     

     

    VII-CASR-PE-30

    CANCELACIÓN DE CERTIFICADOS DE SELLOS DIGITALES (CSD). DEBIDA INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 17-H, FRACCIÓN X, INCISO D), DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.- El artículo 17-H, fracción X, del Código Fiscal de la Federación, establece una medida de control de los certificados de sellos o firmas digitales que expide el Servicio de Administración Tributaria, la cual se traduce en la cancelación de los mismos con el fin de evitar la emisión de comprobantes fiscales por parte de los contribuyentes que hayan incurrido en alguna conducta contraria a los objetivos de la administración tributaria, para lo cual autorizó a las autoridades fiscales a dejarlos sin efectos, conforme al inciso a) cuando detecten que los contribuyentes omitieron la presentación de declaraciones periódicas, pese a mediar requerimiento para su cumplimiento; en los incisos b) y c) cuando durante el procedimiento administrativo de ejecución o durante el ejercicio de facultades de comprobación, no puedan localizar o desaparezcan los contribuyentes, incluso cuando emitan estos comprobantes fiscales para amparar operaciones inexistentes, simuladas o ilícitas; y en el inciso d) cuando detecten la existencia de una o más infracciones previstas en los artículos 79, 81 y 83 del Código Fiscal Federal, con independencia que hayan o no ejercido facultades de comprobación, con la única condición que la conducta sea realizada por el contribuyente titular del certificado; sin que la expresión “Aun sin ejercer sus facultades de comprobación”, que contiene al principio de su texto el inciso d) de la citada fracción X del artículo 17-H, deba interpretarse que con ello se hace referencia únicamente a los casos en que las autoridades fiscales conozcan de la comisión de alguna de dichas infracciones sin ejercer facultades de comprobación, pues del análisis contextual a dicha disposición legal, se advierte la intención del legislador de autorizar la cancelación respectiva, entre otros supuestos, cuando el contribuyente titular del certificado cometa alguna de las infracciones previstas en los citados artículos 79, 81 y 83, habiéndose o no ejercido por parte de las autoridades alguna facultad de comprobación.

    Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1258/15-16-01-8.- Resuelto por la Sala Regional Peninsular del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 4 de abril de 2016, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Ana Luz Brun Iñárritu.- Secretario: Lic. Rigoberto Jesús Zapata González.

    R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año VI. No. 60. Julio 2016. p. 357

     

    La pregunta es ¿Por qué la autoridad está aplicando la cancelación para ejercicios en los que esta disposición no existía como lo son 2012 y 2013?

    Tal vez la respuesta la podamos encontrar en el artículo 6 del Código Fiscal de la Federación que indica lo siguiente:

    Artículo 6o.- Las contribuciones se causan conforme se realizan las situaciones jurídicas o de hecho, previstas en las leyes fiscales vigentes durante el lapso en que ocurran.

    Dichas contribuciones se determinarán conforme a las disposiciones vigentes en el momento de su causación, pero les serán aplicables las normas sobre procedimiento que se expidan con posterioridad.

    En este sentido podemos decir que existen normas sustantivas y normas adjetivas o de procedimiento. Una tesis muy ilustrativa que explica lo anterior es la siguiente:

     

    VI-TASR-XXVIII-24

    NORMAS SUSTANTIVAS Y ADJETIVAS. CONCEPTOS Y DIFERENCIAS.- El derecho sustantivo, es aquel que establece derechos u obligaciones, a diferencia del que regula su ejercicio, castiga su infracción o determina el procedimiento para su efectividad extraordinaria; por su parte, el derecho adjetivo, es el conjunto de leyes que posibilitan y hacen efectivo el ejercicio regular de las relaciones jurídicas, al poner en actividad el organismo judicial del Estado, esto es, no determina qué es lo justo, sino cómo ha de pedirse la justicia. Por lo anterior, se puede concluir que las normas sustantivas son aquellas que conceden derechos e imponen obligaciones, excepto las relacionadas con el proceso, mientras que las normas adjetivas, son las que regulan la utilización de los aparatos del Estado que aplican el derecho. En efecto, las normas sustantivas, son aquellas que reconocen un derecho o imponen una obligación; mientras que las normas procesales o instrumentales, son las que fijan los requisitos de los actos destinados a componer los conflictos que, en su caso, se den en relación con la observancia a las normas sustantivas, regulando los medios para llegar a la solución y estableciendo las disposiciones referentes a los sujetos procesales.

    Juicio Contencioso Administrativo Núm. 4989/10-07-02-1.- Resuelto por la Segunda Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 2 de junio de 2011, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Alfredo Ureña Heredia.- Secretario: Lic. David Fernando Castillón Dueñas.

    R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año III. No. 24. Julio 2013. p. 197

     

    Lo anterior es importante si consideramos con la tesis anterior que el artículo 17 H, fracción X, del Código Fiscal de la Federación no puede considerarse como una norma adjetiva o de procedimiento que conforme al artículo 6 del mismo ordenamiento pueda ser aplicada con posterioridad.

    Dicho lo anterior podemos analizar las diversas vías de atención o defensa

    • ACLARACION

     

    En primer termino tenemos que en la regla 2.2.4 que se puede ver en la publicación del 6 de mayo de 2016 en la 2da Resolución de Modificaciones a la Miscelánea Fiscal indica:

     

    Procedimiento para dejar sin efectos el CSD de los contribuyentes, restringir el uso del certificado de e.firma o el mecanismo que utilizan las personas físicas para efectos de la expedición de CFDI y procedimiento para desvirtuar o subsanar las irregularidades detectadas

     Para los efectos del artículo 17-H, primer párrafo, fracción X del CFF, así como de las reglas 2.2.8., 2.7.1.21. y las demás que otorguen como facilidad algún otro esquema de comprobación fiscal, cuando las autoridades fiscales tengan conocimiento de la actualización de alguno de los supuestos previstos en el citado artículo, emitirán la resolución que deje sin efectos el o los CSD del contribuyente, o bien, restrinja el uso del certificado de e.firma o el mecanismo que utilizan las personas físicas para efectos de la expedición del CFDI.

    Para los efectos del artículo 17-H, tercer párrafo, 29, antepenúltimo párrafo y 69, primer párrafo del CFF, los contribuyentes podrán consultar en el Portal del SAT, los CSD que han quedado sin efectos.

    Para los efectos del artículo 17-H, sexto párrafo del CFF, los contribuyentes podrán subsanar las irregularidades detectadas o desvirtuar la causa por la que se dejó sin efectos el o los CSD, se restringió el uso del certificado de e.firma o el mecanismo que utilizan para expedir CFDI, a través de un caso de aclaración que presenten conforme a la ficha de trámite 47/CFF“Aclaración para subsanar las irregularidades detectadas o desvirtuar la causa por la que se dejó sin efectos su certificado de sello digital, se restringió el uso de su certificado de e.firma o el mecanismo que utiliza para efectos de la expedición de CFDI”, contenida en el Anexo 1-A.

    Los contribuyentes a quienes se haya dejado sin efectos el o los CSD para la expedición de CFDI, no podrán solicitar un nuevo certificado o, en su caso, no podrán optar o continuar ejerciendo las opciones a que se refieren las reglas 2.2.8. y 2.7.1.21., ni alguna otra opción para la expedición de CFDI establecida mediante reglas de carácter general, en tanto no desvirtúen o subsanen las irregularidades detectadas.

    Para la aplicación del procedimiento previsto en la presente regla, cuando las autoridades fiscales dejen sin efectos el o los CSD se considera que también restringen el uso del mecanismo que utilice el contribuyente para la expedición de CFDI conforme a las reglas 2.2.8. y 2.7.1.21., o la que establezca la opción correspondiente.

     

    • JUICIO DE NULIDAD

    La siguiente alternativa puede se la implementación de un Juicio Contencioso administrativa ante el actual Tribunal Federal de Justicia Administrativa antes Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa,  argumentando para los casos de cancelaciones anteriores a 2014 que dicho actuar de parte de la autoridad es ilegal por aplicar el artículo 17 H, fracción X del Código Fiscal de la Federación en ejercicios en los que no existía, siendo que no puede ser considerada como una norma adjetiva o de procedimiento por la que pueda aplicarse el artículo 6 del mismo ordenamiento legal.

     

    • JUICIO DE AMPARO

     Otra opción seria la implementación de un Juicio de Amparo Indirecto  argumentando la que la norma es aplicada en forma retroactiva.

    Al respecto se muestran los siguientes antecedentes jurisdiccionales:

     

    Época: Novena Época

    Registro: 162299

    Instancia: Primera Sala

    Tipo de Tesis: Jurisprudencia

    Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

    Tomo XXXIII, Abril de 2011

    Materia(s): Constitucional

    Tesis: 1a./J. 78/2010

    Página: 285

    RETROACTIVIDAD DE LA LEY Y APLICACIÓN RETROACTIVA. SUS DIFERENCIAS.

    El análisis de retroactividad de las leyes implica estudiar si una determinada norma tiene vigencia o aplicación respecto de derechos adquiridos o situaciones jurídicas acaecidas con anterioridad a su entrada en vigor. En cambio, el análisis sobre la aplicación retroactiva de una ley supone la verificación de que los actos materialmente administrativos o jurisdiccionales estén fundados en normas vigentes, y que en caso de un conflicto de normas en el tiempo se aplique la que genere un mayor beneficio al particular.

    Amparo directo en revisión 737/2005. 3 de agosto de 2005. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: Andrea Nava Fernández del Campo.

    Amparo directo en revisión 829/2008. Miguel Jiménez Puga. 9 de julio de 2008. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guillermina Coutiño Mata.

    Amparo directo en revisión 1151/2008. Autos Populares de la Chontalpa, S.A. de C.V. 22 de octubre de 2008. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretaria: Paola Yaber Coronado.

    Amparo directo en revisión 1431/2008. Sena Automotriz, S.A. de C.V. 22 de octubre de 2008. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Francisco Octavio Escudero Contreras.

    Amparo directo en revisión 1013/2010. René Alejandro Chavarría García. 4 de agosto de 2010. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Rodrigo de la Peza López Figueroa.

    Tesis de jurisprudencia 78/2010. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de veintisiete de octubre de dos mil diez.

    Nota: Por instrucciones de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esta tesis que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, diciembre de 2010, página 149, se publica nuevamente con el cuarto precedente correcto, al encontrarse ausente el Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo.

    Época: Novena Época

    Registro: 188508

    Instancia: Pleno

    Tipo de Tesis: Jurisprudencia

    Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

    Tomo XIV, Octubre de 2001

    Materia(s): Constitucional

    Tesis: P./J. 123/2001

    Página: 16

    RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. SU DETERMINACIÓN CONFORME A LA TEORÍA DE LOS COMPONENTES DE LA NORMA.

    Conforme a la citada teoría, para determinar si una ley cumple con la garantía de irretroactividad prevista en el primer párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe precisarse que toda norma jurídica contiene un supuesto y una consecuencia, de suerte que si aquél se realiza, ésta debe producirse, generándose, así, los derechos y obligaciones correspondientes y, con ello, los destinatarios de la norma están en posibilidad de ejercitar aquéllos y cumplir con éstas; sin embargo, el supuesto y la consecuencia no siempre se generan de modo inmediato, pues puede suceder que su realización ocurra fraccionada en el tiempo. Esto acontece, por lo general, cuando el supuesto y la consecuencia son actos complejos, compuestos por diversos actos parciales. De esta forma, para resolver sobre la retroactividad o irretroactividad de una disposición jurídica, es fundamental determinar las hipótesis que pueden presentarse en relación con el tiempo en que se realicen los componentes de la norma jurídica. Al respecto cabe señalar que, generalmente y en principio, pueden darse las siguientes hipótesis: 1. Cuando durante la vigencia de una norma jurídica se actualizan, de modo inmediato, el supuesto y la consecuencia establecidos en ella. En este caso, ninguna disposición legal posterior podrá variar, suprimir o modificar aquel supuesto o esa consecuencia sin violar la garantía de irretroactividad, atento que fue antes de la vigencia de la nueva norma cuando se realizaron los componentes de la norma sustituida. 2. El caso en que la norma jurídica establece un supuesto y varias consecuencias sucesivas. Si dentro de la vigencia de esta norma se actualiza el supuesto y alguna o algunas de las consecuencias, pero no todas, ninguna norma posterior podrá variar los actos ya ejecutados sin ser retroactiva. 3. También puede suceder que la realización de alguna o algunas de las consecuencias de la ley anterior, que no se produjeron durante su vigencia, no dependa de la realización de los supuestos previstos en esa ley, ocurridos después de que la nueva disposición entró en vigor, sino que tal realización estaba solamente diferida en el tiempo, ya sea por el establecimiento de un plazo o término específico, o simplemente porque la realización de esas consecuencias era sucesiva o continuada; en este caso la nueva disposición tampoco deberá suprimir, modificar o condicionar las consecuencias no realizadas, por la razón sencilla de que éstas no están supeditadas a las modalidades señaladas en la nueva ley. 4. Cuando la norma jurídica contempla un supuesto complejo, integrado por diversos actos parciales sucesivos y una consecuencia. En este caso, la norma posterior no podrá modificar los actos del supuesto que se haya realizado bajo la vigencia de la norma anterior que los previó, sin violar la garantía de irretroactividad. Pero en cuanto al resto de los actos componentes del supuesto que no se ejecutaron durante la vigencia de la norma que los previó, si son modificados por una norma posterior, ésta no puede considerarse retroactiva. En esta circunstancia, los actos o supuestos habrán de generarse bajo el imperio de la norma posterior y, consecuentemente, son las disposiciones de ésta las que deben regir su relación, así como la de las consecuencias que a tales supuestos se vinculan.

    Amparo en revisión 2030/99. Grupo Calidra, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia.

    Amparo en revisión 375/2000. Ceras Johnson, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.

    Amparo en revisión 1551/99. Domos Corporación, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: José Manuel Quintero Montes.

    Amparo en revisión 2002/99. Grupo Maz, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Manuel González Díaz.

    Amparo en revisión 1037/99. Fibervisions de México, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Rosalía Argumosa López.

    El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinte de septiembre en curso, aprobó, con el número 123/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veinte de septiembre de dos mil uno.

    Época: Novena Época

    Registro: 183715

    Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

    Tipo de Tesis: Aislada

    Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

    Tomo XVIII, Julio de 2003

    Materia(s): Administrativa

    Tesis: VI.2o.A.49 A

    Página: 1204

    RETROACTIVIDAD DE LA NORMA JURÍDICA. HIPÓTESIS EN QUE OPERA (MATERIA FISCAL).

    Denomínase retroactividad a la traslación de la vigencia de una norma jurídica creada en un determinado momento histórico, a un lapso anterior al de su creación. Desde el punto de vista lógico, esa figura (retroactividad) implica subsumir ciertas situaciones de derecho pretéritas que estaban reguladas por normas vigentes al tiempo de su existencia dentro del ámbito regulativo de las nuevas normas creadas; el artículo 14 constitucional establece que a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, principio este que rige de acuerdo a la doctrina y a la jurisprudencia, respecto de las normas de derecho sustantivo como de las adjetivas o procesales. La aplicación retroactiva de las leyes a partir del enfoque sustantivo, se refiere a los efectos que tienen sobre situaciones jurídicas concretas o derechos adquiridos por los gobernados con anterioridad a su entrada en vigor, al constatar si la nueva norma desconoce tales situaciones o derechos al obrar sobre el pasado, lo que va contra el principio de irretroactividad de las leyes inmerso en el artículo constitucional citado; en cuanto hace a las leyes del procedimiento, éstas no pueden producir efectos retroactivos, dado que los actos de esa naturaleza se rigen por las disposiciones vigentes en la época en la que se actualizan. En ese contexto, si el contribuyente, en atención al saldo a favor que obtuvo en un año, adquirió el derecho de acreditarlo en la forma prevista por el precepto 6o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, vigente en esa época (contra el impuesto a su cargo que le corresponda en los meses siguientes hasta agotarlo), es incorrecto que la Sala examinara la litis, al tenor de lo que dispone el último numeral en cita, vigente en dos mil, en tanto que se aplica éste en forma retroactiva, en perjuicio de la peticionaria, al sostener que la resolución administrativa impugnada en el juicio de nulidad es válida, porque con esa conclusión se obliga a efectuar un acreditamiento que pugna contra la legislación de dos mil, cuando lo procedente es que para tal fin se atendiera a la norma en vigor durante el año en que se generó el derecho para acreditar el saldo a favor, contra el impuesto a cargo del contribuyente beneficiado, acorde con la cual podía realizarse la acreditación aludida en los meses siguientes.

    SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO.

    Amparo directo 136/2002. H. Peregrina de Pue., S.A. de C.V. 6 de junio de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Omar Losson Ovando. Secretaria: Elsa María López Luna.

     

    Una situación importante es lo referente a que el pasado 17 de Junio de 2016 fue publicado en el Semanario Judicial de la Federación la tesis Tesis: IV.2o.A.122 A (10a.) emitida por el Segundo Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, a través del cual indica que no es procedente la suspensión para efectos de que se reactiven los certificados de sello digital, tal como se indica a continuación:

     

    Época: Décima Época

    Registro: 2011910

    Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

    Tipo de Tesis: Aislada

    Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

    Libro 31, Junio de 2016, Tomo IV

    Materia(s): Común

    Tesis: IV.2o.A.122 A (10a.)

    Página: 2818

    CERTIFICADO DE SELLOS DIGITALES PARA LA EXPEDICIÓN DE COMPROBANTES FISCALES. ES IMPROCEDENTE CONCEDER LA SUSPENSIÓN EN EL AMPARO INDIRECTO PARA QUE AQUÉL SE REACTIVE SI SE DEJÓ SIN EFECTOS POR ACTUALIZARSE ALGUNA DE LAS HIPÓTESIS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 17-H, FRACCIÓN X, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.

    Si la Ley de Amparo en vigor, en sus artículos 128 y 138, determina que para resolver sobre la procedencia de la suspensión del acto reclamado debe verificarse la apariencia del buen derecho y la no afectación al orden público y al interés social, y la valoración de ambos aspectos no es desvinculada, sino concomitante, pues deben ponderarse con base en la apreciación de todos los elementos con que se cuente para la determinación más objetiva posible, tanto del buen derecho invocado como de la naturaleza del acto, también con la premisa de evitar que el otorgamiento de la suspensión esté basado en una pretensión infundada y temeraria que afecte al interés social; se considera que si en el juicio de amparo indirecto el acto reclamado consiste en que las responsables dejaron sin efectos un certificado de sellos digitales para la expedición de comprobantes fiscales, por haberse actualizado alguno de los supuestos previstos en el artículo 17-H, fracción X, del Código Fiscal de la Federación, aun cuando el quejoso solicite que la suspensión se otorgue para el efecto de que aquél se reactive porque, de no hacerlo, se le causaría un perjuicio de difícil reparación, al estar impedido para continuar con las actividades mercantiles necesarias para su subsistencia en un contexto en que, por un lado niega desconocer con certeza las razones de la cancelación pero, por otro, existen elementos en la demanda o sus anexos que permiten advertir que el fundamento del acto es la porción normativa aludida, debe considerarse que otorgar la medida cautelar con el efecto pretendido, sería contrario al orden público y al interés social y, por tanto debe negarse, pues dado su fundamento, el acto se origina en el ejercicio de las facultades de fiscalización o la realización de actos en detrimento de dichas facultades o los intereses fiscales y su rehabilitación trascendería al correcto desarrollo de éstas, y si se toma en cuenta que el uso correcto y adecuado de cadenas digitales en los comprobantes fiscales garantiza su origen, autenticidad y unicidad, tanto para los contribuyentes que realizan operaciones entre sí, como para las autoridades fiscales, a las que se facilita la detección, rastreo y verificación de operaciones facturables y la eliminación de operaciones ficticias, para hacer más eficientes el control fiscal y la recaudación de ingresos para el gasto público, es plausible que, en el mismo contexto, efectuada la ponderación entre la apariencia del buen derecho y la no afectación al interés social, la pretendida rehabilitación o reactivación del certificado puede impactar esos propósitos de orden público; afectación cuya evitación, por su impacto en intereses colectivos, se considera de mayor trascendencia que las que se ocasionarían individualmente al quejoso, en tanto se resuelve el juicio.

    SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.

    Queja 30/2016. Administrador Desconcentrado Jurídico de Nuevo León “1” de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en representación de la propia Administración Desconcentrada Jurídica y de las Administraciones Desconcentradas del Servicio al Contribuyente de Auditoría Fiscal y de Recaudación de Nuevo León “1”. 25 de febrero de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. Secretario: Eucario Adame Pérez.

    Queja 42/2016. Administrador Desconcentrado Jurídico de Nuevo León “1” de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en representación de la Administración Desconcentrada Auditoría Fiscal de Nuevo León “1”. 3 de marzo de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. Secretaria: Griselda Tejada Vielma.

    Esta tesis se publicó el viernes 17 de junio de 2016 a las 10:17 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

     

    • CONCLUSIONES

    Es claro que existen tres principales vías de atención ante una situación de Cancelación de Certificados de Sello Digital que pueden aplicar los contribuyentes, por tanto es importante analizar cada caso concreto para elegir la mejor opción, sin embargo es claro que en cualquier caso implicara tiempo en que el contribuyente prácticamente quedara imposibilitado de continuar con su operación al estar impedido de emitir CFDI´s con las implicaciones colaterales respecto de la deducción y acreditamiento de terceros.

  • Publicado el 14 Dic a las 16:38h

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     Por: Andrés Mateos – El Fiscalista de México

    UNO DE LOS FUNDAMENTOS PARA QUE MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL PUEDA CITAR A CONTADORES, ABOGADOS Y ASESORES FISCALES A DECLARAR SOBRE HECHOS QUE SE INVESTIGAN.

    CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. 

    Abrogado pero aplicable a los asuntos iniciamos con anterioridad al 18 de junio 2017. 

    Artículo 125. El Ministerio Público que inicie una averiguación previa podrá citar para que declaren sobre los hechos que se averigüen,a las personas que por cualquier concepto participen en ellos o aparezcan( sic) tengan datos sobre los mismos. En el acta se hará constar quien mencionó a la persona que haya de citarse, o porque motivo el funcionario que practique las diligencias estimó conveniente hacer la citación.

    COMENTARIO 

    ASÍ QUE EN BASE A ESTE FUNDAMENTO <ART.  360 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES>, ES QUE EL AGENTE DEL MINISTERIO  PÚBLICO FEDERAL (P.G.R.) PODRÁ CITAR EN CALIDAD DE “ TESTIGO” A CUALQUIER PERSONA QUE TENGA DATOS QUE SIRVAN  PARA ESCLARECER LOS HECHOS QUE SE INVESTIGAN  EN UNA CAUSA CRIMINAL. 

    AHORA QUE PUEDE SUCEDER UN CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA, ESTO ES QUE DE CALIDAD DE TESTIGO, UN DECLARANTE PUEDA PASAR A CALIDAD DE IMPUTADO POR LA COMISIÓN DE ALGÚN DELITO, SEGÚN LOS DATOS APORTADOS. 

    ES POR ELLO QUE DEBE  TENERSE ABSOLUTA PRECAUCIÓN EN LA COMPARECENCIA MINISTERIAL PARA EVITAR COMPLICACIONES. 

     

  • Publicado el 30 Dic a las 09:32h 

     

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    Con fecha 26 de diciembre de 2016 se publica en el DOF la Resolución de facilidades administrativas para los sectores de contribuyentes  para 2017.

    Esta resolución entra en vigor el 1 de enero de 2017.

    Dentro de los principales aspectos a considerar se tiene lo siguiente:

    Se precisa que la relación individualizada de los trabajadores sujetos a esta facilidad se entrega a más tardar el 15 de febrero de 2018, para el sector primario, el Sector de Autotransporte Terrestre de Carga Federal, Sector de Autotransporte Terrestre Foráneo de Pasaje y Turismo

    Para el Sector Primario, se mantiene en 10% del total de ingresos, el porcentaje de gastos sujetos a facilidades de comprobación, sin exceder de $800,000. Asimismo se establece una limitante adicional a la facilidad de enterar el 4% por concepto de salarios. La limitante consiste en que sólo podrá aplicarse a trabajadores eventuales del campo por pagos que no excedan de $160 pesos.

    En lo que toca al Sector de Autotransporte Terrestre de Carga Federal y la Retencion de ISR a operadores, macheteros y maniobristas, se mantiene en 8% del total de ingresos propios de la actividad, el porcentaje de gastos sujetos a facilidades de comprobación.

    Se mantiene en 8% del total de ingresos propios de la actividad, el porcentaje de gastos sujetos a facilidades de comprobación, para el Sector de Autotransporte Terrestre Foráneo de Pasaje y Turismo.

     

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    Con fecha 19 de Octubre de 2020  la Comisión de Hacienda y Crédito Público aprobó, en lo general y en lo particular, el dictamen Ley de Ingresos para 2021

    La Comisión avaló eliminar la propuesta que envió la Secretaría de Hacienda en su Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación (ILIF) 2021 que le permitiría usar hasta 33 mil millones de pesos provenientes del Fideicomiso Fondo de Salud para el Bienestar, conocido como el Fondo de Gastos Catastróficos del Insabi

    El Dictamen lo podrás consultar aquí:

     

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    Con fecha 19 de Octubre de 2020  la Comisión de Hacienda y Crédito Público aprobó, en lo general y en lo particular, con 18 votos a favor, 12 en contra y cero abstenciones, el dictamen que reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, y del Código Fiscal de la Federación.

    La Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) quedó fuera del dictamen debido a que el único artículo que se mencionaba en la iniciativa que envió Hacienda era el referente a la cuota complementaria del IEPS a gasolinas.

    El Dictamen lo podrás consultar aquí:

     

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    El 09 de julio de 2009 se publicó en el D.O.F. reformas por las cuales se adiciono el  Artículos 15-A a la Ley del Seguro Social, que establece la obligación deInformar sobre los contratos celebrados de manera trimestral ante la subdelegación del IMSS correspondiente al domicilio del patrón y del beneficiario respectivamente, dentro de los primeros quince días hábiles de los meses de enero, abril, julio y octubre, en relación con los contratos celebrados en el trimestre de que se trate

     

    De conformidad con el Acuerdo ACDO.AS2.HCT.300909/194.P.DIR del Consejo Técnico del Seguro Social, relativo a la aprobación de las Reglas Generales para el cumplimiento de la obligación establecida en el quinto párrafo del artículo 15-A de la LSS, así como el formato PS-1, cuando un patrón o sujeto obligado, mediante un contrato, se compromete a poner a disposición su personal para llevar a cabo los quehaceres acordados bajo la dirección del beneficiario de estos, en las instalaciones que determine este, tienen que informar trimestralmente al Instituto

     

    Como consecuencia de la reforma fiscal que entró en vigor a partir del 1 de enero de 2017, las personas que presten o reciban el servicio de subcontratación (“Outsourcing”) tienen que cumplir con nuevas obligaciones en materia de impuesto sobre la renta e impuesto al valor agregado, de lo contrario no podrán deducir y acreditar sus gastos realizados por la prestación de un servicio de personal.

     

    Con el inicio del Ejercicio Fiscal 2018 el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer la herramienta por medio de la cual los Contribuyentes que presten o contraten servicios de subcontratación laboral “Outsourcing” podrán dar cumplimiento a las disposiciones establecidas tanto por la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) como por la Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA).

     

    El 5 de Septiembre de 2018 se publico en el D.O.F. el Acuerdo ACDO.SA2.HCT.290818/225.P.DIR del IMSS que entró en vigor el 6 de septiembre de 2018; el cual señala que:

    • los contratistas que en términos del precepto 15-A de la LSS estén obligados a proporcionar al IMSS la información de los contratos celebrados de suministro de servicios de personal, tendrán por colmada dicha carga cuando:

      • utilicen el aplicativo Autorización del contratista para la consulta del CFDI y declaraciones, administrado por el SAT, y

      • realicen el procedimiento que, para efectos de los artículos 27, fracción V, último párrafo de la LISR, así como el 5o., fracción II y 32, fracción VIII de la LIVA, establece dicho organismo mediante reglas de carácter general, y

    • los beneficiarios de los servicios, tienen por cumplido el deber previsto en el numeral 15-A de la LSS si emplean el aplicativo Consulta por el contratante de CFDI y declaraciones administrado por el SAT

     

    Posteriormente las reglas para el aplicativo del SAT que fueron publicadas en la Resolución Miscelánea Fiscal, fueron derogadas en la publicación  del DOF del 20 de agosto de 2019 con la primera resolución de modificaciones a la RMISC 2019 y sus anexos 1 y 1-A, donde fueron derogadas las reglas 3.3.1.44, 3.3.1.45, 3.3.1.46, 3.3.1.47 y 3.3.1.48 que comprendían la facilidad para reportar las operaciones de subcontratación laboral, a través del Aplicativo de subcontratación.

     

    Con base a lo anterior en agosto de 2019 el IMSS emitió el comunicado 302/2019 que se reproduce a continuación:

     

    Cumplimiento de la obligación en materia de Subcontratación Laboral.

     

    No. 302/2019

     

    El Artículo 15-A quinto párrafo de la Ley del IMSS, establece que los patrones o sujetos obligados y beneficiarios deberán comunicar trimestralmente dentro de los primeros quince días de los meses de enero, abril, julio y octubre, la información de los contratos de prestación de personal que celebren entre las partes.

     

    El cumplimiento de esta obligación debe realizarse a través del aplicativo “Sistema de Prestación de Servicios” (SIPRESS) o acudiendo con el formato PS-1 a la Subdelegación del patrón o sujeto obligado y del beneficiario respectivamente.
    Los contratantes y contratistas deberán presentar la información del periodo Julio–Septiembre del 2019 el próximo mes de octubre, y continuar con los trimestres subsecuentes, a través de los canales IMSS antes referidos.

    La facilidad de cumplimiento señalada en el Acuerdo # 225.P.DIR 2018 del IMSS ya no es operante, derivado de la baja de los aplicativos administrados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), al derogar las reglas que regulaban la facilidad del cumplimiento de las obligaciones de Subcontratación Laboral, conforme a la Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2019 y sus anexos 1 y 1-A, publicada en el DOF el 20 de agosto de 2019.

     

    Ahora bien, recordemos en para efectos del SIDEIMSS, existen Cedulas de:

     

    Prestador de Servicios

    Personal Proporcionado

    Beneficiario de los Servicios

    Personal Subcontratado

     

    Asi tenemos que en agosto de 2020, se dio a conocer por parte del IMSS, el nuevo manual del SIDEIMSS versión 6.0, en donde nada se menciono respecto al llenado de las cédulas correspondientes a Prestador de Servicios y Beneficiario de los Servicios para establecer algún lineamiento para llenar estos anexos en caso de que los patrones dictaminados hayan aplicado el acuerdo .  (Ver la nota: Se da a Conocer Nuevo Manual de SIDEIMSS 6.0)

     

    A través de los cuales se deben reportar el Folio SIPRESS con relación a la información proporcionada con base en lo que dispone la Ley del Seguro Social. Sin embargo, es importante considerar que, si la empresa de Subcontratación de personal cumplió con el aplicativo del SAT de enero a agosto de 2019, quedaría eximido de la obligación de presentar SIPRESS, y por tanto el CPA, solamente deberá incluirse una nota en el dictamen en caso de que el patrón dictaminado hubiera aplicado el acuerdo  ACDO.SA2.HCT.290818/225.P.DIR.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

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    El día 12 de Mayo de 2020 se publicó en el DOF la PRIMERA Resolución de  Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal, donde se adiciona la regla 2.2.15 que habla acerca de la suspensión temporal de los CSD y como subsanar las irregularidades, cabe destacar que esta regla no estaba en alguno de las versiones anticipadas.

     

    Fuente: https://bit.ly/2SZsDzC

     

          Procedimiento para restringir temporalmente el uso del CSD para la expedición de CFDI y para subsanar la irregularidad o desvirtuar la causa detectada

    2.2.15.          Para los efectos del artículo 17-H Bis del CFF, cuando las autoridades fiscales detecten que se actualiza alguno de los supuestos previstos en el primer párrafo del citado artículo, emitirán un oficio en el que se informará al contribuyente la restricción temporal de su CSD para la expedición de CFDI y la causa que la motivó.

                           Los contribuyentes a quienes se les haya restringido temporalmente el uso del CSD para la expedición de CFDI podrán presentar la solicitud de aclaración conforme a la ficha de trámite 296/CFF “Aclaración para subsanar las irregularidades detectadas o desvirtuar la causa que motivó que se le haya restringido temporalmente el uso del certificado de sello digital para la expedición del CFDI en términos del artículo 17-H Bis del CFF”, contenida en el Anexo 1-A. De igual forma, utilizarán dicha ficha de trámite para la atención del requerimiento de datos, información o documentación que derive de la presentación de la solicitud de aclaración, así como para la solicitud de prórroga prevista en el artículo 17-H Bis, cuarto párrafo del CFF.

                           Cuando el contribuyente presente su solicitud de aclaración sin aportar argumentos ni pruebas para subsanar la irregularidad detectada o desvirtuar la causa que motivó la restricción temporal del CSD, dicha solicitud se tendrá por no presentada y no se restablecerá el uso del CSD.

                           La autoridad hará del conocimiento del contribuyente dicha circunstancia mediante resolución que se notificará en términos del artículo 134 del CFF, a más tardar dentro de los cinco días siguientes a la fecha de presentación de la solicitud de aclaración, dejando a salvo el derecho del contribuyente para presentar una nueva solicitud.

                           Cuando derivado del análisis de los argumentos y valoración de las pruebas aportadas por el contribuyente a través de la solicitud de aclaración y, en su caso, de la atención al requerimiento, la autoridad determine que subsanó la irregularidad detectada o desvirtuó la causa que motivó la restricción temporal del CSD para la expedición de CFDI, el contribuyente podrá continuar con el uso del mismo; en caso contrario, se dejará sin efectos el CSD. En ambos casos, la autoridad emitirá la resolución respectiva.

                           La resolución deberá emitirse dentro de los diez días hábiles siguientes a aquél en que se presente la solicitud de aclaración, concluya el plazo para aportar los datos, información o documentación requeridos o, el de la prórroga, o en que la autoridad haya desahogado la diligencia o procedimiento de que se trate. Cuando las notificaciones se realicen por buzón tributario o por estrados de conformidad con el artículo 134 fracciones I y III en relación con los artículos 17-K, último párrafo y 139 del CFF, estas se tendrán por efectuadas dentro del plazo señalado en el artículo 17-H BIS, penúltimo párrafo, siempre que el procedimiento de notificación a que se refiere las citadas disposiciones, se inicie a más tardar el último día del plazo de diez días hábiles.          

                           Para la aplicación del procedimiento previsto en la presente regla, cuando las autoridades fiscales restrinjan temporalmente o restablezcan el uso del CSD, se considera que también restringen o restablecen el uso del mecanismo que utilice el contribuyente para la expedición de CFDI, conforme a las reglas 2.2.8., 2.7.1.21., 2.7.3.1 y 2.7.5.5., o cualquier otra que otorgue como facilidad algún mecanismo que permita la expedición de CFDI.

                           CFF 17-H, 17-H Bis, 17-K, 18, 18-A, 29, 69, 134, RMF 2020 2.2.8., 2.7.1.21., 2.7.3.1., 2.7.5.5., 3.13.27.

  • Publicado el 26 Sep a las 10:38h

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    En sesión ordinaria del 26 de agosto de 2016, la Subprocuraduría de Análisis Sistémico y Estudios Normativos, de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) emitió un criterio relativo al tratamiento de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) en relación con la no deducibilidad de las prestaciones exentas.

    La PRODECON estima que los factores o proporciones de deducción de las prestaciones exentas no le son aplicables a la PTU, puesto que no se trata de una deducción, acorde al artículo 9, fracción I de la LISR, pudiéndose disminuirse en su totalidad de los ingresos, independientemente de que una parte esté exenta.

    El criterio de referencia se reproduce a continuación.

    16/2016/CTN/CS-SASEN

    RENTA. LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS DISMINUIBLE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE LA MATERIA, NO ESTÁ SUJETA A LOS FACTORES ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN XXX, DEL MISMO ORDENAMIENTO. El artículo 9, fracción I, de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece la posibilidad de que los contribuyentes disminuyan del total de sus ingresos acumulables, además de las deducciones, la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas pagadas en el ejercicio. Por su parte, el artículo 28, fracción XXVI del mismo ordenamiento, dispone que no podrán deducirse las cantidades que tengan el concepto de participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Como se observa, dicho concepto no tiene la naturaleza de una deducción, sino que se trata de un concepto disminuible para efectos del cálculo anual del resultado fiscal; por lo tanto, en opinión de este Organismo Autónomo, los factores aplicables a los pagos que a su vez sean ingresos exentos para el trabajador para determinar el monto no deducible que prevé el artículo 28, fracción XXX, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, no son aplicables a la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas pagadas por los contribuyentes, ya que esos factores sólo son aplicables a pagos que tengan la naturaleza de deducciones autorizadas en términos de la referida Ley.

    Criterio sustentado en:
    Consulta 01828-JAL-II-A-6/2016.

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    Mucho se ha comentado acerca de la materialidad de las operaciones con los cuales la autoridad fiscal puede desconocer los efectos fiscales de las operaciones amparadas en ellos.

     

    La forma con la cual el SAT analiza dicha materialidad es a través de un cuestionario hecho durante el acto de fiscalización.

     

    Por lo anterior es importante conocer las principales preguntas realizadas por el SAT con las que analiza dicha materialidad.

     

     

    A continuación, las preguntas:

     

    1) ¿Especifique cuáles fueron los bienes que sirvieron de base para calcular el importe

    pagado en cada factura emitida por cada uno de los contribuyentes relacionados?

     

    2) Indique cómo solicitaba los bienes comercializados, especificando el medio por el cual fueron solicitados, aportando la documentación que soporte su dicho en donde se deja constancia que se cumplió con las especificaciones de lo solicitado.

    3) Indique cómo se realizaba la confirmación del importe de los bienes comercializados del periodo del cálculo para la emisión de la factura, qué documento entregaba el contribuyente que le servía de base para la confirmación de los importes facturados, aportando la documentación que soporte su dicho.

     

    4) ¿Cuándo y dónde se llevó la comercialización de bienes con cada uno de los contribuyentes relacionados? Al respecto deberá señalar la fecha en que inició la comercialización de bienes con cada uno de los contribuyentes relacionados, solicitando especifique el medio utilizado y la documentación

     

    5) Indique de qué forma se realizó el transporte de las mercancías comercializadas, es decir, si el producto se llevó a sus instalaciones por los contribuyentes relacionados o si el contribuyente revisado se encargó de ir por el producto, en cualquiera de los dos supuestos indique si el transporte utilizado fue propio o fue rentado, o si se utilizó algún otro medio de transporte, deberá proporcionar el nombre del transportista que contrató.

     

    6) Indique en forma detallada, cómo fue la recepción del producto desde la llegada a sus instalaciones hasta que le dio entrada a su almacén. Al respecto deberá proporcionar la documentación que soporte su dicho, como son las entradas de almacén, kárdex, notas de remisión, confirmación de compra y precio, etc. en donde se observe los registros de inventario de cada compra.

     

    7) Manifieste si el precio facturado incluye el servicio y la entrega del producto comercializado, indicando a cuánto asciende el monto facturado por cada uno de los contribuyentes relacionados, así como la fecha y forma en que realizó los pagos a dichos contribuyentes, aportando la documentación soporte de los mismos.

     

    8) ¿Cómo fue que conoció a los contribuyentes con los que comercializaron bienes, de qué forma lo contactó? Al respecto deberá indicar si fue a través de un medio masivo de comunicación, publicidad electrónica, recomendación de algún cliente o proveedor, entre otros, anexando, en su caso, la documentación que directa o indirectamente demuestre esta situación.

     

    9) ¿Qué criterios tomó en consideración para elegir al a los contribuyentes? Al respecto deberá explicar si eligió atendiendo a su prestigio, a alguna promoción, para extinguir algún adeudo previo con el proveedor, por recomendación de un cliente o proveedor, entre otros, anexando, en su caso, la documentación que directa o indirectamente demuestre esta situación.


    10) ¿Cómo fue que se pactó la contraprestación de la comercialización de bienes? Al respecto deberá precisar si se trató de una cotización personalizada, o una de una tarifa pública, anexando, en su caso, la documentación que directa o indirectamente demuestre esta situación.

     

    11) Indique si para efectos de la comercialización de los productos celebro contrato con los contribuyentes antes relacionados, en caso afirmativo se solicita exhiba original y proporcione copia fotostática del contrato, así como copia fotostática de la identificación oficial de las personas que intervinieron en la firma del contrato.

     

    12) ¿Algún tercero participó en la elaboración o revisión del contrato antes de ser firmado por las partes contratantes? Al respecto deberá señalar si el contrato fue revisado por el personal de algún Despacho de Abogados o de Consultoría Jurídica, o por algún abogado externo o interno de la empresa; de ser Io primero, deberá señalar la denominación social del Despacho, Registro Federal de Contribuyentes, y en su caso el contrato de prestación de servicios o comercialización de bienes con éste; si se trata de un abogado externo o que forma parte de la empresa, deberá precisar el nombre, Registro Federal de Contribuyentes, número telefónico y número de Cédula Profesional o carta de pasante.

     

    13) ¿En qué lugar se firmó el contrato? En su caso precisar si algún Fedatario Público, empleado, externo, contralor o comisario, estuvo presente al momento de la firma del contrato, y de ser éste el caso proporcionar el nombre, teléfono y dirección electrónica de éstos.

     

    14) ¿De qué manera el representante legal de cada uno de los contribuyentes antes relacionados, acreditaron tener las facultades suficientes para suscribir el contrato a nombre de dichos contribuyentes? En el caso de que haya conservado copia del Poder Notarial o de la identificación oficial del citado representante legal, se solicita proporcione copia.

     

    15) ¿Especifique en qué consistió y cuáles fueron los servicios que sirvieron de base para calcular el importe pagado en cada factura emitida por el contribuyente relacionado?, Es decir, con independencia del concepto que aparece en el comprobante fiscal, así como del que está redactado en el contrato respectivo, deberá explicar detalladamente el tipo de servicio prestado, el tiempo invertido, así como la forma en que se llevó a cabo.

     

    16) En relación a los servicios facturados de Asesoría de (…), indique como se llevó a cabo el citado servicio y cuál fue el beneficio obtenido y en donde se ve reflejado el beneficio del citado servicio, anexando la documentación que soporte su dicho.

     

    17) En relación a los servicios facturados de Supervisión de (…), indique como se llevó a cabo el citado servicio y cuál fue el beneficio obtenido y en donde se ve reflejado el beneficio del citado servicio, anexando la documentación que soporte su dicho.

     

    18) En relación a los servicios facturados de Guía de Procedimientos de (…), indique como se llevó a cabo el citado servicio y cuál fue el beneficio obtenido y en donde se ve reflejado el beneficio del citado servicio, anexando la documentación que soporte su dicho.

     

    19) En relación a los servicios facturados de Inspección de (…), indique como se llevó a cabo el citado servicio y cuál fue el beneficio obtenido y en donde se ve reflejado el beneficio del citado servicio, anexando la documentación que soporte su dicho.

     

    20) En relación a los servicios facturados, se solicita indique cuántas personas fueron asignadas para realizar el trabajo y qué actividad realizó cada una de ellas, debiendo proporcionar la relación de las personas asignadas indicando el nombre completo, enlistando por cada una de ellas las actividades que le fueron asignadas para realizar el trabajo.

     

    21) Para el caso de que la prestación de servicios se haya realizado en su domicilio, se solicita indique como controló el acceso a sus instalaciones de las personas que fueron asignadas para realizar los trabajos, y el tiempo que estuvieron laborando en sus instalaciones; aportando la documentación que soporte su dicho.

     

    22) Indique cómo solicitaba los servicios especificando el medio por el cual fue solicitado, aportando la documentación que soporte su dicho en donde se deja constancia que se cumplieron todos y cada uno de los lineamientos y requisitos solicitados.

     

    23) Indique cómo realizaba la confirmación con el prestador del servicio del importe de los servicios del período del cálculo para la emisión de la factura, qué documento le entregaba el prestador que le servía de base para la confirmación de los importes facturados, aportando la documentación que soporte su dicho.

     

    24) ¿Cómo fue que conoció al contribuyente que le prestó el servicio, de qué forma lo contactó? Al respecto deberá indicar si fue a través de un medio masivo de comunicación, publicidad electrónica, recomendación de algún cliente o proveedor, entre otros, anexando, en su caso, la documentación que directa o indirectamente demuestre esta situación.

     

    25) ¿Qué criterios tomo en consideración para elegir al contribuyente arriba mencionado? Al respecto deberá explicar si eligió al contribuyente atendiendo a su prestigio, a alguna promoción, para extinguir algún adeudo previo con el proveedor, por recomendación de un cliente o proveedor, entre otros, anexando, en su caso, la documentación que directa o indirectamente demuestre esta situación.

     

    26) ¿Cómo fue que se pactó la contraprestación de prestación de servicios? Al respecto deberá precisar si se trató de una cotización personalizada, o de una tarifa pública, anexando, en su caso, la documentación que directa o indirectamente demuestre esta situación.

     

    27) Indique si para efectos de la prestación de servicios celebró algún contrato con el contribuyente ante mencionado, en caso afirmativo se solicita exhiba original y proporcione copia fotostática del contrato, así como copia fotostática de la identificación oficial de las personas que intervinieron en la firma del contrato.

     

    28) ¿Algún tercero participó en la elaboración o revisión del contrato antes de ser firmado por las partes contratantes? Al respecto deberá señalar si el contrato fue revisado por el personal de algún Despacho de Abogados o de Consultoría Jurídica, o por algún abogado externo o interno de la empresa; de ser lo primero, deberá señalar la denominación social del Despacho, Registro Federal de Contribuyentes, y en su caso el contrato de prestación de servicios o comercialización de bienes con éste; si se trata de un abogado externo o que forma parte de la empresa, deberá precisar el nombre, Registro Federal de Contribuyentes, número telefónico y número de Cédula Profesional o carta de pasante.

     

    29) ¿De qué manera el representante legal de XXX SA DE CV, acreditó tener las facultades suficientes para suscribir el contrato a nombre de dicho contribuyente? En el caso de que haya conservado copia del Poder Notarial o de la identificación oficial del citado representante legal, se solicita proporcione copia.

     

     

     

     

  • Publicado el 20 Oct a las 10:56h

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    Con fecha 20 de Octubre de 2016, fue publicado en la Gaceta Parlamentaria, por la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Proyecto de decreto de la Ley de Ingresos para 2017.

    Dar Clic en la imagen para bajar el documento:

    gaceta-parlamentaria-4643-iii

  • Publicado el 20 Oct a las 10:44h

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    Con fecha 20 de Octubre de 2016, fue publicado en la Gaceta Parlamentaria, por la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Proyecto de decreto por el que reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las Leyes  de ISR, IVA y CFF.

    Dar Clic en la imagen para bajar el documento:

    gaceta-parlamentaria-4643

     

     

  • Publicado el 27 Jun a las 17:57h

    Por: L.C. Emmanuel Ramos G.

             Asesor Especialista en Seguro Social

    para el Sector de la Construcción

    INTRODUCCIÓN

    En la práctica profesional hemos visto que existen continuas confusiones entre los encargados de los Recursos Humanos en las empresas, asesores e incluso autoridades al referirse al salario diario integrado como sinónimo del salario base de cotización, tanto en los aspectos laborales como en la seguridad social, por ello y siendo que ambos tienen diverso ámbito de aplicación serán distinguidos en la presente artículo.

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    Publicado el 01 Dic a las 11:11h 

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    ppsoto titanes 2016 Por: Lic. José Antonio Soto Magaña (Lic. Pp Soto)

    Estamos cercanos de la fecha limite de pago del aguinaldo, una fecha esperada por todos los asalariados de este nuestro México.

    Esta prestación laboral que se encuentra contenida en el art. 87 de la Ley Federal del Trabajo, tiene sus orígenes en el pensamiento del legislador por considerar que el trabajador debía disponer de un ingreso adicional, que le permitiera solventar los gastos propios de la época decembrina, los cuales no puede afrontar con su salario normal, porque se supone que este ultimo lo usa para cubrir sus propias necesidades diarias y las de su familia.

    Algunas características laborales del #Aguinaldo:

    Fundamento:

    LFT. Artículo 87.- Los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del día veinte de diciembre, equivalente a quince días de salario, por lo menos. 

    Los que no hayan cumplido el año de servicios, independientemente de que se encuentren laborando o no en la fecha de liquidación del aguinaldo, tendrán derecho a que se les pague la parte proporcional del mismo, conforme al tiempo que hubieren trabajado, cualquiera que fuere éste.

     

    Qué peculiar que un solo artículo causa tantas dudas y preguntas en nuestro mercado laboral ¿verdad?

    a) Salario base de pago: Para determinar el importe del aguinaldo se usa el salario diario nominal pactado. En el caso de los trabajadores que hayan tenido varios salarios durante el año, se usa el que se encuentre vigente al momento de su pago. En el caso de los trabajadores con base variable, se usa el salario promedio de enero a la fecha de pago del aguinaldo. En el caso de los trabajadores con base mixta, se calcula el aguinaldo sobre el salario cuota diaria.

    b) Se pueden descontar ausencias. Al laborar cada día, el trabajador ya se gana su parte proporcional del aguinaldo. En sentido contrario, si el trabajador no asiste a laborar (justificada o injustificadamente), pierde ese derecho en forma proporcional, por cada inasistencia.

    Las únicas excepciones son las incapacidades por maternidad y las de riesgo de trabajo, las cuales se computan como tiempo normal de trabajo (Art.42-II, LFT a contrario sensu). Por ejemplo, aunque un trabajador se la haya pasado incapacitado x RT todo el año, debe pagarsele su aguinaldo completo en diciembre.  Y por el contrario, si un trabajador se la pasó incapacitado todo el año por alguna enfermedad general (EG), no percibirá ningún importe por concepto de aguinaldo, con base en el fundamento mencionado: Art. 42-LFT. Y para el caso de las madres trabajadoras, hay que darle una leída al art. 170-LFT para observar que no debemos descontar de su acumulado de días, las incapacidades por maternidad.

    c) Fecha limite de pago. El art. 87 nos señala que el aguinaldo debe pagarse “antes” del 20 de diciembre, por lo que el patrón tiene como fecha limite para pagarlo, el día 19 de diciembre y el derecho del trabajador a exigir su pago prescribe al año (20 de diciembre del siguiente año, según nos lo marca, el art. 516 de la LFT).

    d) Algunos criterios interesantes de los tribunales en relación con el “Aguinaldo”:

    AGUINALDO. EL COMPUTO DEL TERMINO PARA QUE OPERE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PARA DEMANDAR SU PAGO INICIA A PARTIR DE LA FECHA EN QUE ES EXIGIBLE. De conformidad con el articulo 87 de la Ley Federal del Trabajo, el pago del aguinaldo debe cubrirse antes del veinte de diciembre; de esta manera, la exigibilidad para el pago de dicha prestación nace a partir del día siguiente de la fecha apuntada, y si bien en términos del numeral 516 de la citada ley, las acciones de trabajo prescriben en un año contado a partir del día siguiente a la fecha en que la obligación sea exigible, se concluye que si se demanda el pago del aguinaldo, el derecho para solicitar que se cubra nace a partir del veintiuno de diciembre y, bajo ese mismo tenor, el computo del termino para que opere la prescripción de la acción para demandar su pago, inicia a partir de esta misma fecha.

    Novena época – Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta – XXXIV, Agosto de 2011 Página: 895 Tesis: I.6o.T. J/115 Jurisprudencia

    AGUINALDO. CORRESPONDE AL PATRÓN LA CARGA DE LA PRUEBA DE SU MONTO, CON INDEPENDENCIA DE QUE SE ADUZCA QUE FUE PACTADO UNO EQUIVALENTE AL MÍNIMO LEGAL O UNO MAYOR. De los artículos 784, 804, fracción IV y 805 de la Ley Federal del Trabajo se deduce que se exime de la carga de la prueba al trabajador de acreditar hechos inherentes a documentos que de acuerdo con las leyes el patrón tiene obligación legal de conservar y exhibir en el juicio, entre otros, los comprobantes de pago de aguinaldos; previendo el ultimo dispositivo para el caso de no exhibirse, la presunción de ser ciertos los hechos alegados por el trabajador en relación con esos documentos. Por tanto, si existe controversia en cuanto al monto de lo pagado por concepto de aguinaldo, corresponde a la patronal la carga de probar ese punto, atento a que por obligación debe conservar los documentos que pongan de manifiesto ese aspecto, ya que esta en mayor aptitud que el obrero para acreditarlo, con independencia de que se aduzca que fue pactado un aguinaldo equivalente al mínimo legal o uno mayor, pues lo cierto es que ello no desvirtúa la obligación de la patronal de conservar y exhibir documentos que conforme a la ley le corresponde, con los cuales estaría en aptitud de poner de manifiesto ese monto.

    XXI, Marzo de 2005 Pagina: 1063 Tesis: XVII.1o.C.T.30 L Tesis Aislada

     

    RESCISIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL. NO ES CAUSA DE ELLA LA FALTA DE PAGO DE AGUINALDO. La falta de pago del aguinaldo por parte del patrón, no constituye una causa grave que faculte al trabajador a rescindir el contrato de trabajo, al no quedar contemplada en ninguna de las fracciones del articulo 51 de la Ley Federal del Trabajo, ni tampoco puede considerarse como una causa análoga de rescisión a las establecidas en dicho precepto legal. I, Segunda Parte-2, Enero a Junio de 1988 Pagina: 600 Tesis Aislada

    e) Algunas preguntas y respuestas comunes sobre el “Aguinaldo”:

    P: ¿Y si pagamos el #aguinaldo el 5 diciembre y el trabajador renuncia el 27 de diciembre?

    R: En este caso, es procedente hacer al trabajador en su finiquito, el ajuste por el aguinaldo pagado en exceso por los días de salario no devengados al 31 diciembre, de conformidad con el art. 87-LFT, es decir, podemos descontarle lo pagado de mas por los 3 días del 28 al 31 de diciembre que no los laboro.

    P: ¿Y si pagamos una parte del #aguinaldo en diciembre y la otra parte en enero?

    R: La LFT no prevé estos casos y estrictamente NO se debería hacer. Sin embargo, puede celebrarse un convenio entre el patrón y sus trabajadores, de conformidad con lo que nos señalan los arts. 33 y 57 de la ley referida. Eso si, en ese convenio debe especificarse que en diciembre deben cubrirse forzosamente cuando menos: 15 días de aguinaldo, sobre la base del salario base contractual.

    P: ¿Y si contratamos a un trabajador en cualquier día del 20 al 31 de diciembre?

    R: Aunque tampoco la LFT lo prevé, no hay problema en pagarle el aguinaldo a ese trabajador el día 31 de diciembre, siempre que se trate del año en curso y por los días que haya laborado en ese lapso, es decir, proporcionalmente.

    P: ¿Y si mi patrón no me paga el #Aguinaldo?

    R: En este caso, el patrón solo se hace acreedor a una sanción por parte de la autoridad laboral, porque la falta de pago del aguinaldo no es causal de rescisión del contrato de trabajo (Criterio sostenido por la Suprema Corte, el cual ya vimos lineas arriba). Apóyese en la oficina de inspección laboral más cercana o en la Profedet (Procuraduria de la defensa del trabajo).

    ¿Cómo se paga el #aguinaldo?

    calculo-laboral-aguinaldo

     

     

  • Publicado el 29 Nov a las 11:02h 

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    andres mateos satiago busto

    Lic. Andrés Mateos- El Fiscalista de México

    Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

    Me refiero a un delito de carácter patrimonial, por su naturaleza doloso; Francesco Carrara uno de los autores clásicos del estudio de la materia penal, concibe al dolo como: – la intención más o menos perfecta de hacer un acto que se sabe es contrario a la ley –; así es entonces que la intención de obtener un resultado de manera premeditada, es característica de los delitos dolosos, y en el caso de las operaciones con recursos de procedencia ilícita, la acción que realiza el sujeto activo del delito, conlleva una intención de operar con bienes (no necesariamente dinero) cuyo origen es ilícito, para obtener un beneficio económico.

    El Código Fiscal Federal no contempla en su capítulo de delitos este ilícito, tampoco el Código Nacional de Procedimientos Penales; ¿entonces dónde encontramos su existencia?, ¿cuál es su naturaleza y las hipótesis de su causación?, en seguida lo comento. El Código Penal Federal dispone en su diverso 400-Bis, diversas hipótesis que acreditan el delito del que hablamos:

    CÓDIGO PENAL FEDERAL

    Artículo 400 Bis. Se impondrá de cinco a quince años de prisión y de mil a cinco mil días multa al que, por sí o por interpósita persona realice cualquiera de las siguientes conductas:

    I. Adquiera, enajene, administre, custodie, posea, cambie, convierta, deposite, retire, dé o reciba por cualquier motivo, invierta, traspase, transporte o transfiera, dentro del territorio nacional, de éste hacia el extranjero o a la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita, o

    II. Oculte, encubra o pretenda ocultar o encubrir la naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento, propiedad o titularidad de recursos, derechos o bienes, cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita.

    Para efectos de este Capítulo, se entenderá que son producto de una actividad ilícita, los recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando existan indicios fundados o certeza de que provienen directa o indirectamente, o representan las ganancias derivadas de la comisión de algún delito y no pueda acreditarse su legítima procedencia.

    En caso de conductas previstas en este Capítulo, en las que se utilicen servicios de instituciones que integran el sistema financiero, para proceder penalmente se requerirá la denuncia previa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

    <Cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en ejercicio de sus facultades de fiscalización, encuentre elementos que permitan presumir la comisión de alguno de los delitos referidos en este Capítulo, deberá ejercer respecto de los mismos las facultades de comprobación que le confieren las leyes y denunciar los hechos que probablemente puedan constituir dichos ilícitos>

    (Última reforma publicada DOF 18-07-2016)

    Las conductas sancionadas en este delito son entonces una pluralidad de actos tanto de acción (fracción l), como de omisión (fracción ll), de recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, con conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita; se entiende como actividad ilícita la existencia de indicios fundados o certeza de que los recursos, derechos o bienes, provienen directa o indirectamente, o representan las ganancias derivadas de la comisión de algún delito y no pueda acreditarse su legítima procedencia.

    EL CÓDIGO FISCAL FEDERAL PERMITE LA PERSECUCIÓN SIMULTÁNEA DE LA DEFRAUDACIÓN FISCAL Y DE LAS OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA.

    CFF. Artículo 108, tercer párrafo.

    ” El delito de DEFRAUDACIÓN FISCAL Y el delito previsto en el artículo 400-Bis del Código Penal Federal, se podrán perseguir simultáneamente. SE PRESUME COMETIDO EL DELITO DE DEFRAUDACIÓN FISCAL cuando existan ingresos o recursos que PROVENGAN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA.”

    En complemento, quedó señalado en párrafos superiores que el artículo 400- Bis del Código Penal Federal establece que ante la presunción de la comisión de este tipo de delitos, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público DEBERÁ ejercer sus facultades de comprobación Fiscal ( 42 del CFF ), y DENUNCIAR LOS HECHOS que puedan constituir delito; luego entonces NO ES FACULTAD POTESTATIVA, ES OBLIGACIÓN DE LA AUTORIDAD HACENDARIA proceder a la revisión fiscal y ante la presunción de la comisión, denunciar la probable comisión del delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

    Pareciera agotado el tema, pero no es así puesto que el delito analizado puede realizarse a través de la organización de sujetos, de manera permanente o reiterada, y entonces estaríamos ante delitos de delincuencia organizada; revisemos la ley de la que comento.

    LA DELINCUENCIA ORGANIZADA DE ACUERDO CON LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA MEXICANA.

    CONCEPTO:

    Artículo 16, párrafos 8 y 9.

    La autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose de delitos de delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de una persona, con las modalidades de lugar y tiempo que la ley señale, sin que pueda exceder de cuarenta días, siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. Este plazo podrá prorrogarse, siempre y cuando el Ministerio Público acredite que subsisten las causas que le dieron origen. En todo caso, la duración total del arraigo no podrá exceder los ochenta días.

    Por delincuencia organizada se entiende una organización de hecho de tres o más personas, para cometer delitos en forma permanente o reiterada, en los términos de la ley de la materia

    LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA, ARTÍCULO 2do.

    Artículo 2o.- Cuando TRES O MÁS personas SE ORGANICEN DE HECHO para realizar, en formaPERMANENTE O REITERADA, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer ALGUNO O ALGUNOS DE LOS DELITOS SIGUIENTES, serán sancionadas por ese solo hecho, como miembros de la delincuencia organizada:

    Párrafo reformado DOF 23-01-2009

    I.TERRORISMO, previsto en los artículos 139 al 139 Ter, financiamiento al terrorismo previsto en los artículos 139 Quáter y 139 Quinquies y terrorismo internacional previsto en los artículos 148 Bis al 148 Quáter; contra la salud, previsto en los artículos 194, 195, párrafo primero y 196 Ter; falsificación ,uso de moneda falsificada a sabiendas y alteración de moneda, previstos en los artículos 234, 236 y 237; OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA, previsto en el artículo 400 Bis; y en materia de derechos de autor previsto en el artículo 424 Bis, todos del Código Penal Federal;

    Fracción reformada DOF 11-05-2004, 28-06-2007, 24-10-2011, 14-03-2014, 12-01-2016, 16-06-2016

    ARTÍCULO 3, PÁRRAFO FINAL DE LA MISMA LEY.

    El delito de delincuencia organizada, así como los señalados en los artículos 2o., 2o. Bis y 2o. Ter de esta Ley, AMERITARÁN PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA.

    Artículo reformado DOF 30-11-2010, 16-06-2016

    Artículo 7o.- Los procedimientos que se sigan por delincuencia organizada se desahogarán de conformidad con lo previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales en lo que no se oponga a lo previsto en esta Ley.

    Son aplicables supletoriamente a esta Ley, las disposiciones del Código Penal Federal, las de la legislación que establezca las normas sobre ejecución de penas, así como las comprendidas en leyes especiales.

    Artículo reformado DOF 16-06-2016

    Artículo 8o.- La Procuraduría General de la República deberá contar con una unidad especializada en la investigación y procesamiento de delitos cometidos por personas que formen parte de la delincuencia organizada, integrada por agentes del Ministerio Público de la Federación, quienes tendrán bajo su mando y conducción a policías y peritos.

    Párrafo reformado DOF 16-06-2016

    …….

    …….

    Artículo 9o.- Cuando el Ministerio Público de la Federación investigue actividades de miembros de la delincuencia organizada relacionadas con el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícitadeberá realizar su investigación en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

    Los requerimientos del agente del Ministerio Público de la Federación, o de la autoridad judicial federal, de información o documentos relativos al sistema bancario y financiero, se harán por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, según corresponda. Los de naturaleza fiscal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y los de naturaleza comercial por conducto de la Secretaría de Economía y los Registros correspondientes o, en su caso, por cualquier fuente directa de información que resultare procedente.

    Párrafo reformado DOF 16-06-2016

    La información que se obtenga conforme al párrafo anterior, podrá ser utilizada exclusivamente en el procedimiento penal correspondiente, debiéndose guardar la más estricta confidencialidad. Al servidor público que indebidamente quebrante la reserva de las actuaciones o proporcione copia de ellas o de los documentos, se le sujetará al procedimiento de responsabilidad administrativa o penal, según corresponda.

    Párrafo reformado DOF 16-06-2016

    Artículo 10.- A solicitud del agente del Ministerio Público de la Federación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá realizar auditorías a personas físicas o morales, cuando existan datos o medios de prueba que hagan presumir fundadamente que son miembros de la delincuencia organizada. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público proporcionará al Ministerio Público de la Federación, a la brevedad posible, la información y documentación que éste le solicite, de conformidad con las disposiciones aplicables.

    Artículo 43.- Los sentenciados por los delitos a que se refiere la presente Ley no tendrán derecho a los beneficios de libertades anticipadas

    LA LEGAL PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS DEBE DEMOSTRASE .

    ” *LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO, REGLAMENTARIA DE LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

    Artículo 2. Esta Ley establece los tipos penales y punibilidades en materia de secuestro. Para la investigación, persecución y sanción de los delitos previstos en la presente ley se aplicará en lo conducente el Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y la Ley General de Víctimas.

    Párrafo reformado DOF 17-06-2016

    Los imputados por la comisión de alguno de los delitos señalados en los artículos 9, 10, 11, 17 y 18 de esta Ley, durante el proceso penal estarán sujetos a prisión preventiva oficiosa.

    Párrafo adicionado DOF 27-02-2011. Reformado DOF 17-06-2016

    Reforma DOF 17-06-2016: Derogó del artículo el entonces párrafo segundo

    ……

    …….

    CASOS DE PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA EN EL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.

    Artículo 167, Tercer Párrafo.

    ” El juez de control en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de DELINCUENCIA ORGANIZADA, HOMICIDIO DOLOSO, VIOLACIÓN, SECUESTRO, TRATA DE PERSONAS, así como los delitos graves que determine la ley contra la seguridad de la Nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

    Las leyes generales de salud, secuestro y trata de personas establecerán los supuestos que amerita prisión preventiva oficiosa.

    La ley en materia de delincuencia organizada establecerá los supuestos que ameriten prisión preventiva oficiosa”

    CONCLUSIÓN.

    El delito de OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA tiene pluralidad de conductas tanto de acción como de omisión. Cuando existe la organización de tres o más personas y la práctica del delito es reiterada o permanente, entonces estaremos ante UN DELITO DE DELINCUENCIA ORGANIZADA, su naturaleza es patrimonial y corresponde a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público el DEBER DE REVISAR FISCALMENTE estos casos, y DENUNCIAR la posible comisión del delito, mismo que AMERITA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA POR SER DELITOS GRAVES.

    Fiscalmente se presume cometido el delito de defraudación fiscal y el de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, por lo que se podrán investigar de manera simultánea; se comete el delito con la realización de las conductas a que se refiere el artículo 400 bis del Código Penal Federal, y el conocimiento ilícito de la procedencia o que representen el producto de una actividad delictiva, por lo que en vía de defensa deberá demostrarse el origen lícito de los recursos, derechos o bienes del imputado.

    Este delito es de consumación inmediata, y en algunos casos se califica como delito continuado por ejemplo cuando se están recibiendo utilidades de manera permanente por la operación de bienes o recursos de procedencia ilícita. Es de interés público evitar su realización ya que la sociedad entera corre el riesgo de las actividades delictivas, y por ello no admite libertad bajo fianza o medida cautelar.

    GRACIAS.

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    Fuente: SAT

     

     

    En octubre de 2018 el SAT lanzó el Visor de Nómina, como una herramienta para que trabajadores y patrones revisen los CFDI de nómina emitidos. Esto con la finalidad de que los comprobantes sean revisados y, en su caso, corregidos por el patrón. Hacer las correcciones necesarias es importante, pues las versiones prellenadas de la declaración anual de personas físicas contienen esta información. 

     

    La administradora central de Declaraciones y Pago del Servicio del SAT, Patricia Delgado Medellín, informó que ya se está subiendo la información para la próxima declaración anual, y que esperan terminarlo en agosto de este año. Esto lo señaló durante el foro de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano. Recordemos que La declaración anual de personas físicas con información del ejercicio 2019 deberá presentarse en abril de 2020.

     

    Asimismo el SAT realizo una actualización al 31 de mayo de este año como se muestra en la imagen a continuación, donde se puede ver que ya esta actualizado el Visor con información de Enero a Mayo de 2019, por lo que los patrones y trabajadores ya podrán revisar por este periodo los CFDI de Nómina sin esperarse a que termine el ejercicio.

     

     

     

     

     

     

     

     

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    Fuente: SAT

     

     

     El pasado 10 de Junio de 2019, el Servicio de Administración Tributaria, actualizo tres de sus catologos para emitir los CFDI. A continuación te indicamos cuales fueron las modificaciones:

    Los catálogos actualizados en esta ocasión fueron los siguientes:

    • c_ClaveProdServ: Este catálogo contiene las claves de los productos y servicios por los que se pueden hacer transacciones. Sólo este catálogo contiene más de 50 mil conceptos.
    • c_NumPedimentoAduana: Con los números de pedimento aduanales. Un pedimento aduanal es el documento que certifica que se pagaron las contribuciones de entrada o salidad e mercancía.
    • c_PatenteAduanal: Por último, las patentes aduanales son los permisos concedidos por la autoridad a una persona para poder hacer los trámites de un despacho aduanero.

    ¿CUÁLES FUERON LOS CAMBIOS A LOS CATÁLOGOS DE LOS CFDI?

    CATÁLOGO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

    Se corrigió la redacción del rubro 84101700, que decía Manejo de duda, cuando debería decir Manejo de deuda.

    Estos conceptos del catálogo ahora podrán facturarse con el estímulo de la zona fronteriza norte:

    95111602 Carretera o autopista  o autopista de peaje interestatal

    95111603 Carretera o autopista  o autopista de peaje interestatal

    CATÁLOGO DE PEDIMENTOS

    Se agregaron los siguientes números de pedimento:

    c_Aduana Patente Ejercicio Cantidad Fecha inicio de vigencia
    24 6118 2019 999999 11/06/2019
    24 6126 2019 999999 11/06/2019
    40 3302 2019 999999 11/06/2019
    53 3728 2019 999999 11/06/2019
    65 1789 2019 999999 11/06/2019

    Si bien las patentes son vigentes a partir del 11 de junio de 2019, los cambios son obligatorios hasta 3 meses después de esta fecha.

    CATÁLOGO DE PATENTES ADUANALES

    Se agregó la siguiente patente:

    c_PatenteAduanal Fecha inicio de vigencia
    6126 08/05/2019

    La patente cobra vigencia el 8 de mayo de 2019, pero el cambio es obligatorio hasta tres meses después de esta fecha.

     

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    El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó sobre una aplicación gratuita en su portal, con el fin de que los contribuyentes puedan verificar si las facturas que reciben no están en la lista negra definitiva de factureros.

    La app del SAT permitirá verificar los comprobantes fiscales digitales por internet (CDFI) o facturas, para dar certeza de que se encuentran registradas en los controles del SAT.

    Además, se podrá determinar si el emisor del CFDI está publicado en el portal del SAT y en el Diario Oficial de la Federación, reconocidas como Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS).

    EL SAT recordó que las facturas deben seguir ciertos requisitos, como el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de quien la expide, el régimen fiscal en el que tributen, domicilio, sello digital y número de folio asignado por el SAT, entre otros.

    Además, esta herramienta del SAT podrá verificar que los CDFI de alguna forma hayan sido timbrados o certificados por el SAT, pero lo importante es que se podrá ver si el proveedor no se encuentra en la lista ‘negra’ de los que emiten facturas para simular operaciones.

    Lo anterior fue dado a conocer a través del siguiente comunicado:

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    El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que a partir de enero del 2021 habrá modificaciones en los horarios de atención al contribuyente en sus oficinas del país.

    En un comunicado informó que entre el 4 y el 15 de enero, mantendrán los horarios de diciembre, es decir, operarán de lunes a viernes, de 10:00 de la mañana a 14:00 de la tarde, con excepción de los días 1 y 6, en los que no habrá servicio.

    Indicó que a partir del 18 de enero el horario de atención al contribuyente se ampliará:

    • Lunes a jueves: de 09:00 a 16:30 horas.

    • Viernes: de 08:30 a 15:00 horas.

     El SAT afirmó que con previa cita los usuarios podrán realizar los siguientes trámites:

    • e.firma de persona física y moral

    • Renovación de e.firma

    • Inscripción de persona moral

    • Sala de Internet

    • Mi espacio

    • Contraseña

    En el caso de los contribuyentes que se presenten sin cita solamente podrán realizar la contraseña SAT-ID.Generación y la Constancia de Situación Fiscal o RFC.

    Lo anterior fue dado a conocer a través del siguiente comunicado:

    Imagen

     

     

  • Publicado el 15 Nov a las 14:44h

     

    www.gmcapacitacion.com

    gonzalo-juarez Por: L.C. Gonzálo Juárez López Jr.

    El SAT ha iniciado una campaña para identificar el origen de los recursos con los que algunos contribuyentes han adquirido una casa habitación o terreno, y solicita información al propietario

    Las disposiciones fiscales establecen para las personas físicas la obligación de presentar declaración por todos los ingresos que perciban así como informar  por otras entradas de dinero en el ejercicio fiscal, conforme lo establece el segundo párrafo del artículo 90 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

    Artículo 90. …

    Las personas físicas residentes en México están obligadas a informar, en la declaración del ejercicio, sobre los préstamos, los donativos y los premios, obtenidos en el mismo, siempre que éstos, en lo individual o en su conjunto, excedan de $600,000.00.

    Por lo anterior, es que ahora el SAT, con invitaciones está solicitando a quien haya adquirido o tenga a su nombre un bien inmueble (casa, terreno, edificio), a que aclare de dónde provino el recurso con el cual adquirió dicho bien.

    A continuación les presentamos un modelo de Invitación, que está utilizando la autoridad fiscal para solicitar aclaración del origen de los recursos:

    requerimiento-sat-casa

    Esta invitación, no constituye un procedimiento de Discrepancia Fiscal, puesto que no ha llevado las formalidades establecidas en el artículo 91 de la Ley del Impuesto sobre la Renta que dice así:

    Artículo 91. Las personas físicas podrán ser objeto del procedimiento de discrepancia fiscal cuando se compruebe que el monto de las erogaciones en un año de calendario sea superior a los ingresos declarados por el contribuyente, o bien a los que le hubiere correspondido declarar.

    El contribuyente podrá atender o no esta invitación, de acuerdo a la información con que cuente, pero podemos concluir lo siguiente:

    1) La autoridad está iniciando fiscalización a las adquisiciones de inmuebles, que no había realizado antes (ni siquiera en auditorías).

    2) Empieza a ser peligroso para quienes actuaban como “prestanombres” el aparecer en las escrituras de una propiedad, sin tener evidencia del cómo obtuvo el dinero para adquirirlo.

    3) Es cada vez más importante la labor de asesoría y orientación por parte de un especialista en fiscal, y ante el actuar de la autoridad ahora los clientes / contribuyentes empezarán a escuchar con mayor cuidado.

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