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    La Regla Miscelánea 2019 2.7.1.13. establece los lineamientos para realizar erogaciones a través de terceros y para este año se tienen cambios que es muy importante tomarlos en cuenta para cumplir con la nueva disposición.

     

    2.7.1.13. Para los efectos de los artículos 29 del CFF, así como 18, fracción VIII y 90, octavo párrafo de la Ley del ISR y 41 de su Reglamento, los contribuyentes podrán realizar erogaciones a través de terceros por bienes y servicios que les sean proporcionados, haciendo uso de cualquiera de las siguientes opciones:

    I. Cuando los terceros realicen las erogaciones y los importes de las mismas les sean reintegrados con posterioridad:

    a) El tercero deberá solicitar CFDI con la clave del contribuyente por el cual está haciendo la erogación, si este contribuyente es residente en el extranjero para efectos fiscales, en el CFDI se consignará la clave del RFC a que se refiere la regla 2.7.1.26., de esta Resolución.

    b) Los contribuyentes, en su caso, tendrán derecho al acreditamiento del IVA en los términos de la Ley de dicho impuesto y su Reglamento.

    c) El tercero que realice el pago por cuenta del contribuyente, no podrá acreditar cantidad alguna del IVA que los proveedores de bienes y prestadores de servicios trasladen.

    d) El reintegro a las erogaciones realizadas por cuenta de contribuyentes, deberá hacerse con cheque nominativo a favor del tercero que realizó el pago por cuenta del contribuyente o mediante traspasos a sus cuentas por instituciones de crédito o casas de bolsa sin cambiar los importes consignados en el CFDI expedido por los proveedores de bienes y prestadores de servicios, es decir por el valor total incluyendo el IVA que en su caso hubiera sido trasladado.



    II. Cuando el contribuyente de manera previa a la realización de las erogaciones, proporcione el dinero para cubrirla al tercero:


    a) El contribuyente deberá entregar el dinero mediante cheque nominativo a favor del tercero o mediante traspasos a sus cuentas por instituciones de crédito o casas de bolsa.

    b) El tercero deberá identificar en cuenta independiente y solamente dedicada a este fin, los importes de dinero que les sean proporcionados para realizar erogaciones por cuenta de contribuyentes.

    c) El tercero deberá solicitar CFDI con la clave de RFC del contribuyente por el cual está haciendo la erogación, si el contribuyente es residente en el extranjero para efectos fiscales, en el CFDI se consignará la clave de RFC a que se refiere la regla 2.7.1.26.

    d) En caso de existir remanente de dinero una vez descontadas las erogaciones realizadas por cuenta del contribuyente, el tercero deberá reintegrarlo a este, de la misma forma en como le fue proporcionado el dinero.

    e) Las cantidades de dinero que se proporcionen por el contribuyente al tercero deberán ser usadas para realizar los pagos por cuenta de dicho tercero o reintegradas a este a más tardar transcurridos 60 días hábiles después del día en que el dinero le fue proporcionado al tercero por el contribuyente.

     

    En caso de que transcurran más de los 60 días hábiles mencionados en el párrafo anterior, sin que el dinero se haya usado para realizar las erogaciones o reintegrado al contribuyente, el tercero deberá emitir por dichas cantidades un CFDI de ingreso por concepto de anticipo y reconocer dicho ingreso en su contabilidad desde el día en que le fue proporcionado.

    Los CFDI que amparen erogaciones realizadas por el tercero, deberán ser entregados por este al contribuyente por cuenta y a nombre del cual realizó la erogación, indistintamente de que éste puede solicitarlos directamente a los proveedores de bienes o servicios o bien, descargarlos del Portal del SAT.

    Lo anterior, independientemente de la obligación del tercero que realiza el pago por cuenta del contribuyente de expedir CFDI por los ingresos que perciba como resultado de la prestación de servicios otorgados a los contribuyentes al cual deberán de incorporar el complemento "Identificación del recurso y minuta de gasto por cuenta de terceros", con el que identificará las cantidades de dinero recibidas, las erogadas por cuenta del contribuyente, los comprobantes que sustenten dichas erogaciones y los remantes reintegrados efectivamente al contribuyente.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

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    El 29 de diciembre, se publicó la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021. Un cambio importante es que se añadió la regla 2.7.1.49 Conciliación de quejas por facturación.

    Este año, el sistema de Conciliación de Facturas cuenta con sustento jurídico, con lo que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) buscará conciliar en lugar de sancionar.

    Es importante comentar que este servicio al cual se le llamo “Conciliador de Factura”, ya estaba publicado en el portal, no se tenía una regla que le diera sustento jurídico.

    La idea es conciliar entre el emisor y el receptor cuando no se emitan facturas, cuando tengan errores o incluso cuando se desconozcan facturas, antes de generar una denuncia formal

    La Regla 2.7.1.49. en síntesis, establece lo siguiente:

    Se faculta a los contribuyentes para solicitar la intervención de la autoridad fiscal para que actúe como conciliadora y orientadora, cuando se publiquen en alguno de -entre otros- los siguientes supuestos:

    - No les sea expedido el CFDI correspondiente a las personas que adquieran bienes, disfruten de su uso o goce temporal, reciban servicios o aquellas a las que les hubieran retenido contribuciones, aunque ya hayan solicitado la expedición del CFDI, o bien, el CFDI carezca de algún requisito fiscal o existan errores en su contenido

    - Les sea cancelado el CFDI de una operación existente sin motivo y no se expida nuevamente el CFDI correspondiente

    - Realicen el pago de una factura y no reciban el CFDI de pagos correspondiente

    -Les emitan un CFDI de nómina y no exista relación laboral con el emisor del comprobante

    Cabe señalar que la solicitud del servicio de conciliación y orientación deberá realizarse de conformidad con lo establecido en la ficha de trámite 304/CFF “Conciliación de quejas por facturación”, contenida en el Anexo 1-A de la RMF 2021.

    La mecánica consistirá en que el contribuyente proveedor del bien o servicio, el emisor del CFDI o, en su caso, el receptor del mismo, recibirá un mensaje a través del buzón tributario o bien, del correo electrónico que la autoridad tenga registrado en donde la autoridad, en calidad de conciliadora y orientadora, le informe de la situación que se reporte conforme a esta regla, a efecto de invitarle a que subsane la omisión, cancele los CFDI, acepte la cancelación, reexpida el CFDI o bien, realice las aclaraciones correspondientes a través del mismo servicio, en caso de ser procedente.

    Un aspecto importante es que el aplicativo servirá para que contribuyentes asalariados a quienes les emitan recibos de nómina de parte de empresas con las que no tienen relación laboral pidan aclaraciones, lo cual es muy importante debido a que se han registrado casos de algunos asalariados que bajo su registro federal de contribuyentes fueron timbrados conceptos de nómina de empresas para las que nunca prestaron sus servicios como trabajadores.

    Para hacer uso del servicio, el quejoso solamente debe entrar en la página del SAT y solicitar una conciliación.  El contribuyente afectado, puede contactar al SAT cuando no le den factura o cuando tenga errores. Por tanto a través del portal se hace la queja para corroborar si fue un error o si hay anomalías se da aviso a la Auditoría Fiscal para iniciar facultades de comprobación, con lo cual será una herramienta muy poderosa para la autoridad fiscal para programar su actos de fiscalización. 

     

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  • Publicado el 30 Nov a las 09:03h

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    LRDG GMPor: LD y MDF Luis Raúl Díaz González

     

    Con fecha 4 de octubre de 2016, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación la cuarta modificación a la Resolución Miscelánea Fiscal para el 2016, y un nuevo anexo 24 “Contabilidad en Medios Electrónicos”, junto con un boletín técnico, que pretende traducir al español, el sistema del consorcio w3, establecidos en la página de internet http://www.w3.org., el cual se encuentra en idioma inglés.

    Esto se generó como respuesta por parte del SAT, a la sentencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación al Amparo en Revisión 1287/2015, en donde se resolvió que algunas de las disposiciones en materia de contabilidad electrónica, buzón tributario y revisiones electrónicas son constitucionales.

    Hay que aclarar, que a la fecha ya con creó jurisprudencia (1) al respecto y que la que nos interesa indica:

    Época: Décima Época

    Registro: 2012921

    Instancia: Segunda Sala

    Tipo de Tesis: Jurisprudencia

    Fuente: Semanario Judicial de la Federación

    Materia(s): (Constitucional)

    Tesis: 2a./J. 148/2016 (10a.)

    CONTABILIDAD ELECTRÓNICA. EL ANEXO 24 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2015, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 5 DE ENERO DE 2015, VIOLA LOS DERECHOS A LA LEGALIDAD Y A LA SEGURIDAD JURÍDICA. Al establecer las reglas de estructura planteadas dentro del estándar de los formatos respectivos para cumplir con la obligación de llevar la contabilidad en medios electrónicos, la autoridad administrativa dispuso que el contribuyente que utilice dicho estándar deberá sujetarse tanto a las disposiciones fiscales vigentes, como a los lineamientos técnicos de forma y sintaxis para la generación de archivos XML especificados por el consorcio w3. Lo que significa que con dicha remisión la autoridad excedió los límites de la habilitación legal que le fue conferida a través del artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, al encomendar al consorcio referido la labor de desarrollar las disposiciones correspondientes para hacer operativo el sistema; lo que además de la insubordinación jerárquica que esa actuación provoca, ocasiona inseguridad jurídica al gobernado, al obligarlo a cumplir con ciertos lineamientos emitidos “por una comunidad internacional” y no por una autoridad competente, bajo algún procedimiento de creación normativa o bajo determinadas exigencias mínimas de fundamentación y motivación. Máxime que, al establecer los lineamientos y formatos respectivos para cumplir con la obligación de llevar la contabilidad en medios electrónicos, tenía la obligación de hacerlo en idioma castellano o español, a fin de brindar seguridad jurídica a los contribuyentes al permitirles conocer plenamente la forma de operar los formatos establecidos al efecto, lo cual no se hizo, ya que al ingresar a la página de internet http://www.w3.org., se advierte que su contenido está en el idioma inglés; de ahí que el Anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, viola los derechos a la legalidad y a la seguridad jurídica.

    SEGUNDA SALA

    Amparo en revisión 1287/2015. Boehringer Ingelheim Promeco, S.A. de C.V. y otras. 6 de julio de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López.

    Amparo en revisión 826/2016. Banco J.P. Morgan, S.A., Institución de Banca Múltiple, J.P. Morgan Grupo Financiero y otras. 5 de octubre de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López.

    Amparo en revisión 827/2016. Flextronics Manufacturing Mex, S.A. de C.V. y otras. 5 de octubre de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López.

    Amparo en revisión 828/2016. International Greenhouse Produce, S.A. de C.V. y otras. 5 de octubre de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López.

    Amparo en revisión 829/2016. Autoclaims Servicios, S.A. de C.V. y otras. 5 de octubre de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López.

    Tesis de jurisprudencia 148/2016 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del diecinueve de octubre de dos mil dieciséis.

     

    Época: Décima Época

    Registro: 2012920

    Instancia: Segunda Sala

    Tipo de Tesis: Jurisprudencia

    Fuente: Semanario Judicial de la Federación

    Materia(s): (Común, Común)

    Tesis: 2a./J. 160/2016 (10a.)

    CONTABILIDAD ELECTRÓNICA. EFECTO DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO CONTRA EL ANEXO 24 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2015, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 5 DE ENERO DE 2015. El efecto que debe imprimirse a la sentencia que concede el amparo contra el Anexo referido es el de desincorporar de la esfera jurídica del quejoso la obligación de atender los lineamientos técnicos de forma y sintaxis para la generación de archivos XML especificados por el consorcio w3, establecidos en la página de internet http://www.w3.org., hasta en tanto el Servicio de Administración Tributaria formule y publique en alguno de los medios a su alcance los lineamientos a seguir para la generación de archivos XML en idioma español.

    SEGUNDA SALA

    Amparo en revisión 1287/2015. Boehringer Ingelheim Promeco, S.A. de C.V. y otras. 6 de julio de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López.

    Amparo en revisión 826/2016. Banco J.P. Morgan, S.A., Institución de Banca Múltiple, J.P. Morgan Grupo Financiero y otras. 5 de octubre de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López.

    Amparo en revisión 827/2016. Flextronics Manufacturing Mex, S.A. de C.V. y otras. 5 de octubre de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López.

    Amparo en revisión 828/2016. International Greenhouse Produce, S.A. de C.V. y otras. 5 de octubre de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López.

    Amparo en revisión 829/2016. Autoclaims Servicios, S.A. de C.V. y otras. 5 de octubre de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López.

    Tesis de jurisprudencia 160/2016 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del diecinueve de octubre de dos mil dieciséis.

     

    Por la importancia de estos documentos, hacemos los siguientes comentarios:

    PRIMERO.- Para brincarse la inconstitucionalidad ya mencionada, la autoridad fiscal actúo de esta forma:

    Sin contar con fundamento legal, el SAT le solicitó “opinión técnica” a seudo-expertos en programación (software) como IBM, Oracle y Softtec, sin acreditar tal calidad, los que manifestaron que es imposible su traducción al español, ya que ese “lenguaje” es para que interactúen con los programas que utiliza el SAT y no para que el contribuyente, quien es el usuario final.

    Con ello, el SAT está tratando de corregir la inconstitucionalidad citada, modificando el Anexo 24 y publicando un “boletín técnico”, sin tener facultades legales para ello (2), reconociendo implícitamente que no hay otra manera de enviar la contabilidad electrónica, atribuyéndose potestades que no tiene, debiendo recordar la siguiente Jurisprudencia:

    “AUTORIDADES. Las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite”.

    Jurisprudencia: Apéndice 1975, Octava Parte, Pleno y Salas, Tesis 46, Página 89.

     

    Al no haber ingresado a la página del SAT la información contable, el fisco podrá requerir dicha obligación, con el deber debe fundar y motivar dicho acto. Indicando para que quiere esa información y de allí a planear la defensa jurídica correspondiente.

     

    SEGUNDO.- La Jurisprudencia ya anotada, señaló que la sistematización del deber de llevar contabilidad electrónica y su envío a la autoridad fiscal deben de estar desarrollados por una autoridad competente, bajo algún procedimiento de creación normativa o bajo determinadas exigencias mínimas de fundamentación y motivación.

                Por lo expuesto vemos que:

    1. La traducción de un documento de un idioma extranjero al español, debe hacerse por un traductor reconocido y capacitado, puesto que se trata de lenguaje técnico y no común, lo que requiere especialización.
    2. Esa traducción requiere estar avalada por un fedatario o por una autoridad competente, la cual debe contar con facultades expresas para hacerlo.
    3. Se debe seguir un procedimiento especial, el cual a la fecha no existe y ello es un elemento de defensa.
    4. Al no existir procedimiento, se vulnera el principio de “debido proceso legal”, lo que va en contra de los artículos 14 y 16 constitucionales.
    5. En todo caso tenían que seguirse lineamientos (3) que le diesen valor legal a la traducción, lo que insistimos no se realizó y tal acción unilateral es ilegal de pleno Derecho, dado que no puede existir cláusula habilitante, que permita remitir de una regla general, a un documento técnico, sin existir norma legal que así lo permita.

     

    Por analogía debemos atender esta Tesis:

    Época: Décima Época

    Registro: 2013014

    Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

    Tipo de Tesis: Aislada

    Fuente: Semanario Judicial de la Federación

    Publicación: viernes 11 de noviembre de 2016 10:22 h

    Materia(s): (Constitucional, Laboral)

    Tesis: XVI.2o.T.4 L (10a.)

    DEBIDO PROCESO EN MATERIA LABORAL PARA PERSONAS MIGRANTES. LAS GARANTÍAS MÍNIMAS QUE LO COMPONEN ENTRAÑAN LA OBLIGACIÓN PARA EL TRIBUNAL DE TRABAJO DE DESIGNAR UN TRADUCTOR O INTÉRPRETE AL PATRÓN O TRABAJADOR QUE NO COMPRENDA O NO HABLE EL IDIOMA ESPAÑOL. El derecho humano al debido proceso se ha nutrido tanto de interpretaciones jurisprudenciales en el ámbito local como en sede internacional, entendiéndose en la actualidad a partir de dos vertientes, una de índole procesal y otra sustantiva; la primera referida a las formalidades esenciales del procedimiento y, la segunda, en relación con determinados derechos constitucionalmente protegidos, es decir, como medio idóneo para garantizar los derechos sustantivos reconocidos por la Norma Fundamental. Dado que el objeto del debido proceso es alcanzar una decisión justa, requiere de un elenco de componentes mínimos que deben observarse inexcusablemente en todo procedimiento jurisdiccional, ya que son los que garantizan al gobernado el pleno y efectivo acceso a la tutela jurisdiccional. Tales garantías mínimas inciden en la determinación de derechos y obligaciones de las personas en todas las materias jurídicas, tanto así que las contenidas en el artículo 8, numeral 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre las que se encuentra la de “ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal”, no son exclusivas del ámbito penal, sino que inciden sobre el orden laboral, civil, fiscal o de cualquier otro carácter. En ese tenor, el reconocimiento de los derechos fundamentales de las personas migrantes, entraña la correlativa obligación del Estado de respetar las garantías necesarias para su protección, entre ellas, la de jus cogens mencionada, como norma interpretativa de derecho internacional o garantía mínima de estándar convencional, que permite a tales personas (migrantes) comprender plenamente el contenido del acto procesal en que participan. Por tanto, si tal obligación está implícita en todo procedimiento y ante cualquier autoridad del Estado, entre ellas, los órganos jurisdiccionales en materia de trabajo, entonces, éstos están obligados a designar ex officio un traductor o intérprete al patrón demandado o trabajador que no hable o no entienda el idioma español, e intervenga directamente en alguna actuación procesal, como puede ser el desahogo de la prueba confesional a su cargo. Sólo así, se garantiza la protección de su derecho humano al debido proceso legal, en términos de los artículos 6, 11, 12 y 14 de la Ley de Migración.

    SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.

    Amparo directo 133/2016. 16 de junio de 2016. Mayoría de votos de los Magistrados Celestino Miranda Vázquez y Ángel Michel Sánchez, quien formuló voto concurrente en cuanto a los efectos del amparo. Disidente: Gerardo Martínez Carrillo, quien formuló voto particular por considerar que si bien existió vulneración al derecho humano del debido proceso, el concepto de violación resultaba inoperante. Ponente: Celestino Miranda Vázquez. Secretario: Fidel Abando Sáenz.

     

    TERCERO.- El contribuyente puede generar sus propios programas, no existe impedimento legal para ello; por ende no esta obligado a adquirir programas de un tercero.

    Por ello, la fallida traducción de los lineamientos técnicos, no son de uso exclusivo de desarrolladores de programas, como indebidamente lo pretende el SAT.

    CUARTO.- El anexo y su boletín se hayan plagados de abreviaturas, las que se encuentran proscritas, si el gobernado no conoce su significado, lo que propicia inseguridad e incertidumbre jurídicas.

    Hay que ver estas opiniones judiciales:

    FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. NO SE SATISFACE CON EL EMPLEO DE ABREVIATURAS DESCONOCIDAS POR EL PARTICULAREl empleo de abreviaturas por parte de la autoridad administrativa al dictar un acto lesivo de los intereses de los gobernados, cuando no se demuestran  que su significado es plenamente conocido por su destinatario, ni tampoco está aclarado en el documento que lo contiene, se aparta de las aspiraciones que en materia de seguridad jurídica deben prevalecer en un régimen de derecho como el nuestro, sin que baste para desvirtuar  esta apreciación del argumento de que el particular  está  obligado a conocer  los conceptos legales a los cuales, según la emisora del acto, se refieren  dichas abreviaturas, pues aunque no se pueda  pretextar el desconocimiento de la ley por el particular, éste se halla en cambio liberado del deber de saber cuáles reglas o abreviaturas  elige la autoridad para referirse a aquéllos.

                                        

    Revisión Fiscal 763/89. Limpieza Inmediata, S.A. 11 de julio de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora  Pimentel. Secretaria: Adriana Leticia Campuzano Gallegos.

     

    VISITA DOMICILIARIA, ORDEN DE. CARECE DE LEGALIDAD CUANDO CONTIENE ABREVIATURAS PARA DENOMINAR A LA PERSONA A QUIEN SE DIRIGE. El artículo 43 del Código Fiscal de la Federación prevé que toda orden de visita, además de los otros requisitos, debe contener el nombre de la persona a quien vaya dirigido, precisándose en forma indubitable el nombre de la persona moral de que se trata y no únicamente señalar en forma ambigua dicho nombre (Verástegui Invest. Ind. D.D., S.A., en vez de Verástegui Investigación Industrial, Diseño y Desarrollo, S.A.) toda vez que las abreviaturas con que se pueda denominar a la persona a quien se dirige, pueden ser objeto de múltiples interpretaciones, violándose en perjuicio de la quejosa la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional”.

    Amparo Directo 20/88. Verástegui Investigación Industrial, Diseño y Desarrollo, S.A. 10 de febrero de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: José Alejandro Luna Ramos. Secretario: Ricardo Barbosa Alanis.

     

                Al respecto, la autoridad infundadamente señaló:

    “La referencia técnica en materia informática para la construcción de los archivos digitales XML que contienen la información mencionada en el presente Anexo, se encuentra contenida en el documento técnico, que deberán utilizar los entes especialistas en informática y telecomunicaciones que realicen la construcción de cada uno de los archivos a enviar a través del Buzón Tributario o el portal de trámites”.

     

    QUINTO.- La traducción ilegal se encuentra llena de errores, puesto que existen vocablos en dicho documento que no admiten conversión al español y ese vicio no se eliminó de los documentos mencionados, veamos u ejemplo:

    “Los algoritmos utilizados en la generación de un sello digital son los siguientes:

    SHA-1, que es una función hash (digestión,  o resumen) de un solo sentido tal que para cualquier entrada produce una salida compleja de 160 bits de salida, 80 para seguridad del mensaje y 80 para la identificación del mensaje (20 bytes) denominada ‘digestión’.

    SHA-2, que es una función hash (digestión o resumen) de un solo sentido tal que para cualquier entrada produce una salida compleja de 256 bits de salida, 128 para seguridad del mensaje y 128 para la identificación del mensaje  (32 bytes) denominada ‘digestión’.

    RSAPrivateEncrypt, que utiliza la clave privada del emisor para encriptar la digestión del mensaje.

    RSAPublicDecrypt, que utiliza la clave pública del emisor para desencriptar la digestión del mensaje”.

    De este modo, el SAT reconoce que:

    “La referencia al consorcio W3 descrita en este documento es de carácter puramente tecnológico, todos los lineamientos que ahí se describen corresponden a un lenguaje de programación que no pueden traducirse a la forma y sintaxis de otro idioma como el español. Dicho lenguaje de programación es de uso exclusivo de los sistemas informáticos y no para uso del contribuyente o usuario final”.

                Además el documento técnico indica:

    “Por esta razón es necesario que el código de los archivos XML contenga ese tipo de referencias al W3, de no establecerse sería imposible definir esquemas asociados a mensajes XML, y por lo tanto el SAT no podría validar la forma y sintaxis del mensaje”.

                De lo antes transcrito, se aprecia la franca violación a las Jurisprudencias citadas, lo que conlleva la inconstitucionalidad del nuevo anexo 24 y su documento técnico.

    SEXTO.- Por lo antes expresado, se aprecia que no se eliminó la inconstitucionalidad señalada por la Corte y será derecho de los gobernados, ejercer su derecho a la defensa en materia fiscal, a través de cualquiera de estos métodos:

    1. Si hay un requerimiento para subir la información contable, atenderlo exponiendo las causas y razones por la que no es posible cumplir.
    2. Si la autoridad tributaria multa, se podrá interponer recurso de revocación o juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, teniendo treinta días para ello.
    3. Combatir la regla general, por vicios propios, ante el TFJA, al ser su primer acto de aplicación (combate a reglas generales).
    4. Ir al Juicio de Amparo, por la inconstitucionalidad de la actuación de la autoridad y la transgresión a las Jurisprudencias relativas, lo que es violatorio de “Derechos Humanos”.

    En espera que estas notas le sean útiles, le pedimos, como dice un conductor de televisión: “No se deje”.

     

     

    NOTAS:

    1

    A continuación, anotamos la parte relativa de uno de los fallos citados:

    “Finalmente, la parte disconforme sostiene la inconstitucionalidad del anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2015, por vulnerar los derechos de legalidad y seguridad jurídica, ya que para cumplir con las disposiciones relacionadas con la obligación de llevar una contabilidad en medios electrónicos, establece diversos formatos como lo son: “de catálogo de cuentas, de balanza de comprobación, de pólizas del periodo; de reporte auxiliar de folios, de reporte auxiliar de cuentas y/o subcuentas y formato de sello digital de contabilidad electrónica”; los cuales, a su decir, deben sujetarse –además- a lo dispuesto por el consorcio w3 en la página electrónica http://www.w3.org.

     

    Aduce que la referida remisión constituye un reenvío ilegal, puesto que el consorcio w3 no forma parte de ningún órgano del Estado que pudiera dotar de obligatoriedad los lineamientos que establece para la generación de los archivos XML, ni tampoco se desprende de ningún ordenamiento legal esas facultades.

     

    Además señala que la mencionada página electrónica, cuyas disposiciones deben ser observadas conforme al anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2015, se encuentran en idioma inglés, a pesar de que el artículo 4 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas establece que el español es la lengua nacional; y el artículo 33 apartado B, fracción XI, del Reglamento del Código Fiscal de la Federación dispone que la contabilidad debe plasmarse en idioma español.

    Lo cual resulta esencialmente fundado.

    Ello es así, ya que sobre el particular esta Segunda Sala se ha pronunciado en el sentido de que el referido Anexo 24 de la Resolución de Miscelánea Fiscal para dos mil quince, viola los derechos de legalidad y seguridad jurídica de los contribuyentes.

    Lo anterior, ya que al establecer las reglas de estructura planteadas dentro del estándar de los formatos respectivos para cumplir con la obligación de llevar la contabilidad en medios electrónicos, la autoridad administrativa dispuso que el contribuyente que utilice dicho estándar deberá sujetarse tanto a las disposiciones fiscales vigentes, como a los lineamientos técnicos de forma y sintaxis para la generación de archivos XML especificados por el consorcio w3. Lo que significa que con dicha remisión la autoridad excedió los límites de la habilitación legal que le fue conferida a través del artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, al encomendar al consorcio referido la labor de desarrollar las disposiciones correspondientes para hacer operativo el sistema; lo que además de la insubordinación jerárquica que esa actuación provoca, ocasiona inseguridad jurídica al gobernado, al obligarlo a cumplir con ciertos lineamientos emitidos “por una comunidad internacional” y no por una autoridad competente, bajo algún procedimiento de creación normativa o bajo determinadas exigencias mínimas de fundamentación y motivación. Máxime que, al establecer los lineamientos y formatos respectivos para cumplir con la obligación de llevar la contabilidad en medios electrónicos, tenía la obligación de hacerlo en idioma castellano o español, a fin de brindar seguridad jurídica a los contribuyentes al permitirles conocer plenamente la forma de operar los formatos establecidos al efecto, lo cual no se hizo, ya que al ingresar a la página de Internet http://www.w3.org., se advierte que su contenido está en el idioma inglés; de ahí que el Anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, viola los derechos a la legalidad y a la seguridad jurídica.

    Tales consideraciones se desprenden de la tesis 2a. LXX/2016 (10a.), de rubro:

    “CONTABILIDAD ELECTRÓNICA. EL ANEXO 24 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2015, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 5 DE ENERO DE 2015, VIOLA LOS DERECHOS A LA LEGALIDAD Y A LA SEGURIDAD JURÍDICA.” [1]

    Consecuentemente, lo procedente es conceder a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, para el efecto de que se le desincorpore de su esfera jurídica la obligación de atender los lineamientos técnicos de forma y sintaxis para la generación de archivos XML especificados por el consorcio w3, establecidos en la página de internet  http://www.w3.org., ya que como se pudo observar, además de que son emitidos por una comunidad internacional (privada), que no goza de facultades para hacerlo, se encuentran en un idioma diverso al castellano o español; todo lo cual, vulnera el derecho de seguridad jurídica de la parte quejosa.

    Lo anterior, de acuerdo a lo establecido en la tesis 2ª.XCVII/2016 (10a.), de rubro:

    “CONTABILIDAD ELECTRÓNICA. EFECTOS DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO CONTRA EL ANEXO 24 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA EL 2015, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 5 DE ENERO DE 2015.”[2] 

    ……………………………………………………………………………………………..

    • Conceder el amparo a la parte quejosa contra los siguientes actos:
    • El Anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal de dos mil quince, para el efecto de que se le desincorpore de su esfera jurídica la obligación de atender los lineamientos técnicos de forma y sintaxis para la generación de archivos XML especificados por el consorcio w3, establecidos en la página de internet http://www.w3.org., hasta en tanto el Servicio de Administración Tributaria formule y publique en alguno de los medios a su alcance los lineamientos a seguir para la generación de archivos XML, en idioma español; y

    ……………………………………………………………………………………………….CUARTO. La Justicia de la Unión ampara y protege a la parte quejosa en contra del artículo 53-B, fracción IV, párrafo segundo, del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil quince y del anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil quince, para los efectos precisados en el último considerando de este fallo.

    …………………………………………………………………………”.

    2

    De la simple lectura de estos preceptos, se aprecia que el SAT no tiene facultades para traducir textos de un idioma extranjero al español, veamos:

    Ley del SAT.

    “De las Atribuciones

     

    Artículo 7o. El Servicio de Administración Tributaria tendrá las atribuciones siguientes:

    1. Recaudar los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos federales y sus accesorios de acuerdo a la legislación aplicable;
    2. Dirigir los servicios aduanales y de inspección, así como la Unidad de Apoyo para la Inspección Fiscal y Aduanera;

    III.        Representar el interés de la Federación en controversias fiscales;

    1. Determinar, liquidar y recaudar las contribuciones, aprovechamientos federales y sus accesorios cuando, conforme a los tratados internacionales de los que México sea parte, estas atribuciones deban ser ejercidas por las autoridades fiscales y aduaneras del orden federal;
    2. Ejercer aquéllas que, en materia de coordinación fiscal, correspondan a la administración tributaria;
    3. Solicitar y proporcionar a otras instancias e instituciones públicas, nacionales o del extranjero, el acceso a la información necesaria para evitar la evasión o elusión fiscales, de conformidad con las leyes y tratados internacionales en materia fiscal y aduanera;

    VII.      Vigilar y asegurar el debido cumplimiento de las disposiciones fiscales y aduaneras y, en su caso, ejercer las facultades de comprobación previstas en dichas disposiciones;

    VIII.     Participar en la negociación de los tratados internacionales que lleve a cabo el Ejecutivo Federal en las materias fiscal y aduanera, así como celebrar acuerdos interinstitucionales en el ámbito de su competencia;

    1. Proporcionar, bajo el principio de reciprocidad, la asistencia que le soliciten instancias supervisoras y reguladoras de otros países con las cuales se tengan firmados acuerdos o formen parte de convenciones internacionales de las que México sea parte, para lo cual, en ejercicio de sus facultades de vigilancia, podrá recabar respecto de los contribuyentes y terceros con ellos relacionados, la información y documentación que sea objeto de la solicitud.
    2. Fungir como órgano de consulta del Gobierno Federal en las materias fiscal y aduanera;
    3. Localizar y listar a los contribuyentes con el objeto de ampliar y mantener actualizado el registro respectivo;

    XII.      Allegarse la información necesaria para determinar el origen de los ingresos de los contribuyentes y, en su caso, el cumplimiento correcto de sus obligaciones fiscales.

    XIII.     Proponer, para aprobación superior, la política de administración tributaria y aduanera, y ejecutar las acciones para su aplicación. Se entenderá como política de administración tributaria y aduanera el conjunto de acciones dirigidas a recaudar eficientemente las contribuciones federales y los aprovechamientos que la legislación fiscal establece, así como combatir la evasión y elusión fiscales, ampliar la base de contribuyentes y facilitar el cumplimiento voluntario de las obligaciones de los contribuyentes.

    XIV.    Diseñar, administrar y operar la base de datos para el sistema de información fiscal y aduanera, proporcionando a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los datos estadísticos suficientes que permitan elaborar de manera completa los informes que en materia de recaudación federal y fiscalización debe rendir el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión.

    1. Contribuir con datos oportunos, ciertos y verificables al diseño de la política tributaria.

    XVI.    Emitir las disposiciones de carácter general necesarias para el ejercicio eficaz de sus facultades, así como para la aplicación de las leyes, tratados y disposiciones que con base en ellas se expidan.

    XVII.   Emitir los marbetes y los precintos que los contribuyentes deban utilizar cuando las leyes fiscales los obliguen, y

    XVIII. Las demás que sean necesarias para llevar a cabo las previstas en esta Ley, su reglamento interior y demás disposiciones jurídicas aplicables”.

    Reglamento Interior del SAT.

    “Del Jefe del Servicio de Administración Tributaria

    Artículo 8.- El Jefe del Servicio de Administración Tributaria es la máxima autoridad administrativa de este órgano administrativo desconcentrado, a quien le corresponde originalmente el trámite y resolución de los asuntos de la competencia de dicho órgano y ejercerá, además de las facultades previstas en el artículo 14 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, las siguientes:

    1. Participar con la representación del Servicio de Administración Tributaria en reuniones de organismos internacionales en que se traten temas fiscales y aduaneros;
    2. Representar al Secretario de Hacienda y Crédito Público en controversias fiscales, excepto en materia de amparo, cuando dicho servidor público actúe como autoridad responsable, conforme a lo previsto en el artículo 7o., fracción III de la Ley del Servicio de Administración Tributaria;

    III.    Proponer la celebración de sesiones extraordinarias de la Junta de Gobierno del Servicio de Administración Tributaria;

    1. Constituir las instancias de consulta y los comités especializados a que se refiere el artículo 19 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria; emitir los lineamientos para la integración y funcionamiento de dichas instancias de consulta y comités especializados, del Comité de Impuestos Internos y del Comité de Aduanas y Comercio Exterior, así como aprobar los procedimientos para el análisis y discusión de políticas operativas y administrativas en las materias de la competencia de cada uno de dichos comités y para la emisión por parte de éstos de las recomendaciones que procedan a las unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria y presidirlos;
    2. Aprobar los asuntos que no requieran autorización de la Junta de Gobierno del Servicio de Administración Tributaria;
    3. Aprobar el plan estratégico y supervisar el proceso de planeación estratégica del Servicio de Administración Tributaria;

    VII.   Presidir la Comisión del Servicio Fiscal de Carrera a que se refiere la Ley del Servicio de Administración Tributaria;

    VIII.  Supervisar la integración del programa anual de mejora continua del Servicio de Administración Tributaria;

    1. Evaluar el funcionamiento de las unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria y, en su caso, expedir o instruir la expedición de los lineamientos para el análisis, control y evaluación de los procedimientos internos del Servicio de Administración Tributaria;
    2. Autorizar a servidores públicos del Servicio de Administración Tributaria para que realicen actos y suscriban documentos específicos;
    3. Supervisar la administración de los recursos humanos, financieros y materiales asignados a las unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria;

    XII.   Nombrar y remover a los servidores públicos del Servicio de Administración Tributaria, así como a los funcionarios fiscales de libre designación, en términos del Estatuto del Servicio Fiscal de Carrera y demás disposiciones jurídicas aplicables;

    XIII.  Crear grupos de trabajo necesarios para la adecuada interpretación de la legislación fiscal y aduanera, considerando la participación que corresponda a las unidades administrativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

     XIV. Supervisar que se otorguen las prestaciones de carácter social y cultural, así como que se lleven a cabo las actividades de capacitación del personal del Servicio de Administración Tributaria, de acuerdo con las normas y principios establecidos por la Comisión del Servicio Fiscal de Carrera y demás disposiciones jurídicas aplicables;

    1. Otorgar las autorizaciones previstas por las disposiciones fiscales y aduaneras;

    XVI. Modificar o revocar las resoluciones administrativas de carácter individual no favorables a un particular de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, que emitan las unidades administrativas adscritas a él;

    XVII. Expedir los acuerdos por los que se deleguen facultades a los servidores públicos o a las unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria; se determinen la circunscripción territorial de las aduanas y las secciones aduaneras de las aduanas, subsedes de las administraciones desconcentradas de la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior; se constituyan sedes de las unidades administrativas centrales fuera de la Ciudad de México y aquéllos por los que se apruebe la ubicación de sus oficinas en el extranjero y designar a los servidores públicos adscritos a dichas oficinas;

    XVIII. Proporcionar a las autoridades competentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la información que requieran para la evaluación y diseño de la política fiscal y aduanera, y para elaborar los informes que la Secretaría esté obligada a presentar;

    XIX. Celebrar contratos, convenios y, en general, toda clase de actos jurídicos directamente vinculados con el desarrollo de las atribuciones del Servicio de Administración Tributaria o relacionados con la administración de los recursos humanos, materiales y financieros que le sean asignados;

    1. Solicitar opinión a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente sobre la interpretación de las disposiciones fiscales y aduaneras, y

    XXI. Aquellas que le confieren al Servicio de Administración Tributaria el Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos y su Reglamento y otras disposiciones jurídicas aplicables.

    ……………………………………………………………………………………………….

     

    De la Administración General Jurídica

    Artículo 35.- Compete a la Administración General Jurídica:

    ……………………………………………………………………………………………..

    III.    Elaborar y proponer para aprobación superior, las disposiciones administrativas de carácter general que corresponda emitir al Servicio de Administración Tributaria, con la participación de las unidades administrativas competentes de dicho órgano administrativo desconcentrado y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

    ……………………………………………………………………………………………….

    Atentamente.

    Ciudad de México, 26 de septiembre de 2016.- En suplencia por ausencia del Jefe del Servicio de Administración Tributaria, con fundamento en el artículo 4, primer párrafo del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria vigente, firma el Administrador General Jurídico, Jaime Eusebio Flores Carrasco.- Rúbrica”.

    3

    Para darle validez a una traducción se requiere un perito en la materia y la intervención de una autoridad competente o de un fedatario, de conformidad con los siguientes dispositivos, veamos:

    Código Federal de Procedimientos Civiles.

    “Artículo 132.- De la traducción de los documentos que se presenten en idioma extranjero, se mandará dar vista a la parte contraria, para que, dentro de tres días, manifieste si esta conforme. Si lo estuviere o no contestare la vista, se pasará por la traducción; en caso contrario, el tribunal nombrará traductor”.

    “Artículo 189.- En todo caso en que se necesiten conocimientos técnicos especiales para la apreciación de los medios de prueba a que se refiere este capítulo, oirá el tribunal el parecer de un perito nombrado por él, cuando las partes lo pidan o él lo juzgue conveniente”.

    “Artículo 271.- Las actuaciones judiciales y promociones deben escribirse en lengua española. Lo que se presente escrito en idioma extranjero se acompañará de la correspondiente traducción al castellano”.

    “Artículo 553.- Todo exhorto internacional que se reciba del extranjero en idioma distinto del español deberá acompañarse de su traducción. Salvo deficiencia evidente u objeción de parte, se estará al texto de la misma”.

     

    CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE EXHORTOS O CARTAS ROGATORIAS.

    Los Gobiernos de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos, deseosos de concertar una Convención sobre exhortos o cartas rogatorias, han acordado lo siguiente:

    1. USO DE EXPRESIONES

    Artículo 1

     Para los efectos de esta Convención las expresiones “exhortos” o “cartas rogatorias” se utilizan como sinónimos en el texto español. Las expresiones “commissions rogatoires”, “letters rogatory” y “cartas rogatórias”, empleadas en los textos francés, inglés y portugués, respectivamente, comprenden tanto los exhortos como las cartas rogatorias.

    Artículo 25

     El instrumento original de la presente Convención, cuyos textos en español, francés, inglés y portugués son igualmente auténticos, será depositado en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. Dicha Secretaría notificará a los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos y a los Estados que se hayan adherido a la Convención, las firmas, los depósitos de instrumentos de ratificación, adhesión y denuncia, así como las reservas que hubiere. También les transmitirá la información a que se refieren el párrafo segundo del Artículo 4 y el Artículo 18, así como las declaraciones previstas en los Artículos 16 y 23 de la presente Convención.

     

    LEY DEL NOTARIADO PARA EL DISTRITO FEDERAL

    “Artículo 102.- El Notario redactará las escrituras en español, sin perjuicio de que pueda asentar palabras en otro idioma, que sean generalmente usadas como términos de ciencia o arte determinados, y observará las reglas siguientes:

    ………………………………………………………………………………………………

    XVII. Cuando se presenten documentos redactados en idioma distinto al español, deberán ser traducidos por un perito reconocido como tal por autoridad competente del Distrito Federal, el notario agregará al apéndice el original o copia cotejada del documento con su respectiva traducción;

    ……………………………………………………………………………………………..”.

     

    Código Fiscal de la Federación.

    “Artículo 5. Las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares y las que señalan excepciones a las mismas, así como las que fijan las infracciones y sanciones, son de aplicación estricta. Se considera que establecen cargas a los particulares las normas que se refieren al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa.

    Las otras disposiciones fiscales se interpretarán aplicando cualquier método de interpretación jurídica. A falta de norma fiscal expresa, se aplicarán supletoriamente las disposiciones del derecho federal común cuando su aplicación no sea contraria a la naturaleza propia del derecho fiscal”. 

     

    [1] Datos de localización: Décima Época. Registro 2012377. Segunda Sala, Tesis aislada.  Semanario Judicial de la Federación. Publicación: viernes 26 de agosto de 2016. Materia (s): (común).

    [2] Datos de localización: Décima Época. Registro 2012519. Segunda Sala, Tesis aislada.  Semanario Judicial de la Federación. Publicación: viernes 09 de septiembre de 2016. Materia (s): (común).

  •  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    El Complemento de Recepción de Pagos comenzó a ser desde de 2018, tras varias prórrogas.

    El complemento de recepción de pagos deberá emplearse obligatoriamente en todas las operaciones que se paguen en parcialidades. En primer lugar, será necesario emitir una factura electrónica por el total de la operación. Después, los contribuyentes tendrán que expedir un CFDI con este complemento por cada uno de los ingresos que reciban. El plazo máximo para generar este comprobante será el día 10 del mes siguiente a la fecha en que se haya recibido el ingreso.

     

    Varios contribuyentes han reportado que el SAT se ha dado cuenta de la omisión a través del envío del siguiente mensaje:

     

     

    La Resolución Miscelánea para 2021, en su regla 2.7.1.35 establece lo siguiente:

    2.7.1.35. Para los efectos de los artículos 29, párrafos primero, segundo, fracción VI y penúltimo párrafo y 29-A, primer párrafo, fracción VII, incisos b) y c) del CFF, cuando las contraprestaciones no se paguen en una sola exhibición, se emitirá un CFDI por el valor total de la operación en el momento en que esta se realice y posteriormente se expedirá un CFDI por cada uno de los pagos que se reciban, en el que se deberá señalar "cero" en el campo "Total", sin registrar dato alguno en los campos "método de pago" y "forma de pago", debiendo incorporar al mismo el "Complemento para recepción de pagos" que al efecto se publique en el Portal del SAT.

    El monto del pago se aplicará proporcionalmente a los conceptos integrados en el comprobante emitido por el valor total de la operación a que se refiere el primer párrafo de la presente regla.

    Los contribuyentes que al momento de expedir el CFDI no reciban el pago de la contraprestación, deberán utilizar el mecanismo contenido en la presente regla para reflejar el pago con el que se liquide el importe de la operación.

    Para efectos de la emisión del CFDI con "Complemento para recepción de pagos", podrá emitirse uno solo por cada pago recibido o uno por todos los pagos recibidos en un periodo de un mes, siempre que estos correspondan a un mismo receptor del comprobante.

    El CFDI con "Complemento para recepción de pagos" deberá emitirse a más tardar al décimo día natural del mes inmediato siguiente al que corresponda el o los pagos recibidos.

    La obligación de la expedición de este Complemento para recepción de pagos es para quién recibe el pago, y no hacerlo representa una infracción según el artículo 83, VII del CFF:

    Artículo 83. Son infracciones relacionadas con la obligación de llevar contabilidad, siempre que sean descubiertas en el ejercicio de las facultades de comprobación o de las facultades previstas en el artículo 22 de este Código, las siguientes:

    VII. No expedir, no entregar o no poner a disposición de los clientes los comprobantes fiscales digitales por Internet de sus actividades cuando las disposiciones fiscales lo establezcan, o expedirlos sin que cumplan los requisitos señalados en este Código, en su Reglamento o en las reglas de carácter general que al efecto emita el Servicio de Administración Tributaria; no entregar o no poner a disposición la representación impresa de dichos comprobantes, cuando ésta le sea solicitada por sus clientes, así como no expedir los comprobantes fiscales digitales por Internet que amparen las operaciones realizadas con el público en general, o bien, no ponerlos a disposición de las autoridades fiscales cuando éstas los requieran.

     

    Sin embargo, los contribuyentes siempre tienen la opción del cumplimiento espontáneo de sus obligaciones, mismo que no le genera la imposición de multas de acuerdo al artículo 73 del CFF:

    Artículo 73.- No se impondrán multas cuando se cumplan en forma espontánea las obligaciones fiscales fuera de los plazos señalados por las disposiciones fiscales o cuando se haya incurrido en infracción a causa de fuerza mayor o de caso fortuito…

    Por lo tanto, consideramos importante cumplir con la emisión de sus CFDI por recepción de pagos aún y cuando sea fuera de tiempo, esto para cumplir con la disposición y evitar multas futuras.

      

     

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    Fuente: DOF

    Con fecha 18 de diciembre de 2019 se publica en el Diario Oficial de la Federación la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2019 y sus anexos 1 y 1-A

     

     Baja el Documento Completo en la Siguiente Liga:

     

     

                                              

     

     

      

     

  • Fuente: SAT

    Con fecha 24 de Julio a través del portal del SAT se da a conocer la segunda versión anticipada Primera Resolución de Mdificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal 2019 y sus Anexos 1-A, 14, 23 y 24 misma que podrá bajar de la liga siguiente 

     

     

    Esperemos que pronto sea publicada en el DOF para que sea oficial.

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    Con fecha 14 de julio de 2020 el Servicio de Administración Tributaria (SAT) da a conocer el Cuarto Anteproyecto de la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020 y su Anexo 1-A..

      

    Fuente: www.sat.gob.mx

     

     

     

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    Con fecha 28 de abril de 2020 el Servicio de Administración Tributaria (SAT) da a conocer el Quinto Anteproyecto de la Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020, y sus anexos 1-A, 5, 7, 9, 14 y 23.

     

    Fuente: https://bit.ly/2W0ZmXl 

     

     

     

  • Publicado el 11 Nov a las 00:09h 

    www.gmcapacitacion.com

    La Presunción de Legalidad No es Irrestricta

    claudio-jasso3 Por: C.P. y L.D. Claudio Jasso González

    I. INTRODUCCIÓN

             Estimado lector, me resulta grato colaborar en esta edición con análisis, líneas de pensamiento, argumentos y agravios para la debida defensa fiscal estratégica en contra de las arbitrarias actuaciones de las autoridades fiscales. En la presente colaboración detectaremos y analizaremos aquellas actuaciones de los autoridades que resultan por demás inverosímiles y/o simuladas, al trastocar la lógica y razonabilidad rayando en lo absurdo, lo que nos da grandes oportunidades de obtener resultados favorables en los medios de defensa si sabemos argumentar dichas ilegalidades.

             Lo anterior es debido a que constantemente los visitadores, notificadores, ejecutores, etc. a lo largo y ancho del país, llevan a cabo diversas actuaciones (actas de visita, constancias de notificación, actuaciones dentro del procedimiento administrativo de ejecución, etc.) que rayan y atentan contra la lógica, la razón y la sana crítica, resultando inverosímil y no creíble (casi casi imposible) el contenido asentado en dichas actuaciones y/o documentales, por lo que pueden haber casos en los que a pesar de que en dichas acuaciones las autoridades hubieren plasmado o señalado ciertos hechos o circunstancas, éstos serán nulos e ilegales de pleno derecho al contravenir la lógica, la sana crítica y la razonabilidad.

             Por lo que en este espacio, analizaremos que la presunción de legalidad de los actos de la autoridad no es irrestricta, y compartiré algunos tips o consejos estratégicos para poder desvirtuarla e impugnarla debidamente, aclarando que los ejemplos y sugerencias aquí expuestos son enunciativos, más no limitativos, ya que cada caso tiene sus particularidades, además de que dependerá de la creatividad, imaginación y estilo de cada litigante o asesor el preparar y estructurar su estrategia defensiva.

    II. DESARROLLO DEL TEMA

             Iniciaremos nuestro análisis con el fundamento legal de la presunción de legalidad de los actos y/o resoluciones de las autoridades, el cual se encuentra principalmente en dos artículos a saber, el 68 del Código Fiscal de la Federación y el 42 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, mismos que respectivamente son del tenor literal siguiente:

          “Artículo 68.- Los actos y resoluciones de las autoridades   fiscales se presumirán legales. Sin embargo, dichas autoridades deberán probar los hechos que motiven los actos o resoluciones cuando el afectado los niegue lisa y llanamente, a menos, que la        negativa implique la afirmación de otro hecho.

          ARTÍCULO 42.- Las resoluciones y actos administrativos se         presumirán legales. Sin embargo, las autoridades deberán    probar los hechos que los motiven cuando el      afectado los niegue    lisa y llanamente, a menos que la negativa implique la afirmación   de otro hecho.”

    De los anteriores preceptos legales, podemos desprender los siguientes elementos para su mejor comprensión:

             * Se refiere a la presunción de legalidad a favor de los actos o resoluciones de las autoridades.

             * Pueden ser autoridades fiscales o administrativas.

             * Las autoridades deberán probar los hechos que los motiven cuando el afectado los niegue lisa y llanamente, es decir, admite prueba en contrario al tratarse de una presunción “iuris tantum”, excepto: Cuando la negativa implique la afirmación de otro hecho.

              Al respecto, cobran trascendencia las siguientes tesis específicas aplicables que detallan los alcances de la presunción de legalidad de los actos de autoridad:

     

    CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

    VI-TASR-XXXII-15

    ACTOS Y RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS. PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DE LOS.- De acuerdo con el contenido de los artículos 68 del Código Fiscal de la Federación y 42 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, los actos y resoluciones administrativas se presumen legales; ahora bien, cuando el afectado no está conforme con tales actos o resoluciones y los impugna ante un órgano jurisdiccional como en el caso lo es el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, negando lisa y llanamente los hechos que los motivan, la autoridad debe probar tales hechos, pues en caso que la autoridad demandada no los acredite, la presunción de legalidad deja de surtir efectos y, consecuentemente,mediante la declaratoria que decida en definitiva el juicio contencioso administrativo, se debe declarar la nulidad del acto o resolución administrativa impugnada; por el contrario, cuando la autoridad demandada sí prueba los hechos  que motivan sus actos impugnados, la Juzgadora cobrará convicción de la legalidad del acto de que se trata, operando de esta forma la presunción que los numerales en estudio confieren respecto a la legalidad del acto o resolución que se impugna al ser corroborada la existencia de los hechos que los motivan, pues es de explorado derecho que la presunción de legalidad a que se refieren los numerales aludidos, es una presunción relativa, es decir “iuris tantum”, al admitir prueba en contrario y, en este último caso, la Juzgadora debe reconocer la validez de dicho acto en el fallo definitivo; pues en ambos casos, una vez sometidos a la potestad jurisdiccional de esta Juzgadora, la referida presunción deja de ser tal, para que a partir del fallo definitivo se constituya la verdad legal y adquieran certeza jurídica los actos impugnados.

             Juicio Contencioso Administrativo Núm. 3901/08-05-02-7.-   Resuelto por la Segunda Sala Regional del Norte-Centro II del     Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 19 de enero de 2009, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Héctor Carrillo Maynez.- Secretario: Lic. Ernesto Alfonso Rosales Arcaute.

    R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 26. Febrero 2010. p. 314

     CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

     V-TASR-VII-1430

    PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. OBLIGACIONES INHERENTES A DICHA PRESUNCIÓN POR PARTE DE LA AUTORIDAD.- La presunción de legalidad prevista en el artículo 68 del Código Fiscal de la Federación, jurídicamente tiene el carácter de una suposición según la cual los actos de autoridad deben ser considerados apegados a las normas que los rigen; apreciación ésta que a su vez surge de la consideración de que el actuar de la autoridad es invariablemente imparcial, objetivo y neutral, esto es, que siempre se conduce cumpliendo con el deber primigenio que constitucional y legalmente tiene que es el de respetar la ley, pues se estima que proviene de funcionarios que se reputan honestos y de una probidad excepcional, y que en su condición  de autoridad pública se desempeñan siempre con rectitud, es decir, sindéresis y estricta sujeción a los mandatos que les prescriben las normas jurídicas que rigen sus actos; circunstancias antes dichas, y todas ellas, que finalmente son lasque inducen a considerar que los actos administrativos que   emiten con el carácter de resoluciones se conforman a las leyes    que los regulan, es decir, que sus actos siempre obedecen al derecho y no a otros motivos ajenos. De ahí que, si el particular aduce que la documental que acredita su cumplimiento de la Ley Aduanera, y derivado de ello la ilegalidad de la resolución  impugnada, fue exhibida ante la propia autoridad, toca ahora a dicha autoridad en consecuencia, verificar en sus archivos y registros la veracidad de tal afirmación pues la presunción de legalidad que la ley le atribuye a sus actos, a eso exactamente la obliga; sin que valga en contrario el pretender refugiarse al  amparo de lo dispuesto en el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Consecuencia antes dicha que jurídicamente se impone, precisamente, en los términos del  mencionado artículo 68 del Código Fiscal de la Federación, y también, atento a lo dispuesto en la primera parte del artículo 237 de ese mismo Ordenamiento; e igualmente, de conformidad  con el mandato a que se contrae el último párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  (26)

    Juicio No. 578/04-02-01-2.- Resuelto por la Sala Regional del Noroeste II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 28 de junio de 2004, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: José Franciso Fernández y Cuevas.-   Secretario: Lic. Lázaro Figueroa Ruiz.

    R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año V. Tomo II. No. 49. Enero 2005.   p. 599

     

             Por lo que la regla general es que el acto y/o resolución de la autoridad se presume legal, pero cuando el particular niegue de forma lisa y llana los hechos que motivan dichos actos y/o resoluciones, la autoridad tendrá la carga de probar los mismos. Esto es, ante la negativa del particular, a la autoridad le corresponde demostrar los hechos que justifican y/o apoyan sus actos y/o resoluciones, de lo contrario quedará destruida la presunción de legalidad. Ejemplo típico de este tipo de negativas en el juicio contencioso administrativo federal es la siguiente:

             “Se niega lisa y llanamente que la autoridad hubiera notificado a mi representada el oficio de observaciones.”

             Ante la anterior negativa, la autoridad deberá exhibir y acreditar en el juicio de nulidad la existencia tanto de las constancias de notificación debidamente diligenciadas, así como del oficio de observaciones.

             De donde tenemos que la presunción de legalidad de los actos administrativos no es irrestricta, es decir, no es absoluta o sagrada.

             Al respecto, veamos qué es lo que nos dice la siguiente interesante tesis específica del entonces denominado Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Adminstrativa, hoy Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para enseguida ver cómo la podemos aprovechar para desvirtuar la presunción de legalidad de los actos de autoridad:  

    REVISTA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA NÚMERO 49, SÉPTIMA ÉPOCA, AÑO V, AGOSTO DE 2015, PÁGINAS 452 Y 453:

    SALA REGIONAL DEL NOROESTE II

    CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

    VII-CASR-NOII-8

    PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DE LOS ACTOS  ADMINISTRATIVOS, NO ES IRRESTRICTA.– En términos de lo   establecido en el artículo 68 del Código Fiscal de la Federación   las actuaciones de las autoridades gozan de presunción de legalidad; sin embargo, tal condición de validez no es absoluta, al poder ser desvirtuada mediante las pruebas conducentes, cuestión que se robustece de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que prevé que en las sentencias emitidas por este Tribunal es posible la invocación de hechos notorios, los que la ley exime de demostrar, mismos que pueden derivar de la pormenorización de hechos improbables en el acta de inicio de procedimiento administrativo en materia aduanera, verbigracia en la que conste, en contra de toda lógica, que el conductor que presentó las mercancías para su revisión  física y documental ante la autoridad, permaneció en estado      de vigilia durante prácticamente tres días y medio durante tal acto de fiscalización, siendo acompañado de testigos y personal de la autoridad durante todo ese tiempo de manera ininterrumpida; circunstancia que contraría las normas generales de la experiencia, al ser evidentemente  inverosímil, por lo que es válido apartarse de lo expuesto en el acta respectiva no obstante que conste la firma de todas las personas que presumiblemente participaron en los actos ahí consignados,ya que no existe certidumbre de que la autoridad haya cumplido con el imperativo previsto en el artículo 46 de la Ley Aduanera que exige la elaboración de un acta que contenga los hechos y omisiones observados, debido a que tal actuación debe constituir un reflejo veraz y confiable de lo apreciado.

    Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1496/14-02-01-1.-   Resuelto por la Sala Regional del Noroeste II del Tribunal    Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 25 de mayo de  2015, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Lázaro  Figueroa Ruiz.- Secretario: Lic. Víctor Manuel García Torales.

     

    simulacion2La anterior tesis, si bien no es una jurisprudencia de carácter obligatorio en términos del artículo 79 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo que dice “Las Salas del Tribunal están obligadas a aplicar la jurisprudencia del Tribunal, salvo que ésta contravenga jurisprudencia del Poder Judicial Federal.”;  no menos cierto resulta que se trata de un criterio orientador con bastante lógica y racionamiento jurídico que no es difícil de comprender ni de aplicar a un caso real. Esto es así, ya que si se toma en consideración que el derecho se apoya fuertemente en la lógica y el razonamiento, cualquier desviación en estos elementos conducirá a la nulidad del acto y/o resolución de la autoridad.

    Además de que dicha tesis tiene un fuerte impacto y trascendencia en el litigio fiscal, yo diría que marca una antes y un después en lo que respecta a la presunción de legalidad de los actos de la autoridad al momento de la impugnación, pues permite apartarse de lo asentado (redactado, confeccionado) en un documento, acto y/o actuación de la autoridad, aún y cuando se hubieren recabado las firmas de los particulares que intervinieron (destinatario, representante, compareciente, testigos, etc.), CUANDO SE DETECTE O APRECIE QUE SE TRATAN DE DE HECHOS IMPROBABLES Y/O CIRCUNSTANCIAS QUE CONTRARÍAN LAS NORMAS GENERALES DE LA EXPERIENCIA, AL SER EVIDENTEMENTE INVEROSÍMILES, DEBIDO A QUE TALES ACTUACIONES NO CONSTITUYEN UN REFLEJO VERAZ Y CONFIABLE DE LO APRECIADO.

    Lo anterior no es cualquier cosa, sino que constituye un fuerte reconocimiento de la aplicación directa de la lógica, la sana crítica y la razonabilidad al calificar la legalidad de las actuaciones de las autoridades fiscales demandadas.

    Ahora bien, con sustento en la tesis antes transcrita, veamos dos ejemplos prácticos de su aplicación:

    Ejemplo 1:

    SIMULACIÓN DE ACONTECIMIENTOS EN EL ACTA FINAL DE VISITA DOMICILIARIA DEL SAT:

    visitador

    Según se hizo constar en al acta esta Inició su levantamiento a las 9:00 A.M. del 31 de marzo de 2014, y se dio por terminada dicha diligencia a las 12:00 horas del mismo día. El acta consta de 491 folios. En ellos se plasma una exhaustiva y amplia cantidad de fundamentos legales, relaciones de hechos, omisiones, detalles de más de mil trabajadores (revisaron a una persona moral en su carácter de retenedora de ISR por salarios de sus trabajadores), cantidades, conceptos, desgloses, etc. En el penúltimo folio, el 490 se señaló por parte de la visitadora la siguiente leyenda:

    LECTURA Y CIERRE DEL ACTA —————————————-

    Leída que fue la presente acta y explicado su contenido y alcance al C. PARTIDA ORTEGA JUAN ROBERTO, en su carácter de tercero de la Contribuyente visitada y no       habiendo más hechos que hacer constar, se dio por terminada esta diligencia, siendo las 12:00 horas del día 31 de marzo de 2014, levantándose en original y dos tantos de los cuales se entregó uno legible y foliado al compareciente quien al firmar de conformidad lo hace también el recibo de dicho tanto, después de firmar al final del acta y al calce o margen de  todos y cada uno de los folios, los que en ella intervinieron,    Conste. —————————————————————————-

    Fe de Errata.- todos lo testado en la presente acta no vale. ——-“

     

    Analicemos el acta final respecto a la intervención de la visitadora:

    • En 3 horas la visitadora elaboró los 491 folios del acta final.
    • En 3 horas la visitadora plasmó en los 491 folios del acta final sus determinaciones derivadas de la revisión que se supone se realizó a la documentación e información que se encuentra en el domicilio fiscal de la contribuyente. Recuérdese que al tratarse de una visita domiciliaria la contabilidad debe ser analizada en el domicilio fiscal.
    • En 3 horas la visitadora plasmó en los 491 folios del acta final los hechos, omisiones, acontecimientos, nombres de los más de 1,000 trabajadores, sus percepciones, integraciones, cantidades, cálculos, fundamentos legales, documentación e información revisada, etc.

    Continuemos examinando el acta final respecto a la intervención del tercero de la contribuyente revisada:

    • En las mismas 3 horas se leyeron los 491 folios del acta final. Acta que como ya vimos está integrada por una gran cantidad de datos, información, fundamentos, conceptos, cantidades, operaciones aritméticas, etc.
    • En esas mismas 3 horas se explicó al tercero el contenido de los 491 folios del acta final.
    • En las mismas 3 horas se explicó al tercero el alcance de los 491 folios del acta final.
    • En estas mismas 3 horas el tercero firmó los 491 folios del acta final original, así como los 491 folios de los dos tantos más de dicha acta. Por lo que tenemos que en las mismas 3 horas firmó en total 1473 folios.

    Pero la cuestión no termina ahí, ya que respecto a la intervención de los testigos se tiene lo siguiente:

    • En estas mismas 3 horas los 2 testigos firmaron los 491 folios del acta final original, así como los 491 folios de los dos tantos más de dicha acta. Por lo que tenemos que en las mismas 3 horas cada uno de los 2 testigos firmó en total 1473 folios.

    ¿Todo esto en 3 horas?

             Ahora analicemos el significado de la expresión “Leída que fue la presente acta y explicado su contenido y alcance”.

    Para lo cual se hace necesario precisar el significado de los principales verbos empleados en dicha oración o frase. Hagamos una consulta al Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua:

    http://www.rae.es/

    leído, da.

    (Del part. de leer).

    1. adj. Que ha leído mucho y es persona de muchas noticias y erudición.
    2. f. p. us. lectura (‖ acción de leer).

    ~ y escribido.

    1. loc. adj. irón. Que es instruido, lo parece o presume de serlo.

     

    explicar.

    (Del lat. explicāre).

    1. tr. Declarar, manifestar, dar a conocer lo que alguien piensa. U. t. c. prnl.
    2. tr. Declarar o exponer cualquier materia, doctrina o texto difícil, con palabras muy claras para hacerlos más perceptibles.
    3. tr. Enseñar en la cátedra.
    4. tr. Justificar, exculpar palabras o acciones, declarando que no hubo en ellas intención de agravio.
    5. tr. Dar a conocer la causa o motivo de algo.
    6. prnl. Llegar a comprender la razón de algo, darse cuenta de ello.

     

    contenido, da.

    (Del part. de contener).

    1. adj. Que se conduce con moderación o templanza.
    2. m. Cosa que se contiene dentro de otra.
    3. m. Tabla de materias, a modo de índice.
    4. m. Ling. plano del contenido.

     

    alcance.

    (De alcanzar).

    1. m. Seguimiento, persecución.
    2. m. Capacidad de alcanzar o cubrir una distancia. Alcance de la vista, de un proyectil, de una emisora de radio
    3. m. Capacidad física, intelectual o de otra índole que permite realizar o abordar algo o acceder a ello. Las cuestiones metafísicas están fuera de mi alcance
    4. m. Talento, luces. U. m. en pl.
    5. m. Saldo que, según las cuentas, está debiéndose.
    6. m. En los periódicos, noticia o sección de noticias recibidas a última hora.
    7. m. Significación, efecto o trascendencia de algoAquel desastre tuvo alcance nacional
    8. m. Esgr. Distancia que alcanza un arma blanca o negra.
    9. m. Fís. Penetración máxima de una partícula en un medio material determinado.
    10. m. Impr. Parte de un original que se distribuye a cada uno de los cajistas para su composición.
    11. m. Mil. Cantidad que en el ajuste quedaba a favor del soldado.
    12. m. Veter. alcanzadura.
    13. m. Chile y Perú. Aporte o sugerencia hecha en sesiones o debates públicos.
    14. m. p. us. Correo extraordinario que se envía para alcanzar al ordinario.

    ~ de nombre.

    1. m. Chile. Homonimia entre personas de iguales nombres y apellidos.

    al, a mi, a tu, etc., ~.

    1. locs. adjs. Fácil de conseguir. Todo está a tu alcance. U. t. c. locs. advs. Escoge entre lo que tienes a tu alcance

    andarle a alguien a, o en, los ~s.

    1. locs. verbs. irle a los alcones

    dar ~ a alguien o algo.

    1. loc. verb. Alcanzarlo, conseguirlo, apoderarse de él o de ello.

    ir alguien a, o en, los ~s de algo.

    1. locs. verbs. Estar a punto de conseguirlo.

    irle a alguien a, o en, los ~s.

    1. locs. verbs. Observar muy de cerca los pasos que da, para prenderlo, averiguar su conducta o descubrir sus manejos.

    seguir el ~.

    1. loc. verb. Mil. p. us. Perseguir al enemigo.

    □ V.

    Sello de Alcance

     

    Ya teniendo bien precisados los conceptos y/o significados de las palabras “leída”, “explicar”, “contenido” y “alcance”, reflexionemos:

    ¿De verdad se habrán leído y explicado el contenido y alcance de los 491 folios del acta final?

     Por lo que retomando y parafraseando el contenido de la tesis VII-CASR-NOII-8 de rubro “PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS, NO ES IRRESTRICTA”, publicada en la Revista del TFJFA del mes de agosto de 2015, y adecuándola al caso de una visita domiciliaria, tenemos que:

              “Estas circunstancias contrarían las normas generales de la experiencia, al ser evidentemente inverosímil, por lo que es    válido apartarse de lo expuesto en el acta respectiva no obstante que conste la firma de todas las personas que presumiblemente participaron en los actos ahí consignadosya que no existe certidumbre de que la autoridad haya cumplido con el imperativo previsto en el artículo 46  fracción I del Código Fiscal de la Federación, que exige la elaboración de actas que contengan los hechos y omisiones observados, debido a que tal actuación debe constituir un    reflejo veraz y confiable de lo apreciado.”

     Posibles estrategias que podemos implementar para robustecer el argumento de nulidad: al firmar el acta el tercero, que plasme alguna de las siguientes leyendas que se proponen:

          Manifiesto bajo protesta de decir verdad que no me fue leída el acta final, ni explicado su contenido ni alcance.

              Manifiesto bajo protesta de decir verdad que no me fue leída el acta final, la cual está integrada por 491 folios, ni  explicado su contenido ni alcance.

              Manifiesto bajo protesta de decir verdad que no me fueron leídos los  491 folios del acta final, ni explicado sus  contenidos ni alcances.

              Y cuando los testigos firmen el acta, que manifiesten que atestiguaron el dicho del tercero, es decir, que los testigos hagan constar que es cierto el dicho del tercero en el  sentido de que no le fue leída el acta final integrada por 491 folios, ni explicado su contenido ni alcance.

     Filmar (videograbar) con un teléfono celular el desarrollo de acta final.

    Reconstrucción de hechos.

    Solicitar al TFJA (C. Magistrado y/o Secretario de Acuerdos)   que se señale fecha y hora para dar lectura al acta final y    tomar tiempos.

    Comentarios: hay que ejercer nuestros derechos y saber aprovechar a los testigos. Pues de nada serviría tener ilegalidades que no se puedan demostrar.

    Ejemplo 2:

    DILIGENCIAS SIMULADAS DEL IMSS Y CÓMO IMPUGNARLAS.

    notificador-imss

    Ilegalidad absoluta tanto del citatorio así como del acta circunstanciada del citatorio ambos de fechas 22 de septiembre de 2014, para dar a conocer los créditos fiscales 143003514 y 148003514, en virtud de que resulta material y físicamente imposible que la misma persona, es decir, la C. Notificadora Guadalupe del Carmen Basurto Hernández, estuviera elaborando simultáneamente al mismo tiempo (de las 10:00 a las 10:05 horas) del mismo día 22 de septiembre de 2014 dos documentos diferentes, como lo son el citatorio así como un acta circunstanciada del citatorio, ya que no se pueden iniciar y terminar de redactar y escribir 2 documentos al mismo tiempo de forma simultánea por la misma persona, y mucho menos con la misma hora de inicio y de terminación. Por lo cual, ante hechos inverosímiles e imposibles y hasta contradictorios (o estaba redactando un citatorio o estaba elaborando un acta circunstanciada del citatorio en ese lapso temporal), lo procedente es declarar la ilegalidad integral de dichas documentales y actuaciones y por consiguiente de la posterior notificación al ser fruto de actos viciados; se reitera, resulta materialmente imposible e inverosímil que la C. Notificadora hubiera elaborado de su puño y letra a la misma hora de inicio 10:00 un citatorio y un acta circunstanciada del citatorio, así como haber terminado de redactar dichos documentos a la misma hora 10:05, máxime que supuestamente los realizó ella misma sin apoyo de nadie pues en las actas no se hizo constar que otra persona facultada le hubiera auxiliado en su confección, entonces, ¿cómo pudo haber iniciado y terminado a las mismas horas 2 documentos diferentes de su puño y letra? A lo anterior súmese el que la C. notificadora tan solo contó con escasos 5 minutos para elaborar los 2 documentos lo que evidencia aún más la imposibilidad tanto física como material para efectuar dichas actuaciones en dichos tiempos y condiciones.

    Es materialmente imposible haber practicado dos diligencias y/o redactado dos documentos al mismo tiempo de forma simultánea por una misma persona.

    Resulta inverosímil y ajeno a la realidad haber iniciado ambas diligencias a la misma hora y haberlas terminado a la misma hora del mismo día, ambas por la misma persona.

    Es imposible haber realizado ambas diligencias al mismo tiempo por la misma persona.

    Resulta físicamente imposible para una sola persona, haber elaborado y redactado simultáneamente a la misma hora de inicio y haber terminado a la misma hora 2 documentos.

    Se niega lisa y llanamente que sea cierta y real la elaboración simultánea de los 2 documentos por la misma notificadora.

    Se niega lisa y llanamente que el citatorio y el acta circunstanciada del citatorio contengan hechos reales, creíbles y verdaderos.

    Se niega lisa y llanamente que sea real y apegado a la verdad el  contenido del citatorio y del acta circunstanciada del citatorio.

    Se niega lisa y llanamente que la misma notificadora pudiera iniciar a la misma hora la elaboración simultanea de 2 documentos diversos así como haberlos terminada a la misma hora.

    Esto es porque en el documento denominado “Citatorio” de fecha 22 de septiembre de 2014, la C. Notificadora Guadalupe —————— señala que dicha diligencia de citación la inició a las 10:00 horas y la terminó de efectuar y redactar el citatorio a las 10:05 horas del mismo día.

    Y a su vez, en el documento identificado como “Acta Circunstanciada del Citatorio”, también de fecha 22 de septiembre de 2014, nuevamente la C. Notificadora Guadalupe ——————- señala que dicha acta la inició a las 10:00 horas y la terminó de redactar o elaborar ella misma a las 10:05 horas del mismo día.

    Lo cual resulta del todo falso, inverosímil imposible, ilegal y hasta contradictorio.

    Para una mejor comprensión e ilustración de las ilegalidades vertidas, a continuación se insertan las imágenes escaneadas de dichos documentos:

    Respecto al citatorio del 22 de septiembre de 2014:

    citatorio-jasso-1

    De este documento, se observa que la C. Notificadora inició la diligencia a las 10:00 horas del día 22 de septiembre de 2014, y que lo terminó de elaborar a las 10:05 horas del mismo día.

    A continuación veamos cómo se encuentra redactada el “Acta circunstanciada del citatorio” también del 22 de septiembre de 2014:

    citatorio-jasso-2

     

    De esta “Acta Circunstanciada del Citatorio”, se observa que la C. Notificadora también la comenzó a redactar a las mismas 10:00 horas del mismo día 22 de septiembre de 2014, e igualmente la terminó de elaborar a las 10:05 horas del mismo día.

    Por lo que estamos en presencia de 2 documentos que describen supuestas diligencias llevadas a cabo por la misma persona a la misma hora de inicio y finalizados a la misma hora, supuestamente redactados por la misma persona, la C. Notificadora Guadalupe ——————.

    Por lo que resulta bastante evidente y notorio que dichos documentos no pudieron haber sido confeccionados de forma simultánea por la misma persona.

    De donde se tiene que los mismos resultan totalmente ilegales y contrarios a derechos, al resultar inverosímiles, contradictorios y falsos.

    Igualmente resultan contradictorios entre sí dichos documentos, pues en 1 se dice que la diligencia se inició a las 10:00 y se terminó a las 10:05 del mismo día.

    Y en el otro se dice que dicha diligencia también se inició a las 10:00 horas y se finalizó igualmente a las 10:05 horas del mismo día.

    Y en ambos documentos se señala como persona que practicó dichas diligencias a la misma, es decir, a la C. Guadalupe ————–.

    ¿Cómo puede ser posible esto?

    Se niega lisa y llanamente que fuera posible y materialmente real efectuar dos diligencias de forma simultánea por la misma persona.

    Se niega lisa y llanamente que sean legales el citatorio y el acta circunstanciada del citatorio de fecha 22 de septiembre de 2014.

    Se niega lisa y llanamente que sean creíbles, verdaderas y ciertas dichas diligencias de citatorio y acta circunstanciada del citatorio.

    Al respecto, resultan aplicables las siguientes jurisprudencias y tesis temáticas:

    REVISTA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y  ADMINISTRATIVA NÚMERO 49, SÉPTIMA ÉPOCA, AÑO V, AGOSTO DE 2015, PÁGINAS 452 Y 453:

    SALA REGIONAL DEL NOROESTE II

    CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

    VII-CASR-NOII-8

    PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS, NO ES IRRESTRICTA.– En términos de lo establecido en el artículo 68 del Código Fiscal de la Federación las actuaciones de las autoridades gozan de presunción de legalidad; sin embargo, tal condición de validez no es absoluta, al poder ser desvirtuada mediante las pruebas conducentes, cuestión que se robustece de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que prevé que en las sentencias emitidas por este Tribunal es posible la invocación de hechos notorios, los que la ley exime de demostrar, mismos que pueden derivar de la pormenorización de hechos improbables en el acta de inicio de procedimiento administrativo en materia aduanera, verbigracia en la que conste, en contra de toda lógica, que el conductor que presentó las mercancías para su revisión física y documental ante la autoridad, permaneció en estado de vigilia durante prácticamente tres días y medio durante tal acto de fiscalización, siendo acompañado de testigos y personal de la autoridad durante todo ese tiempo de manera ininterrumpida; circunstancia que contraría las normas generales de la experiencia, al ser evidentemente inverosímil, por lo que es válido apartarse de lo expuesto en el acta respectiva no obstante que conste la firma de todas las personas que presumiblemente participaron en los actos ahí consignadosya que no existe certidumbre de que la autoridad haya cumplido con el imperativo previsto en el artículo 46 de la Ley Aduanera que exige la elaboración de un acta que contenga los hechos y omisiones observados, debido a que tal actuación debe constituir un reflejo veraz y confiable de lo apreciado.

    Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1496/14-02-01-1.- Resuelto por la Sala Regional del Noroeste II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 25 de mayo de 2015, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Lázaro Figueroa Ruiz.- Secretario: Lic. Víctor Manuel García Torales.

    Novena Época

    Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.

    Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
    Tomo: IX, Abril de 1999

    Tesis: VI.2o.138 A

    Página: 632

    VISITA DOMICILIARIA. EL ACTA EN QUE SE HACE CONSTAR ES ILEGAL, SI EN ELLA SE CONTIENEN HECHOS CONTRADICTORIOS. Si en el acta levantada con motivo del desahogo de una orden de visita domiciliaria relativa a la expedición de comprobantes fiscales, se hace constar por una parte, que tal diligencia se entendió con la encargada de la negociación visitada y por otra, se indica que los visitadores exhibieron sus identificaciones al destinatario de la citada orden de visita, es evidente que la repetida acta es ilegal por asentarse en ella hechos contradictorios, pues no obstante que se mencionó que la actuación administrativa se desarrolló con la persona que tenía bajo su cargo la negociación visitada en el momento de practicarse la misma, de modo incongruente se asentó que el personal actuante mostró sus identificaciones al propio contribuyente, cuando en realidad la identificación se debió haber hecho con quien se entendió la diligencia, por lo que tal incongruencia ocasiona la ilegalidad de la resolución administrativa dictada con base en la referida acta.

    SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.

    Amparo directo 449/98. Mauricio Dib Thomé. 4 de marzo de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Antonio Meza Alarcón. Secretario: Enrique Baigts Muñoz.

    Tesis: III-TASS-1412

    R.T.F.F. Año III. No. 25. Enero 1990. Pág.: 36

    Aislada Tercera Época.

    Pleno

    Materia: PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

    (NOTIFICACIONES)

    NOTIFICACIONES DE UN ACTO DE AUTORIDAD.- SU REALIZACIÓN DEBE CONSTAR FEHACIENTEMENTE POR LA TRASCENDENCIA DE LAS CONSECUENCIAS QUE PRODUCE.- En nuestro sistema jurídico la autoridad administrativa, dentro de la órbita de sus atribuciones, puede emitir resoluciones que afecten a los particulares estableciendo obligaciones que deben cumplir. Por otro lado, conforme al mismo sistema, los particulares afectados por una resolución administrativa pueden optar por dos caminos: consentirla, acatando la decisión, o combatirla, tratando de demostrar su ilegalidad. Pero en ambos casos es imprescindible, para que se produzca la vinculación entre el sujeto y la determinación administrativa, que conste fehacientemente que se notificó la resolución al particular. (56)

    Revisión No. 1361/86.- Resuelta en sesión de 17 de enero de 1990, por unanimidad de 7 votos.- Magistrado Ponente: Carlos Franco Santibáñez.- Secretario: Lic. Antonio Romero Moreno.

    PRECEDENTE:

    Revisión No. 1827/85.- Resuelta en sesión de 23 de abril de 1986, por unanimidad de 8 votos.- Magistrado Ponente: José Antonio Quintero Becerra.- Secretario: Lic. Mario Bernal Ladrón de Guevara

    En este orden de ideas, la forma y términos en que se encuentran redactados tanto el citatorio, así como el acta circunstanciada del citatorio, ambos del 22 de septiembre de 2014, transgreden flagrantemente nuestros derechos humanos y fundamentales de legalidad, seguridad jurídica y formalidades esenciales del procedimiento contenidos en los numerales 1°, 14 y 16 de la Carta Magna, artículo 7° punto 1 del Pacto de San José Costa Rica, en relación con los arábigos 38, 134, 135, 136 y 137 del Código Fiscal de la Federación, pues mi representada no supo a qué atenerse ante tales hechos tan inverosímiles e imposibles, por lo que se deberá declarar la ilegalidad tanto del citatorio así como del acta circunstanciada del citatorio, ambas de fecha 22 de septiembre de 2014, y por consecuencia inmediata declarar ilegal el acta de notificación del 23 de septiembre de 2014, al ser fruto de actos viciados.

    Comentarios: usemos la creatividad y pensemos qué otros medios de prueba nos pueden auxiliar para acreditar las ilegalidades explicadas, aparte de las propias documentales y la interesante tesis del TFJA del mes de agosto de 2015. Sugiero la siguiente de manera enunciativa, más no limitativa:

             * Prueba de inspección con el carácter de reconstrucción de hechos.

    Dicha prueba se encuentra reconocida en el siguiente criterio de los tribunales del Poder Judicial de la Federación:

    Época: Novena Época

    Registro: 177849

    Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

    Tipo de Tesis: Aislada

    Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

    Tomo XXII, Julio de 2005

    Materia(s): Penal

    Tesis: I.7o.P.66 P

    Página: 1507

    RECONSTRUCCIÓN DE HECHOS. EL ARTÍCULO 144 DELCÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL QUE PREVÉ LA FACULTAD DEL JUEZ O TRIBUNAL DE PRACTICAR ESTA PRUEBA DE  INSPECCIÓN, NO ES CONTRARIO AL ARTÍCULO 20, APARTADO A, FRACCIÓN V, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

    El artículo 144 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal establece fundamentalmente que la prueba de inspección con el carácter de reconstrucción de hechos podrá practicarse a juicio del Juez o tribunal, una vez terminada la  instrucción o durante la vista del proceso, siempre que la naturaleza del hecho delictuoso y las pruebas así lo exijan, con el objeto de apreciar las declaraciones y/o dictámenes periciales que se hayan rendido; lo cual no resulta contrario al artículo 20, apartado A, fracción V, constitucional, toda vez que dicha   facultad no es arbitraria, sino que se circunscribe legalmente a la valoración de los factores taxativamente previstos en dicho  dispositivo, esto es, el Juez o tribunal deberá, de conformidad con la naturaleza del hecho y en atención a las pruebas que al   respecto obren en la causa, establecer la pertinencia o no de la   admisión y desahogo de dicha prueba, y para que su resolución se encuentre debidamente motivada y fundamentada, basta hacer mención de los aspectos sobresalientes que revisten verdadera importancia, para enfatizar aquellos factores que no determinan la idoneidad de dicha prueba; por lo que es  indudable que el precepto en análisis se ajusta al orden constitucional.

    SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL    PRIMER CIRCUITO.

    Amparo directo 657/2005. 14 de abril de 2005. Unanimidad de      votos. Ponente: Ricardo Ojeda Bohórquez. Secretario: Alejandro    Gómez Sánchez.

    Respecto a las pruebas en el juicio de nulidad, el artículo 40 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administratvio señala lo siguiente:

    CAPÍTULO V

    De las Pruebas

     “ARTÍCULO 40.- En los juicios que se tramiten ante este Tribunal, el actor que pretende se reconozca o se haga efectivo     un derecho subjetivo, deberá probar los hechos de los que deriva    su derecho y la violación del mismo, cuando ésta consista en hechos positivos y el demandado de sus excepciones.

    En los juicios que se tramiten ante el Tribunal, serán admisibles toda clase de pruebas, excepto la de confesión de     las autoridades mediante absolución de posiciones y la petición  de informes, salvo que los informes se limiten a hechos que consten en documentos que obren en poder de las autoridades.

    Las pruebas supervenientes podrán presentarse siempre que no se haya dictado sentencia. En este caso, se ordenará dar vista a la contraparte para que en el plazo de cinco días exprese lo que a su derecho convenga.”

     

    ¿Qué nos dice el Código Federal de Procedimientos Civiles?

    “ARTICULO 93.- La ley reconoce como medios de prueba:

    I.- La confesión.

    II.- Los documentos públicos;

    III.- Los documentos privados;

    IV.- Los dictámenes periciales;

    V.- El reconocimiento o inspección judicial;

    VI.- Los testigos;

    VII.- Las fotografías, escritos y notas taquigráficas, y, en general, todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de    la ciencia; y

     VIII.- Las presunciones.

    ARTICULO 94.- Salvo disposición contraria de la ley, lo dispuesto en este título es aplicable a toda clase de negocios.”

     

    Recordemos que dicho código procesal es de aplicación supletoria al juicio contencioso administrativo federal, por disposición expresa del numeral 1° de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo:

     

    “ARTÍCULO 1o.- Los juicios que se promuevan ante el Tribunal   Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se regirán por las disposiciones de esta Ley, sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados internacionales de que México sea parte. A falta de disposición expresa se aplicará supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles, siempre que la disposición de este último ordenamiento no contravenga las que regulan el juicio contencioso administrativo federal que establece esta Ley.”

     

    Reflexión: al resultar ilegales los citatorios, también lo serán las diligencias de notificación plasmadas en sus respetivas actas o constancias, por lo que se recomienda esgrimir o formular un agravio específico donde se haga valer que al resultar ilegales los citatorios también lo son las constancias de notificación por ser frutos y consecuencias de dichos citatorios.

    Ahora bien, recordemos que al ser ilegal una notificación, esto trae como consecuencia diversos efectos, los cuales podemos manejar de forma estratégica a nuestro favor, como lo son:

          * Rescatar un término temporal /o procesal.

          * Anular una resolución por tener conocimiento fuera del plazo  máximo legal. Ejemplo: art. 50 del CFF.

          * Que dicha constancia de notificación no es apta ni idónea para acreditar que la resolución o acto se entregó en original con firma autógrafa del funcionario emisor,

    Tal como se corrobora con las siguientes tesis temáticas:

    REVISTA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA NÚMERO 47, SÉPTIMA ÉPOCA, AÑO V, JUNIO DE 2015, PÁGINAS 276 Y 277:    

    CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

     VII-CASR-1NE-8

    FIRMA AUTÓGRAFA. SI LAS CONSTANCIAS DE NOTIFICACIÓN RELATIVAS A LA RESOLUCIÓN  IMPUGNADA NO CUMPLEN CON LAS FORMALIDADES PREVISTAS POR EL ARTÍCULO 137 DEL CÓDIGO FISCAL  DE LA FEDERACIÓN, NINGÚN VALOR LEGAL PUEDEN SURTIR, Y POR TANTO, CARECE DE VALIDEZ LO    ASENTADO EN ELLAS EN EL SENTIDO DE QUE EL PARTICULAR RECIBIÓ EL ORIGINAL CON FIRMA  AUTÓGRAFA DE LA CITADA RESOLUCIÓN.- Ciertamente la   Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 110/2014, de rubro “FIRMA AUTÓGRAFA   DEL ACTO IMPUGNADO EN EL JUICIO DE NULIDAD. FORMA   DE CUMPLIR CON LA CARGA PROBATORIA CUANDO LA AUTORIDAD AFIRMA QUE LA CONTIENE”, sostuvo esencialmente que la afirmación de la demandada de que la resolución combatida contiene firma autógrafa de la autoridad  emisora que entregó al momento de su notificación al interesado, se demuestra y se cumple con la carga de la prueba, con la exhibición de la constancia del acta levantada al efecto; sin  embargo, aun cuando en el juicio contencioso administrativo se hubiere colmado dicha carga procesal, si las constancias de notificación aportadas por la autoridad demandada no cumplen con las formalidades previstas en los artículos 134 fracción I y 137 del Código Fiscal de la Federación, dicha circunstancia trae como consecuencia la ineficacia probatoria de lo asentado en ellas, en el sentido de que fue entregada la resolución impugnada en original con firma autógrafa a la persona que atendió la diligencia, pues el acta de notificación, como documento formal y su contenido,  resultan ilegales.

    Juicio Contencioso Administrativo Núm. 3063/14-06-01-8.-   Resuelto por la Primera Sala Regional del Noreste del Tribunal    Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 24 de febrero de       2015, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Raúl Lerma Jasso.- Secretario: Lic. José Mercedes Hernández Díaz.

     

    REVISTA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA NÚMERO 39, SÉPTIMA ÉPOCA, AÑO IV, OCTUBRE 2014, PÁGINAS 703 Y 704:

    CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN  

     VII-CASR-10ME-13

    FIRMA AUTÓGRAFA. CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN DECLARADA ILEGAL, NO ES APTA PARA ACREDITAR QUE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA SÍ LA CONTIENE.- En términos de lo dispuesto por el artículo 38 fracción V del Código  Fiscal de la Federación, el acto administrativo deberá tener firma  autógrafa del funcionario competente, ya que este es el signo  gráfico que otorga certeza y eficacia al mismo, además constituye la forma en que el particular tiene la certeza de su   emisión así como de su contenido, por tanto, si el actor arguye   que la resolución impugnada carece de firma autógrafa y la  autoridad para desvirtuar dicha negativa, se sustenta únicamente en la constancia de notificación de esta, en la que se indica que se le entregó un ejemplar con firma autógrafa, ello no es suficiente si la Sala analizando dicha constancia determina que es ilegal, por lo que resulta válido concluir que al no haberse notificado legalmente no puede tener la eficacia jurídica para acreditar que la resolución haya sido notificada con firma autógrafa de su emisor, ya que esta no puede  desvirtuar hechos respecto de los que no existe la certeza de que tuviera conocimiento.

    Juicio Contencioso Administrativo Núm. 12265/13-17-10-2.-  Resuelto por la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal  Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 27 de marzo de 2014, por mayoría de votos.- Magistrada Instructora: Yolanda Vergara Peralta.- Secretario: Lic. Samuel Mithzael Chávez      Marroquín.

    Registro No. 163661

     Localización:

     Novena Época

     Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

     Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

     XXXII, Octubre de 2010

     Página: 2973

     Tesis: II.4o.A.30 A

     Tesis Aislada

     Materia(s): Administrativa

     CONSTANCIAS DE NOTIFICACIÓN DECLARADAS ILEGALES. NO SON APTAS PARA DEMOSTRAR QUE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL SE NOTIFICÓ CON FIRMA AUTÓGRAFA DEL FUNCIONARIO QUE LA EMITIÓ, A PESAR DE QUE EN ELLAS SE ASIENTE TAL CIRCUNSTANCIA, NI PARA TRASLADAR LA CARGA DE LA PRUEBA RELATIVA  AL PARTICULAR.- Si bien es cierto que en términos de los artículos 42 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y 68 del Código Fiscal de la Federación, los actos y resoluciones de las autoridades fiscales, como son las  constancias de notificación, se presumen legales, también lo es que cuando éstas se declaran ilegales, no son aptas para demostrar que la resolución impugnada en el juicio contencioso administrativo federal se notificó con firma autógrafa del funcionario que la emitió, a pesar de que en ellas se asiente tal circunstancia, y mucho menos para trasladar la carga de la prueba relativa al particular, ya que éste no puede desvirtuar hechos respecto de los que no    existe la certeza de que tuviera conocimiento.  

    CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO.

    Revisión fiscal 366/2009. Subadministrador Local Jurídico de  Naucalpan. 22 de abril de 2010. Unanimidad de votos. Ponente:   Yolanda Islas Hernández. Secretaria: Miriam Corte Gómez.

    REVISTA NÚMERO 39 DEL TRIBUNAL FEDERAL DE  JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, SEXTA ÉPOCA, AÑO IV, MARZO 2011, PÁGINAS 548 Y 549:

     CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN  

     VI-TASR-XXVII-62

     CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN ILEGAL. SU CONTENIDO NO REFLEJA LA VERACIDAD DE LOS HECHOS AHÍ  XPRESADOS, Y POR TANTO, NO DEMUESTRA QUE LA RESOLUCIÓN QUE SE PRETENDIÓ NOTIFICAR, CONTIENE FIRMA AUTÓGRAFA.- Si bien es cierto, la Jurisprudencia J/28,   publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, Julio de 2008, consultable a página 1545, estableció: “CARGA DE LA PRUEBA EN EL JUICIO DE NULIDAD. CORRESPONDE AL ACTOR CUANDO AFIRMA QUE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA IMPUGNADA CONTIENE FIRMA FACSIMILAR Y NO AUTÓGRAFA, PERO EN LA CONSTANCIA DE SU     NOTIFICACIÓN SE ASENTÓ LO CONTRARIO”, también lo es, que si la diligencia de notificación se declaró ilegal; no se le puede dar valor probatorio a lo ahí asentado, porque al no cumplir dicha diligencia, con las formalidades previstas en los artículos 134 y 137 del Código Fiscal de la Federación, es claro que su contenido no refleja la veracidad de los hechos ahí expresados, ni se tiene la certeza jurídica de que el oficio controvertido en el juicio, fue entregado al particular, hoy demandante, con la firma autógrafa del funcionario emisor.  

    Juicio Contencioso Administrativo Núm. 2713/09-13-01-7.-   Resuelto por la Primera Sala Regional del Golfo del Tribunal        Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 25 de enero de         2011, por mayoría de votos.- Magistrada Instructora: Nora Yolanda Molina Raygosa.- Secretaria: Lic. Isela Pérez Silva.

     

     III. CONCLUSIONES

    Como hemos visto, la presunción de legalidad de los actos y/o resoluciones de las autoridades no es irrestricta ni inmutable.

     Debemos prestar especial cuidado para detectar desviaciones o alteraciones a la lógica, la razonabilidad, la sana crítica y verosimilitud en las actuaciones de las autoridades, pues en estos casos será procedente apartarse de lo plasmado en las mismas.

     Ante la evidencia de actuaciones inverosímiles, deberá declarar la ilegalidad de las mismas, y como consecuencia la nulidad lisa, lana e integral de la resolución o ato impugnado apoyando en las mismas.

     En este orden de ideas, invito al lector a estar atentos y descubrir estas actuaciones simuladas, para impugnaras y obtener resultados exitosos en los medios de defensa.

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    Con fecha 3 de septiembre de 2020 se publica en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se delegan facultades a los servidores públicos del Servicio de Administración Tributaria..

     

    Fuente: DOF

     

     

     

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  • Publicado el 17 Feb a las 11:23h

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    VHGM2  Por: Lic. Victor Hugo González Martinez

    Diversos son los requisitos que la legislación exige a las autoridades cuando imponen sanciones a los contribuyentes, y en el caso de las multas por DIOT (declaración informativa de operaciones con terceros) no es la excepción, es así como dichas multas carecen de diversos aspectos de legalidad como los son el hecho de imponer la sanción por analogía, el hecho de que la firma del funcionario es falsa, el hecho de que los fundamentos legales no son los adecuados, así como el hecho de que no se motiva debidamente el razonamiento jurídico para su imposición.

    Así podemos ver, por ejemplo que el artículo 14 Constitucional en su tercer párrafo establece que no se puede imponer penas (multas) por analogía o mayoría de razón, al señalar:

    “En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito que se trata.”

    Aun cuando la norma jurídica nos habla de la materia penal, es importante aclarar que el poder judicial ha señalado en diversas tesis  que también es aplicable a la materia administrativa en tratándose de sanciones. Esto quiere decir que cuando la autoridad hacendaria imponga una sanción al contribuyente deberá encuadrar la conducta sancionada de conformidad con el capítulo de infracciones establecidas en el Código Fiscal de la Federación. Con ello, se le estaría dando a conocer al particular el sustento por el cual se le está sancionando, empero qué sucede si la conducta no encuadra en dicho catalogo de infracciones, pues, simplemente no habría forma de sancionar la conducta.

    La siguiente tesis habla precisamente de la tipicidad de la infracción lo cual quiere decir que la conducta realizada por el afectado debe encajar exactamente en la hipótesis normativa, sin que sea lícito ampliar ésta ni por analogía, ni por mayoría de razón, y no debe sorprendernos que esto sucede ya que en muchas ocasiones la autoridad encuentra en alguna norma su aplicación por lo cual es causa de ilegalidad.

     

    Época: Séptima Época 
    Registro: 253981 
    Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
    Tipo de Tesis: Aislada 
    Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
    Volumen 86, Sexta Parte 
    Materia(s): Administrativa 
    Tesis: 
    Página: 59

    MULTAS. TIPICIDAD DE LA INFRACCION.

    A las multas administrativas, que deben clasificarse como aprovechamientos conforme al artículo 5o. del Código Fiscal de la Federación, les resulta aplicable el artículo 11 de dicho código, de manera que tratándose de multas administrativas deben ser de aplicación estricta el precepto que las establece en relación con alguna infracción, cualquiera que sea la ley en que ello suceda. Y de esta manera, el principio de tipicidad de las penas es aplicable a toda multa (que no es sino una pena administrativa a una infracción de ese orden). Es decir, si alguna ley establece una pena de multa para alguna infracción, está estableciendo con ello un aprovechamiento, y en ese aspecto, esa ley está sujeta al principio de aplicación estricta que señala “nulla poena sine lege”, conforme al cual que se aplique una sanción a una falta, la conducta realizada por el afectado debe encajar exactamente en la hipótesis normativa, sin que sea lícito ampliar ésta ni por analogía, ni por mayoría de razón.

    PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

    Amparo directo 10/76. Compañía Mexicana de Aviación, S.A. 17 de febrero de 1976. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.

    Ahora bien, en esta oportunidad deseamos someter a usted amigo lector un agravio de mucha utilidad para combatir las multas del Diot, es importante aclarar que cada caso es único y que no podemos usar formatos modelo, sino que se pretende que usted tenga una herramienta a la mano, consideramos que hay varios agravios más en este tipo de sanciones pero para muestra un botón.

    En seguida un extracto del agravio:

    SEGUNDO.- Se viola en perjuicio de mi representada la Garantía de Fundamentación y Motivación tutelada en el artículo 16 Constitucional en relación con el artículo 38, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación con la resolución impugnada toda vez que la autoridad indebidamente sustenta su resolución ya que deja de citar el artículo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado que contenga la obligación como lo dice “información de  operaciones con terceros” en el supuesto no concedido de que se refiera a dicha ley la obligación reclamada ya que niego lisa y llanamente que lo haya hecho, esto es así pues únicamente se avoca a manifestar que se cometió una infracción pero sin darnos a conocer la ley sustantiva que contiene la hipótesis, ya que sólo se avoca a citar el artículo 81 del Código Fiscal de la Federación por lo que es procedente la REVOCACIÓN LISA Y LLANA del acto impugnado.

     Para que se considere debidamente motivada la resolución impugnada debe señalar que la obligación omitida es la de “Proporcionar mensualmente a las autoridades fiscales, a través de los medios y formatos electrónicos que señale el Servicio de Administración Tributaria, la información correspondiente sobre el pago, retención, acreditamiento y traslado del impuesto al valor agregado en las operaciones con sus proveedores..”, pues solo de esta forma me da a conocer debidamente la obligación a que se refiere ya que no esta exenta motivar debidamente la resolución máxime si el artículo 32 fracción VIII de la Ley del Impuesto al Valor Agregado asi lo señala, por tanto debe revocarse.

     Art. 32 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado:

    VIII. Proporcionar mensualmente a las autoridades fiscales, a través de los medios y formatos electrónicos que señale el Servicio de Administración Tributaria, la información correspondiente sobre el pago, retención, acreditamiento y traslado del impuesto al valor agregado en las operaciones con sus proveedores, desglosando el valor de los actos o actividades por tasa a la cual trasladó o le fue trasladado el impuesto al valor agregado, incluyendo actividades por las que el contribuyente no está obligado al pago, dicha información se presentará, a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al que corresponda dicha información.

     Es aplicable al caso la siguiente JURISPRUDENCIA:

     Época: Octava Época 
    Registro: 216534 
    Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
    Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
    Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
    Núm. 64, Abril de 1993 
    Materia(s): Administrativa 
    Tesis: VI. 2o. J/248 
    Página: 43

    FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS.

    De acuerdo con el artículo 16 constitucional, todo acto de autoridad debe estar suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y por lo segundo, que también deben señalarse con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configure la hipótesis normativa. Esto es, que cuando el precepto en comento previene que nadie puede ser molestado en su persona, propiedades o derechos sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, está exigiendo a todas las autoridades que apeguen sus actos a la ley, expresando de que ley se trata y los preceptos de ella que sirvan de apoyo al mandamiento relativo. En materia administrativa, específicamente, para poder considerar un acto autoritario como correctamente fundado, es necesario que en él se citen: a).- Los cuerpos legales y preceptos que se estén aplicando al caso concreto, es decir, los supuestos normativos en que se encuadra la conducta del gobernado para que esté obligado al pago, que serán señalados con toda exactitud, precisándose los incisos, subincisos, fracciones y preceptos aplicables, y b).-Los cuerpos legales, y preceptos que otorgan competencia o facultades a las autoridades para emitir el acto en agravio del gobernado.

    SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.

    Amparo directo 194/88. Bufete Industrial Construcciones, S.A. 28 de junio de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez.

    Amparo directo 367/90. Fomento y Representación Ultramar, S.A. de C.V. 29 de enero de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Mario Machorro Castillo.

    Revisión fiscal 20/91. Robles y Compañía, S.A. 13 de agosto de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez.

    Amparo en revisión 67/92. José Manuel Méndez Jiménez. 25 de febrero de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Waldo Guerrero Lázcares.

    Amparo en revisión 3/93. Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 4 de febrero de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez.

     

    Asimismo esta el tema de la multa excesiva que debemos explorar ya que el artículo 22 constitucional la prohíbe sobre todo si dicha multa no se impone en proporción de los ingresos, en algunas ocasiones las multas llegan en tres tantos, es decir, tres multas juntas sin que el contribuyente tenga la capacidad económica de afrontarlas.

  • Publicado el 17 Jul a las 23:03h

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    FOTO LRDG 2  Por: Lic. y MDF Luis Raúl Díaz González  logo facebook

    Hace unos días, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), resolvió el primer caso sujeto a su decisión, acerca de la constitucionalidad del buzón tributario y las revisiones electrónicas, por su importancia hacemos los siguientes comentarios.

                1.- A principios del año 2014, se interpusieron numerosos amparos en contrascjn de la reforma fiscal aprobada por el Congreso de la Unión, en torno a los temas ya señalados, debiendo resaltar que se combaten dispositivos legales mediante lo que se conoce como “Amparo contra leyes”.

                2.- Dichos amparos se promovieron ante Juzgados de Distrito en todo el País y por su importancia y trascendencia, la SCJN ordenó el aplazamiento de su resolución, hasta en tanto ella fijase los lineamientos a seguir, en uso de sus facultades constitucionales.

                3.- Que dichos amparos contienen diversos conceptos de violación (argumentos), que se alegaron en contra de diversos artículos del Código Fiscal de la Federación, que regulan estos deberes fiscales.

                  4.- Que se trata de la impugnación constitucional hecha valer en contra de normas legales, pero no en contra de su aplicación real por parte de las autoridades fiscales; razón por la cual todavía se podrán combatir los diferentes actos de la autoridad tributaria, cuando aplique dichos dispositivos legales en contra de los contribuyentes.

            5.- Que habrá que esperar la resolución de otros asuntos similares, hasta constituir jurisprudencia, la cual por cierto es obligatoria para los tribunales inferiores a la Segunda Sala de la SCJN, pero no para los gobernados.

                     6.- Que a la fecha existe gran confusión con lo expuesto en la referida sentencia ( *amparo en revisión 1287/2015) y por ello haremos los siguientes:

    COMENTARIOS

                PRIMERO. La Segunda Sala desestimó los diversos argumentos expresados en la demanda, tendientes a demostrar que son inconstitucionales las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que regulan lo atinente al buzón tributario, así como a la contabilidad y la revisión electrónicas.

    buzon satAsí, la SCJN determinó que las normas relativas establecen un modelo de comunicación entre la autoridad hacendaria y los contribuyentes, compatible con el orden constitucional, mediante el empleo de nuevas tecnologías en materia de comunicación e información.

    De esta manera, su regulación es clara, no produce ninguna afectación arbitraria y facilita el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, agilizando los procesos de recaudación y comprobación.

    Atento a ello, la actividad de la autoridad hacendaria para revisar la información y documentación que obra en su poder, remitida electrónicamente y relacionada con el cumplimiento de las disposiciones fiscales, no constituye un acto de molestia.

    Ello, en virtud de que tal proceder, por sí y hasta en tanto no le haga saber al interesado la existencia de alguna irregularidad, no restringe derecho alguno de los contribuyentes.

                SEGUNDO. Se resolvió conceder el amparo a la parte quejosa contra los
    siguientes actos:

    “El Anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal de dos mXMLil quince, para el efecto de que se le desincorpore de su esfera jurídica la obligación de atender los lineamientos técnicos de forma y sintaxis para la generación de archivos XML especificados por el consorcio w3, establecidos en la página de internet http://www.w3.org/, hasta en tanto no se encuentre en idioma castellano o español; y El artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil quince, para el efecto de que en caso de haberse instaurado un procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa durante la vigencia del referido numeral y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previsto para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente”

    “Por las razones antes apuntadas, se considera que el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación, en cuanto establece que las cantidades determinadas en la preliquidación “se harán efectivas mediante el procedimiento administrativo de ejecución”, cuando el contribuyente no aporte pruebas ni manifieste lo que a su derecho convenga en el procedimiento de fiscalización dentro de los plazos previstos para tal efecto, viola el derecho fundamental de audiencia que consagra el artículo 14 constitucional, toda vez que la preliquidación constituye una propuesta de pago para el caso de que el contribuyente decida ponerse al corriente de sus obligaciones fiscales, no así un requerimiento de pago cuya inobservancia de lugar a sus ejecución inmediata, a más de que se priva al contribuyente de sus bienes, derechos o posesiones sin antes darle la oportunidad de ofrecer en el recurso de revocación, los medios de prueba, que por cualquier circunstancia, no exhibió ante la autoridad fiscalizadora para desvirtuar los hechos u omisiones advertidos”

    “Consecuentemente, lo procedente es conceder a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, para el efecto de que se le desincorpore de su esfera jurídica la obligación de atender los lineamientos técnicos de forma y sintaxis para la generación de archivos XML especificados por el consorcio w3, establecidos en la página de internet http://www.w3.org/, hasta en tanto no se encuentre en idioma castellano o español”

    “En ese sentido, tal como se anticipó, el hecho de que loslineam ientos técnicos de forma y sintaxis para la generación de archivos XML establecidos en la página de internet http://www.w3.org/, estén en idioma inglés, vulnera el derecho de seguridad jurídica de la parte quejosa, debido a que no existe garantía de que tenga conocimiento del mismo y por consecuencia, la manera de operar los formatos establecidos para tal efecto”

    “Bajo esa misma lógica y por mayoría de razón, es que la autoridad TRADUCTORadministrativa al establecer los lineamientos y formatos respectivos para cumplir con la obligación de llevar la contabilidad en medios electrónicos, tenía la obligación de hacerlo en idioma castellano o español, ya que de esta manera les brinda seguridad jurídica a los contribuyentes al permitirles conocer plenamente la forma de operar los formatos establecidos para tal efecto; lo cual, como se vio, no lo hizo ya que al ingresar a la página de internet http://www.w3.org/, se desprende que su contenido está en el idioma inglés; de ahí que resulta inconstitucional dicha porción normativa

    CONCLUSIONES

    1.- La SCJN resolvió únicamente un Juicio de Amparo, el cual no contiene todos los argumentos que se hicieron valer en más de 30,000 juicios, razón por la que hay que esperar su resolución.

    “SE PERDIÓ PARCIALMENTE UNA BATALLA, PERO NO SE HA PERDIDO LA GUERRA”

    2.- Además, una revisión electrónica podrá ser materia en lo individual de atención y defensa 1, por violar numerosos dispositivos legales y constitucionales.

    3.- Existe violación al “debido proceso legal”, dado que para calificar como contribuyente sujeto a una revisión electrónica, la autoridad, sin soporte legal alguno, realiza una pre-revisión, lo que expresamente reconoce el Jefe del SAT 2, lo que sin duda constituye un valioso argumento en su contra.

    4.- Los conceptos de violación vencedores, podrán ser usados por cualquier interesado, en sus medios de defensa y hasta no modificarlos la autoridad fiscal, no se deberá subir la información contable, a la página del SAT, a pesar de lo sostenido por la citada autoridad tributaria 3.

    5.- Hasta en tanto no se ajuste al idioma oficial de México, la regla ya mencionada, no se tendrá el deber de subir información contable a la página oficial del fisco federal; y una vez que se haga el ajuste, este no podrá ser retroactivo, por disposición expresa del artículo 14 constitucional.

                En espera de que estas notas le sean útiles, aprovechamos para saludarle.

    Notas:

    *

    No. : 2
    EXPEDIENTE:
    1287/2015  
    TIPO: AMPARO EN REVISIÓN
    ÓRGANO DE RADICACIÓN : SEGUNDA SALA
    MINISTRO(A): ALBERTO PÉREZ DAYÁN
    TEMA:

    CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN ARTÍCULOS 17-K, 28, FRACCIONES III Y IV Y 22, FRACCIÓN IV DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA DOS MIL QUINCE , ARTÍCULOS 42, FRACCIÓN IX Y 53-B; LA EXPEDICIÓN DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2014, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL TREINTA DE DICIEMBRE DE DOS MIL TRECE, EN ESPECÍFICO EL ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO TERCERO TRANSITORIO; PRIMERA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2014 PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL TRECE DE MARZO DE DOS MIL CATORCE, ESPECÍFICAMENTE LA REGLA I.2.2.5; LA SEGUNDA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2014 PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL CUATRO DE JULIO DE DOS MIL CATORCE; LA QUINTA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2014 PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DIECISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL CATORCE, EN ESPECIAL LAS REGLAS .2.8.1.6, I.2.8.1.7, I.2.8.1.8, I.2.8.1.9, Y EL RESOLUTIVO DÉCIMO CUARTO; LA SÉPTIMA RESOLUCIÓN DE MODIFICACIONES A LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2014, PUBLICADA EL DIECIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL CATORCE, ENTRE OTRAS REGLAS I.2.8.1.6 A LA I.2.8.1.8, APLICABLES A PARTIR DEL UNO DE ENERO DE DOS MIL QUINCE; LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2015, PUBLICADA EL TREINTA DE DICIEMBRE DE DOS MIL CATORCE Y SUS ANEXOS, EN ESPECÍFICO LAS REGLAS 2.8.1.1 A LA 2.8.1.6, 2.8.1.9 Y 2.8.1.17., 2.2.6, 2.12.2 Y 2.12.4, Y 2.12.9, ASÍ COMO SUS ARTÍCULOS PRIMERO Y SEGUNDO TRANSITORIO. ARGUMENTA VIOLACIÓN A LOS ARTÍCULOS 14, 16 Y 31 CONSTITUCIONALES.

    ÓRGANO JURISDICCIONAL DE ORIGEN Y DATOS DEL EXPEDIENTE RESPECTIVO:  

     

     

     

    JUZGADO DÉCIMO QUINTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL DISTRITO FEDERAL (EXP. ORIGEN: J.A. 1097/2014 )

    1

    Normas de procedimiento de la revisión electrónica

    1.- ¿Cómo se hará? ¿Debe haber una orden?

    2.- ¿Quién la hará (puesto, adscripción)? ¿Un funcionario público o un programa automatizado?

    3.- ¿Quién lo nombró para ello (vigencia del cargo)?

    4.- ¿Con que facultades y atribuciones?

    5.- ¿En presencia de quién (contribuyente o su representante legal)?

    6.- ¿Con testigos?

    7.- ¿Quiénes firman?

    8.- ¿Lugar y fecha de emisión de la resolución?

     

    2

    COMUNICADO DE PRENSA http://www.sat.gob.mx/sala_prensa/comunicados_nacionales/paginas/com2016_070.aspx

    Acapulco, Guerrero, a 07 de julio de 2016

    Tecnología, herramienta indispensable para la autoridad fiscal: SAT

    •         Durante la inauguración del 37 Congreso Anual de la ANEFAC, el Jefe del SAT destacó la apertura de la autoridad fiscal hacia los contribuyentes.
    •         Destacó que la tecnología es fundamental en la vigilancia del cumplimiento de obligaciones, y permite crear percepción de riesgo.

     

    El Servicio de Administración Tributaria (SAT) es una institución que cada día tiene mayor apertura con los contribuyentes, para establecer una relación más clara, transparente y franca, en un contexto en el que hay temas mediáticos que obligan a la autoridad fiscal a tomar una actitud abierta, pero también de mucho trabajo para rendir cuentas. Así lo manifestó el Jefe del SAT, Aristóteles Núñez Sánchez, en la inauguración del 37 Congreso Anual de la Asociación Nacional de Especialistas Fiscales, A.C. (ANEFAC), “Los retos ante los procesos  de fiscalización”.

     Señaló, además, que como institución el SAT está obligado a tener mucha apertura durante sus actuaciones, a cuidar los recursos y las formalidades legales, y también a rendir cuentas a la ciudadanía de lo que hace.

     En este sentido, insistió en que el SAT apuesta por la vigilancia electrónica del comportamiento de los contribuyentes antes que por la realización de actos de auditoría, para lo cual el uso de tecnologías de vanguardia es fundamental.

    “La tecnología nos permite de manera sigilosa y silenciosa vigilar el comportamiento de los contribuyentes sin necesidad de hacer una auditoría, para realizarla solo en aquellos casos en los que se observa una inconsistencia o alguna irregularidad”, precisó.

     Mientras tanto, Jesús Alvarado Nieto, Presidente de ANEFAC, comentó que este congreso es un espacio de diálogo, para aclarar lo que espera el SAT de los contribuyentes, más allá del pago de impuestos, y cómo ellos pueden ayudar a mejorar los procesos de fiscalización

    3

    El SAT aclara que el archivo XML es constitucional y debe seguir en uso

    https://www.elcontribuyente.mx/noticia/1970/-el-sat-aclara-que-el-archivo-xml-es-constitucional-y-debe-seguir-en-uso

     

    La Corte declaró inconstitucional el instructivo para generar el XML, pero no el formato en sí, esclarece la autoridad.

    Aarón Rangel

    Martes, 12 de Julio de 2016

    Lo inconstitucional es el instructivo para generar el XML, no el archivo: SAT.

    El archivo XML, formato electrónico requerido a los contribuyentes por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para presentar su contabilidad electrónica, debe seguir en uso porque no ha sido invalidado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

    El SAT hizo la aclaración luego de que el 6 de julio pasado, la Corte otorgara un amparo a la farmacéutica alemana Boehrringer Ingelheimen en el que declaró inconstitucional el anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal de 2015 en que se establecen las instrucciones para crear el archivo XML mediante el cual se envía información fiscal a la autoridad.

    Esto quiere decir que lo inconstitucional es el instructivo para generar el XML, no el archivo.

    “El anexo 24 trae un instructivo para generar archivos XML y en una de las partes de ese instructivo remite a una página de una organización que establece estándares para la forma de crear archivos XML y que está en inglés. La Corte estimó que esta página que está en un idioma distinto al español viola los derechos de los contribuyente, no el archivo en sí”, aclara Juan Antonio López Vega, Administrador Central de Normatividad de Impuestos Internos del SAT.

    El funcionario añade que el SAT está atento lo que resuelva la corte en los próximos cuatro amparos y ya trabaja en incluir en el propio anexo 24 las instrucciones completas en español para generar el XML y así evitar que se remita a una página externa

  • Publicado el 31 Ago a las 12:21h

    www.gmcapacitacion.com

    FOTO LRDG 2 Por: LD y MDF Luis Raúl Diaz González  logo facebook

    El día 26 de agosto pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), publicó varias tesis acerca de la constitucionalidad del buzón tributario, la contabilidad electrónica y las revisiones electrónicas, por su importancia hacemos un recapitulado de cada una de ellas con su respectivo análisis y comentario.

                Las tesis en la materia son las siguientes:

    econtabilidad

    CONTABILIDAD ELECTRÓNICA.

    PRIMERA:

    Época: Décima Época

    Registro: 2012403

    Instancia: Segunda Sala

    Tipo de Tesis: Aislada

    Fuente: Semanario Judicial de la Federación

    Materia(s): (Administrativa)

    Tesis: 2a. LXXVII/2016 (10a.)

    SISTEMA DE CONTABILIDAD ELECTRÓNICA. LA INFORMACIÓN RELATIVA NO COMPRENDE TODOS LOS CONCEPTOS QUE INTEGRAN LA CONTABILIDAD DE LOS CONTRIBUYENTES. De acuerdo con la fracción I del artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, la contabilidad para efectos fiscales se integra por los libros, sistemas y registros contables, papeles de trabajo, estados de cuenta, cuentas especiales, libros y registros sociales, control de inventarios y método de valuación, discos y cintas o cualquier otro medio procesable de almacenamiento de datos, los equipos o sistemas electrónicos de registro fiscal y sus respectivos registros, además de la documentación comprobatoria de los asientos respectivos, así como toda la información y documentación relacionada con el cumplimiento de las disposiciones fiscales, en tanto que la información contable que debe ingresarse mensualmente en el sistema de contabilidad electrónica “es aquella que se produce de acuerdo con el marco contable que aplique ordinariamente el contribuyente en la preparación de su información financiera, o bien, el marco que esté obligado a aplicar por alguna disposición legal o normativa”, específicamente, por cuanto se refiere a sus catálogos de cuenta, al balance del periodo y a sus pólizas.

    SEGUNDA SALA

    Amparo en revisión 1287/2015. Boehringer Ingelheim Promeco, S.A. de C.V. y otras. 6 de julio de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López.

                La anterior tesis marca la diferencia existente entre la contabilidad fiscal, y la información contable que se sube a la página oficial de la autoridad tributaria, la que se integra por los catálogos de cuenta, al balance del periodo y a sus pólizas. Siendo más amplia la contabilidad en sí, que la información proporcionada a fisco federal.

                Hay que resaltar, que se puede revisar la contabilidad entera, así como la información que ya tiene en su poder la autoridad fiscal, mediante el ejercicio de cualquiera de las facultades de comprobación.

     

    SEGUNDA:

    Época: Décima Época

    Registro: 2012386

    Instancia: Segunda Sala

    Tipo de Tesis: Aislada

    Fuente: Semanario Judicial de la Federación

    Materia(s): (Constitucional, Común)

    Tesis: 2a. LXVI/2016 (10a.)

    CONTABILIDAD ELECTRÓNICA. LOS RESOLUTIVOS TERCERO Y CUARTO DE LA SÉPTIMA RESOLUCIÓN DE MODIFICACIONES A LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2014, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE DICIEMBRE DE 2014, QUE ESTABLECEN LA ENTRADA EN VIGOR ESCALONADA DE LAS DISPOSICIONES QUE PREVÉN LAS OBLIGACIONES DE LLEVAR LA CONTABILIDAD EN SISTEMAS ELECTRÓNICOS Y DE ENVIAR LA INFORMACIÓN REQUERIDA A TRAVÉS DE LA PÁGINA DE INTERNET DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, NO VIOLAN EL DERECHO A LA IGUALDAD JURÍDICA. Las citadas porciones normativas no violan el indicado derecho, al no establecer un trato igual para todas las personas morales con respecto a la fecha de inicio de la vigencia de la obligación de llevar su contabilidad en sistemas electrónicos y enviar la información requerida a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, ya que de su contenido se advierte que dichas disposiciones contemplan dos parámetros de distinción: uno, en atención al régimen fiscal al que pertenecen los contribuyentes y el otro atento al monto de los ingresos acumulables declarados o que se debieron declarar en el ejercicio fiscal 2013. Así, en función de lo anterior, las personas morales que -por sus actividades- pertenecen al sistema financiero y aquellas cuyos ingresos acumulables declarados (o que debieron declararse) al ejercicio de 2013, son iguales o superiores a 4 millones de pesos, están obligadas a llevar su contabilidad en sistemas electrónicos y a enviar la información requerida a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria a partir del 1 de enero de 2015; mientras que las personas morales que no se encuentran en ese rubro y aquellas cuyos ingresos acumulables declarados (o que debieron declararse) al ejercicio de 2013, son inferiores al referido monto, deben hacerlo a partir del 1 de enero de 2016. Lo anterior, incluso, guarda congruencia con el artículo segundo transitorio, fracción III, párrafo segundo, del Código Fiscal de la Federación, en cuanto a la entrada en vigor escalonada de las obligaciones previstas en las fracciones III y IV del artículo 28, ya que sobre las referidas bases se establece la fecha de inicio de las obligaciones a cargo de las personas morales.

    SEGUNDA SALA

    Amparo en revisión 1287/2015. Boehringer Ingelheim Promeco, S.A. de C.V. y otras. 6 de julio de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López.

    Este criterio, trata de legitimar la violación flagrante al artículo segundo transitorio de la reforma 2014 al CFF, que exige la entrada en vigor de manera escalonada del deber de enviar la e-contabilidad, lo que consideramos no se ha cumplido a cabalidad, en detrimento de la obligación de todas las autoridades de acatar la ley.

               

    TERCERA:

    Época: Décima Época

    Registro: 2012385

    Instancia: Segunda Sala

    Tipo de Tesis: Aislada

    Fuente: Semanario Judicial de la Federación

    Materia(s): (Constitucional)

    Tesis: 2a. LXIII/2016 (10a.)

    CONTABILIDAD ELECTRÓNICA. LAS CLÁUSULAS HABILITANTES CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 28, FRACCIONES III Y IV, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO VULNERAN EL DERECHO A LA LEGALIDAD (DECRETO DE REFORMAS PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 9 DE DICIEMBRE DE 2013). Las cláusulas habilitantes contenidas en las referidas porciones normativas no vulneran el derecho a la legalidad, ya que basta con imponerse de su contenido para advertir que las bases y parámetros generales que delimitan la actuación de la autoridad (administrativa o, en su caso, del Ejecutivo Federal), se encuentran implícitas en el referido precepto que establece la materia específica a regular, es decir, lo relativo a los registros o asientos que se llevarán en medios electrónicos y lo atinente al ingreso de la información contable de forma mensual a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria. Lo anterior significa que la autoridad tiene un límite en su actuación, constituido precisamente por el marco regulatorio de la materia a desarrollar, sin que obste que el artículo 28, fracciones III y IV, del Código Fiscal de la Federación no establezca una serie de lineamientos pormenorizados para desarrollar los aspectos técnicos, operativos o de especialidad respectivos, pues además de que no existe disposición constitucional o legal alguna que obligue al legislador a pormenorizar dichos lineamientos, esa circunstancia no significa que la autoridad podrá actuar arbitrariamente ni constituye un impedimento para el ejercicio de la atribución otorgada por la cláusula habilitante, en tanto su ámbito de actuación está constreñido al marco regulatorio de la materia específica señalada.

    SEGUNDA SALA

    Amparo en revisión 1287/2015. Boehringer Ingelheim Promeco, S.A. de C.V. y otras. 6 de julio de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López.

                La SCJN en una muestra de su parcialidad, señala que la existencia de una cláusula habilitante (la posibilidad de dejar a una norma inferior, ampliar la regulación de cierta figura jurídica), en materia del tema que ahora tratamos, no debe ser pormenorizada por el Congreso de la Unión, al no existir obligación de hacerlo, lo que sin duda permitirá la arbitrariedad de la autoridad fiscal, la que podrá redactar a su conveniencia la regla relativa y cuando le convenga, en perjuicio de los particulares.

               

    CUARTA:

    Época: Décima Época

    Registro: 2012384

    Instancia: Segunda Sala

    Tipo de Tesis: Aislada

    Fuente: Semanario Judicial de la Federación

    Materia(s): (Constitucional)

    Tesis: 2a. LXII/2016 (10a.)

    CONTABILIDAD ELECTRÓNICA. LAS CLÁUSULAS HABILITANTES CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 28, FRACCIONES III Y IV, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO ESTÁN SUJETAS A LOS PRINCIPIOS DE RESERVA DE LEY Y DE SUBORDINACIÓN JERÁRQUICA, POR LO QUE NO LOS TRANSGREDEN (DECRETO DE REFORMAS PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 9 DE DICIEMBRE DE 2013). Las porciones normativas aludidas, relativas a la obligación de llevar los registros o asientos que integran la contabilidad en medios electrónicos y de ingresar en forma mensual la información contable a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, que para tales efectos remiten a las disposiciones del Reglamento del Código Fiscal de la Federación y a las reglas de carácter general correspondientes, según el caso, por sí mismas no pueden estar sujetas a los referidos principios de reserva de ley y de subordinación jerárquica y, por ende, no pueden transgredirlos, al constituir precisamente la fuente de donde emanan las atribuciones de la autoridad administrativa para regular los aspectos técnicos u operativos de la materia específica a que se refieren, a través de la cláusula habilitante que contienen. En ese sentido, por su naturaleza jurídica, son los reglamentos y las reglas generales administrativas mencionadas las que, en todo caso, deben estar sujetas a dichos principios, a fin de respetar los límites y alcances acotados por la legislación a desarrollar.

    SEGUNDA SALA

    Amparo en revisión 1287/2015. Boehringer Ingelheim Promeco, S.A. de C.V. y otras. 6 de julio de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López.

    Aquí se señala que una ley no está sujeta a los principios de reserva de ley y de subordinación jerárquica; ya que únicamente normas inferiores quedan limitadas por los referidos principios.

               

    QUINTA:

    Época: Décima Época

    Registro: 2012383

    Instancia: Segunda Sala

    Tipo de Tesis: Aislada

    Fuente: Semanario Judicial de la Federación

    Materia(s): (Constitucional)

    Tesis: 2a. LXIV/2016 (10a.)

    CONTABILIDAD ELECTRÓNICA. LA REGLA 2.8.1.4. DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2015, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 30 DE DICIEMBRE DE 2014, AL NO HACER REFERENCIA A LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 28 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO VIOLA EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA. Del análisis integral del artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, se advierte que los registros y asientos contables que el contribuyente está obligado a llevar en medios electrónicos, conforme a su fracción III, son aquellos referidos a la contabilidad para efectos fiscales; para lo cual, el legislador federal -a través de una cláusula habilitante- encomendó a la autoridad administrativa que definiera la forma en que debían llevarse, así como la forma en que los contribuyentes ingresarían mensualmente su información contable. En ese sentido, si bien es cierto que el párrafo primero de la regla 2.8.1.4. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015 únicamente hace referencia al artículo 28, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, no así a la diversa fracción I, también lo es que no por ello viola el derecho a la seguridad jurídica del gobernado, al no existir certeza en cuanto al tipo de contabilidad que tiene que llevarse a través de dichos medios electrónicos, ya que conforme a la cláusula habilitante, lo previsto en la regla citada se refiere a la obligación de llevar en medios electrónicos los asientos y registros contables para efectos fiscales.

    SEGUNDA SALA

    Amparo en revisión 1287/2015. Boehringer Ingelheim Promeco, S.A. de C.V. y otras. 6 de julio de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López.

                La omisión de una regla general de hacer referencia a una fracción del numeral 28 del CFF, no trasgrede derechos humanos “ya que conforme a la cláusula habilitante, lo previsto en la regla citada se refiere a la obligación de llevar en medios electrónicos los asientos y registros contables para efectos fiscales, de cierta clase de contribuyentes.

               

    SEXTA:

    Época: Décima Época

    Registro: 2012382

    Instancia: Segunda Sala

    Tipo de Tesis: Aislada

    Fuente: Semanario Judicial de la Federación

    Materia(s): (Penal, Administrativa)

    Tesis: 2a. LXV/2016 (10a.)

    CONTABILIDAD ELECTRÓNICA. LA OBLIGACIÓN DE LLEVAR LOS ASIENTOS Y REGISTROS CONTABLES PARA EFECTOS FISCALES EN MEDIOS ELECTRÓNICOS, CONFORME A LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 28 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO ACTUALIZA, POR SÍ MISMA, EL TIPO PENAL PREVISTO EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 111 DEL PROPIO CÓDIGO. El citado artículo 111, fracción II, del Código Fiscal de la Federación dispone que se impondrá sanción de 3 meses a 3 años de prisión, a quien registre sus operaciones contables, fiscales o sociales en dos o más libros o en dos o más sistemas de contabilidad con contenidos diferentes. En ese sentido, la obligación de llevar los asientos y registros contables para efectos fiscales en medios electrónicos, conforme a la fracción III del mencionado artículo 28 no actualiza, por sí misma, el tipo penal referido, debido a que lo que actualiza el delito es la acción de llevar dos registros de una misma contabilidad con diferente contenido, no así llevar un sistema de contabilidad para efectos fiscales y otro para efectos operativos y de administración del contribuyente.

    SEGUNDA SALA

    Amparo en revisión 1287/2015. Boehringer Ingelheim Promeco, S.A. de C.V. y otras. 6 de julio de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López.

    Esta tesis señala que un gobernado puede llevar dos o más sistemas contables, uno para efectos fiscales y otro u otros para fines financieros o administrativos, sin que se cometa un delito.

    Debemos recordar, que para fines de revisión fiscal, solamente se pueden exigir datos o información que tengan que ver con el cumplimiento de sus deberes tributarios, teniendo límite legal la autoridad para ello.

               

    SÉPTIMA:

    Época: Décima Época

    Registro: 2012381

    Instancia: Segunda Sala

    Tipo de Tesis: Aislada

    Fuente: Semanario Judicial de la Federación

    Materia(s): (Constitucional)

    Tesis: 2a. LXIX/2016 (10a.)

    CONTABILIDAD ELECTRÓNICA. LA OBLIGACIÓN DE INGRESAR LA INFORMACIÓN CONTABLE A TRAVÉS DE LA PÁGINA DE INTERNET DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, EN LA FORMA Y TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y EN LAS REGLAS 2.8.1.4., 2.8.1.5. Y 2.8.1.9. DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2015, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 30 DE DICIEMBRE DE 2014, ES PROPORCIONAL CON EL FIN PERSEGUIDO POR EL LEGISLADOR. De los trabajos legislativos que antecedieron a las reformas, adiciones y derogaciones al Código Fiscal de la Federación, publicadas en el Diario Oficial de la Federación de 9 de diciembre de 2013, se advierte que la obligación aludida, bajo el contexto del aprovechamiento de los avances de la tecnología, tuvo como finalidad integrar un sistema electrónico de contabilidad estándar que permita, por una parte, facilitar el cumplimiento de obligaciones fiscales y, por otra, agilizar los procedimientos de fiscalización, aspectos que se encuentran dentro ámbito del artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que significa que la obligación legal (en la forma y términos previstos en las disposiciones administrativas), tiene una finalidad constitucionalmente válida, como lo es comprobar el correcto cumplimiento del deber de contribuir al gasto público. Por su parte, la obligación de ingresar la información en los términos que establecen las disposiciones generales, constituye el medio adecuado dirigido a cumplir con la finalidad perseguida por el legislador ya que, en primer lugar, tiende a evitar las cargas que anteriormente generaban los “formulismos” para el cumplimiento de las obligaciones fiscales; además de que en la medida en que el contribuyente va incorporando su información contable, a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, permite a la autoridad no solamente tener acceso inmediato a las cuestiones relacionadas con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, sino allegarse de los elementos necesarios para que en un momento dado pueda desplegar con mayor facilidad algún acto de fiscalización. Finalmente, no se ocasiona un daño innecesario o desproporcional al contribuyente por el simple hecho de que tenga que llevar su contabilidad a través de medios electrónicos y de ingresarla a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria en los términos previstos en la disposiciones referidas, ya que si aquél cumple con las nuevas obligaciones fiscales impuestas por el legislador, aprovechando los beneficios de los avances tecnológicos, se simplifican y se mejoran los procedimientos administrativos a través de los cuales anteriormente cumplía con sus obligaciones y ejercía sus derechos, lo que se traduce en un ahorro de tiempo y trámites bajo el contexto del sistema tradicional.

    SEGUNDA SALA

    Amparo en revisión 1287/2015. Boehringer Ingelheim Promeco, S.A. de C.V. y otras. 6 de julio de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López.

     

    Este criterio señala que la finalidad de la e-contabilidad, es integrar un sistema electrónico de contabilidad estándar que permita, por una parte, facilitar el cumplimiento de obligaciones fiscales y, por otra, “agilizar los procedimientos de fiscalización”, lo que constituye el medio adecuado dirigido a cumplir con la finalidad perseguida por el legislador ya que, en primer lugar, tiende a evitar las cargas que anteriormente generaban los “formulismos” para el cumplimiento de las obligaciones fiscales; además de que en la medida en que el contribuyente va incorporando su información contable, a través de la página del Servicio de Administración Tributaria, se le permite a la autoridad no solamente tener acceso inmediato a las cuestiones relacionadas con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, sino allegarse de los elementos necesarios para que en un momento dado pueda desplegar con mayor facilidad algún acto de fiscalización.

    En una presentación, visible en YouTube, el Administrador Central de Operación de la Fiscalización Nacional del SAT  explica cómo se analiza la información y documentación que obra en su poder para preparar una revisión electrónica, reconociendo las facilidades del sistema para el fisco.

    logo youtube(Dale clic en el logo de YouTube para ver el vídeo)

     

    OCTAVA:

    Época: Décima Época

    Registro: 2012380

    Instancia: Segunda Sala

    Tipo de Tesis: Aislada

    Fuente: Semanario Judicial de la Federación

    Materia(s): (Constitucional, Administrativa)

    Tesis: 2a. LXI/2016 (10a.)

    CONTABILIDAD ELECTRÓNICA. EL SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 28, FRACCIONES III Y IV, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO CONSTITUYE EN SÍ UN ACTO DE FISCALIZACIÓN (DECRETO DE REFORMAS PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 9 DE DICIEMBRE DE 2013). Las obligaciones de llevar contabilidad en medios electrónicos y de enviar mensualmente la información contable a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, previstas en el artículo 28, fracciones III y IV, del Código Fiscal de la Federación, no constituyen -en sí- un acto de fiscalización (de la información proporcionada), sino simplemente obligaciones que se generan ante la necesidad de actualizar las prácticas tradicionales de recaudación, bajo un contexto social diferente, donde el uso de la tecnología es casi imprescindible. Lo anterior se hace patente del análisis de los trabajos legislativos que precedieron al contenido de la citadas porciones normativas, de donde se advierte que dichas actividades tienen como fin integrar un sistema electrónico de contabilidad estándar que permita, por una parte, facilitar el cumplimiento de obligaciones fiscales de carácter formal y, por otra, agilizar los procedimientos de fiscalización, los cuales evidentemente deben sujetarse a las formalidades previstas para desplegar cada uno de ellos. Ante esa circunstancia, resulta innecesario que, previo al cumplimiento de dichas obligaciones y particularmente, a la de enviar la información contable a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, exista un mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento.

    SEGUNDA SALA

    Amparo en revisión 1287/2015. Boehringer Ingelheim Promeco, S.A. de C.V. y otras. 6 de julio de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López.

    Se señala que resulta innecesario que, previo al cumplimiento de dichas obligaciones y particularmente, a la de enviar la información contable a través de la página del Servicio de Administración Tributaria, exista un mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento.

    Esta obligación no exige formalidad alguna; pero si lo tendrán que acatar los requerimientos, que al respecto envíe el fisco federal, tanto para subir la balanza de comprobación; el catálogo de cuentas; o las pólizas, actos administrativos cuyas consecuencias se podrán impugnar, mediante los medios de defensa que previene la Normatividad fiscal.

    De igual forma, lo tendrán que hacer la revisión provisional, junto con su correspondiente preliquidación; y la liquidación definitiva, en su caso.

               

    NOVENA:

    Época: Décima Época

    Registro: 2012379

    Instancia: Segunda Sala

    Tipo de Tesis: Aislada

    Fuente: Semanario Judicial de la Federación

    Materia(s): (Constitucional)

    Tesis: 2a. LXVIII/2016 (10a.)

    CONTABILIDAD ELECTRÓNICA. EL ARTÍCULO 28, FRACCIONES III Y IV, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EN RELACIÓN CON LAS REGLAS 2.8.1.4., 2.8.1.5. Y 2.8.1.9. DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2015, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 30 DE DICIEMBRE DE 2014, AL NO COLISIONAR CON EL DIVERSO ARTÍCULO 33 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, NO VIOLAN EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA. Del análisis de las citadas disposiciones no se advierte una contradicción lógica con el artículo 33 del Código de Comercio que ocasione una situación jurídica que dé lugar a la arbitrariedad de la autoridad o que deje en estado de indefensión a los gobernados, por lo que no violan el derecho a la seguridad jurídica; antes bien, deriva que el Código de Comercio sólo establece lineamientos mínimos que debe satisfacer el sistema contable por el que opte el comerciante, mas no una metodología pormenorizada que determine casuísticamente cómo deberá realizar los controles contables de su comercio; en cambio, las fracciones III y IV del artículo 28 del Código Fiscal de la Federación se refieren a las obligaciones del contribuyente de llevar contabilidad “para efectos fiscales” en medios electrónicos y la de enviar mensualmente la información contable a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, en tanto que las reglas regulan lo relativo a la operatividad del sistema; lo que significa que dichas disposiciones, lejos de contraponerse, generan certeza de los actos que se realizan. Y si bien el citado artículo 33 permite al comerciante llevar y mantener un sistema contable como mejor le acomode y con los recursos que estime convenientes, ello no significa que para efectos fiscales pueda hacer lo mismo, sino por el contrario, debe atender a las disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de la mencionada resolución miscelánea fiscal.

    SEGUNDA SALA

    Amparo en revisión 1287/2015. Boehringer Ingelheim Promeco, S.A. de C.V. y otras. 6 de julio de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López.

                Este criterio señala, que no se contraponen las normas legales que regulan la contabilidad, en materia mercantil y tributaria, ya que son obligatorias estás últimas y por ello materia de sanciones.

    Además, de que se pueden llevar los dos sistemas contables, sin que se cometa delito, tal y como lo marca otra de las tesis que se contienen en esta participación.

               

    DÉCIMA:

    Época: Décima Época

    Registro: 2012378

    Instancia: Segunda Sala

    Tipo de Tesis: Aislada

    Fuente: Semanario Judicial de la Federación

    Materia(s): (Constitucional)

    Tesis: 2a. LXVII/2016 (10a.)

    CONTABILIDAD ELECTRÓNICA. EL ARTÍCULO 28, FRACCIONES III Y IV, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EN RELACIÓN CON LAS REGLAS 2.8.1.4., 2.8.1.5. Y 2.8.1.9. DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2015, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 30 DE DICIEMBRE DE 2014, NO VULNERAN EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA PRIVACIDAD, EN SU DIMENSIÓN DE CONTROLAR LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN PERSONAL. Las normas mencionadas no vulneran el derecho fundamental a la privacidad, en su dimensión de controlar la difusión de la información personal, ya que de su contenido puede advertirse que la información contable que obligan al contribuyente a proporcionar al Servicio de Administración Tributaria, a través de los medios electrónicos, se relaciona con: catálogo de cuentas; balanzas de comprobación, que incluya saldos iniciales, movimientos del periodo y saldos finales de todas y cada una de las cuentas de activo, pasivo, capital, resultados (ingresos, costos, gastos y resultado integral de financiamiento); y pólizas de periodo y sus auxiliares y folios fiscales; información que está relacionada con el cumplimiento de las obligaciones fiscales del contribuyente, no así con aspectos confidenciales o de su vida privada. Máxime que el derecho de los contribuyentes a decidir la información que proporcionan no es absoluto, al estar limitado al cumplimiento de disposiciones de orden público, como aquellas que tienen por objeto verificar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales; de no ser así, se llegaría al absurdo de considerar que la verificación del correcto cumplimiento de las obligaciones de carácter tributario está supeditado a la voluntad del contribuyente, lo cual es contrario a los postulados del artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

    SEGUNDA SALA

    Amparo en revisión 1287/2015. Boehringer Ingelheim Promeco, S.A. de C.V. y otras. 6 de julio de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López.

    La tesis indica que el deber de proporcionar la e-contabilidad, no vulnera el derecho fundamental a la privacidad, en su dimensión de controlar la difusión de la información personal, ya que la información contable se relaciona con: catálogo de cuentas; balanzas de comprobación y pólizas; información que está relacionada con el cumplimiento de las obligaciones fiscales del contribuyente, no así con aspectos confidenciales o de su vida privada.

    Luego entonces se presume que no existirá revelación de secretos o información, por parte de los empleados fiscales; lo que se pone en duda, si dichos datos se encuentren en poder de particulares, cuando a ellos se encomiende la guarda y custodia de la referida información, en materia de revisiones electrónicas.

               

    DÉCIMO PRIMERA:

    Época: Décima Época

    Registro: 2012377

    Instancia: Segunda Sala

    Tipo de Tesis: Aislada

    Fuente: Semanario Judicial de la Federación

    Materia(s): (Constitucional)

    Tesis: 2a. LXX/2016 (10a.)

    CONTABILIDAD ELECTRÓNICA. EL ANEXO 24 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2015, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 5 DE ENERO DE 2015, VIOLA LOS DERECHOS A LA LEGALIDAD Y A LA SEGURIDAD JURÍDICA. Al establecer las reglas de estructura planteadas dentro del estándar de los formatos respectivos para cumplir con la obligación de llevar la contabilidad en medios electrónicos, la autoridad administrativa dispuso que el contribuyente que utilice dicho estándar deberá sujetarse tanto a las disposiciones fiscales vigentes, como a los lineamientos técnicos de forma y sintaxis para la generación de archivos XML especificados por el consorcio w3. Lo que significa que con dicha remisión la autoridad excedió los límites de la habilitación legal que le fue conferida a través del artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, al encomendar al consorcio referido la labor de desarrollar las disposiciones correspondientes para hacer operativo el sistema; lo que además de la insubordinación jerárquica que esa actuación provoca, ocasiona inseguridad jurídica al gobernado, al obligarlo a cumplir con ciertos lineamientos emitidos “por una comunidad internacional” y no por una autoridad competente, bajo algún procedimiento de creación normativa o bajo determinadas exigencias mínimas de fundamentación y motivación. Máxime que, al establecer los lineamientos y formatos respectivos para cumplir con la obligación de llevar la contabilidad en medios electrónicos, tenía la obligación de hacerlo en idioma castellano o español, a fin de brindar seguridad jurídica a los contribuyentes al permitirles conocer plenamente la forma de operar los formatos establecidos al efecto, lo cual no se hizo, ya que al ingresar a la página de Internet http://www.w3.org., se advierte que su contenido está en el idioma inglés; de ahí que el Anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, viola los derechos a la legalidad y a la seguridad jurídica.

    SEGUNDA SALA

    Amparo en revisión 1287/2015. Boehringer Ingelheim Promeco, S.A. de C.V. y otras. 6 de julio de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López.

    El fallo del que derivan estas opiniones judiciales, concedieron a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, para el efecto de que se le desincorpore de su esfera jurídica la obligación de atender los lineamientos técnicos de forma y sintaxis para la generación de archivos XML especificados por el consorcio w3, establecidos en la página de internet http://www.w3.org/, hasta en tanto no se encuentre en idioma castellano o español.

    En ese sentido, el hecho de que los lineamientos técnicos de forma y sintaxis para la generación de
    archivos XML establecidos en la página de internet http://www.w3.org/, estén en idioma inglés, vulnera el derecho de seguridad jurídica de la parte quejosa, debido a que no existe garantía de que tenga conocimiento del mismo y por consecuencia, la manera de operar los formatos establecidos para tal efecto.

    Por ello, es que la autoridad administrativa al establecer los lineamientos y formatos respectivos para cumplir con la obligación de llevar la contabilidad en medios electrónicos, tenía la obligación de hacerlo en idioma castellano o español, ya que de esta manera les brinda seguridad jurídica a los contribuyentes al permitirles conocer plenamente la forma de operar los formatos establecidos para tal efecto; lo cual, como se vio, no lo hizo ya que al ingresar a la página de internet http://www.w3.org/, se desprende que su contenido está en el idioma inglés; de ahí que resulta inconstitucional dicha porción normativa.

    Hasta en tanto no se ajuste al idioma oficial de México, la regla ya mencionada, no se tendrá el deber de subir información contable a la página oficial del fisco federal; y una vez que se haga el ajuste, este no podrá ser retroactivo, por disposición expresa del artículo 14 constitucional. Esto significa que no se tendrá deber de subir la e-contabilidad por los años 2014, 2015 y lo que va del 2016.

               

    DÉCIMO SEGUNDA:

    Época: Décima Época

    Registro: 2012376

    Instancia: Segunda Sala

    Tipo de Tesis: Aislada

    Fuente: Semanario Judicial de la Federación

    Materia(s): (Común)

    Tesis: 2a. LVIII/2016 (10a.)

    CONTABILIDAD ELECTRÓNICA. AL HABER CESADO LOS EFECTOS DE LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS RELATIVAS CONTENIDAS EN LAS DIVERSAS RESOLUCIONES MODIFICATORIAS DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2014, QUE CONSTITUYE LA REGLA GENERAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA. Conforme a las reglas 1.2.8.6, 1.2.8.7. y 1.2.8.8 de la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014 publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de julio de 2014, se precisan, respectivamente: a) La información contable que los contribuyentes deben enviar a través del buzón tributario, a saber, catálogo de cuentas, balanza de comprobación e información relativa a las pólizas que hayan generado; b) La época en que deberán realizarlo; y c) La obligación de proporcionar el acuse respectivo cuando la autoridad fiscal les requiera la información relativa a sus pólizas, en ejercicio de sus facultades de comprobación o como requisito para la atención de solicitudes de devolución y compensación; todo ello, en la inteligencia de que en su artículo décimo tercero transitorio se precisaron fechas específicas para el envío de la precitada información, en el caso de las personas morales. Ahora, esas disposiciones se modificaron y adicionaron a través de la Tercera y Quinta Resoluciones de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, tanto en lo relativo al contenido de la información contable que debe enviarse a la autoridad hacendaria, como en lo concerniente a la época en que debe realizarse y, posteriormente, se derogaron mediante la Séptima Resolución de Modificaciones a la citada resolución miscelánea, publicada en el indicado medio de difusión oficial el 18 de diciembre de 2014 emitiéndose, en consecuencia, las reglas I.2.8.1.6 a I.2.8.1.9 que, conjuntamente con los resolutivos tercero y cuarto de la propia resolución modificatoria, entrarían en vigor a partir del 1 de enero de 2015, de acuerdo con su artículo segundo transitorio. No obstante, las citadas reglas y resolutivos de la Séptima Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, se derogaron implícitamente al entrar en vigor la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2014, ya que en sus reglas 2.8.1.4, 2.8.1.5, 2.8.1.9 y 2.8.1.17, se reguló: a) La información que se debe enviar a la autoridad hacendaria a través del buzón tributario; b) La periodicidad para hacerlo; c) La obligación de proporcionar información requerida por la autoridad en ejercicio de sus facultades de comprobación o para atender solicitudes de devolución o compensación; y d) Las particulares que deben observarse en relación con los papeles de trabajo y los asientos de los registros contables. Lo anterior, permite advertir que las reglas de las diversas resoluciones modificatorias a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014 en torno a la obligación de llevar contabilidad electrónica y entregarla a la autoridad hacendaria, no surtieron efecto alguno durante su vigencia, en tanto su observancia se fue postergando para finalmente quedar derogadas con la entrada en vigor de las reglas respectivas de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, hecha excepción de los resolutivos tercero y cuarto de la Séptima Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, cuya vigencia se extendió a 2015, por disposición del resolutivo cuarto de la Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea para 2015 publicada en el aludido medio de difusión oficial el 3 de marzo de 2015. En consecuencia, en virtud de que las disposiciones administrativas de referencia contenidas en las diversas resoluciones modificatorias de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014 cesaron en sus efectos -con la excepción destacada-, en torno a ellas se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo.

    SEGUNDA SALA

    Amparo en revisión 1287/2015. Boehringer Ingelheim Promeco, S.A. de C.V. y otras. 6 de julio de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López.

    La posibilidad de promover el Juicio de Amparo, en contra del inicio de la vigencia de una norma (autoaplicativo), ya se perdió, dado que la regla general que marcó los lineamientos a seguir ya feneció (2014); por ende, únicamente queda la oportunidad de impetrar el citado juicio, en contra del primer acto de aplicación, ya sea del contribuyente, o de la autoridad tributaria, contando con 15 días para hacerlo.

    revision electronica

    REVISIÓN ELECTRÓNICA.

    PRIMERA:

    Época: Décima Época

    Registro: 2012402

    Instancia: Segunda Sala

    Tipo de Tesis: Aislada

    Fuente: Semanario Judicial de la Federación

    Materia(s): (Constituci