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    La Regla Miscelánea 2019 2.7.1.13. establece los lineamientos para realizar erogaciones a través de terceros y para este año se tienen cambios que es muy importante tomarlos en cuenta para cumplir con la nueva disposición.

     

    2.7.1.13. Para los efectos de los artículos 29 del CFF, así como 18, fracción VIII y 90, octavo párrafo de la Ley del ISR y 41 de su Reglamento, los contribuyentes podrán realizar erogaciones a través de terceros por bienes y servicios que les sean proporcionados, haciendo uso de cualquiera de las siguientes opciones:

    I. Cuando los terceros realicen las erogaciones y los importes de las mismas les sean reintegrados con posterioridad:

    a) El tercero deberá solicitar CFDI con la clave del contribuyente por el cual está haciendo la erogación, si este contribuyente es residente en el extranjero para efectos fiscales, en el CFDI se consignará la clave del RFC a que se refiere la regla 2.7.1.26., de esta Resolución.

    b) Los contribuyentes, en su caso, tendrán derecho al acreditamiento del IVA en los términos de la Ley de dicho impuesto y su Reglamento.

    c) El tercero que realice el pago por cuenta del contribuyente, no podrá acreditar cantidad alguna del IVA que los proveedores de bienes y prestadores de servicios trasladen.

    d) El reintegro a las erogaciones realizadas por cuenta de contribuyentes, deberá hacerse con cheque nominativo a favor del tercero que realizó el pago por cuenta del contribuyente o mediante traspasos a sus cuentas por instituciones de crédito o casas de bolsa sin cambiar los importes consignados en el CFDI expedido por los proveedores de bienes y prestadores de servicios, es decir por el valor total incluyendo el IVA que en su caso hubiera sido trasladado.



    II. Cuando el contribuyente de manera previa a la realización de las erogaciones, proporcione el dinero para cubrirla al tercero:


    a) El contribuyente deberá entregar el dinero mediante cheque nominativo a favor del tercero o mediante traspasos a sus cuentas por instituciones de crédito o casas de bolsa.

    b) El tercero deberá identificar en cuenta independiente y solamente dedicada a este fin, los importes de dinero que les sean proporcionados para realizar erogaciones por cuenta de contribuyentes.

    c) El tercero deberá solicitar CFDI con la clave de RFC del contribuyente por el cual está haciendo la erogación, si el contribuyente es residente en el extranjero para efectos fiscales, en el CFDI se consignará la clave de RFC a que se refiere la regla 2.7.1.26.

    d) En caso de existir remanente de dinero una vez descontadas las erogaciones realizadas por cuenta del contribuyente, el tercero deberá reintegrarlo a este, de la misma forma en como le fue proporcionado el dinero.

    e) Las cantidades de dinero que se proporcionen por el contribuyente al tercero deberán ser usadas para realizar los pagos por cuenta de dicho tercero o reintegradas a este a más tardar transcurridos 60 días hábiles después del día en que el dinero le fue proporcionado al tercero por el contribuyente.

     

    En caso de que transcurran más de los 60 días hábiles mencionados en el párrafo anterior, sin que el dinero se haya usado para realizar las erogaciones o reintegrado al contribuyente, el tercero deberá emitir por dichas cantidades un CFDI de ingreso por concepto de anticipo y reconocer dicho ingreso en su contabilidad desde el día en que le fue proporcionado.

    Los CFDI que amparen erogaciones realizadas por el tercero, deberán ser entregados por este al contribuyente por cuenta y a nombre del cual realizó la erogación, indistintamente de que éste puede solicitarlos directamente a los proveedores de bienes o servicios o bien, descargarlos del Portal del SAT.

    Lo anterior, independientemente de la obligación del tercero que realiza el pago por cuenta del contribuyente de expedir CFDI por los ingresos que perciba como resultado de la prestación de servicios otorgados a los contribuyentes al cual deberán de incorporar el complemento "Identificación del recurso y minuta de gasto por cuenta de terceros", con el que identificará las cantidades de dinero recibidas, las erogadas por cuenta del contribuyente, los comprobantes que sustenten dichas erogaciones y los remantes reintegrados efectivamente al contribuyente.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  • Publicado el 30 Nov a las 09:03h

    www.gmcapacitacion.com

    LRDG GMPor: LD y MDF Luis Raúl Díaz González

     

    Con fecha 4 de octubre de 2016, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación la cuarta modificación a la Resolución Miscelánea Fiscal para el 2016, y un nuevo anexo 24 “Contabilidad en Medios Electrónicos”, junto con un boletín técnico, que pretende traducir al español, el sistema del consorcio w3, establecidos en la página de internet http://www.w3.org., el cual se encuentra en idioma inglés.

    Esto se generó como respuesta por parte del SAT, a la sentencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación al Amparo en Revisión 1287/2015, en donde se resolvió que algunas de las disposiciones en materia de contabilidad electrónica, buzón tributario y revisiones electrónicas son constitucionales.

    Hay que aclarar, que a la fecha ya con creó jurisprudencia (1) al respecto y que la que nos interesa indica:

    Época: Décima Época

    Registro: 2012921

    Instancia: Segunda Sala

    Tipo de Tesis: Jurisprudencia

    Fuente: Semanario Judicial de la Federación

    Materia(s): (Constitucional)

    Tesis: 2a./J. 148/2016 (10a.)

    CONTABILIDAD ELECTRÓNICA. EL ANEXO 24 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2015, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 5 DE ENERO DE 2015, VIOLA LOS DERECHOS A LA LEGALIDAD Y A LA SEGURIDAD JURÍDICA. Al establecer las reglas de estructura planteadas dentro del estándar de los formatos respectivos para cumplir con la obligación de llevar la contabilidad en medios electrónicos, la autoridad administrativa dispuso que el contribuyente que utilice dicho estándar deberá sujetarse tanto a las disposiciones fiscales vigentes, como a los lineamientos técnicos de forma y sintaxis para la generación de archivos XML especificados por el consorcio w3. Lo que significa que con dicha remisión la autoridad excedió los límites de la habilitación legal que le fue conferida a través del artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, al encomendar al consorcio referido la labor de desarrollar las disposiciones correspondientes para hacer operativo el sistema; lo que además de la insubordinación jerárquica que esa actuación provoca, ocasiona inseguridad jurídica al gobernado, al obligarlo a cumplir con ciertos lineamientos emitidos “por una comunidad internacional” y no por una autoridad competente, bajo algún procedimiento de creación normativa o bajo determinadas exigencias mínimas de fundamentación y motivación. Máxime que, al establecer los lineamientos y formatos respectivos para cumplir con la obligación de llevar la contabilidad en medios electrónicos, tenía la obligación de hacerlo en idioma castellano o español, a fin de brindar seguridad jurídica a los contribuyentes al permitirles conocer plenamente la forma de operar los formatos establecidos al efecto, lo cual no se hizo, ya que al ingresar a la página de internet http://www.w3.org., se advierte que su contenido está en el idioma inglés; de ahí que el Anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, viola los derechos a la legalidad y a la seguridad jurídica.

    SEGUNDA SALA

    Amparo en revisión 1287/2015. Boehringer Ingelheim Promeco, S.A. de C.V. y otras. 6 de julio de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López.

    Amparo en revisión 826/2016. Banco J.P. Morgan, S.A., Institución de Banca Múltiple, J.P. Morgan Grupo Financiero y otras. 5 de octubre de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López.

    Amparo en revisión 827/2016. Flextronics Manufacturing Mex, S.A. de C.V. y otras. 5 de octubre de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López.

    Amparo en revisión 828/2016. International Greenhouse Produce, S.A. de C.V. y otras. 5 de octubre de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López.

    Amparo en revisión 829/2016. Autoclaims Servicios, S.A. de C.V. y otras. 5 de octubre de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López.

    Tesis de jurisprudencia 148/2016 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del diecinueve de octubre de dos mil dieciséis.

     

    Época: Décima Época

    Registro: 2012920

    Instancia: Segunda Sala

    Tipo de Tesis: Jurisprudencia

    Fuente: Semanario Judicial de la Federación

    Materia(s): (Común, Común)

    Tesis: 2a./J. 160/2016 (10a.)

    CONTABILIDAD ELECTRÓNICA. EFECTO DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO CONTRA EL ANEXO 24 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2015, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 5 DE ENERO DE 2015. El efecto que debe imprimirse a la sentencia que concede el amparo contra el Anexo referido es el de desincorporar de la esfera jurídica del quejoso la obligación de atender los lineamientos técnicos de forma y sintaxis para la generación de archivos XML especificados por el consorcio w3, establecidos en la página de internet http://www.w3.org., hasta en tanto el Servicio de Administración Tributaria formule y publique en alguno de los medios a su alcance los lineamientos a seguir para la generación de archivos XML en idioma español.

    SEGUNDA SALA

    Amparo en revisión 1287/2015. Boehringer Ingelheim Promeco, S.A. de C.V. y otras. 6 de julio de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López.

    Amparo en revisión 826/2016. Banco J.P. Morgan, S.A., Institución de Banca Múltiple, J.P. Morgan Grupo Financiero y otras. 5 de octubre de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López.

    Amparo en revisión 827/2016. Flextronics Manufacturing Mex, S.A. de C.V. y otras. 5 de octubre de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López.

    Amparo en revisión 828/2016. International Greenhouse Produce, S.A. de C.V. y otras. 5 de octubre de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López.

    Amparo en revisión 829/2016. Autoclaims Servicios, S.A. de C.V. y otras. 5 de octubre de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López.

    Tesis de jurisprudencia 160/2016 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del diecinueve de octubre de dos mil dieciséis.

     

    Por la importancia de estos documentos, hacemos los siguientes comentarios:

    PRIMERO.- Para brincarse la inconstitucionalidad ya mencionada, la autoridad fiscal actúo de esta forma:

    Sin contar con fundamento legal, el SAT le solicitó “opinión técnica” a seudo-expertos en programación (software) como IBM, Oracle y Softtec, sin acreditar tal calidad, los que manifestaron que es imposible su traducción al español, ya que ese “lenguaje” es para que interactúen con los programas que utiliza el SAT y no para que el contribuyente, quien es el usuario final.

    Con ello, el SAT está tratando de corregir la inconstitucionalidad citada, modificando el Anexo 24 y publicando un “boletín técnico”, sin tener facultades legales para ello (2), reconociendo implícitamente que no hay otra manera de enviar la contabilidad electrónica, atribuyéndose potestades que no tiene, debiendo recordar la siguiente Jurisprudencia:

    “AUTORIDADES. Las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite”.

    Jurisprudencia: Apéndice 1975, Octava Parte, Pleno y Salas, Tesis 46, Página 89.

     

    Al no haber ingresado a la página del SAT la información contable, el fisco podrá requerir dicha obligación, con el deber debe fundar y motivar dicho acto. Indicando para que quiere esa información y de allí a planear la defensa jurídica correspondiente.

     

    SEGUNDO.- La Jurisprudencia ya anotada, señaló que la sistematización del deber de llevar contabilidad electrónica y su envío a la autoridad fiscal deben de estar desarrollados por una autoridad competente, bajo algún procedimiento de creación normativa o bajo determinadas exigencias mínimas de fundamentación y motivación.

                Por lo expuesto vemos que:

    1. La traducción de un documento de un idioma extranjero al español, debe hacerse por un traductor reconocido y capacitado, puesto que se trata de lenguaje técnico y no común, lo que requiere especialización.
    2. Esa traducción requiere estar avalada por un fedatario o por una autoridad competente, la cual debe contar con facultades expresas para hacerlo.
    3. Se debe seguir un procedimiento especial, el cual a la fecha no existe y ello es un elemento de defensa.
    4. Al no existir procedimiento, se vulnera el principio de “debido proceso legal”, lo que va en contra de los artículos 14 y 16 constitucionales.
    5. En todo caso tenían que seguirse lineamientos (3) que le diesen valor legal a la traducción, lo que insistimos no se realizó y tal acción unilateral es ilegal de pleno Derecho, dado que no puede existir cláusula habilitante, que permita remitir de una regla general, a un documento técnico, sin existir norma legal que así lo permita.

     

    Por analogía debemos atender esta Tesis:

    Época: Décima Época

    Registro: 2013014

    Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

    Tipo de Tesis: Aislada

    Fuente: Semanario Judicial de la Federación

    Publicación: viernes 11 de noviembre de 2016 10:22 h

    Materia(s): (Constitucional, Laboral)

    Tesis: XVI.2o.T.4 L (10a.)

    DEBIDO PROCESO EN MATERIA LABORAL PARA PERSONAS MIGRANTES. LAS GARANTÍAS MÍNIMAS QUE LO COMPONEN ENTRAÑAN LA OBLIGACIÓN PARA EL TRIBUNAL DE TRABAJO DE DESIGNAR UN TRADUCTOR O INTÉRPRETE AL PATRÓN O TRABAJADOR QUE NO COMPRENDA O NO HABLE EL IDIOMA ESPAÑOL. El derecho humano al debido proceso se ha nutrido tanto de interpretaciones jurisprudenciales en el ámbito local como en sede internacional, entendiéndose en la actualidad a partir de dos vertientes, una de índole procesal y otra sustantiva; la primera referida a las formalidades esenciales del procedimiento y, la segunda, en relación con determinados derechos constitucionalmente protegidos, es decir, como medio idóneo para garantizar los derechos sustantivos reconocidos por la Norma Fundamental. Dado que el objeto del debido proceso es alcanzar una decisión justa, requiere de un elenco de componentes mínimos que deben observarse inexcusablemente en todo procedimiento jurisdiccional, ya que son los que garantizan al gobernado el pleno y efectivo acceso a la tutela jurisdiccional. Tales garantías mínimas inciden en la determinación de derechos y obligaciones de las personas en todas las materias jurídicas, tanto así que las contenidas en el artículo 8, numeral 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre las que se encuentra la de “ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal”, no son exclusivas del ámbito penal, sino que inciden sobre el orden laboral, civil, fiscal o de cualquier otro carácter. En ese tenor, el reconocimiento de los derechos fundamentales de las personas migrantes, entraña la correlativa obligación del Estado de respetar las garantías necesarias para su protección, entre ellas, la de jus cogens mencionada, como norma interpretativa de derecho internacional o garantía mínima de estándar convencional, que permite a tales personas (migrantes) comprender plenamente el contenido del acto procesal en que participan. Por tanto, si tal obligación está implícita en todo procedimiento y ante cualquier autoridad del Estado, entre ellas, los órganos jurisdiccionales en materia de trabajo, entonces, éstos están obligados a designar ex officio un traductor o intérprete al patrón demandado o trabajador que no hable o no entienda el idioma español, e intervenga directamente en alguna actuación procesal, como puede ser el desahogo de la prueba confesional a su cargo. Sólo así, se garantiza la protección de su derecho humano al debido proceso legal, en términos de los artículos 6, 11, 12 y 14 de la Ley de Migración.

    SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.

    Amparo directo 133/2016. 16 de junio de 2016. Mayoría de votos de los Magistrados Celestino Miranda Vázquez y Ángel Michel Sánchez, quien formuló voto concurrente en cuanto a los efectos del amparo. Disidente: Gerardo Martínez Carrillo, quien formuló voto particular por considerar que si bien existió vulneración al derecho humano del debido proceso, el concepto de violación resultaba inoperante. Ponente: Celestino Miranda Vázquez. Secretario: Fidel Abando Sáenz.

     

    TERCERO.- El contribuyente puede generar sus propios programas, no existe impedimento legal para ello; por ende no esta obligado a adquirir programas de un tercero.

    Por ello, la fallida traducción de los lineamientos técnicos, no son de uso exclusivo de desarrolladores de programas, como indebidamente lo pretende el SAT.

    CUARTO.- El anexo y su boletín se hayan plagados de abreviaturas, las que se encuentran proscritas, si el gobernado no conoce su significado, lo que propicia inseguridad e incertidumbre jurídicas.

    Hay que ver estas opiniones judiciales:

    FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. NO SE SATISFACE CON EL EMPLEO DE ABREVIATURAS DESCONOCIDAS POR EL PARTICULAREl empleo de abreviaturas por parte de la autoridad administrativa al dictar un acto lesivo de los intereses de los gobernados, cuando no se demuestran  que su significado es plenamente conocido por su destinatario, ni tampoco está aclarado en el documento que lo contiene, se aparta de las aspiraciones que en materia de seguridad jurídica deben prevalecer en un régimen de derecho como el nuestro, sin que baste para desvirtuar  esta apreciación del argumento de que el particular  está  obligado a conocer  los conceptos legales a los cuales, según la emisora del acto, se refieren  dichas abreviaturas, pues aunque no se pueda  pretextar el desconocimiento de la ley por el particular, éste se halla en cambio liberado del deber de saber cuáles reglas o abreviaturas  elige la autoridad para referirse a aquéllos.

                                        

    Revisión Fiscal 763/89. Limpieza Inmediata, S.A. 11 de julio de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora  Pimentel. Secretaria: Adriana Leticia Campuzano Gallegos.

     

    VISITA DOMICILIARIA, ORDEN DE. CARECE DE LEGALIDAD CUANDO CONTIENE ABREVIATURAS PARA DENOMINAR A LA PERSONA A QUIEN SE DIRIGE. El artículo 43 del Código Fiscal de la Federación prevé que toda orden de visita, además de los otros requisitos, debe contener el nombre de la persona a quien vaya dirigido, precisándose en forma indubitable el nombre de la persona moral de que se trata y no únicamente señalar en forma ambigua dicho nombre (Verástegui Invest. Ind. D.D., S.A., en vez de Verástegui Investigación Industrial, Diseño y Desarrollo, S.A.) toda vez que las abreviaturas con que se pueda denominar a la persona a quien se dirige, pueden ser objeto de múltiples interpretaciones, violándose en perjuicio de la quejosa la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional”.

    Amparo Directo 20/88. Verástegui Investigación Industrial, Diseño y Desarrollo, S.A. 10 de febrero de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: José Alejandro Luna Ramos. Secretario: Ricardo Barbosa Alanis.

     

                Al respecto, la autoridad infundadamente señaló:

    “La referencia técnica en materia informática para la construcción de los archivos digitales XML que contienen la información mencionada en el presente Anexo, se encuentra contenida en el documento técnico, que deberán utilizar los entes especialistas en informática y telecomunicaciones que realicen la construcción de cada uno de los archivos a enviar a través del Buzón Tributario o el portal de trámites”.

     

    QUINTO.- La traducción ilegal se encuentra llena de errores, puesto que existen vocablos en dicho documento que no admiten conversión al español y ese vicio no se eliminó de los documentos mencionados, veamos u ejemplo:

    “Los algoritmos utilizados en la generación de un sello digital son los siguientes:

    SHA-1, que es una función hash (digestión,  o resumen) de un solo sentido tal que para cualquier entrada produce una salida compleja de 160 bits de salida, 80 para seguridad del mensaje y 80 para la identificación del mensaje (20 bytes) denominada ‘digestión’.

    SHA-2, que es una función hash (digestión o resumen) de un solo sentido tal que para cualquier entrada produce una salida compleja de 256 bits de salida, 128 para seguridad del mensaje y 128 para la identificación del mensaje  (32 bytes) denominada ‘digestión’.

    RSAPrivateEncrypt, que utiliza la clave privada del emisor para encriptar la digestión del mensaje.

    RSAPublicDecrypt, que utiliza la clave pública del emisor para desencriptar la digestión del mensaje”.

    De este modo, el SAT reconoce que:

    “La referencia al consorcio W3 descrita en este documento es de carácter puramente tecnológico, todos los lineamientos que ahí se describen corresponden a un lenguaje de programación que no pueden traducirse a la forma y sintaxis de otro idioma como el español. Dicho lenguaje de programación es de uso exclusivo de los sistemas informáticos y no para uso del contribuyente o usuario final”.

                Además el documento técnico indica:

    “Por esta razón es necesario que el código de los archivos XML contenga ese tipo de referencias al W3, de no establecerse sería imposible definir esquemas asociados a mensajes XML, y por lo tanto el SAT no podría validar la forma y sintaxis del mensaje”.

                De lo antes transcrito, se aprecia la franca violación a las Jurisprudencias citadas, lo que conlleva la inconstitucionalidad del nuevo anexo 24 y su documento técnico.

    SEXTO.- Por lo antes expresado, se aprecia que no se eliminó la inconstitucionalidad señalada por la Corte y será derecho de los gobernados, ejercer su derecho a la defensa en materia fiscal, a través de cualquiera de estos métodos:

    1. Si hay un requerimiento para subir la información contable, atenderlo exponiendo las causas y razones por la que no es posible cumplir.
    2. Si la autoridad tributaria multa, se podrá interponer recurso de revocación o juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, teniendo treinta días para ello.
    3. Combatir la regla general, por vicios propios, ante el TFJA, al ser su primer acto de aplicación (combate a reglas generales).
    4. Ir al Juicio de Amparo, por la inconstitucionalidad de la actuación de la autoridad y la transgresión a las Jurisprudencias relativas, lo que es violatorio de “Derechos Humanos”.

    En espera que estas notas le sean útiles, le pedimos, como dice un conductor de televisión: “No se deje”.

     

     

    NOTAS:

    1

    A continuación, anotamos la parte relativa de uno de los fallos citados:

    “Finalmente, la parte disconforme sostiene la inconstitucionalidad del anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2015, por vulnerar los derechos de legalidad y seguridad jurídica, ya que para cumplir con las disposiciones relacionadas con la obligación de llevar una contabilidad en medios electrónicos, establece diversos formatos como lo son: “de catálogo de cuentas, de balanza de comprobación, de pólizas del periodo; de reporte auxiliar de folios, de reporte auxiliar de cuentas y/o subcuentas y formato de sello digital de contabilidad electrónica”; los cuales, a su decir, deben sujetarse –además- a lo dispuesto por el consorcio w3 en la página electrónica http://www.w3.org.

     

    Aduce que la referida remisión constituye un reenvío ilegal, puesto que el consorcio w3 no forma parte de ningún órgano del Estado que pudiera dotar de obligatoriedad los lineamientos que establece para la generación de los archivos XML, ni tampoco se desprende de ningún ordenamiento legal esas facultades.

     

    Además señala que la mencionada página electrónica, cuyas disposiciones deben ser observadas conforme al anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2015, se encuentran en idioma inglés, a pesar de que el artículo 4 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas establece que el español es la lengua nacional; y el artículo 33 apartado B, fracción XI, del Reglamento del Código Fiscal de la Federación dispone que la contabilidad debe plasmarse en idioma español.

    Lo cual resulta esencialmente fundado.

    Ello es así, ya que sobre el particular esta Segunda Sala se ha pronunciado en el sentido de que el referido Anexo 24 de la Resolución de Miscelánea Fiscal para dos mil quince, viola los derechos de legalidad y seguridad jurídica de los contribuyentes.

    Lo anterior, ya que al establecer las reglas de estructura planteadas dentro del estándar de los formatos respectivos para cumplir con la obligación de llevar la contabilidad en medios electrónicos, la autoridad administrativa dispuso que el contribuyente que utilice dicho estándar deberá sujetarse tanto a las disposiciones fiscales vigentes, como a los lineamientos técnicos de forma y sintaxis para la generación de archivos XML especificados por el consorcio w3. Lo que significa que con dicha remisión la autoridad excedió los límites de la habilitación legal que le fue conferida a través del artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, al encomendar al consorcio referido la labor de desarrollar las disposiciones correspondientes para hacer operativo el sistema; lo que además de la insubordinación jerárquica que esa actuación provoca, ocasiona inseguridad jurídica al gobernado, al obligarlo a cumplir con ciertos lineamientos emitidos “por una comunidad internacional” y no por una autoridad competente, bajo algún procedimiento de creación normativa o bajo determinadas exigencias mínimas de fundamentación y motivación. Máxime que, al establecer los lineamientos y formatos respectivos para cumplir con la obligación de llevar la contabilidad en medios electrónicos, tenía la obligación de hacerlo en idioma castellano o español, a fin de brindar seguridad jurídica a los contribuyentes al permitirles conocer plenamente la forma de operar los formatos establecidos al efecto, lo cual no se hizo, ya que al ingresar a la página de Internet http://www.w3.org., se advierte que su contenido está en el idioma inglés; de ahí que el Anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, viola los derechos a la legalidad y a la seguridad jurídica.

    Tales consideraciones se desprenden de la tesis 2a. LXX/2016 (10a.), de rubro:

    “CONTABILIDAD ELECTRÓNICA. EL ANEXO 24 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2015, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 5 DE ENERO DE 2015, VIOLA LOS DERECHOS A LA LEGALIDAD Y A LA SEGURIDAD JURÍDICA.” [1]

    Consecuentemente, lo procedente es conceder a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, para el efecto de que se le desincorpore de su esfera jurídica la obligación de atender los lineamientos técnicos de forma y sintaxis para la generación de archivos XML especificados por el consorcio w3, establecidos en la página de internet  http://www.w3.org., ya que como se pudo observar, además de que son emitidos por una comunidad internacional (privada), que no goza de facultades para hacerlo, se encuentran en un idioma diverso al castellano o español; todo lo cual, vulnera el derecho de seguridad jurídica de la parte quejosa.

    Lo anterior, de acuerdo a lo establecido en la tesis 2ª.XCVII/2016 (10a.), de rubro:

    “CONTABILIDAD ELECTRÓNICA. EFECTOS DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO CONTRA EL ANEXO 24 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA EL 2015, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 5 DE ENERO DE 2015.”[2] 

    ……………………………………………………………………………………………..

    • Conceder el amparo a la parte quejosa contra los siguientes actos:
    • El Anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal de dos mil quince, para el efecto de que se le desincorpore de su esfera jurídica la obligación de atender los lineamientos técnicos de forma y sintaxis para la generación de archivos XML especificados por el consorcio w3, establecidos en la página de internet http://www.w3.org., hasta en tanto el Servicio de Administración Tributaria formule y publique en alguno de los medios a su alcance los lineamientos a seguir para la generación de archivos XML, en idioma español; y

    ……………………………………………………………………………………………….CUARTO. La Justicia de la Unión ampara y protege a la parte quejosa en contra del artículo 53-B, fracción IV, párrafo segundo, del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil quince y del anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil quince, para los efectos precisados en el último considerando de este fallo.

    …………………………………………………………………………”.

    2

    De la simple lectura de estos preceptos, se aprecia que el SAT no tiene facultades para traducir textos de un idioma extranjero al español, veamos:

    Ley del SAT.

    “De las Atribuciones

     

    Artículo 7o. El Servicio de Administración Tributaria tendrá las atribuciones siguientes:

    1. Recaudar los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos federales y sus accesorios de acuerdo a la legislación aplicable;
    2. Dirigir los servicios aduanales y de inspección, así como la Unidad de Apoyo para la Inspección Fiscal y Aduanera;

    III.        Representar el interés de la Federación en controversias fiscales;

    1. Determinar, liquidar y recaudar las contribuciones, aprovechamientos federales y sus accesorios cuando, conforme a los tratados internacionales de los que México sea parte, estas atribuciones deban ser ejercidas por las autoridades fiscales y aduaneras del orden federal;
    2. Ejercer aquéllas que, en materia de coordinación fiscal, correspondan a la administración tributaria;
    3. Solicitar y proporcionar a otras instancias e instituciones públicas, nacionales o del extranjero, el acceso a la información necesaria para evitar la evasión o elusión fiscales, de conformidad con las leyes y tratados internacionales en materia fiscal y aduanera;

    VII.      Vigilar y asegurar el debido cumplimiento de las disposiciones fiscales y aduaneras y, en su caso, ejercer las facultades de comprobación previstas en dichas disposiciones;

    VIII.     Participar en la negociación de los tratados internacionales que lleve a cabo el Ejecutivo Federal en las materias fiscal y aduanera, así como celebrar acuerdos interinstitucionales en el ámbito de su competencia;

    1. Proporcionar, bajo el principio de reciprocidad, la asistencia que le soliciten instancias supervisoras y reguladoras de otros países con las cuales se tengan firmados acuerdos o formen parte de convenciones internacionales de las que México sea parte, para lo cual, en ejercicio de sus facultades de vigilancia, podrá recabar respecto de los contribuyentes y terceros con ellos relacionados, la información y documentación que sea objeto de la solicitud.
    2. Fungir como órgano de consulta del Gobierno Federal en las materias fiscal y aduanera;
    3. Localizar y listar a los contribuyentes con el objeto de ampliar y mantener actualizado el registro respectivo;

    XII.      Allegarse la información necesaria para determinar el origen de los ingresos de los contribuyentes y, en su caso, el cumplimiento correcto de sus obligaciones fiscales.

    XIII.     Proponer, para aprobación superior, la política de administración tributaria y aduanera, y ejecutar las acciones para su aplicación. Se entenderá como política de administración tributaria y aduanera el conjunto de acciones dirigidas a recaudar eficientemente las contribuciones federales y los aprovechamientos que la legislación fiscal establece, así como combatir la evasión y elusión fiscales, ampliar la base de contribuyentes y facilitar el cumplimiento voluntario de las obligaciones de los contribuyentes.

    XIV.    Diseñar, administrar y operar la base de datos para el sistema de información fiscal y aduanera, proporcionando a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los datos estadísticos suficientes que permitan elaborar de manera completa los informes que en materia de recaudación federal y fiscalización debe rendir el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión.

    1. Contribuir con datos oportunos, ciertos y verificables al diseño de la política tributaria.

    XVI.    Emitir las disposiciones de carácter general necesarias para el ejercicio eficaz de sus facultades, así como para la aplicación de las leyes, tratados y disposiciones que con base en ellas se expidan.

    XVII.   Emitir los marbetes y los precintos que los contribuyentes deban utilizar cuando las leyes fiscales los obliguen, y

    XVIII. Las demás que sean necesarias para llevar a cabo las previstas en esta Ley, su reglamento interior y demás disposiciones jurídicas aplicables”.

    Reglamento Interior del SAT.

    “Del Jefe del Servicio de Administración Tributaria

    Artículo 8.- El Jefe del Servicio de Administración Tributaria es la máxima autoridad administrativa de este órgano administrativo desconcentrado, a quien le corresponde originalmente el trámite y resolución de los asuntos de la competencia de dicho órgano y ejercerá, además de las facultades previstas en el artículo 14 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, las siguientes:

    1. Participar con la representación del Servicio de Administración Tributaria en reuniones de organismos internacionales en que se traten temas fiscales y aduaneros;
    2. Representar al Secretario de Hacienda y Crédito Público en controversias fiscales, excepto en materia de amparo, cuando dicho servidor público actúe como autoridad responsable, conforme a lo previsto en el artículo 7o., fracción III de la Ley del Servicio de Administración Tributaria;

    III.    Proponer la celebración de sesiones extraordinarias de la Junta de Gobierno del Servicio de Administración Tributaria;

    1. Constituir las instancias de consulta y los comités especializados a que se refiere el artículo 19 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria; emitir los lineamientos para la integración y funcionamiento de dichas instancias de consulta y comités especializados, del Comité de Impuestos Internos y del Comité de Aduanas y Comercio Exterior, así como aprobar los procedimientos para el análisis y discusión de políticas operativas y administrativas en las materias de la competencia de cada uno de dichos comités y para la emisión por parte de éstos de las recomendaciones que procedan a las unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria y presidirlos;
    2. Aprobar los asuntos que no requieran autorización de la Junta de Gobierno del Servicio de Administración Tributaria;
    3. Aprobar el plan estratégico y supervisar el proceso de planeación estratégica del Servicio de Administración Tributaria;

    VII.   Presidir la Comisión del Servicio Fiscal de Carrera a que se refiere la Ley del Servicio de Administración Tributaria;

    VIII.  Supervisar la integración del programa anual de mejora continua del Servicio de Administración Tributaria;

    1. Evaluar el funcionamiento de las unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria y, en su caso, expedir o instruir la expedición de los lineamientos para el análisis, control y evaluación de los procedimientos internos del Servicio de Administración Tributaria;
    2. Autorizar a servidores públicos del Servicio de Administración Tributaria para que realicen actos y suscriban documentos específicos;
    3. Supervisar la administración de los recursos humanos, financieros y materiales asignados a las unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria;

    XII.   Nombrar y remover a los servidores públicos del Servicio de Administración Tributaria, así como a los funcionarios fiscales de libre designación, en términos del Estatuto del Servicio Fiscal de Carrera y demás disposiciones jurídicas aplicables;

    XIII.  Crear grupos de trabajo necesarios para la adecuada interpretación de la legislación fiscal y aduanera, considerando la participación que corresponda a las unidades administrativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

     XIV. Supervisar que se otorguen las prestaciones de carácter social y cultural, así como que se lleven a cabo las actividades de capacitación del personal del Servicio de Administración Tributaria, de acuerdo con las normas y principios establecidos por la Comisión del Servicio Fiscal de Carrera y demás disposiciones jurídicas aplicables;

    1. Otorgar las autorizaciones previstas por las disposiciones fiscales y aduaneras;

    XVI. Modificar o revocar las resoluciones administrativas de carácter individual no favorables a un particular de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, que emitan las unidades administrativas adscritas a él;

    XVII. Expedir los acuerdos por los que se deleguen facultades a los servidores públicos o a las unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria; se determinen la circunscripción territorial de las aduanas y las secciones aduaneras de las aduanas, subsedes de las administraciones desconcentradas de la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior; se constituyan sedes de las unidades administrativas centrales fuera de la Ciudad de México y aquéllos por los que se apruebe la ubicación de sus oficinas en el extranjero y designar a los servidores públicos adscritos a dichas oficinas;

    XVIII. Proporcionar a las autoridades competentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la información que requieran para la evaluación y diseño de la política fiscal y aduanera, y para elaborar los informes que la Secretaría esté obligada a presentar;

    XIX. Celebrar contratos, convenios y, en general, toda clase de actos jurídicos directamente vinculados con el desarrollo de las atribuciones del Servicio de Administración Tributaria o relacionados con la administración de los recursos humanos, materiales y financieros que le sean asignados;

    1. Solicitar opinión a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente sobre la interpretación de las disposiciones fiscales y aduaneras, y

    XXI. Aquellas que le confieren al Servicio de Administración Tributaria el Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos y su Reglamento y otras disposiciones jurídicas aplicables.

    ……………………………………………………………………………………………….

     

    De la Administración General Jurídica

    Artículo 35.- Compete a la Administración General Jurídica:

    ……………………………………………………………………………………………..

    III.    Elaborar y proponer para aprobación superior, las disposiciones administrativas de carácter general que corresponda emitir al Servicio de Administración Tributaria, con la participación de las unidades administrativas competentes de dicho órgano administrativo desconcentrado y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

    ……………………………………………………………………………………………….

    Atentamente.

    Ciudad de México, 26 de septiembre de 2016.- En suplencia por ausencia del Jefe del Servicio de Administración Tributaria, con fundamento en el artículo 4, primer párrafo del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria vigente, firma el Administrador General Jurídico, Jaime Eusebio Flores Carrasco.- Rúbrica”.

    3

    Para darle validez a una traducción se requiere un perito en la materia y la intervención de una autoridad competente o de un fedatario, de conformidad con los siguientes dispositivos, veamos:

    Código Federal de Procedimientos Civiles.

    “Artículo 132.- De la traducción de los documentos que se presenten en idioma extranjero, se mandará dar vista a la parte contraria, para que, dentro de tres días, manifieste si esta conforme. Si lo estuviere o no contestare la vista, se pasará por la traducción; en caso contrario, el tribunal nombrará traductor”.

    “Artículo 189.- En todo caso en que se necesiten conocimientos técnicos especiales para la apreciación de los medios de prueba a que se refiere este capítulo, oirá el tribunal el parecer de un perito nombrado por él, cuando las partes lo pidan o él lo juzgue conveniente”.

    “Artículo 271.- Las actuaciones judiciales y promociones deben escribirse en lengua española. Lo que se presente escrito en idioma extranjero se acompañará de la correspondiente traducción al castellano”.

    “Artículo 553.- Todo exhorto internacional que se reciba del extranjero en idioma distinto del español deberá acompañarse de su traducción. Salvo deficiencia evidente u objeción de parte, se estará al texto de la misma”.

     

    CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE EXHORTOS O CARTAS ROGATORIAS.

    Los Gobiernos de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos, deseosos de concertar una Convención sobre exhortos o cartas rogatorias, han acordado lo siguiente:

    1. USO DE EXPRESIONES

    Artículo 1

     Para los efectos de esta Convención las expresiones “exhortos” o “cartas rogatorias” se utilizan como sinónimos en el texto español. Las expresiones “commissions rogatoires”, “letters rogatory” y “cartas rogatórias”, empleadas en los textos francés, inglés y portugués, respectivamente, comprenden tanto los exhortos como las cartas rogatorias.

    Artículo 25

     El instrumento original de la presente Convención, cuyos textos en español, francés, inglés y portugués son igualmente auténticos, será depositado en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. Dicha Secretaría notificará a los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos y a los Estados que se hayan adherido a la Convención, las firmas, los depósitos de instrumentos de ratificación, adhesión y denuncia, así como las reservas que hubiere. También les transmitirá la información a que se refieren el párrafo segundo del Artículo 4 y el Artículo 18, así como las declaraciones previstas en los Artículos 16 y 23 de la presente Convención.

     

    LEY DEL NOTARIADO PARA EL DISTRITO FEDERAL

    “Artículo 102.- El Notario redactará las escrituras en español, sin perjuicio de que pueda asentar palabras en otro idioma, que sean generalmente usadas como términos de ciencia o arte determinados, y observará las reglas siguientes:

    ………………………………………………………………………………………………

    XVII. Cuando se presenten documentos redactados en idioma distinto al español, deberán ser traducidos por un perito reconocido como tal por autoridad competente del Distrito Federal, el notario agregará al apéndice el original o copia cotejada del documento con su respectiva traducción;

    ……………………………………………………………………………………………..”.

     

    Código Fiscal de la Federación.

    “Artículo 5. Las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares y las que señalan excepciones a las mismas, así como las que fijan las infracciones y sanciones, son de aplicación estricta. Se considera que establecen cargas a los particulares las normas que se refieren al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa.

    Las otras disposiciones fiscales se interpretarán aplicando cualquier método de interpretación jurídica. A falta de norma fiscal expresa, se aplicarán supletoriamente las disposiciones del derecho federal común cuando su aplicación no sea contraria a la naturaleza propia del derecho fiscal”. 

     

    [1] Datos de localización: Décima Época. Registro 2012377. Segunda Sala, Tesis aislada.  Semanario Judicial de la Federación. Publicación: viernes 26 de agosto de 2016. Materia (s): (común).

    [2] Datos de localización: Décima Época. Registro 2012519. Segunda Sala, Tesis aislada.  Semanario Judicial de la Federación. Publicación: viernes 09 de septiembre de 2016. Materia (s): (común).

  •  

    Fuente: DOF

    Con fecha 18 de diciembre de 2019 se publica en el Diario Oficial de la Federación la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2019 y sus anexos 1 y 1-A

     

     Baja el Documento Completo en la Siguiente Liga:

     

     

                                              

     

     

      

     

  • Fuente: SAT

    Con fecha 24 de Julio a través del portal del SAT se da a conocer la segunda versión anticipada Primera Resolución de Mdificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal 2019 y sus Anexos 1-A, 14, 23 y 24 misma que podrá bajar de la liga siguiente 

     

     

    Esperemos que pronto sea publicada en el DOF para que sea oficial.

  •  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Con fecha 14 de julio de 2020 el Servicio de Administración Tributaria (SAT) da a conocer el Cuarto Anteproyecto de la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020 y su Anexo 1-A..

      

    Fuente: www.sat.gob.mx

     

     

     

  •  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Con fecha 28 de abril de 2020 el Servicio de Administración Tributaria (SAT) da a conocer el Quinto Anteproyecto de la Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020, y sus anexos 1-A, 5, 7, 9, 14 y 23.

     

    Fuente: https://bit.ly/2W0ZmXl 

     

     

     

  • Publicado el 11 Nov a las 00:09h 

    www.gmcapacitacion.com

    La Presunción de Legalidad No es Irrestricta

    claudio-jasso3 Por: C.P. y L.D. Claudio Jasso González

    I. INTRODUCCIÓN

             Estimado lector, me resulta grato colaborar en esta edición con análisis, líneas de pensamiento, argumentos y agravios para la debida defensa fiscal estratégica en contra de las arbitrarias actuaciones de las autoridades fiscales. En la presente colaboración detectaremos y analizaremos aquellas actuaciones de los autoridades que resultan por demás inverosímiles y/o simuladas, al trastocar la lógica y razonabilidad rayando en lo absurdo, lo que nos da grandes oportunidades de obtener resultados favorables en los medios de defensa si sabemos argumentar dichas ilegalidades.

             Lo anterior es debido a que constantemente los visitadores, notificadores, ejecutores, etc. a lo largo y ancho del país, llevan a cabo diversas actuaciones (actas de visita, constancias de notificación, actuaciones dentro del procedimiento administrativo de ejecución, etc.) que rayan y atentan contra la lógica, la razón y la sana crítica, resultando inverosímil y no creíble (casi casi imposible) el contenido asentado en dichas actuaciones y/o documentales, por lo que pueden haber casos en los que a pesar de que en dichas acuaciones las autoridades hubieren plasmado o señalado ciertos hechos o circunstancas, éstos serán nulos e ilegales de pleno derecho al contravenir la lógica, la sana crítica y la razonabilidad.

             Por lo que en este espacio, analizaremos que la presunción de legalidad de los actos de la autoridad no es irrestricta, y compartiré algunos tips o consejos estratégicos para poder desvirtuarla e impugnarla debidamente, aclarando que los ejemplos y sugerencias aquí expuestos son enunciativos, más no limitativos, ya que cada caso tiene sus particularidades, además de que dependerá de la creatividad, imaginación y estilo de cada litigante o asesor el preparar y estructurar su estrategia defensiva.

    II. DESARROLLO DEL TEMA

             Iniciaremos nuestro análisis con el fundamento legal de la presunción de legalidad de los actos y/o resoluciones de las autoridades, el cual se encuentra principalmente en dos artículos a saber, el 68 del Código Fiscal de la Federación y el 42 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, mismos que respectivamente son del tenor literal siguiente:

          “Artículo 68.- Los actos y resoluciones de las autoridades   fiscales se presumirán legales. Sin embargo, dichas autoridades deberán probar los hechos que motiven los actos o resoluciones cuando el afectado los niegue lisa y llanamente, a menos, que la        negativa implique la afirmación de otro hecho.

          ARTÍCULO 42.- Las resoluciones y actos administrativos se         presumirán legales. Sin embargo, las autoridades deberán    probar los hechos que los motiven cuando el      afectado los niegue    lisa y llanamente, a menos que la negativa implique la afirmación   de otro hecho.”

    De los anteriores preceptos legales, podemos desprender los siguientes elementos para su mejor comprensión:

             * Se refiere a la presunción de legalidad a favor de los actos o resoluciones de las autoridades.

             * Pueden ser autoridades fiscales o administrativas.

             * Las autoridades deberán probar los hechos que los motiven cuando el afectado los niegue lisa y llanamente, es decir, admite prueba en contrario al tratarse de una presunción “iuris tantum”, excepto: Cuando la negativa implique la afirmación de otro hecho.

              Al respecto, cobran trascendencia las siguientes tesis específicas aplicables que detallan los alcances de la presunción de legalidad de los actos de autoridad:

     

    CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

    VI-TASR-XXXII-15

    ACTOS Y RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS. PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DE LOS.- De acuerdo con el contenido de los artículos 68 del Código Fiscal de la Federación y 42 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, los actos y resoluciones administrativas se presumen legales; ahora bien, cuando el afectado no está conforme con tales actos o resoluciones y los impugna ante un órgano jurisdiccional como en el caso lo es el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, negando lisa y llanamente los hechos que los motivan, la autoridad debe probar tales hechos, pues en caso que la autoridad demandada no los acredite, la presunción de legalidad deja de surtir efectos y, consecuentemente,mediante la declaratoria que decida en definitiva el juicio contencioso administrativo, se debe declarar la nulidad del acto o resolución administrativa impugnada; por el contrario, cuando la autoridad demandada sí prueba los hechos  que motivan sus actos impugnados, la Juzgadora cobrará convicción de la legalidad del acto de que se trata, operando de esta forma la presunción que los numerales en estudio confieren respecto a la legalidad del acto o resolución que se impugna al ser corroborada la existencia de los hechos que los motivan, pues es de explorado derecho que la presunción de legalidad a que se refieren los numerales aludidos, es una presunción relativa, es decir “iuris tantum”, al admitir prueba en contrario y, en este último caso, la Juzgadora debe reconocer la validez de dicho acto en el fallo definitivo; pues en ambos casos, una vez sometidos a la potestad jurisdiccional de esta Juzgadora, la referida presunción deja de ser tal, para que a partir del fallo definitivo se constituya la verdad legal y adquieran certeza jurídica los actos impugnados.

             Juicio Contencioso Administrativo Núm. 3901/08-05-02-7.-   Resuelto por la Segunda Sala Regional del Norte-Centro II del     Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 19 de enero de 2009, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Héctor Carrillo Maynez.- Secretario: Lic. Ernesto Alfonso Rosales Arcaute.

    R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 26. Febrero 2010. p. 314

     CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

     V-TASR-VII-1430

    PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. OBLIGACIONES INHERENTES A DICHA PRESUNCIÓN POR PARTE DE LA AUTORIDAD.- La presunción de legalidad prevista en el artículo 68 del Código Fiscal de la Federación, jurídicamente tiene el carácter de una suposición según la cual los actos de autoridad deben ser considerados apegados a las normas que los rigen; apreciación ésta que a su vez surge de la consideración de que el actuar de la autoridad es invariablemente imparcial, objetivo y neutral, esto es, que siempre se conduce cumpliendo con el deber primigenio que constitucional y legalmente tiene que es el de respetar la ley, pues se estima que proviene de funcionarios que se reputan honestos y de una probidad excepcional, y que en su condición  de autoridad pública se desempeñan siempre con rectitud, es decir, sindéresis y estricta sujeción a los mandatos que les prescriben las normas jurídicas que rigen sus actos; circunstancias antes dichas, y todas ellas, que finalmente son lasque inducen a considerar que los actos administrativos que   emiten con el carácter de resoluciones se conforman a las leyes    que los regulan, es decir, que sus actos siempre obedecen al derecho y no a otros motivos ajenos. De ahí que, si el particular aduce que la documental que acredita su cumplimiento de la Ley Aduanera, y derivado de ello la ilegalidad de la resolución  impugnada, fue exhibida ante la propia autoridad, toca ahora a dicha autoridad en consecuencia, verificar en sus archivos y registros la veracidad de tal afirmación pues la presunción de legalidad que la ley le atribuye a sus actos, a eso exactamente la obliga; sin que valga en contrario el pretender refugiarse al  amparo de lo dispuesto en el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Consecuencia antes dicha que jurídicamente se impone, precisamente, en los términos del  mencionado artículo 68 del Código Fiscal de la Federación, y también, atento a lo dispuesto en la primera parte del artículo 237 de ese mismo Ordenamiento; e igualmente, de conformidad  con el mandato a que se contrae el último párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  (26)

    Juicio No. 578/04-02-01-2.- Resuelto por la Sala Regional del Noroeste II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 28 de junio de 2004, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: José Franciso Fernández y Cuevas.-   Secretario: Lic. Lázaro Figueroa Ruiz.

    R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año V. Tomo II. No. 49. Enero 2005.   p. 599

     

             Por lo que la regla general es que el acto y/o resolución de la autoridad se presume legal, pero cuando el particular niegue de forma lisa y llana los hechos que motivan dichos actos y/o resoluciones, la autoridad tendrá la carga de probar los mismos. Esto es, ante la negativa del particular, a la autoridad le corresponde demostrar los hechos que justifican y/o apoyan sus actos y/o resoluciones, de lo contrario quedará destruida la presunción de legalidad. Ejemplo típico de este tipo de negativas en el juicio contencioso administrativo federal es la siguiente:

             “Se niega lisa y llanamente que la autoridad hubiera notificado a mi representada el oficio de observaciones.”

             Ante la anterior negativa, la autoridad deberá exhibir y acreditar en el juicio de nulidad la existencia tanto de las constancias de notificación debidamente diligenciadas, así como del oficio de observaciones.

             De donde tenemos que la presunción de legalidad de los actos administrativos no es irrestricta, es decir, no es absoluta o sagrada.

             Al respecto, veamos qué es lo que nos dice la siguiente interesante tesis específica del entonces denominado Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Adminstrativa, hoy Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para enseguida ver cómo la podemos aprovechar para desvirtuar la presunción de legalidad de los actos de autoridad:  

    REVISTA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA NÚMERO 49, SÉPTIMA ÉPOCA, AÑO V, AGOSTO DE 2015, PÁGINAS 452 Y 453:

    SALA REGIONAL DEL NOROESTE II

    CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

    VII-CASR-NOII-8

    PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DE LOS ACTOS  ADMINISTRATIVOS, NO ES IRRESTRICTA.– En términos de lo   establecido en el artículo 68 del Código Fiscal de la Federación   las actuaciones de las autoridades gozan de presunción de legalidad; sin embargo, tal condición de validez no es absoluta, al poder ser desvirtuada mediante las pruebas conducentes, cuestión que se robustece de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que prevé que en las sentencias emitidas por este Tribunal es posible la invocación de hechos notorios, los que la ley exime de demostrar, mismos que pueden derivar de la pormenorización de hechos improbables en el acta de inicio de procedimiento administrativo en materia aduanera, verbigracia en la que conste, en contra de toda lógica, que el conductor que presentó las mercancías para su revisión  física y documental ante la autoridad, permaneció en estado      de vigilia durante prácticamente tres días y medio durante tal acto de fiscalización, siendo acompañado de testigos y personal de la autoridad durante todo ese tiempo de manera ininterrumpida; circunstancia que contraría las normas generales de la experiencia, al ser evidentemente  inverosímil, por lo que es válido apartarse de lo expuesto en el acta respectiva no obstante que conste la firma de todas las personas que presumiblemente participaron en los actos ahí consignados,ya que no existe certidumbre de que la autoridad haya cumplido con el imperativo previsto en el artículo 46 de la Ley Aduanera que exige la elaboración de un acta que contenga los hechos y omisiones observados, debido a que tal actuación debe constituir un reflejo veraz y confiable de lo apreciado.

    Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1496/14-02-01-1.-   Resuelto por la Sala Regional del Noroeste II del Tribunal    Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 25 de mayo de  2015, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Lázaro  Figueroa Ruiz.- Secretario: Lic. Víctor Manuel García Torales.

     

    simulacion2La anterior tesis, si bien no es una jurisprudencia de carácter obligatorio en términos del artículo 79 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo que dice “Las Salas del Tribunal están obligadas a aplicar la jurisprudencia del Tribunal, salvo que ésta contravenga jurisprudencia del Poder Judicial Federal.”;  no menos cierto resulta que se trata de un criterio orientador con bastante lógica y racionamiento jurídico que no es difícil de comprender ni de aplicar a un caso real. Esto es así, ya que si se toma en consideración que el derecho se apoya fuertemente en la lógica y el razonamiento, cualquier desviación en estos elementos conducirá a la nulidad del acto y/o resolución de la autoridad.

    Además de que dicha tesis tiene un fuerte impacto y trascendencia en el litigio fiscal, yo diría que marca una antes y un después en lo que respecta a la presunción de legalidad de los actos de la autoridad al momento de la impugnación, pues permite apartarse de lo asentado (redactado, confeccionado) en un documento, acto y/o actuación de la autoridad, aún y cuando se hubieren recabado las firmas de los particulares que intervinieron (destinatario, representante, compareciente, testigos, etc.), CUANDO SE DETECTE O APRECIE QUE SE TRATAN DE DE HECHOS IMPROBABLES Y/O CIRCUNSTANCIAS QUE CONTRARÍAN LAS NORMAS GENERALES DE LA EXPERIENCIA, AL SER EVIDENTEMENTE INVEROSÍMILES, DEBIDO A QUE TALES ACTUACIONES NO CONSTITUYEN UN REFLEJO VERAZ Y CONFIABLE DE LO APRECIADO.

    Lo anterior no es cualquier cosa, sino que constituye un fuerte reconocimiento de la aplicación directa de la lógica, la sana crítica y la razonabilidad al calificar la legalidad de las actuaciones de las autoridades fiscales demandadas.

    Ahora bien, con sustento en la tesis antes transcrita, veamos dos ejemplos prácticos de su aplicación:

    Ejemplo 1:

    SIMULACIÓN DE ACONTECIMIENTOS EN EL ACTA FINAL DE VISITA DOMICILIARIA DEL SAT:

    visitador

    Según se hizo constar en al acta esta Inició su levantamiento a las 9:00 A.M. del 31 de marzo de 2014, y se dio por terminada dicha diligencia a las 12:00 horas del mismo día. El acta consta de 491 folios. En ellos se plasma una exhaustiva y amplia cantidad de fundamentos legales, relaciones de hechos, omisiones, detalles de más de mil trabajadores (revisaron a una persona moral en su carácter de retenedora de ISR por salarios de sus trabajadores), cantidades, conceptos, desgloses, etc. En el penúltimo folio, el 490 se señaló por parte de la visitadora la siguiente leyenda:

    LECTURA Y CIERRE DEL ACTA —————————————-

    Leída que fue la presente acta y explicado su contenido y alcance al C. PARTIDA ORTEGA JUAN ROBERTO, en su carácter de tercero de la Contribuyente visitada y no       habiendo más hechos que hacer constar, se dio por terminada esta diligencia, siendo las 12:00 horas del día 31 de marzo de 2014, levantándose en original y dos tantos de los cuales se entregó uno legible y foliado al compareciente quien al firmar de conformidad lo hace también el recibo de dicho tanto, después de firmar al final del acta y al calce o margen de  todos y cada uno de los folios, los que en ella intervinieron,    Conste. —————————————————————————-

    Fe de Errata.- todos lo testado en la presente acta no vale. ——-“

     

    Analicemos el acta final respecto a la intervención de la visitadora:

    • En 3 horas la visitadora elaboró los 491 folios del acta final.
    • En 3 horas la visitadora plasmó en los 491 folios del acta final sus determinaciones derivadas de la revisión que se supone se realizó a la documentación e información que se encuentra en el domicilio fiscal de la contribuyente. Recuérdese que al tratarse de una visita domiciliaria la contabilidad debe ser analizada en el domicilio fiscal.
    • En 3 horas la visitadora plasmó en los 491 folios del acta final los hechos, omisiones, acontecimientos, nombres de los más de 1,000 trabajadores, sus percepciones, integraciones, cantidades, cálculos, fundamentos legales, documentación e información revisada, etc.

    Continuemos examinando el acta final respecto a la intervención del tercero de la contribuyente revisada:

    • En las mismas 3 horas se leyeron los 491 folios del acta final. Acta que como ya vimos está integrada por una gran cantidad de datos, información, fundamentos, conceptos, cantidades, operaciones aritméticas, etc.
    • En esas mismas 3 horas se explicó al tercero el contenido de los 491 folios del acta final.
    • En las mismas 3 horas se explicó al tercero el alcance de los 491 folios del acta final.
    • En estas mismas 3 horas el tercero firmó los 491 folios del acta final original, así como los 491 folios de los dos tantos más de dicha acta. Por lo que tenemos que en las mismas 3 horas firmó en total 1473 folios.

    Pero la cuestión no termina ahí, ya que respecto a la intervención de los testigos se tiene lo siguiente:

    • En estas mismas 3 horas los 2 testigos firmaron los 491 folios del acta final original, así como los 491 folios de los dos tantos más de dicha acta. Por lo que tenemos que en las mismas 3 horas cada uno de los 2 testigos firmó en total 1473 folios.

    ¿Todo esto en 3 horas?

             Ahora analicemos el significado de la expresión “Leída que fue la presente acta y explicado su contenido y alcance”.

    Para lo cual se hace necesario precisar el significado de los principales verbos empleados en dicha oración o frase. Hagamos una consulta al Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua:

    http://www.rae.es/

    leído, da.

    (Del part. de leer).

    1. adj. Que ha leído mucho y es persona de muchas noticias y erudición.
    2. f. p. us. lectura (‖ acción de leer).

    ~ y escribido.

    1. loc. adj. irón. Que es instruido, lo parece o presume de serlo.

     

    explicar.

    (Del lat. explicāre).

    1. tr. Declarar, manifestar, dar a conocer lo que alguien piensa. U. t. c. prnl.
    2. tr. Declarar o exponer cualquier materia, doctrina o texto difícil, con palabras muy claras para hacerlos más perceptibles.
    3. tr. Enseñar en la cátedra.
    4. tr. Justificar, exculpar palabras o acciones, declarando que no hubo en ellas intención de agravio.
    5. tr. Dar a conocer la causa o motivo de algo.
    6. prnl. Llegar a comprender la razón de algo, darse cuenta de ello.

     

    contenido, da.

    (Del part. de contener).

    1. adj. Que se conduce con moderación o templanza.
    2. m. Cosa que se contiene dentro de otra.
    3. m. Tabla de materias, a modo de índice.
    4. m. Ling. plano del contenido.

     

    alcance.

    (De alcanzar).

    1. m. Seguimiento, persecución.
    2. m. Capacidad de alcanzar o cubrir una distancia. Alcance de la vista, de un proyectil, de una emisora de radio
    3. m. Capacidad física, intelectual o de otra índole que permite realizar o abordar algo o acceder a ello. Las cuestiones metafísicas están fuera de mi alcance
    4. m. Talento, luces. U. m. en pl.
    5. m. Saldo que, según las cuentas, está debiéndose.
    6. m. En los periódicos, noticia o sección de noticias recibidas a última hora.
    7. m. Significación, efecto o trascendencia de algoAquel desastre tuvo alcance nacional
    8. m. Esgr. Distancia que alcanza un arma blanca o negra.
    9. m. Fís. Penetración máxima de una partícula en un medio material determinado.
    10. m. Impr. Parte de un original que se distribuye a cada uno de los cajistas para su composición.
    11. m. Mil. Cantidad que en el ajuste quedaba a favor del soldado.
    12. m. Veter. alcanzadura.
    13. m. Chile y Perú. Aporte o sugerencia hecha en sesiones o debates públicos.
    14. m. p. us. Correo extraordinario que se envía para alcanzar al ordinario.

    ~ de nombre.

    1. m. Chile. Homonimia entre personas de iguales nombres y apellidos.

    al, a mi, a tu, etc., ~.

    1. locs. adjs. Fácil de conseguir. Todo está a tu alcance. U. t. c. locs. advs. Escoge entre lo que tienes a tu alcance

    andarle a alguien a, o en, los ~s.

    1. locs. verbs. irle a los alcones

    dar ~ a alguien o algo.

    1. loc. verb. Alcanzarlo, conseguirlo, apoderarse de él o de ello.

    ir alguien a, o en, los ~s de algo.

    1. locs. verbs. Estar a punto de conseguirlo.

    irle a alguien a, o en, los ~s.

    1. locs. verbs. Observar muy de cerca los pasos que da, para prenderlo, averiguar su conducta o descubrir sus manejos.

    seguir el ~.

    1. loc. verb. Mil. p. us. Perseguir al enemigo.

    □ V.

    Sello de Alcance

     

    Ya teniendo bien precisados los conceptos y/o significados de las palabras “leída”, “explicar”, “contenido” y “alcance”, reflexionemos:

    ¿De verdad se habrán leído y explicado el contenido y alcance de los 491 folios del acta final?

     Por lo que retomando y parafraseando el contenido de la tesis VII-CASR-NOII-8 de rubro “PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS, NO ES IRRESTRICTA”, publicada en la Revista del TFJFA del mes de agosto de 2015, y adecuándola al caso de una visita domiciliaria, tenemos que:

              “Estas circunstancias contrarían las normas generales de la experiencia, al ser evidentemente inverosímil, por lo que es    válido apartarse de lo expuesto en el acta respectiva no obstante que conste la firma de todas las personas que presumiblemente participaron en los actos ahí consignadosya que no existe certidumbre de que la autoridad haya cumplido con el imperativo previsto en el artículo 46  fracción I del Código Fiscal de la Federación, que exige la elaboración de actas que contengan los hechos y omisiones observados, debido a que tal actuación debe constituir un    reflejo veraz y confiable de lo apreciado.”

     Posibles estrategias que podemos implementar para robustecer el argumento de nulidad: al firmar el acta el tercero, que plasme alguna de las siguientes leyendas que se proponen:

          Manifiesto bajo protesta de decir verdad que no me fue leída el acta final, ni explicado su contenido ni alcance.

              Manifiesto bajo protesta de decir verdad que no me fue leída el acta final, la cual está integrada por 491 folios, ni  explicado su contenido ni alcance.

              Manifiesto bajo protesta de decir verdad que no me fueron leídos los  491 folios del acta final, ni explicado sus  contenidos ni alcances.

              Y cuando los testigos firmen el acta, que manifiesten que atestiguaron el dicho del tercero, es decir, que los testigos hagan constar que es cierto el dicho del tercero en el  sentido de que no le fue leída el acta final integrada por 491 folios, ni explicado su contenido ni alcance.

     Filmar (videograbar) con un teléfono celular el desarrollo de acta final.

    Reconstrucción de hechos.

    Solicitar al TFJA (C. Magistrado y/o Secretario de Acuerdos)   que se señale fecha y hora para dar lectura al acta final y    tomar tiempos.

    Comentarios: hay que ejercer nuestros derechos y saber aprovechar a los testigos. Pues de nada serviría tener ilegalidades que no se puedan demostrar.

    Ejemplo 2:

    DILIGENCIAS SIMULADAS DEL IMSS Y CÓMO IMPUGNARLAS.

    notificador-imss

    Ilegalidad absoluta tanto del citatorio así como del acta circunstanciada del citatorio ambos de fechas 22 de septiembre de 2014, para dar a conocer los créditos fiscales 143003514 y 148003514, en virtud de que resulta material y físicamente imposible que la misma persona, es decir, la C. Notificadora Guadalupe del Carmen Basurto Hernández, estuviera elaborando simultáneamente al mismo tiempo (de las 10:00 a las 10:05 horas) del mismo día 22 de septiembre de 2014 dos documentos diferentes, como lo son el citatorio así como un acta circunstanciada del citatorio, ya que no se pueden iniciar y terminar de redactar y escribir 2 documentos al mismo tiempo de forma simultánea por la misma persona, y mucho menos con la misma hora de inicio y de terminación. Por lo cual, ante hechos inverosímiles e imposibles y hasta contradictorios (o estaba redactando un citatorio o estaba elaborando un acta circunstanciada del citatorio en ese lapso temporal), lo procedente es declarar la ilegalidad integral de dichas documentales y actuaciones y por consiguiente de la posterior notificación al ser fruto de actos viciados; se reitera, resulta materialmente imposible e inverosímil que la C. Notificadora hubiera elaborado de su puño y letra a la misma hora de inicio 10:00 un citatorio y un acta circunstanciada del citatorio, así como haber terminado de redactar dichos documentos a la misma hora 10:05, máxime que supuestamente los realizó ella misma sin apoyo de nadie pues en las actas no se hizo constar que otra persona facultada le hubiera auxiliado en su confección, entonces, ¿cómo pudo haber iniciado y terminado a las mismas horas 2 documentos diferentes de su puño y letra? A lo anterior súmese el que la C. notificadora tan solo contó con escasos 5 minutos para elaborar los 2 documentos lo que evidencia aún más la imposibilidad tanto física como material para efectuar dichas actuaciones en dichos tiempos y condiciones.

    Es materialmente imposible haber practicado dos diligencias y/o redactado dos documentos al mismo tiempo de forma simultánea por una misma persona.

    Resulta inverosímil y ajeno a la realidad haber iniciado ambas diligencias a la misma hora y haberlas terminado a la misma hora del mismo día, ambas por la misma persona.

    Es imposible haber realizado ambas diligencias al mismo tiempo por la misma persona.

    Resulta físicamente imposible para una sola persona, haber elaborado y redactado simultáneamente a la misma hora de inicio y haber terminado a la misma hora 2 documentos.

    Se niega lisa y llanamente que sea cierta y real la elaboración simultánea de los 2 documentos por la misma notificadora.

    Se niega lisa y llanamente que el citatorio y el acta circunstanciada del citatorio contengan hechos reales, creíbles y verdaderos.

    Se niega lisa y llanamente que sea real y apegado a la verdad el  contenido del citatorio y del acta circunstanciada del citatorio.

    Se niega lisa y llanamente que la misma notificadora pudiera iniciar a la misma hora la elaboración simultanea de 2 documentos diversos así como haberlos terminada a la misma hora.

    Esto es porque en el documento denominado “Citatorio” de fecha 22 de septiembre de 2014, la C. Notificadora Guadalupe —————— señala que dicha diligencia de citación la inició a las 10:00 horas y la terminó de efectuar y redactar el citatorio a las 10:05 horas del mismo día.

    Y a su vez, en el documento identificado como “Acta Circunstanciada del Citatorio”, también de fecha 22 de septiembre de 2014, nuevamente la C. Notificadora Guadalupe ——————- señala que dicha acta la inició a las 10:00 horas y la terminó de redactar o elaborar ella misma a las 10:05 horas del mismo día.

    Lo cual resulta del todo falso, inverosímil imposible, ilegal y hasta contradictorio.

    Para una mejor comprensión e ilustración de las ilegalidades vertidas, a continuación se insertan las imágenes escaneadas de dichos documentos:

    Respecto al citatorio del 22 de septiembre de 2014:

    citatorio-jasso-1

    De este documento, se observa que la C. Notificadora inició la diligencia a las 10:00 horas del día 22 de septiembre de 2014, y que lo terminó de elaborar a las 10:05 horas del mismo día.

    A continuación veamos cómo se encuentra redactada el “Acta circunstanciada del citatorio” también del 22 de septiembre de 2014:

    citatorio-jasso-2

     

    De esta “Acta Circunstanciada del Citatorio”, se observa que la C. Notificadora también la comenzó a redactar a las mismas 10:00 horas del mismo día 22 de septiembre de 2014, e igualmente la terminó de elaborar a las 10:05 horas del mismo día.

    Por lo que estamos en presencia de 2 documentos que describen supuestas diligencias llevadas a cabo por la misma persona a la misma hora de inicio y finalizados a la misma hora, supuestamente redactados por la misma persona, la C. Notificadora Guadalupe ——————.

    Por lo que resulta bastante evidente y notorio que dichos documentos no pudieron haber sido confeccionados de forma simultánea por la misma persona.

    De donde se tiene que los mismos resultan totalmente ilegales y contrarios a derechos, al resultar inverosímiles, contradictorios y falsos.

    Igualmente resultan contradictorios entre sí dichos documentos, pues en 1 se dice que la diligencia se inició a las 10:00 y se terminó a las 10:05 del mismo día.

    Y en el otro se dice que dicha diligencia también se inició a las 10:00 horas y se finalizó igualmente a las 10:05 horas del mismo día.

    Y en ambos documentos se señala como persona que practicó dichas diligencias a la misma, es decir, a la C. Guadalupe ————–.

    ¿Cómo puede ser posible esto?

    Se niega lisa y llanamente que fuera posible y materialmente real efectuar dos diligencias de forma simultánea por la misma persona.

    Se niega lisa y llanamente que sean legales el citatorio y el acta circunstanciada del citatorio de fecha 22 de septiembre de 2014.

    Se niega lisa y llanamente que sean creíbles, verdaderas y ciertas dichas diligencias de citatorio y acta circunstanciada del citatorio.

    Al respecto, resultan aplicables las siguientes jurisprudencias y tesis temáticas:

    REVISTA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y  ADMINISTRATIVA NÚMERO 49, SÉPTIMA ÉPOCA, AÑO V, AGOSTO DE 2015, PÁGINAS 452 Y 453:

    SALA REGIONAL DEL NOROESTE II

    CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

    VII-CASR-NOII-8

    PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS, NO ES IRRESTRICTA.– En términos de lo establecido en el artículo 68 del Código Fiscal de la Federación las actuaciones de las autoridades gozan de presunción de legalidad; sin embargo, tal condición de validez no es absoluta, al poder ser desvirtuada mediante las pruebas conducentes, cuestión que se robustece de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que prevé que en las sentencias emitidas por este Tribunal es posible la invocación de hechos notorios, los que la ley exime de demostrar, mismos que pueden derivar de la pormenorización de hechos improbables en el acta de inicio de procedimiento administrativo en materia aduanera, verbigracia en la que conste, en contra de toda lógica, que el conductor que presentó las mercancías para su revisión física y documental ante la autoridad, permaneció en estado de vigilia durante prácticamente tres días y medio durante tal acto de fiscalización, siendo acompañado de testigos y personal de la autoridad durante todo ese tiempo de manera ininterrumpida; circunstancia que contraría las normas generales de la experiencia, al ser evidentemente inverosímil, por lo que es válido apartarse de lo expuesto en el acta respectiva no obstante que conste la firma de todas las personas que presumiblemente participaron en los actos ahí consignadosya que no existe certidumbre de que la autoridad haya cumplido con el imperativo previsto en el artículo 46 de la Ley Aduanera que exige la elaboración de un acta que contenga los hechos y omisiones observados, debido a que tal actuación debe constituir un reflejo veraz y confiable de lo apreciado.

    Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1496/14-02-01-1.- Resuelto por la Sala Regional del Noroeste II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 25 de mayo de 2015, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Lázaro Figueroa Ruiz.- Secretario: Lic. Víctor Manuel García Torales.

    Novena Época

    Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.

    Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
    Tomo: IX, Abril de 1999

    Tesis: VI.2o.138 A

    Página: 632

    VISITA DOMICILIARIA. EL ACTA EN QUE SE HACE CONSTAR ES ILEGAL, SI EN ELLA SE CONTIENEN HECHOS CONTRADICTORIOS. Si en el acta levantada con motivo del desahogo de una orden de visita domiciliaria relativa a la expedición de comprobantes fiscales, se hace constar por una parte, que tal diligencia se entendió con la encargada de la negociación visitada y por otra, se indica que los visitadores exhibieron sus identificaciones al destinatario de la citada orden de visita, es evidente que la repetida acta es ilegal por asentarse en ella hechos contradictorios, pues no obstante que se mencionó que la actuación administrativa se desarrolló con la persona que tenía bajo su cargo la negociación visitada en el momento de practicarse la misma, de modo incongruente se asentó que el personal actuante mostró sus identificaciones al propio contribuyente, cuando en realidad la identificación se debió haber hecho con quien se entendió la diligencia, por lo que tal incongruencia ocasiona la ilegalidad de la resolución administrativa dictada con base en la referida acta.

    SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.

    Amparo directo 449/98. Mauricio Dib Thomé. 4 de marzo de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Antonio Meza Alarcón. Secretario: Enrique Baigts Muñoz.

    Tesis: III-TASS-1412

    R.T.F.F. Año III. No. 25. Enero 1990. Pág.: 36

    Aislada Tercera Época.

    Pleno

    Materia: PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

    (NOTIFICACIONES)

    NOTIFICACIONES DE UN ACTO DE AUTORIDAD.- SU REALIZACIÓN DEBE CONSTAR FEHACIENTEMENTE POR LA TRASCENDENCIA DE LAS CONSECUENCIAS QUE PRODUCE.- En nuestro sistema jurídico la autoridad administrativa, dentro de la órbita de sus atribuciones, puede emitir resoluciones que afecten a los particulares estableciendo obligaciones que deben cumplir. Por otro lado, conforme al mismo sistema, los particulares afectados por una resolución administrativa pueden optar por dos caminos: consentirla, acatando la decisión, o combatirla, tratando de demostrar su ilegalidad. Pero en ambos casos es imprescindible, para que se produzca la vinculación entre el sujeto y la determinación administrativa, que conste fehacientemente que se notificó la resolución al particular. (56)

    Revisión No. 1361/86.- Resuelta en sesión de 17 de enero de 1990, por unanimidad de 7 votos.- Magistrado Ponente: Carlos Franco Santibáñez.- Secretario: Lic. Antonio Romero Moreno.

    PRECEDENTE:

    Revisión No. 1827/85.- Resuelta en sesión de 23 de abril de 1986, por unanimidad de 8 votos.- Magistrado Ponente: José Antonio Quintero Becerra.- Secretario: Lic. Mario Bernal Ladrón de Guevara

    En este orden de ideas, la forma y términos en que se encuentran redactados tanto el citatorio, así como el acta circunstanciada del citatorio, ambos del 22 de septiembre de 2014, transgreden flagrantemente nuestros derechos humanos y fundamentales de legalidad, seguridad jurídica y formalidades esenciales del procedimiento contenidos en los numerales 1°, 14 y 16 de la Carta Magna, artículo 7° punto 1 del Pacto de San José Costa Rica, en relación con los arábigos 38, 134, 135, 136 y 137 del Código Fiscal de la Federación, pues mi representada no supo a qué atenerse ante tales hechos tan inverosímiles e imposibles, por lo que se deberá declarar la ilegalidad tanto del citatorio así como del acta circunstanciada del citatorio, ambas de fecha 22 de septiembre de 2014, y por consecuencia inmediata declarar ilegal el acta de notificación del 23 de septiembre de 2014, al ser fruto de actos viciados.

    Comentarios: usemos la creatividad y pensemos qué otros medios de prueba nos pueden auxiliar para acreditar las ilegalidades explicadas, aparte de las propias documentales y la interesante tesis del TFJA del mes de agosto de 2015. Sugiero la siguiente de manera enunciativa, más no limitativa:

             * Prueba de inspección con el carácter de reconstrucción de hechos.

    Dicha prueba se encuentra reconocida en el siguiente criterio de los tribunales del Poder Judicial de la Federación:

    Época: Novena Época

    Registro: 177849

    Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

    Tipo de Tesis: Aislada

    Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

    Tomo XXII, Julio de 2005

    Materia(s): Penal

    Tesis: I.7o.P.66 P

    Página: 1507

    RECONSTRUCCIÓN DE HECHOS. EL ARTÍCULO 144 DELCÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL QUE PREVÉ LA FACULTAD DEL JUEZ O TRIBUNAL DE PRACTICAR ESTA PRUEBA DE  INSPECCIÓN, NO ES CONTRARIO AL ARTÍCULO 20, APARTADO A, FRACCIÓN V, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

    El artículo 144 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal establece fundamentalmente que la prueba de inspección con el carácter de reconstrucción de hechos podrá practicarse a juicio del Juez o tribunal, una vez terminada la  instrucción o durante la vista del proceso, siempre que la naturaleza del hecho delictuoso y las pruebas así lo exijan, con el objeto de apreciar las declaraciones y/o dictámenes periciales que se hayan rendido; lo cual no resulta contrario al artículo 20, apartado A, fracción V, constitucional, toda vez que dicha   facultad no es arbitraria, sino que se circunscribe legalmente a la valoración de los factores taxativamente previstos en dicho  dispositivo, esto es, el Juez o tribunal deberá, de conformidad con la naturaleza del hecho y en atención a las pruebas que al   respecto obren en la causa, establecer la pertinencia o no de la   admisión y desahogo de dicha prueba, y para que su resolución se encuentre debidamente motivada y fundamentada, basta hacer mención de los aspectos sobresalientes que revisten verdadera importancia, para enfatizar aquellos factores que no determinan la idoneidad de dicha prueba; por lo que es  indudable que el precepto en análisis se ajusta al orden constitucional.

    SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL    PRIMER CIRCUITO.

    Amparo directo 657/2005. 14 de abril de 2005. Unanimidad de      votos. Ponente: Ricardo Ojeda Bohórquez. Secretario: Alejandro    Gómez Sánchez.

    Respecto a las pruebas en el juicio de nulidad, el artículo 40 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administratvio señala lo siguiente:

    CAPÍTULO V

    De las Pruebas

     “ARTÍCULO 40.- En los juicios que se tramiten ante este Tribunal, el actor que pretende se reconozca o se haga efectivo     un derecho subjetivo, deberá probar los hechos de los que deriva    su derecho y la violación del mismo, cuando ésta consista en hechos positivos y el demandado de sus excepciones.

    En los juicios que se tramiten ante el Tribunal, serán admisibles toda clase de pruebas, excepto la de confesión de     las autoridades mediante absolución de posiciones y la petición  de informes, salvo que los informes se limiten a hechos que consten en documentos que obren en poder de las autoridades.

    Las pruebas supervenientes podrán presentarse siempre que no se haya dictado sentencia. En este caso, se ordenará dar vista a la contraparte para que en el plazo de cinco días exprese lo que a su derecho convenga.”

     

    ¿Qué nos dice el Código Federal de Procedimientos Civiles?

    “ARTICULO 93.- La ley reconoce como medios de prueba:

    I.- La confesión.

    II.- Los documentos públicos;

    III.- Los documentos privados;

    IV.- Los dictámenes periciales;

    V.- El reconocimiento o inspección judicial;

    VI.- Los testigos;

    VII.- Las fotografías, escritos y notas taquigráficas, y, en general, todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de    la ciencia; y

     VIII.- Las presunciones.

    ARTICULO 94.- Salvo disposición contraria de la ley, lo dispuesto en este título es aplicable a toda clase de negocios.”

     

    Recordemos que dicho código procesal es de aplicación supletoria al juicio contencioso administrativo federal, por disposición expresa del numeral 1° de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo:

     

    “ARTÍCULO 1o.- Los juicios que se promuevan ante el Tribunal   Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se regirán por las disposiciones de esta Ley, sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados internacionales de que México sea parte. A falta de disposición expresa se aplicará supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles, siempre que la disposición de este último ordenamiento no contravenga las que regulan el juicio contencioso administrativo federal que establece esta Ley.”

     

    Reflexión: al resultar ilegales los citatorios, también lo serán las diligencias de notificación plasmadas en sus respetivas actas o constancias, por lo que se recomienda esgrimir o formular un agravio específico donde se haga valer que al resultar ilegales los citatorios también lo son las constancias de notificación por ser frutos y consecuencias de dichos citatorios.

    Ahora bien, recordemos que al ser ilegal una notificación, esto trae como consecuencia diversos efectos, los cuales podemos manejar de forma estratégica a nuestro favor, como lo son:

          * Rescatar un término temporal /o procesal.

          * Anular una resolución por tener conocimiento fuera del plazo  máximo legal. Ejemplo: art. 50 del CFF.

          * Que dicha constancia de notificación no es apta ni idónea para acreditar que la resolución o acto se entregó en original con firma autógrafa del funcionario emisor,

    Tal como se corrobora con las siguientes tesis temáticas:

    REVISTA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA NÚMERO 47, SÉPTIMA ÉPOCA, AÑO V, JUNIO DE 2015, PÁGINAS 276 Y 277:    

    CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

     VII-CASR-1NE-8

    FIRMA AUTÓGRAFA. SI LAS CONSTANCIAS DE NOTIFICACIÓN RELATIVAS A LA RESOLUCIÓN  IMPUGNADA NO CUMPLEN CON LAS FORMALIDADES PREVISTAS POR EL ARTÍCULO 137 DEL CÓDIGO FISCAL  DE LA FEDERACIÓN, NINGÚN VALOR LEGAL PUEDEN SURTIR, Y POR TANTO, CARECE DE VALIDEZ LO    ASENTADO EN ELLAS EN EL SENTIDO DE QUE EL PARTICULAR RECIBIÓ EL ORIGINAL CON FIRMA  AUTÓGRAFA DE LA CITADA RESOLUCIÓN.- Ciertamente la   Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 110/2014, de rubro “FIRMA AUTÓGRAFA   DEL ACTO IMPUGNADO EN EL JUICIO DE NULIDAD. FORMA   DE CUMPLIR CON LA CARGA PROBATORIA CUANDO LA AUTORIDAD AFIRMA QUE LA CONTIENE”, sostuvo esencialmente que la afirmación de la demandada de que la resolución combatida contiene firma autógrafa de la autoridad  emisora que entregó al momento de su notificación al interesado, se demuestra y se cumple con la carga de la prueba, con la exhibición de la constancia del acta levantada al efecto; sin  embargo, aun cuando en el juicio contencioso administrativo se hubiere colmado dicha carga procesal, si las constancias de notificación aportadas por la autoridad demandada no cumplen con las formalidades previstas en los artículos 134 fracción I y 137 del Código Fiscal de la Federación, dicha circunstancia trae como consecuencia la ineficacia probatoria de lo asentado en ellas, en el sentido de que fue entregada la resolución impugnada en original con firma autógrafa a la persona que atendió la diligencia, pues el acta de notificación, como documento formal y su contenido,  resultan ilegales.

    Juicio Contencioso Administrativo Núm. 3063/14-06-01-8.-   Resuelto por la Primera Sala Regional del Noreste del Tribunal    Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 24 de febrero de       2015, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Raúl Lerma Jasso.- Secretario: Lic. José Mercedes Hernández Díaz.

     

    REVISTA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA NÚMERO 39, SÉPTIMA ÉPOCA, AÑO IV, OCTUBRE 2014, PÁGINAS 703 Y 704:

    CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN  

     VII-CASR-10ME-13

    FIRMA AUTÓGRAFA. CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN DECLARADA ILEGAL, NO ES APTA PARA ACREDITAR QUE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA SÍ LA CONTIENE.- En términos de lo dispuesto por el artículo 38 fracción V del Código  Fiscal de la Federación, el acto administrativo deberá tener firma  autógrafa del funcionario competente, ya que este es el signo  gráfico que otorga certeza y eficacia al mismo, además constituye la forma en que el particular tiene la certeza de su   emisión así como de su contenido, por tanto, si el actor arguye   que la resolución impugnada carece de firma autógrafa y la  autoridad para desvirtuar dicha negativa, se sustenta únicamente en la constancia de notificación de esta, en la que se indica que se le entregó un ejemplar con firma autógrafa, ello no es suficiente si la Sala analizando dicha constancia determina que es ilegal, por lo que resulta válido concluir que al no haberse notificado legalmente no puede tener la eficacia jurídica para acreditar que la resolución haya sido notificada con firma autógrafa de su emisor, ya que esta no puede  desvirtuar hechos respecto de los que no existe la certeza de que tuviera conocimiento.

    Juicio Contencioso Administrativo Núm. 12265/13-17-10-2.-  Resuelto por la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal  Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 27 de marzo de 2014, por mayoría de votos.- Magistrada Instructora: Yolanda Vergara Peralta.- Secretario: Lic. Samuel Mithzael Chávez      Marroquín.

    Registro No. 163661

     Localización:

     Novena Época

     Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

     Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

     XXXII, Octubre de 2010

     Página: 2973

     Tesis: II.4o.A.30 A

     Tesis Aislada

     Materia(s): Administrativa

     CONSTANCIAS DE NOTIFICACIÓN DECLARADAS ILEGALES. NO SON APTAS PARA DEMOSTRAR QUE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL SE NOTIFICÓ CON FIRMA AUTÓGRAFA DEL FUNCIONARIO QUE LA EMITIÓ, A PESAR DE QUE EN ELLAS SE ASIENTE TAL CIRCUNSTANCIA, NI PARA TRASLADAR LA CARGA DE LA PRUEBA RELATIVA  AL PARTICULAR.- Si bien es cierto que en términos de los artículos 42 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y 68 del Código Fiscal de la Federación, los actos y resoluciones de las autoridades fiscales, como son las  constancias de notificación, se presumen legales, también lo es que cuando éstas se declaran ilegales, no son aptas para demostrar que la resolución impugnada en el juicio contencioso administrativo federal se notificó con firma autógrafa del funcionario que la emitió, a pesar de que en ellas se asiente tal circunstancia, y mucho menos para trasladar la carga de la prueba relativa al particular, ya que éste no puede desvirtuar hechos respecto de los que no    existe la certeza de que tuviera conocimiento.  

    CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO.

    Revisión fiscal 366/2009. Subadministrador Local Jurídico de  Naucalpan. 22 de abril de 2010. Unanimidad de votos. Ponente:   Yolanda Islas Hernández. Secretaria: Miriam Corte Gómez.

    REVISTA NÚMERO 39 DEL TRIBUNAL FEDERAL DE  JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, SEXTA ÉPOCA, AÑO IV, MARZO 2011, PÁGINAS 548 Y 549:

     CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN  

     VI-TASR-XXVII-62

     CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN ILEGAL. SU CONTENIDO NO REFLEJA LA VERACIDAD DE LOS HECHOS AHÍ  XPRESADOS, Y POR TANTO, NO DEMUESTRA QUE LA RESOLUCIÓN QUE SE PRETENDIÓ NOTIFICAR, CONTIENE FIRMA AUTÓGRAFA.- Si bien es cierto, la Jurisprudencia J/28,   publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, Julio de 2008, consultable a página 1545, estableció: “CARGA DE LA PRUEBA EN EL JUICIO DE NULIDAD. CORRESPONDE AL ACTOR CUANDO AFIRMA QUE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA IMPUGNADA CONTIENE FIRMA FACSIMILAR Y NO AUTÓGRAFA, PERO EN LA CONSTANCIA DE SU     NOTIFICACIÓN SE ASENTÓ LO CONTRARIO”, también lo es, que si la diligencia de notificación se declaró ilegal; no se le puede dar valor probatorio a lo ahí asentado, porque al no cumplir dicha diligencia, con las formalidades previstas en los artículos 134 y 137 del Código Fiscal de la Federación, es claro que su contenido no refleja la veracidad de los hechos ahí expresados, ni se tiene la certeza jurídica de que el oficio controvertido en el juicio, fue entregado al particular, hoy demandante, con la firma autógrafa del funcionario emisor.  

    Juicio Contencioso Administrativo Núm. 2713/09-13-01-7.-   Resuelto por la Primera Sala Regional del Golfo del Tribunal        Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 25 de enero de         2011, por mayoría de votos.- Magistrada Instructora: Nora Yolanda Molina Raygosa.- Secretaria: Lic. Isela Pérez Silva.

     

     III. CONCLUSIONES

    Como hemos visto, la presunción de legalidad de los actos y/o resoluciones de las autoridades no es irrestricta ni inmutable.

     Debemos prestar especial cuidado para detectar desviaciones o alteraciones a la lógica, la razonabilidad, la sana crítica y verosimilitud en las actuaciones de las autoridades, pues en estos casos será procedente apartarse de lo plasmado en las mismas.

     Ante la evidencia de actuaciones inverosímiles, deberá declarar la ilegalidad de las mismas, y como consecuencia la nulidad lisa, lana e integral de la resolución o ato impugnado apoyando en las mismas.

     En este orden de ideas, invito al lector a estar atentos y descubrir estas actuaciones simuladas, para impugnaras y obtener resultados exitosos en los medios de defensa.

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    Con fecha 3 de septiembre de 2020 se publica en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se delegan facultades a los servidores públicos del Servicio de Administración Tributaria..

     

    Fuente: DOF

     

     

     

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  • Publicado el 17 Feb a las 11:23h

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    VHGM2  Por: Lic. Victor Hugo González Martinez

    Diversos son los requisitos que la legislación exige a las autoridades cuando imponen sanciones a los contribuyentes, y en el caso de las multas por DIOT (declaración informativa de operaciones con terceros) no es la excepción, es así como dichas multas carecen de diversos aspectos de legalidad como los son el hecho de imponer la sanción por analogía, el hecho de que la firma del funcionario es falsa, el hecho de que los fundamentos legales no son los adecuados, así como el hecho de que no se motiva debidamente el razonamiento jurídico para su imposición.

    Así podemos ver, por ejemplo que el artículo 14 Constitucional en su tercer párrafo establece que no se puede imponer penas (multas) por analogía o mayoría de razón, al señalar:

    “En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito que se trata.”

    Aun cuando la norma jurídica nos habla de la materia penal, es importante aclarar que el poder judicial ha señalado en diversas tesis  que también es aplicable a la materia administrativa en tratándose de sanciones. Esto quiere decir que cuando la autoridad hacendaria imponga una sanción al contribuyente deberá encuadrar la conducta sancionada de conformidad con el capítulo de infracciones establecidas en el Código Fiscal de la Federación. Con ello, se le estaría dando a conocer al particular el sustento por el cual se le está sancionando, empero qué sucede si la conducta no encuadra en dicho catalogo de infracciones, pues, simplemente no habría forma de sancionar la conducta.

    La siguiente tesis habla precisamente de la tipicidad de la infracción lo cual quiere decir que la conducta realizada por el afectado debe encajar exactamente en la hipótesis normativa, sin que sea lícito ampliar ésta ni por analogía, ni por mayoría de razón, y no debe sorprendernos que esto sucede ya que en muchas ocasiones la autoridad encuentra en alguna norma su aplicación por lo cual es causa de ilegalidad.

     

    Época: Séptima Época 
    Registro: 253981 
    Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
    Tipo de Tesis: Aislada 
    Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
    Volumen 86, Sexta Parte 
    Materia(s): Administrativa 
    Tesis: 
    Página: 59

    MULTAS. TIPICIDAD DE LA INFRACCION.

    A las multas administrativas, que deben clasificarse como aprovechamientos conforme al artículo 5o. del Código Fiscal de la Federación, les resulta aplicable el artículo 11 de dicho código, de manera que tratándose de multas administrativas deben ser de aplicación estricta el precepto que las establece en relación con alguna infracción, cualquiera que sea la ley en que ello suceda. Y de esta manera, el principio de tipicidad de las penas es aplicable a toda multa (que no es sino una pena administrativa a una infracción de ese orden). Es decir, si alguna ley establece una pena de multa para alguna infracción, está estableciendo con ello un aprovechamiento, y en ese aspecto, esa ley está sujeta al principio de aplicación estricta que señala “nulla poena sine lege”, conforme al cual que se aplique una sanción a una falta, la conducta realizada por el afectado debe encajar exactamente en la hipótesis normativa, sin que sea lícito ampliar ésta ni por analogía, ni por mayoría de razón.

    PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

    Amparo directo 10/76. Compañía Mexicana de Aviación, S.A. 17 de febrero de 1976. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.

    Ahora bien, en esta oportunidad deseamos someter a usted amigo lector un agravio de mucha utilidad para combatir las multas del Diot, es importante aclarar que cada caso es único y que no podemos usar formatos modelo, sino que se pretende que usted tenga una herramienta a la mano, consideramos que hay varios agravios más en este tipo de sanciones pero para muestra un botón.

    En seguida un extracto del agravio:

    SEGUNDO.- Se viola en perjuicio de mi representada la Garantía de Fundamentación y Motivación tutelada en el artículo 16 Constitucional en relación con el artículo 38, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación con la resolución impugnada toda vez que la autoridad indebidamente sustenta su resolución ya que deja de citar el artículo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado que contenga la obligación como lo dice “información de  operaciones con terceros” en el supuesto no concedido de que se refiera a dicha ley la obligación reclamada ya que niego lisa y llanamente que lo haya hecho, esto es así pues únicamente se avoca a manifestar que se cometió una infracción pero sin darnos a conocer la ley sustantiva que contiene la hipótesis, ya que sólo se avoca a citar el artículo 81 del Código Fiscal de la Federación por lo que es procedente la REVOCACIÓN LISA Y LLANA del acto impugnado.

     Para que se considere debidamente motivada la resolución impugnada debe señalar que la obligación omitida es la de “Proporcionar mensualmente a las autoridades fiscales, a través de los medios y formatos electrónicos que señale el Servicio de Administración Tributaria, la información correspondiente sobre el pago, retención, acreditamiento y traslado del impuesto al valor agregado en las operaciones con sus proveedores..”, pues solo de esta forma me da a conocer debidamente la obligación a que se refiere ya que no esta exenta motivar debidamente la resolución máxime si el artículo 32 fracción VIII de la Ley del Impuesto al Valor Agregado asi lo señala, por tanto debe revocarse.

     Art. 32 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado:

    VIII. Proporcionar mensualmente a las autoridades fiscales, a través de los medios y formatos electrónicos que señale el Servicio de Administración Tributaria, la información correspondiente sobre el pago, retención, acreditamiento y traslado del impuesto al valor agregado en las operaciones con sus proveedores, desglosando el valor de los actos o actividades por tasa a la cual trasladó o le fue trasladado el impuesto al valor agregado, incluyendo actividades por las que el contribuyente no está obligado al pago, dicha información se presentará, a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al que corresponda dicha información.

     Es aplicable al caso la siguiente JURISPRUDENCIA:

     Época: Octava Época 
    Registro: 216534 
    Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
    Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
    Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
    Núm. 64, Abril de 1993 
    Materia(s): Administrativa 
    Tesis: VI. 2o. J/248 
    Página: 43

    FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS.

    De acuerdo con el artículo 16 constitucional, todo acto de autoridad debe estar suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y por lo segundo, que también deben señalarse con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configure la hipótesis normativa. Esto es, que cuando el precepto en comento previene que nadie puede ser molestado en su persona, propiedades o derechos sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, está exigiendo a todas las autoridades que apeguen sus actos a la ley, expresando de que ley se trata y los preceptos de ella que sirvan de apoyo al mandamiento relativo. En materia administrativa, específicamente, para poder considerar un acto autoritario como correctamente fundado, es necesario que en él se citen: a).- Los cuerpos legales y preceptos que se estén aplicando al caso concreto, es decir, los supuestos normativos en que se encuadra la conducta del gobernado para que esté obligado al pago, que serán señalados con toda exactitud, precisándose los incisos, subincisos, fracciones y preceptos aplicables, y b).-Los cuerpos legales, y preceptos que otorgan competencia o facultades a las autoridades para emitir el acto en agravio del gobernado.

    SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.

    Amparo directo 194/88. Bufete Industrial Construcciones, S.A. 28 de junio de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez.

    Amparo directo 367/90. Fomento y Representación Ultramar, S.A. de C.V. 29 de enero de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Mario Machorro Castillo.

    Revisión fiscal 20/91. Robles y Compañía, S.A. 13 de agosto de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez.

    Amparo en revisión 67/92. José Manuel Méndez Jiménez. 25 de febrero de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Waldo Guerrero Lázcares.

    Amparo en revisión 3/93. Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 4 de febrero de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez.

     

    Asimismo esta el tema de la multa excesiva que debemos explorar ya que el artículo 22 constitucional la prohíbe sobre todo si dicha multa no se impone en proporción de los ingresos, en algunas ocasiones las multas llegan en tres tantos, es decir, tres multas juntas sin que el contribuyente tenga la capacidad económica de afrontarlas.

  • Publicado el 17 Jul a las 23:03h

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    FOTO LRDG 2  Por: Lic. y MDF Luis Raúl Díaz González  logo facebook

    Hace unos días, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), resolvió el primer caso sujeto a su decisión, acerca de la constitucionalidad del buzón tributario y las revisiones electrónicas, por su importancia hacemos los siguientes comentarios.

                1.- A principios del año 2014, se interpusieron numerosos amparos en contrascjn de la reforma fiscal aprobada por el Congreso de la Unión, en torno a los temas ya señalados, debiendo resaltar que se combaten dispositivos legales mediante lo que se conoce como “Amparo contra leyes”.

                2.- Dichos amparos se promovieron ante Juzgados de Distrito en todo el País y por su importancia y trascendencia, la SCJN ordenó el aplazamiento de su resolución, hasta en tanto ella fijase los lineamientos a seguir, en uso de sus facultades constitucionales.

                3.- Que dichos amparos contienen diversos conceptos de violación (argumentos), que se alegaron en contra de diversos artículos del Código Fiscal de la Federación, que regulan estos deberes fiscales.

                  4.- Que se trata de la impugnación constitucional hecha valer en contra de normas legales, pero no en contra de su aplicación real por parte de las autoridades fiscales; razón por la cual todavía se podrán combatir los diferentes actos de la autoridad tributaria, cuando aplique dichos dispositivos legales en contra de los contribuyentes.

            5.- Que habrá que esperar la resolución de otros asuntos similares, hasta constituir jurisprudencia, la cual por cierto es obligatoria para los tribunales inferiores a la Segunda Sala de la SCJN, pero no para los gobernados.

                     6.- Que a la fecha existe gran confusión con lo expuesto en la referida sentencia ( *amparo en revisión 1287/2015) y por ello haremos los siguientes:

    COMENTARIOS

                PRIMERO. La Segunda Sala desestimó los diversos argumentos expresados en la demanda, tendientes a demostrar que son inconstitucionales las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que regulan lo atinente al buzón tributario, así como a la contabilidad y la revisión electrónicas.

    buzon satAsí, la SCJN determinó que las normas relativas establecen un modelo de comunicación entre la autoridad hacendaria y los contribuyentes, compatible con el orden constitucional, mediante el empleo de nuevas tecnologías en materia de comunicación e información.

    De esta manera, su regulación es clara, no produce ninguna afectación arbitraria y facilita el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, agilizando los procesos de recaudación y comprobación.

    Atento a ello, la actividad de la autoridad hacendaria para revisar la información y documentación que obra en su poder, remitida electrónicamente y relacionada con el cumplimiento de las disposiciones fiscales, no constituye un acto de molestia.

    Ello, en virtud de que tal proceder, por sí y hasta en tanto no le haga saber al interesado la existencia de alguna irregularidad, no restringe derecho alguno de los contribuyentes.

                SEGUNDO. Se resolvió conceder el amparo a la parte quejosa contra los
    siguientes actos:

    “El Anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal de dos mXMLil quince, para el efecto de que se le desincorpore de su esfera jurídica la obligación de atender los lineamientos técnicos de forma y sintaxis para la generación de archivos XML especificados por el consorcio w3, establecidos en la página de internet http://www.w3.org/, hasta en tanto no se encuentre en idioma castellano o español; y El artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil quince, para el efecto de que en caso de haberse instaurado un procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa durante la vigencia del referido numeral y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previsto para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente”

    “Por las razones antes apuntadas, se considera que el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación, en cuanto establece que las cantidades determinadas en la preliquidación “se harán efectivas mediante el procedimiento administrativo de ejecución”, cuando el contribuyente no aporte pruebas ni manifieste lo que a su derecho convenga en el procedimiento de fiscalización dentro de los plazos previstos para tal efecto, viola el derecho fundamental de audiencia que consagra el artículo 14 constitucional, toda vez que la preliquidación constituye una propuesta de pago para el caso de que el contribuyente decida ponerse al corriente de sus obligaciones fiscales, no así un requerimiento de pago cuya inobservancia de lugar a sus ejecución inmediata, a más de que se priva al contribuyente de sus bienes, derechos o posesiones sin antes darle la oportunidad de ofrecer en el recurso de revocación, los medios de prueba, que por cualquier circunstancia, no exhibió ante la autoridad fiscalizadora para desvirtuar los hechos u omisiones advertidos”

    “Consecuentemente, lo procedente es conceder a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, para el efecto de que se le desincorpore de su esfera jurídica la obligación de atender los lineamientos técnicos de forma y sintaxis para la generación de archivos XML especificados por el consorcio w3, establecidos en la página de internet http://www.w3.org/, hasta en tanto no se encuentre en idioma castellano o español”

    “En ese sentido, tal como se anticipó, el hecho de que loslineam ientos técnicos de forma y sintaxis para la generación de archivos XML establecidos en la página de internet http://www.w3.org/, estén en idioma inglés, vulnera el derecho de seguridad jurídica de la parte quejosa, debido a que no existe garantía de que tenga conocimiento del mismo y por consecuencia, la manera de operar los formatos establecidos para tal efecto”

    “Bajo esa misma lógica y por mayoría de razón, es que la autoridad TRADUCTORadministrativa al establecer los lineamientos y formatos respectivos para cumplir con la obligación de llevar la contabilidad en medios electrónicos, tenía la obligación de hacerlo en idioma castellano o español, ya que de esta manera les brinda seguridad jurídica a los contribuyentes al permitirles conocer plenamente la forma de operar los formatos establecidos para tal efecto; lo cual, como se vio, no lo hizo ya que al ingresar a la página de internet http://www.w3.org/, se desprende que su contenido está en el idioma inglés; de ahí que resulta inconstitucional dicha porción normativa

    CONCLUSIONES

    1.- La SCJN resolvió únicamente un Juicio de Amparo, el cual no contiene todos los argumentos que se hicieron valer en más de 30,000 juicios, razón por la que hay que esperar su resolución.

    “SE PERDIÓ PARCIALMENTE UNA BATALLA, PERO NO SE HA PERDIDO LA GUERRA”

    2.- Además, una revisión electrónica podrá ser materia en lo individual de atención y defensa 1, por violar numerosos dispositivos legales y constitucionales.

    3.- Existe violación al “debido proceso legal”, dado que para calificar como contribuyente sujeto a una revisión electrónica, la autoridad, sin soporte legal alguno, realiza una pre-revisión, lo que expresamente reconoce el Jefe del SAT 2, lo que sin duda constituye un valioso argumento en su contra.

    4.- Los conceptos de violación vencedores, podrán ser usados por cualquier interesado, en sus medios de defensa y hasta no modificarlos la autoridad fiscal, no se deberá subir la información contable, a la página del SAT, a pesar de lo sostenido por la citada autoridad tributaria 3.

    5.- Hasta en tanto no se ajuste al idioma oficial de México, la regla ya mencionada, no se tendrá el deber de subir información contable a la página oficial del fisco federal; y una vez que se haga el ajuste, este no podrá ser retroactivo, por disposición expresa del artículo 14 constitucional.

                En espera de que estas notas le sean útiles, aprovechamos para saludarle.

    Notas:

    *

    No. : 2
    EXPEDIENTE:
    1287/2015  
    TIPO: AMPARO EN REVISIÓN
    ÓRGANO DE RADICACIÓN : SEGUNDA SALA
    MINISTRO(A): ALBERTO PÉREZ DAYÁN
    TEMA:

    CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN ARTÍCULOS 17-K, 28, FRACCIONES III Y IV Y 22, FRACCIÓN IV DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA DOS MIL QUINCE , ARTÍCULOS 42, FRACCIÓN IX Y 53-B; LA EXPEDICIÓN DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2014, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL TREINTA DE DICIEMBRE DE DOS MIL TRECE, EN ESPECÍFICO EL ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO TERCERO TRANSITORIO; PRIMERA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2014 PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL TRECE DE MARZO DE DOS MIL CATORCE, ESPECÍFICAMENTE LA REGLA I.2.2.5; LA SEGUNDA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2014 PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL CUATRO DE JULIO DE DOS MIL CATORCE; LA QUINTA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2014 PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DIECISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL CATORCE, EN ESPECIAL LAS REGLAS .2.8.1.6, I.2.8.1.7, I.2.8.1.8, I.2.8.1.9, Y EL RESOLUTIVO DÉCIMO CUARTO; LA SÉPTIMA RESOLUCIÓN DE MODIFICACIONES A LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2014, PUBLICADA EL DIECIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL CATORCE, ENTRE OTRAS REGLAS I.2.8.1.6 A LA I.2.8.1.8, APLICABLES A PARTIR DEL UNO DE ENERO DE DOS MIL QUINCE; LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2015, PUBLICADA EL TREINTA DE DICIEMBRE DE DOS MIL CATORCE Y SUS ANEXOS, EN ESPECÍFICO LAS REGLAS 2.8.1.1 A LA 2.8.1.6, 2.8.1.9 Y 2.8.1.17., 2.2.6, 2.12.2 Y 2.12.4, Y 2.12.9, ASÍ COMO SUS ARTÍCULOS PRIMERO Y SEGUNDO TRANSITORIO. ARGUMENTA VIOLACIÓN A LOS ARTÍCULOS 14, 16 Y 31 CONSTITUCIONALES.

    ÓRGANO JURISDICCIONAL DE ORIGEN Y DATOS DEL EXPEDIENTE RESPECTIVO:  

     

     

     

    JUZGADO DÉCIMO QUINTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL DISTRITO FEDERAL (EXP. ORIGEN: J.A. 1097/2014 )

    1

    Normas de procedimiento de la revisión electrónica

    1.- ¿Cómo se hará? ¿Debe haber una orden?

    2.- ¿Quién la hará (puesto, adscripción)? ¿Un funcionario público o un programa automatizado?

    3.- ¿Quién lo nombró para ello (vigencia del cargo)?

    4.- ¿Con que facultades y atribuciones?

    5.- ¿En presencia de quién (contribuyente o su representante legal)?

    6.- ¿Con testigos?

    7.- ¿Quiénes firman?

    8.- ¿Lugar y fecha de emisión de la resolución?

     

    2

    COMUNICADO DE PRENSA http://www.sat.gob.mx/sala_prensa/comunicados_nacionales/paginas/com2016_070.aspx

    Acapulco, Guerrero, a 07 de julio de 2016

    Tecnología, herramienta indispensable para la autoridad fiscal: SAT

    •         Durante la inauguración del 37 Congreso Anual de la ANEFAC, el Jefe del SAT destacó la apertura de la autoridad fiscal hacia los contribuyentes.
    •         Destacó que la tecnología es fundamental en la vigilancia del cumplimiento de obligaciones, y permite crear percepción de riesgo.

     

    El Servicio de Administración Tributaria (SAT) es una institución que cada día tiene mayor apertura con los contribuyentes, para establecer una relación más clara, transparente y franca, en un contexto en el que hay temas mediáticos que obligan a la autoridad fiscal a tomar una actitud abierta, pero también de mucho trabajo para rendir cuentas. Así lo manifestó el Jefe del SAT, Aristóteles Núñez Sánchez, en la inauguración del 37 Congreso Anual de la Asociación Nacional de Especialistas Fiscales, A.C. (ANEFAC), “Los retos ante los procesos  de fiscalización”.

     Señaló, además, que como institución el SAT está obligado a tener mucha apertura durante sus actuaciones, a cuidar los recursos y las formalidades legales, y también a rendir cuentas a la ciudadanía de lo que hace.

     En este sentido, insistió en que el SAT apuesta por la vigilancia electrónica del comportamiento de los contribuyentes antes que por la realización de actos de auditoría, para lo cual el uso de tecnologías de vanguardia es fundamental.

    “La tecnología nos permite de manera sigilosa y silenciosa vigilar el comportamiento de los contribuyentes sin necesidad de hacer una auditoría, para realizarla solo en aquellos casos en los que se observa una inconsistencia o alguna irregularidad”, precisó.

     Mientras tanto, Jesús Alvarado Nieto, Presidente de ANEFAC, comentó que este congreso es un espacio de diálogo, para aclarar lo que espera el SAT de los contribuyentes, más allá del pago de impuestos, y cómo ellos pueden ayudar a mejorar los procesos de fiscalización

    3

    El SAT aclara que el archivo XML es constitucional y debe seguir en uso

    https://www.elcontribuyente.mx/noticia/1970/-el-sat-aclara-que-el-archivo-xml-es-constitucional-y-debe-seguir-en-uso

     

    La Corte declaró inconstitucional el instructivo para generar el XML, pero no el formato en sí, esclarece la autoridad.

    Aarón Rangel

    Martes, 12 de Julio de 2016

    Lo inconstitucional es el instructivo para generar el XML, no el archivo: SAT.

    El archivo XML, formato electrónico requerido a los contribuyentes por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para presentar su contabilidad electrónica, debe seguir en uso porque no ha sido invalidado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

    El SAT hizo la aclaración luego de que el 6 de julio pasado, la Corte otorgara un amparo a la farmacéutica alemana Boehrringer Ingelheimen en el que declaró inconstitucional el anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal de 2015 en que se establecen las instrucciones para crear el archivo XML mediante el cual se envía información fiscal a la autoridad.

    Esto quiere decir que lo inconstitucional es el instructivo para generar el XML, no el archivo.

    “El anexo 24 trae un instructivo para generar archivos XML y en una de las partes de ese instructivo remite a una página de una organización que establece estándares para la forma de crear archivos XML y que está en inglés. La Corte estimó que esta página que está en un idioma distinto al español viola los derechos de los contribuyente, no el archivo en sí”, aclara Juan Antonio López Vega, Administrador Central de Normatividad de Impuestos Internos del SAT.

    El funcionario añade que el SAT está atento lo que resuelva la corte en los próximos cuatro amparos y ya trabaja en incluir en el propio anexo 24 las instrucciones completas en español para generar el XML y así evitar que se remita a una página externa

  • Publicado el 31 Ago a las 12:21h

    www.gmcapacitacion.com

    FOTO LRDG 2 Por: LD y MDF Luis Raúl Diaz González  logo facebook

    El día 26 de agosto pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), publicó varias tesis acerca de la constitucionalidad del buzón tributario, la contabilidad electrónica y las revisiones electrónicas, por su importancia hacemos un recapitulado de cada una de ellas con su respectivo análisis y comentario.

                Las tesis en la materia son las siguientes:

    econtabilidad

    CONTABILIDAD ELECTRÓNICA.

    PRIMERA:

    Época: Décima Época

    Registro: 2012403

    Instancia: Segunda Sala

    Tipo de Tesis: Aislada

    Fuente: Semanario Judicial de la Federación

    Materia(s): (Administrativa)

    Tesis: 2a. LXXVII/2016 (10a.)

    SISTEMA DE CONTABILIDAD ELECTRÓNICA. LA INFORMACIÓN RELATIVA NO COMPRENDE TODOS LOS CONCEPTOS QUE INTEGRAN LA CONTABILIDAD DE LOS CONTRIBUYENTES. De acuerdo con la fracción I del artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, la contabilidad para efectos fiscales se integra por los libros, sistemas y registros contables, papeles de trabajo, estados de cuenta, cuentas especiales, libros y registros sociales, control de inventarios y método de valuación, discos y cintas o cualquier otro medio procesable de almacenamiento de datos, los equipos o sistemas electrónicos de registro fiscal y sus respectivos registros, además de la documentación comprobatoria de los asientos respectivos, así como toda la información y documentación relacionada con el cumplimiento de las disposiciones fiscales, en tanto que la información contable que debe ingresarse mensualmente en el sistema de contabilidad electrónica “es aquella que se produce de acuerdo con el marco contable que aplique ordinariamente el contribuyente en la preparación de su información financiera, o bien, el marco que esté obligado a aplicar por alguna disposición legal o normativa”, específicamente, por cuanto se refiere a sus catálogos de cuenta, al balance del periodo y a sus pólizas.

    SEGUNDA SALA

    Amparo en revisión 1287/2015. Boehringer Ingelheim Promeco, S.A. de C.V. y otras. 6 de julio de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López.

                La anterior tesis marca la diferencia existente entre la contabilidad fiscal, y la información contable que se sube a la página oficial de la autoridad tributaria, la que se integra por los catálogos de cuenta, al balance del periodo y a sus pólizas. Siendo más amplia la contabilidad en sí, que la información proporcionada a fisco federal.

                Hay que resaltar, que se puede revisar la contabilidad entera, así como la información que ya tiene en su poder la autoridad fiscal, mediante el ejercicio de cualquiera de las facultades de comprobación.

     

    SEGUNDA:

    Época: Décima Época

    Registro: 2012386

    Instancia: Segunda Sala

    Tipo de Tesis: Aislada

    Fuente: Semanario Judicial de la Federación

    Materia(s): (Constitucional, Común)

    Tesis: 2a. LXVI/2016 (10a.)

    CONTABILIDAD ELECTRÓNICA. LOS RESOLUTIVOS TERCERO Y CUARTO DE LA SÉPTIMA RESOLUCIÓN DE MODIFICACIONES A LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2014, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE DICIEMBRE DE 2014, QUE ESTABLECEN LA ENTRADA EN VIGOR ESCALONADA DE LAS DISPOSICIONES QUE PREVÉN LAS OBLIGACIONES DE LLEVAR LA CONTABILIDAD EN SISTEMAS ELECTRÓNICOS Y DE ENVIAR LA INFORMACIÓN REQUERIDA A TRAVÉS DE LA PÁGINA DE INTERNET DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, NO VIOLAN EL DERECHO A LA IGUALDAD JURÍDICA. Las citadas porciones normativas no violan el indicado derecho, al no establecer un trato igual para todas las personas morales con respecto a la fecha de inicio de la vigencia de la obligación de llevar su contabilidad en sistemas electrónicos y enviar la información requerida a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, ya que de su contenido se advierte que dichas disposiciones contemplan dos parámetros de distinción: uno, en atención al régimen fiscal al que pertenecen los contribuyentes y el otro atento al monto de los ingresos acumulables declarados o que se debieron declarar en el ejercicio fiscal 2013. Así, en función de lo anterior, las personas morales que -por sus actividades- pertenecen al sistema financiero y aquellas cuyos ingresos acumulables declarados (o que debieron declararse) al ejercicio de 2013, son iguales o superiores a 4 millones de pesos, están obligadas a llevar su contabilidad en sistemas electrónicos y a enviar la información requerida a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria a partir del 1 de enero de 2015; mientras que las personas morales que no se encuentran en ese rubro y aquellas cuyos ingresos acumulables declarados (o que debieron declararse) al ejercicio de 2013, son inferiores al referido monto, deben hacerlo a partir del 1 de enero de 2016. Lo anterior, incluso, guarda congruencia con el artículo segundo transitorio, fracción III, párrafo segundo, del Código Fiscal de la Federación, en cuanto a la entrada en vigor escalonada de las obligaciones previstas en las fracciones III y IV del artículo 28, ya que sobre las referidas bases se establece la fecha de inicio de las obligaciones a cargo de las personas morales.

    SEGUNDA SALA

    Amparo en revisión 1287/2015. Boehringer Ingelheim Promeco, S.A. de C.V. y otras. 6 de julio de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López.

    Este criterio, trata de legitimar la violación flagrante al artículo segundo transitorio de la reforma 2014 al CFF, que exige la entrada en vigor de manera escalonada del deber de enviar la e-contabilidad, lo que consideramos no se ha cumplido a cabalidad, en detrimento de la obligación de todas las autoridades de acatar la ley.

               

    TERCERA:

    Época: Décima Época

    Registro: 2012385

    Instancia: Segunda Sala

    Tipo de Tesis: Aislada

    Fuente: Semanario Judicial de la Federación

    Materia(s): (Constitucional)

    Tesis: 2a. LXIII/2016 (10a.)

    CONTABILIDAD ELECTRÓNICA. LAS CLÁUSULAS HABILITANTES CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 28, FRACCIONES III Y IV, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO VULNERAN EL DERECHO A LA LEGALIDAD (DECRETO DE REFORMAS PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 9 DE DICIEMBRE DE 2013). Las cláusulas habilitantes contenidas en las referidas porciones normativas no vulneran el derecho a la legalidad, ya que basta con imponerse de su contenido para advertir que las bases y parámetros generales que delimitan la actuación de la autoridad (administrativa o, en su caso, del Ejecutivo Federal), se encuentran implícitas en el referido precepto que establece la materia específica a regular, es decir, lo relativo a los registros o asientos que se llevarán en medios electrónicos y lo atinente al ingreso de la información contable de forma mensual a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria. Lo anterior significa que la autoridad tiene un límite en su actuación, constituido precisamente por el marco regulatorio de la materia a desarrollar, sin que obste que el artículo 28, fracciones III y IV, del Código Fiscal de la Federación no establezca una serie de lineamientos pormenorizados para desarrollar los aspectos técnicos, operativos o de especialidad respectivos, pues además de que no existe disposición constitucional o legal alguna que obligue al legislador a pormenorizar dichos lineamientos, esa circunstancia no significa que la autoridad podrá actuar arbitrariamente ni constituye un impedimento para el ejercicio de la atribución otorgada por la cláusula habilitante, en tanto su ámbito de actuación está constreñido al marco regulatorio de la materia específica señalada.

    SEGUNDA SALA

    Amparo en revisión 1287/2015. Boehringer Ingelheim Promeco, S.A. de C.V. y otras. 6 de julio de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López.

                La SCJN en una muestra de su parcialidad, señala que la existencia de una cláusula habilitante (la posibilidad de dejar a una norma inferior, ampliar la regulación de cierta figura jurídica), en materia del tema que ahora tratamos, no debe ser pormenorizada por el Congreso de la Unión, al no existir obligación de hacerlo, lo que sin duda permitirá la arbitrariedad de la autoridad fiscal, la que podrá redactar a su conveniencia la regla relativa y cuando le convenga, en perjuicio de los particulares.

               

    CUARTA:

    Época: Décima Época

    Registro: 2012384

    Instancia: Segunda Sala

    Tipo de Tesis: Aislada

    Fuente: Semanario Judicial de la Federación

    Materia(s): (Constitucional)

    Tesis: 2a. LXII/2016 (10a.)

    CONTABILIDAD ELECTRÓNICA. LAS CLÁUSULAS HABILITANTES CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 28, FRACCIONES III Y IV, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO ESTÁN SUJETAS A LOS PRINCIPIOS DE RESERVA DE LEY Y DE SUBORDINACIÓN JERÁRQUICA, POR LO QUE NO LOS TRANSGREDEN (DECRETO DE REFORMAS PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 9 DE DICIEMBRE DE 2013). Las porciones normativas aludidas, relativas a la obligación de llevar los registros o asientos que integran la contabilidad en medios electrónicos y de ingresar en forma mensual la información contable a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, que para tales efectos remiten a las disposiciones del Reglamento del Código Fiscal de la Federación y a las reglas de carácter general correspondientes, según el caso, por sí mismas no pueden estar sujetas a los referidos principios de reserva de ley y de subordinación jerárquica y, por ende, no pueden transgredirlos, al constituir precisamente la fuente de donde emanan las atribuciones de la autoridad administrativa para regular los aspectos técnicos u operativos de la materia específica a que se refieren, a través de la cláusula habilitante que contienen. En ese sentido, por su naturaleza jurídica, son los reglamentos y las reglas generales administrativas mencionadas las que, en todo caso, deben estar sujetas a dichos principios, a fin de respetar los límites y alcances acotados por la legislación a desarrollar.

    SEGUNDA SALA

    Amparo en revisión 1287/2015. Boehringer Ingelheim Promeco, S.A. de C.V. y otras. 6 de julio de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López.

    Aquí se señala que una ley no está sujeta a los principios de reserva de ley y de subordinación jerárquica; ya que únicamente normas inferiores quedan limitadas por los referidos principios.

               

    QUINTA:

    Época: Décima Época

    Registro: 2012383

    Instancia: Segunda Sala

    Tipo de Tesis: Aislada

    Fuente: Semanario Judicial de la Federación

    Materia(s): (Constitucional)

    Tesis: 2a. LXIV/2016 (10a.)

    CONTABILIDAD ELECTRÓNICA. LA REGLA 2.8.1.4. DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2015, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 30 DE DICIEMBRE DE 2014, AL NO HACER REFERENCIA A LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 28 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO VIOLA EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA. Del análisis integral del artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, se advierte que los registros y asientos contables que el contribuyente está obligado a llevar en medios electrónicos, conforme a su fracción III, son aquellos referidos a la contabilidad para efectos fiscales; para lo cual, el legislador federal -a través de una cláusula habilitante- encomendó a la autoridad administrativa que definiera la forma en que debían llevarse, así como la forma en que los contribuyentes ingresarían mensualmente su información contable. En ese sentido, si bien es cierto que el párrafo primero de la regla 2.8.1.4. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015 únicamente hace referencia al artículo 28, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, no así a la diversa fracción I, también lo es que no por ello viola el derecho a la seguridad jurídica del gobernado, al no existir certeza en cuanto al tipo de contabilidad que tiene que llevarse a través de dichos medios electrónicos, ya que conforme a la cláusula habilitante, lo previsto en la regla citada se refiere a la obligación de llevar en medios electrónicos los asientos y registros contables para efectos fiscales.

    SEGUNDA SALA

    Amparo en revisión 1287/2015. Boehringer Ingelheim Promeco, S.A. de C.V. y otras. 6 de julio de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López.

                La omisión de una regla general de hacer referencia a una fracción del numeral 28 del CFF, no trasgrede derechos humanos “ya que conforme a la cláusula habilitante, lo previsto en la regla citada se refiere a la obligación de llevar en medios electrónicos los asientos y registros contables para efectos fiscales, de cierta clase de contribuyentes.

               

    SEXTA:

    Época: Décima Época

    Registro: 2012382

    Instancia: Segunda Sala

    Tipo de Tesis: Aislada

    Fuente: Semanario Judicial de la Federación

    Materia(s): (Penal, Administrativa)

    Tesis: 2a. LXV/2016 (10a.)

    CONTABILIDAD ELECTRÓNICA. LA OBLIGACIÓN DE LLEVAR LOS ASIENTOS Y REGISTROS CONTABLES PARA EFECTOS FISCALES EN MEDIOS ELECTRÓNICOS, CONFORME A LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 28 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO ACTUALIZA, POR SÍ MISMA, EL TIPO PENAL PREVISTO EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 111 DEL PROPIO CÓDIGO. El citado artículo 111, fracción II, del Código Fiscal de la Federación dispone que se impondrá sanción de 3 meses a 3 años de prisión, a quien registre sus operaciones contables, fiscales o sociales en dos o más libros o en dos o más sistemas de contabilidad con contenidos diferentes. En ese sentido, la obligación de llevar los asientos y registros contables para efectos fiscales en medios electrónicos, conforme a la fracción III del mencionado artículo 28 no actualiza, por sí misma, el tipo penal referido, debido a que lo que actualiza el delito es la acción de llevar dos registros de una misma contabilidad con diferente contenido, no así llevar un sistema de contabilidad para efectos fiscales y otro para efectos operativos y de administración del contribuyente.

    SEGUNDA SALA

    Amparo en revisión 1287/2015. Boehringer Ingelheim Promeco, S.A. de C.V. y otras. 6 de julio de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López.

    Esta tesis señala que un gobernado puede llevar dos o más sistemas contables, uno para efectos fiscales y otro u otros para fines financieros o administrativos, sin que se cometa un delito.

    Debemos recordar, que para fines de revisión fiscal, solamente se pueden exigir datos o información que tengan que ver con el cumplimiento de sus deberes tributarios, teniendo límite legal la autoridad para ello.

               

    SÉPTIMA:

    Época: Décima Época

    Registro: 2012381

    Instancia: Segunda Sala

    Tipo de Tesis: Aislada

    Fuente: Semanario Judicial de la Federación

    Materia(s): (Constitucional)

    Tesis: 2a. LXIX/2016 (10a.)

    CONTABILIDAD ELECTRÓNICA. LA OBLIGACIÓN DE INGRESAR LA INFORMACIÓN CONTABLE A TRAVÉS DE LA PÁGINA DE INTERNET DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, EN LA FORMA Y TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y EN LAS REGLAS 2.8.1.4., 2.8.1.5. Y 2.8.1.9. DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2015, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 30 DE DICIEMBRE DE 2014, ES PROPORCIONAL CON EL FIN PERSEGUIDO POR EL LEGISLADOR. De los trabajos legislativos que antecedieron a las reformas, adiciones y derogaciones al Código Fiscal de la Federación, publicadas en el Diario Oficial de la Federación de 9 de diciembre de 2013, se advierte que la obligación aludida, bajo el contexto del aprovechamiento de los avances de la tecnología, tuvo como finalidad integrar un sistema electrónico de contabilidad estándar que permita, por una parte, facilitar el cumplimiento de obligaciones fiscales y, por otra, agilizar los procedimientos de fiscalización, aspectos que se encuentran dentro ámbito del artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que significa que la obligación legal (en la forma y términos previstos en las disposiciones administrativas), tiene una finalidad constitucionalmente válida, como lo es comprobar el correcto cumplimiento del deber de contribuir al gasto público. Por su parte, la obligación de ingresar la información en los términos que establecen las disposiciones generales, constituye el medio adecuado dirigido a cumplir con la finalidad perseguida por el legislador ya que, en primer lugar, tiende a evitar las cargas que anteriormente generaban los “formulismos” para el cumplimiento de las obligaciones fiscales; además de que en la medida en que el contribuyente va incorporando su información contable, a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, permite a la autoridad no solamente tener acceso inmediato a las cuestiones relacionadas con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, sino allegarse de los elementos necesarios para que en un momento dado pueda desplegar con mayor facilidad algún acto de fiscalización. Finalmente, no se ocasiona un daño innecesario o desproporcional al contribuyente por el simple hecho de que tenga que llevar su contabilidad a través de medios electrónicos y de ingresarla a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria en los términos previstos en la disposiciones referidas, ya que si aquél cumple con las nuevas obligaciones fiscales impuestas por el legislador, aprovechando los beneficios de los avances tecnológicos, se simplifican y se mejoran los procedimientos administrativos a través de los cuales anteriormente cumplía con sus obligaciones y ejercía sus derechos, lo que se traduce en un ahorro de tiempo y trámites bajo el contexto del sistema tradicional.

    SEGUNDA SALA

    Amparo en revisión 1287/2015. Boehringer Ingelheim Promeco, S.A. de C.V. y otras. 6 de julio de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López.

     

    Este criterio señala que la finalidad de la e-contabilidad, es integrar un sistema electrónico de contabilidad estándar que permita, por una parte, facilitar el cumplimiento de obligaciones fiscales y, por otra, “agilizar los procedimientos de fiscalización”, lo que constituye el medio adecuado dirigido a cumplir con la finalidad perseguida por el legislador ya que, en primer lugar, tiende a evitar las cargas que anteriormente generaban los “formulismos” para el cumplimiento de las obligaciones fiscales; además de que en la medida en que el contribuyente va incorporando su información contable, a través de la página del Servicio de Administración Tributaria, se le permite a la autoridad no solamente tener acceso inmediato a las cuestiones relacionadas con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, sino allegarse de los elementos necesarios para que en un momento dado pueda desplegar con mayor facilidad algún acto de fiscalización.

    En una presentación, visible en YouTube, el Administrador Central de Operación de la Fiscalización Nacional del SAT  explica cómo se analiza la información y documentación que obra en su poder para preparar una revisión electrónica, reconociendo las facilidades del sistema para el fisco.

    logo youtube(Dale clic en el logo de YouTube para ver el vídeo)

     

    OCTAVA:

    Época: Décima Época

    Registro: 2012380

    Instancia: Segunda Sala

    Tipo de Tesis: Aislada

    Fuente: Semanario Judicial de la Federación

    Materia(s): (Constitucional, Administrativa)

    Tesis: 2a. LXI/2016 (10a.)

    CONTABILIDAD ELECTRÓNICA. EL SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 28, FRACCIONES III Y IV, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO CONSTITUYE EN SÍ UN ACTO DE FISCALIZACIÓN (DECRETO DE REFORMAS PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 9 DE DICIEMBRE DE 2013). Las obligaciones de llevar contabilidad en medios electrónicos y de enviar mensualmente la información contable a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, previstas en el artículo 28, fracciones III y IV, del Código Fiscal de la Federación, no constituyen -en sí- un acto de fiscalización (de la información proporcionada), sino simplemente obligaciones que se generan ante la necesidad de actualizar las prácticas tradicionales de recaudación, bajo un contexto social diferente, donde el uso de la tecnología es casi imprescindible. Lo anterior se hace patente del análisis de los trabajos legislativos que precedieron al contenido de la citadas porciones normativas, de donde se advierte que dichas actividades tienen como fin integrar un sistema electrónico de contabilidad estándar que permita, por una parte, facilitar el cumplimiento de obligaciones fiscales de carácter formal y, por otra, agilizar los procedimientos de fiscalización, los cuales evidentemente deben sujetarse a las formalidades previstas para desplegar cada uno de ellos. Ante esa circunstancia, resulta innecesario que, previo al cumplimiento de dichas obligaciones y particularmente, a la de enviar la información contable a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, exista un mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento.

    SEGUNDA SALA

    Amparo en revisión 1287/2015. Boehringer Ingelheim Promeco, S.A. de C.V. y otras. 6 de julio de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López.

    Se señala que resulta innecesario que, previo al cumplimiento de dichas obligaciones y particularmente, a la de enviar la información contable a través de la página del Servicio de Administración Tributaria, exista un mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento.

    Esta obligación no exige formalidad alguna; pero si lo tendrán que acatar los requerimientos, que al respecto envíe el fisco federal, tanto para subir la balanza de comprobación; el catálogo de cuentas; o las pólizas, actos administrativos cuyas consecuencias se podrán impugnar, mediante los medios de defensa que previene la Normatividad fiscal.

    De igual forma, lo tendrán que hacer la revisión provisional, junto con su correspondiente preliquidación; y la liquidación definitiva, en su caso.

               

    NOVENA:

    Época: Décima Época

    Registro: 2012379

    Instancia: Segunda Sala

    Tipo de Tesis: Aislada

    Fuente: Semanario Judicial de la Federación

    Materia(s): (Constitucional)

    Tesis: 2a. LXVIII/2016 (10a.)

    CONTABILIDAD ELECTRÓNICA. EL ARTÍCULO 28, FRACCIONES III Y IV, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EN RELACIÓN CON LAS REGLAS 2.8.1.4., 2.8.1.5. Y 2.8.1.9. DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2015, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 30 DE DICIEMBRE DE 2014, AL NO COLISIONAR CON EL DIVERSO ARTÍCULO 33 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, NO VIOLAN EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA. Del análisis de las citadas disposiciones no se advierte una contradicción lógica con el artículo 33 del Código de Comercio que ocasione una situación jurídica que dé lugar a la arbitrariedad de la autoridad o que deje en estado de indefensión a los gobernados, por lo que no violan el derecho a la seguridad jurídica; antes bien, deriva que el Código de Comercio sólo establece lineamientos mínimos que debe satisfacer el sistema contable por el que opte el comerciante, mas no una metodología pormenorizada que determine casuísticamente cómo deberá realizar los controles contables de su comercio; en cambio, las fracciones III y IV del artículo 28 del Código Fiscal de la Federación se refieren a las obligaciones del contribuyente de llevar contabilidad “para efectos fiscales” en medios electrónicos y la de enviar mensualmente la información contable a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, en tanto que las reglas regulan lo relativo a la operatividad del sistema; lo que significa que dichas disposiciones, lejos de contraponerse, generan certeza de los actos que se realizan. Y si bien el citado artículo 33 permite al comerciante llevar y mantener un sistema contable como mejor le acomode y con los recursos que estime convenientes, ello no significa que para efectos fiscales pueda hacer lo mismo, sino por el contrario, debe atender a las disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de la mencionada resolución miscelánea fiscal.

    SEGUNDA SALA

    Amparo en revisión 1287/2015. Boehringer Ingelheim Promeco, S.A. de C.V. y otras. 6 de julio de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López.

                Este criterio señala, que no se contraponen las normas legales que regulan la contabilidad, en materia mercantil y tributaria, ya que son obligatorias estás últimas y por ello materia de sanciones.

    Además, de que se pueden llevar los dos sistemas contables, sin que se cometa delito, tal y como lo marca otra de las tesis que se contienen en esta participación.

               

    DÉCIMA:

    Época: Décima Época

    Registro: 2012378

    Instancia: Segunda Sala

    Tipo de Tesis: Aislada

    Fuente: Semanario Judicial de la Federación

    Materia(s): (Constitucional)

    Tesis: 2a. LXVII/2016 (10a.)

    CONTABILIDAD ELECTRÓNICA. EL ARTÍCULO 28, FRACCIONES III Y IV, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EN RELACIÓN CON LAS REGLAS 2.8.1.4., 2.8.1.5. Y 2.8.1.9. DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2015, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 30 DE DICIEMBRE DE 2014, NO VULNERAN EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA PRIVACIDAD, EN SU DIMENSIÓN DE CONTROLAR LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN PERSONAL. Las normas mencionadas no vulneran el derecho fundamental a la privacidad, en su dimensión de controlar la difusión de la información personal, ya que de su contenido puede advertirse que la información contable que obligan al contribuyente a proporcionar al Servicio de Administración Tributaria, a través de los medios electrónicos, se relaciona con: catálogo de cuentas; balanzas de comprobación, que incluya saldos iniciales, movimientos del periodo y saldos finales de todas y cada una de las cuentas de activo, pasivo, capital, resultados (ingresos, costos, gastos y resultado integral de financiamiento); y pólizas de periodo y sus auxiliares y folios fiscales; información que está relacionada con el cumplimiento de las obligaciones fiscales del contribuyente, no así con aspectos confidenciales o de su vida privada. Máxime que el derecho de los contribuyentes a decidir la información que proporcionan no es absoluto, al estar limitado al cumplimiento de disposiciones de orden público, como aquellas que tienen por objeto verificar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales; de no ser así, se llegaría al absurdo de considerar que la verificación del correcto cumplimiento de las obligaciones de carácter tributario está supeditado a la voluntad del contribuyente, lo cual es contrario a los postulados del artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

    SEGUNDA SALA

    Amparo en revisión 1287/2015. Boehringer Ingelheim Promeco, S.A. de C.V. y otras. 6 de julio de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López.

    La tesis indica que el deber de proporcionar la e-contabilidad, no vulnera el derecho fundamental a la privacidad, en su dimensión de controlar la difusión de la información personal, ya que la información contable se relaciona con: catálogo de cuentas; balanzas de comprobación y pólizas; información que está relacionada con el cumplimiento de las obligaciones fiscales del contribuyente, no así con aspectos confidenciales o de su vida privada.

    Luego entonces se presume que no existirá revelación de secretos o información, por parte de los empleados fiscales; lo que se pone en duda, si dichos datos se encuentren en poder de particulares, cuando a ellos se encomiende la guarda y custodia de la referida información, en materia de revisiones electrónicas.

               

    DÉCIMO PRIMERA:

    Época: Décima Época

    Registro: 2012377

    Instancia: Segunda Sala

    Tipo de Tesis: Aislada

    Fuente: Semanario Judicial de la Federación

    Materia(s): (Constitucional)

    Tesis: 2a. LXX/2016 (10a.)

    CONTABILIDAD ELECTRÓNICA. EL ANEXO 24 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2015, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 5 DE ENERO DE 2015, VIOLA LOS DERECHOS A LA LEGALIDAD Y A LA SEGURIDAD JURÍDICA. Al establecer las reglas de estructura planteadas dentro del estándar de los formatos respectivos para cumplir con la obligación de llevar la contabilidad en medios electrónicos, la autoridad administrativa dispuso que el contribuyente que utilice dicho estándar deberá sujetarse tanto a las disposiciones fiscales vigentes, como a los lineamientos técnicos de forma y sintaxis para la generación de archivos XML especificados por el consorcio w3. Lo que significa que con dicha remisión la autoridad excedió los límites de la habilitación legal que le fue conferida a través del artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, al encomendar al consorcio referido la labor de desarrollar las disposiciones correspondientes para hacer operativo el sistema; lo que además de la insubordinación jerárquica que esa actuación provoca, ocasiona inseguridad jurídica al gobernado, al obligarlo a cumplir con ciertos lineamientos emitidos “por una comunidad internacional” y no por una autoridad competente, bajo algún procedimiento de creación normativa o bajo determinadas exigencias mínimas de fundamentación y motivación. Máxime que, al establecer los lineamientos y formatos respectivos para cumplir con la obligación de llevar la contabilidad en medios electrónicos, tenía la obligación de hacerlo en idioma castellano o español, a fin de brindar seguridad jurídica a los contribuyentes al permitirles conocer plenamente la forma de operar los formatos establecidos al efecto, lo cual no se hizo, ya que al ingresar a la página de Internet http://www.w3.org., se advierte que su contenido está en el idioma inglés; de ahí que el Anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, viola los derechos a la legalidad y a la seguridad jurídica.

    SEGUNDA SALA

    Amparo en revisión 1287/2015. Boehringer Ingelheim Promeco, S.A. de C.V. y otras. 6 de julio de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López.

    El fallo del que derivan estas opiniones judiciales, concedieron a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, para el efecto de que se le desincorpore de su esfera jurídica la obligación de atender los lineamientos técnicos de forma y sintaxis para la generación de archivos XML especificados por el consorcio w3, establecidos en la página de internet http://www.w3.org/, hasta en tanto no se encuentre en idioma castellano o español.

    En ese sentido, el hecho de que los lineamientos técnicos de forma y sintaxis para la generación de
    archivos XML establecidos en la página de internet http://www.w3.org/, estén en idioma inglés, vulnera el derecho de seguridad jurídica de la parte quejosa, debido a que no existe garantía de que tenga conocimiento del mismo y por consecuencia, la manera de operar los formatos establecidos para tal efecto.

    Por ello, es que la autoridad administrativa al establecer los lineamientos y formatos respectivos para cumplir con la obligación de llevar la contabilidad en medios electrónicos, tenía la obligación de hacerlo en idioma castellano o español, ya que de esta manera les brinda seguridad jurídica a los contribuyentes al permitirles conocer plenamente la forma de operar los formatos establecidos para tal efecto; lo cual, como se vio, no lo hizo ya que al ingresar a la página de internet http://www.w3.org/, se desprende que su contenido está en el idioma inglés; de ahí que resulta inconstitucional dicha porción normativa.

    Hasta en tanto no se ajuste al idioma oficial de México, la regla ya mencionada, no se tendrá el deber de subir información contable a la página oficial del fisco federal; y una vez que se haga el ajuste, este no podrá ser retroactivo, por disposición expresa del artículo 14 constitucional. Esto significa que no se tendrá deber de subir la e-contabilidad por los años 2014, 2015 y lo que va del 2016.

               

    DÉCIMO SEGUNDA:

    Época: Décima Época

    Registro: 2012376

    Instancia: Segunda Sala

    Tipo de Tesis: Aislada

    Fuente: Semanario Judicial de la Federación

    Materia(s): (Común)

    Tesis: 2a. LVIII/2016 (10a.)

    CONTABILIDAD ELECTRÓNICA. AL HABER CESADO LOS EFECTOS DE LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS RELATIVAS CONTENIDAS EN LAS DIVERSAS RESOLUCIONES MODIFICATORIAS DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2014, QUE CONSTITUYE LA REGLA GENERAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA. Conforme a las reglas 1.2.8.6, 1.2.8.7. y 1.2.8.8 de la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014 publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de julio de 2014, se precisan, respectivamente: a) La información contable que los contribuyentes deben enviar a través del buzón tributario, a saber, catálogo de cuentas, balanza de comprobación e información relativa a las pólizas que hayan generado; b) La época en que deberán realizarlo; y c) La obligación de proporcionar el acuse respectivo cuando la autoridad fiscal les requiera la información relativa a sus pólizas, en ejercicio de sus facultades de comprobación o como requisito para la atención de solicitudes de devolución y compensación; todo ello, en la inteligencia de que en su artículo décimo tercero transitorio se precisaron fechas específicas para el envío de la precitada información, en el caso de las personas morales. Ahora, esas disposiciones se modificaron y adicionaron a través de la Tercera y Quinta Resoluciones de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, tanto en lo relativo al contenido de la información contable que debe enviarse a la autoridad hacendaria, como en lo concerniente a la época en que debe realizarse y, posteriormente, se derogaron mediante la Séptima Resolución de Modificaciones a la citada resolución miscelánea, publicada en el indicado medio de difusión oficial el 18 de diciembre de 2014 emitiéndose, en consecuencia, las reglas I.2.8.1.6 a I.2.8.1.9 que, conjuntamente con los resolutivos tercero y cuarto de la propia resolución modificatoria, entrarían en vigor a partir del 1 de enero de 2015, de acuerdo con su artículo segundo transitorio. No obstante, las citadas reglas y resolutivos de la Séptima Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, se derogaron implícitamente al entrar en vigor la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2014, ya que en sus reglas 2.8.1.4, 2.8.1.5, 2.8.1.9 y 2.8.1.17, se reguló: a) La información que se debe enviar a la autoridad hacendaria a través del buzón tributario; b) La periodicidad para hacerlo; c) La obligación de proporcionar información requerida por la autoridad en ejercicio de sus facultades de comprobación o para atender solicitudes de devolución o compensación; y d) Las particulares que deben observarse en relación con los papeles de trabajo y los asientos de los registros contables. Lo anterior, permite advertir que las reglas de las diversas resoluciones modificatorias a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014 en torno a la obligación de llevar contabilidad electrónica y entregarla a la autoridad hacendaria, no surtieron efecto alguno durante su vigencia, en tanto su observancia se fue postergando para finalmente quedar derogadas con la entrada en vigor de las reglas respectivas de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, hecha excepción de los resolutivos tercero y cuarto de la Séptima Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, cuya vigencia se extendió a 2015, por disposición del resolutivo cuarto de la Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea para 2015 publicada en el aludido medio de difusión oficial el 3 de marzo de 2015. En consecuencia, en virtud de que las disposiciones administrativas de referencia contenidas en las diversas resoluciones modificatorias de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014 cesaron en sus efectos -con la excepción destacada-, en torno a ellas se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo.

    SEGUNDA SALA

    Amparo en revisión 1287/2015. Boehringer Ingelheim Promeco, S.A. de C.V. y otras. 6 de julio de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López.

    La posibilidad de promover el Juicio de Amparo, en contra del inicio de la vigencia de una norma (autoaplicativo), ya se perdió, dado que la regla general que marcó los lineamientos a seguir ya feneció (2014); por ende, únicamente queda la oportunidad de impetrar el citado juicio, en contra del primer acto de aplicación, ya sea del contribuyente, o de la autoridad tributaria, contando con 15 días para hacerlo.

    revision electronica

    REVISIÓN ELECTRÓNICA.

    PRIMERA:

    Época: Décima Época

    Registro: 2012402

    Instancia: Segunda Sala

    Tipo de Tesis: Aislada

    Fuente: Semanario Judicial de la Federación

    Materia(s): (Constitucional)

    Tesis: 2a. LXXVIII/2016 (10a.)

    REVISIÓN ELECTRÓNICA. LOS ARTÍCULOS 42, FRACCIÓN IX Y 53-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, QUE PREVÉN UN PLAZO PARA DESVIRTUAR LAS IRREGULARIDADES PRECISADAS EN LA RESOLUCIÓN PROVISIONAL RESPECTIVA, NO VIOLAN EL DERECHO DE AUDIENCIA. Los preceptos citados, al establecer que el contribuyente revisado podrá manifestar lo que a su derecho convenga y ofrecer las pruebas que estime conducentes para desvirtuar los hechos u omisiones advertidos por la autoridad hacendaria con base en la información y documentación que obra en su poder, dentro de los 15 días siguientes al que se le notifique la resolución provisional respectiva, no violan el derecho de audiencia, reconocido por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que dicho plazo es razonable, en la medida en que los contribuyentes tienen el deber de conservar, a disposición de la autoridad, toda la información y documentación relacionada con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales para cuando les sea requerida, máxime que las pruebas que por cualquier motivo no se exhiban en el procedimiento respectivo, podrán ofrecerse en el recurso de revocación que, en su caso, se haga valer contra la resolución definitiva.

    SEGUNDA SALA

    Amparo en revisión 1287/2015. Boehringer Ingelheim Promeco, S.A. de C.V. y otras. 6 de julio de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López.

    La SCJN indica que el procedimiento fiscalizador digital no vulnera el derecho de audiencia, en atención de que:

    1.- Se pueden desvirtuar los hechos u omisiones contendidos en la preliquidación, teniendo 15 días para ello;

    2.- Mediante la interposición de un medio de defensa oficioso, como lo es el recurso de revocación; o

    3.- A través de un juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

    En los dos últimos casos, se cuenta con treinta días para hacerlo.

    La diferencia está en que la defensa formal (puntos 2 y 3) se agotará en contra de la liquidación definitiva, ya que no procede en contra de la preliquidación.

               

    SEGUNDA:

    Época: Décima Época

    Registro: 2012401

    Instancia: Segunda Sala

    Tipo de Tesis: Aislada

    Fuente: Semanario Judicial de la Federación

    Materia(s): (Constitucional)

    Tesis: 2a. LXXV/2016 (10a.)

    REVISIÓN ELECTRÓNICA. LOS ARTÍCULOS 42, FRACCIÓN IX Y 53-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE LA PREVÉN, NO VIOLAN LOS DERECHOS A LA LEGALIDAD Y A LA SEGURIDAD JURÍDICA. El legislador respeta los precitados derechos cuando las normas que facultan a las autoridades para actuar en un determinado sentido, encauzan el ámbito de esa actuación, a fin de que, por un lado, el gobernado conozca las consecuencias jurídicas de los actos que realice y, por otro, que el actuar de la autoridad se encuentre limitado y acotado, de manera que la posible afectación a la esfera jurídica de los gobernados no resulte de un actuar caprichoso o arbitrario de aquélla. En ese contexto, los aludidos preceptos legales no violan los derechos a la legalidad y a la seguridad jurídica, ya que de su análisis se advierte que, tratándose de la revisión electrónica, el procedimiento de fiscalización inicia con la notificación de la resolución provisional, en la que deberán precisarse los rubros o conceptos específicos que serán objeto de revisión a partir de los hechos u omisiones advertidos con base en el análisis de la información en su poder y, en su caso, la preliquidación de las contribuciones omitidas; y culmina con la notificación de la resolución definitiva, lo que deberá realizarse dentro de los 40 días siguientes al en que se reciban las pruebas del contribuyente o se desahogue la pericial, o bien, a partir de que se reciba la información solicitada a terceros, lo que deberá realizarse en los plazos previstos para esos efectos. Lo anterior,en la inteligencia de que la resolución provisional deberá constar en documento escrito -impreso o digital- y precisar la fecha y lugar de su emisión, así como la autoridad que lo emite y la persona a la que se dirige, acorde con los artículos 38 y 134 del Código Fiscal de la Federación.

    SEGUNDA SALA

    Amparo en revisión 1287/2015. Boehringer Ingelheim Promeco, S.A. de C.V. y otras. 6 de julio de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López.

    La Corte se confunde de fea manera, vean:

    “….tratándose de la revisión electrónica, el procedimiento de fiscalización inicia con la notificación de la resolución provisional, en la que deberán precisarse los rubros o conceptos específicos que serán objeto de revisión a partir de los hechos u omisiones advertidos con base en el análisis de la información en su poder ………..”.

    O sea la resolución provisional y la preliquidación, derivará de la revisión previa que ya se realizó, la que podrá ser desvirtuada por el interesado dentro del término de 15 días; y la autoridad podrá convertirla en liquidación definitiva, después de analizar lo dicho y probado por el contribuyente; quien podrá combatirla conforme a Derecho.

    El numeral 53-B expresamente dice:

    “Artículo 53-B. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 42, fracción IX de este Código, las revisiones electrónicas se realizarán conforme a lo siguiente:

    Con base en la información y documentación que obre en su poder, las autoridades fiscales darán a conocer los hechos que deriven en la omisión de contribuciones y aprovechamientos o en la comisión de otras irregularidades, a través de una resolución provisional a la cual, en su caso, se le podrá acompañar un oficio de preliquidación, cuando los hechos consignados sugieran el pago de algún crédito fiscal.

    …………………………………………………………………………..”.

    Posteriormente, trata de legitimar la diligencia, señalando requisitos que no fija el CFF, tales como que se trate de un documento impreso, lo que no está regulado en este tipo de revisiones.

    Artículo 53-B. ……………………………………………………………………

    “Los actos y resoluciones administrativos, así como las promociones de los contribuyentes a que se refiere este artículo, se notificarán y presentarán en documentos digitales a través del buzón tributario”.

               

    TERCERA:

    Época: Décima Época

    Registro: 2012400

    Instancia: Segunda Sala

    Tipo de Tesis: Aislada

    Fuente: Semanario Judicial de la Federación

    Materia(s): (Constitucional)

    Tesis: 2a. LXXVI/2016 (10a.)

    REVISIÓN ELECTRÓNICA. LOS ARTÍCULOS 42, FRACCIÓN IX Y 53-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE LA PREVÉN, NO VIOLAN EL DERECHO A LA INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO. El citado derecho reconocido por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, protege el ámbito espacial en el que se desarrolla la vida privada de las personas, restringiendo la intromisión de la autoridad a determinados supuestos, como lo es la práctica de visitas domiciliarias, las que sólo pueden tener por objeto requerir la exhibición de libros y papeles indispensables para comprobar el acatamiento de las disposiciones fiscales; sin embargo, ello no significa que la revisión de la contabilidad del contribuyente deba practicarse indefectiblemente en su domicilio, en tanto que puede realizarse en el de la propia autoridad, a través de los procedimientos de fiscalización previstos legalmente. En consecuencia, para revisar la información que los contribuyentes ingresan a los sistemas electrónicos de almacenamiento y procesamiento de datos implementados para agilizar los procedimientos de recaudación y fiscalización, como lo es, entre otros, el sistema de contabilidad electrónica, la autoridad hacendaria no debe observar las formalidades prescritas para los cateos, máxime que ese proceder no implica una intromisión al domicilio de los contribuyentes.

    SEGUNDA SALA

    Amparo en revisión 1287/2015. Boehringer Ingelheim Promeco, S.A. de C.V. y otras. 6 de julio de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López.

    La tesis indica que las revisiones digitales no invaden el domicilio del revisado y por ende no tienen que cumplir las reglas de los cateos, dado que dichas exigencias se fijan para casos en que la medida de comprobación se haga en el domicilio del contribuyente, “en tanto que puede realizarse en el de la propia autoridad”, pero sin precisar normas de procedimiento.

    Aquí tendremos que cerciorarnos de que sea la autoridad y no un particular, quien realice la revisión, ya que de no ser así, se incumplen con los requisitos constitucionales establecidos, para los actos de gobierno.

               

    CUARTA:

    Época: Décima Época

    Registro: 2012398

    Instancia: Segunda Sala

    Tipo de Tesis: Aislada

    Fuente: Semanario Judicial de la Federación

    Materia(s): (Constitucional)

    Tesis: 2a. LXXIX/2016 (10a.)

    REVISIÓN ELECTRÓNICA. EL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 53-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EN TANTO PREVÉ LA FACULTAD CONFERIDA A LA AUTORIDAD PARA HACER EFECTIVA LA CANTIDAD DETERMINADA EN LA PRELIQUIDACIÓN, TRANSGREDE EL DERECHO DE AUDIENCIA. En nuestro sistema tributario rige el principio de autodeterminación, lo que significa que, salvo disposición expresa en contrario, corresponde a los contribuyentes determinar el monto de las contribuciones a su cargo, razón por la cual, debe otorgárseles la oportunidad de alegar y probar lo que a su derecho convenga para desvirtuar los hechos u omisiones que pudieran entrañar el incumplimiento de sus obligaciones fiscales; de ahí que la autoridad fiscal podrá determinar el monto de las contribuciones omitidas en ejercicio de sus facultades de comprobación si, y sólo si, se trata de pagos y declaraciones definitivas y el contribuyente no ejerce su derecho de prueba en el procedimiento de fiscalización respectivo o, habiéndolo ejercido, no logra desvirtuar las irregularidades advertidas. En ese contexto, el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación, al establecer que las cantidades determinadas en la preliquidación “se harán efectivas mediante el procedimiento administrativo de ejecución”, cuando el contribuyente no aporte pruebas ni manifieste lo que a su derecho convenga en el procedimiento de fiscalización dentro de los plazos previstos al efecto, transgrede el derecho de audiencia reconocido por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que la preliquidación constituye una propuesta de pago para el caso de que el contribuyente decida ponerse al corriente en sus obligaciones fiscales, no así un requerimiento de pago cuya inobservancia dé lugar a su ejecución inmediata, a más de que se priva al contribuyente de sus bienes, derechos o posesiones sin antes darle la oportunidad de ofrecer en el recurso de revocación los medios de prueba que, por cualquier circunstancia, no exhibió ante la autoridad fiscalizadora para desvirtuar los hechos u omisiones advertidos.

    SEGUNDA SALA

    Amparo en revisión 1287/2015. Boehringer Ingelheim Promeco, S.A. de C.V. y otras. 6 de julio de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López.

    Se consideró que el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación es inconstitucional, en cuanto establece que las cantidades determinadas en la preliquidación “se harán efectivas mediante el procedimiento administrativo de ejecución”, cuando el contribuyente no aporte pruebas ni manifieste lo que a su derecho convenga en el procedimiento de fiscalización dentro de los plazos previstos para tal efecto (15 días), lo que viola el derecho fundamental de audiencia que consagra el artículo 14 constitucional, toda vez que la preliquidación constituye una propuesta de pago para el caso de que el contribuyente decida ponerse al corriente de sus obligaciones fiscales, no así un requerimiento de pago de cantidad líquida y exigible, cuya inobservancia de lugar a sus ejecución inmediata, en atención de que se priva al contribuyente de sus bienes, derechos o posesiones sin antes darle la oportunidad de ofrecer en el recurso de revocación o el juicio contencioso administrativo, los medios de prueba que por cualquier circunstancia, no exhibió ante la autoridad fiscalizadora para desvirtuar los hechos u omisiones advertidos.

                QUINTA:

    Época: Décima Época

    Registro: 2012397

    Instancia: Segunda Sala

    Tipo de Tesis: Aislada

    Fuente: Semanario Judicial de la Federación

    Materia(s): (Administrativa)

    Tesis: 2a. LXXII/2016 (10a.)

    REVISIÓN ELECTRÓNICA. EL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN RELATIVO INICIA CON LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN PROVISIONAL. De acuerdo con los artículos 42, fracción IX y 53-B del Código Fiscal de la Federación, tratándose de la revisión electrónica, el procedimiento de fiscalización inicia con la notificación de la resolución provisional, no así con la revisión previa de la información y documentación que la autoridad hacendaria tiene en su poder, ya que ello se realiza mediante el empleo de los sistemas electrónicos de almacenamiento y procesamiento de datos que permiten, mediante el cruce de información, identificar los hechos u omisiones que pudieran entrañar un incumplimiento de las disposiciones fiscales y, en su caso, emitir una preliquidación de las contribuciones omitidas, a efecto de que el contribuyente corrija su situación fiscal.

    SEGUNDA SALA

    Amparo en revisión 1287/2015. Boehringer Ingelheim Promeco, S.A. de C.V. y otras. 6 de julio de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López.

    Esta opinión es francamente absurda e incongruente, dado que expresamente reconoce que existe una revisión previa a la “revisión electrónica”, la cual no cuenta con reglas de procedimiento a seguir, lo que sin duda vulnera lo expresado por el artículo 14 constitucional, que de manera clara y precisa señala que todo acto de autoridad debe seguir las normas de procedimiento, para así asegurar los derechos humanos de seguridad y certeza jurídicas, máxime que la pre-revisión no la efectúa un funcionario público, sino un sistema automatizado, lo que rompe con las reglas exigidas a los actos administrativos, por el numeral 16 constitucional.

               

    SEXTA:

    Época: Décima Época

    Registro: 2012396

    Instancia: Segunda Sala

    Tipo de Tesis: Aislada

    Fuente: Semanario Judicial de la Federación

    Materia(s): (Constitucional)

    Tesis: 2a. LXXXI/2016 (10a.)

    REVISIÓN ELECTRÓNICA. EL ARTÍCULO 53-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AL PREVER LA NOTIFICACIÓN A TRAVÉS DEL BUZÓN TRIBUTARIO DE LOS ACTOS SUSCEPTIBLES DE IMPUGNARSE, NO VIOLA LOS DERECHOS A LA SEGURIDAD JURÍDICA Y DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA. El precepto aludido, al prever que todos los actos y resoluciones emitidas durante el desarrollo del procedimiento de revisión electrónica se notificarán a través del buzón tributario, no viola el derecho fundamental a la seguridad jurídica, ya que el artículo 134 del propio ordenamiento tributario expresamente señala que los actos administrativos susceptibles de impugnarse podrán notificarse por ese medio, caso en el cual, la notificación se tendrá por realizada cuando se genere el acuse de recibo electrónico “en el que conste la fecha y hora en el que el contribuyente se autenticó para abrir el documento a notificar”, de lo que se sigue que el contribuyente puede conocer con certeza el momento en el que le fue notificada la resolución definitiva, a fin de impugnarla oportunamente, razón por la cual, tampoco viola el derecho de acceso efectivo a la justicia.

    SEGUNDA SALA

    Amparo en revisión 1287/2015. Boehringer Ingelheim Promeco, S.A. de C.V. y otras. 6 de julio de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López.

                En este caso, se convalida el uso del buzón tributario y para obtener su posible anulación, se recomienda abrirlo en horas y días inhábiles, ya que se vicia la diligencia, por contravenir lo señalado por los artículos 12 y 13 del Código Fiscal de la Federación.

    SÉPTIMA:

    Época: Décima Época

    Registro: 2012395

    Instancia: Segunda Sala

    Tipo de Tesis: Aislada

    Fuente: Semanario Judicial de la Federación

    Materia(s): (Constitucional)

    Tesis: 2a. LXXIII/2016 (10a.)

    REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN QUE OBRA EN PODER DE LA AUTORIDAD HACENDARIA PARA CONSTATAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. NO ES UN ACTO DE MOLESTIA. Los actos de molestia -objeto de tutela del derecho a la seguridad jurídica reconocido en el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos-, son aquellos que restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos. En ese sentido, la facultad conferida a la autoridad hacendaria para revisar la información y documentación que tiene en su poder para constatar el acatamiento de las disposiciones fiscales, no es un acto de molestia, ya que la actividad que despliega para constatar la veracidad o exactitud de esa información y documentación, por sí, no restringe provisional ni precautoriamente derecho alguno de los contribuyentes, antes bien, permite revisar su situación fiscal sin generar las consecuencias propias del ejercicio de sus facultades de comprobación, particularmente la suspensión del plazo para que opere la caducidad de esas facultades, el cual, tratándose de pagos y declaraciones definitivas, inicia una vez remitida la información contable a través de medios electrónicos.

    SEGUNDA SALA

    Amparo en revisión 1287/2015. Boehringer Ingelheim Promeco, S.A. de C.V. y otras. 6 de julio de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López.

    La tesis convalida la intromisión en los datos e información, sin que pueda calificarse como “acto de molestia”, pero cuando se trasgredan derechos sobre datos sensibles personales, podrá alegarse que lo está realizando algo que no proviene de un servidor público, que es requisito constitucional y por ende no se encuentra efectuado por autoridad competente.

               

    OCTAVA:

    Época: Décima Época

    Registro: 2012393

    Instancia: Segunda Sala

    Tipo de Tesis: Aislada

    Fuente: Semanario Judicial de la Federación

    Materia(s): (Administrativa)

    Tesis: 2a. LXXI/2016 (10a.)

    INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN EN PODER DE LA AUTORIDAD HACENDARIA PARA VERIFICAR EL ACATAMIENTO DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. SU REVISIÓN CONSTITUYE UN ACTO PREPARATORIO DEL PROCESO DE FISCALIZACIÓN. La revisión de la información y documentación que obra en poder de la autoridad hacendaria con el objeto de verificar el cumplimiento de las disposiciones fiscales e identificar, en su caso, los hechos u omisiones que pudieran entrañar su incumplimiento, se traduce en un acto preparatorio del proceso de fiscalización y, como tal, no restringe derecho alguno de los contribuyentes ni implica la intromisión de la autoridad en su domicilio, habida cuenta que los sistemas de almacenamiento y procesamiento de datos implementados para agilizar los procesos de recaudación y fiscalización permiten constatar ese aspecto mediante el cruce de la información que los propios contribuyentes ingresan a esos sistemas, como lo es la relativa a las declaraciones de impuestos e informativas, dictámenes financieros, solicitudes de devolución, avisos y comprobantes fiscales. En consecuencia, el proceso de fiscalización, entendido como aquel a través del cual la autoridad hacendaria ejerce sus facultades de comprobación para determinar si los contribuyentes han cumplido con sus obligaciones fiscales y, en su caso, el monto de las contribuciones omitidas, inicia cuando se les requiere para que exhiban los datos, informes y documentos que estimen necesarios para desvirtuar los hechos u omisiones advertidas, o bien, para corregir su situación fiscal.

    SEGUNDA SALA

    Amparo en revisión 1287/2015. Boehringer Ingelheim Promeco, S.A. de C.V. y otras. 6 de julio de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López.

    La anterior tesis reconoce que existe un procedimiento previo a la revisión digital, lo que es indebido; y cuando se soliciten datos o informes adicionales, se podrá interponer el Juicio de Amparo, ya que se tratará del primer acto de aplicación.

               

    NOVENA:

    Época: Décima Época

    Registro: 2012392

    Instancia: Segunda Sala

    Tipo de Tesis: Aislada

    Fuente: Semanario Judicial de la Federación

    Materia(s): (Constitucional)

    Tesis: 2a. LXXIV/2016 (10a.)

    FACULTAD DE LA AUTORIDAD HACENDARIA PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES FISCALES CON BASE EN LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN QUE OBRA EN SU PODER, SIN TENER QUE DAR NOTICIA DE ELLO AL CONTRIBUYENTE. LOS ARTÍCULOS 42, FRACCIÓN IX Y 53-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE LA PREVÉN, NO VIOLAN EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA. Los preceptos aludidos, al facultar a la autoridad hacendaria para revisar la información y documentación relacionada con el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes que obra en su poder, sin tener que dar noticia de ello a los sujetos revisados, no violan el derecho a la seguridad jurídica, reconocido por el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que ese proceder, por sí, no afecta derecho alguno de los contribuyentes, provisional ni precautoriamente, sino sólo cuando se advierte alguna irregularidad, ya que en dicho supuesto, de no optar por regularizar su situación fiscal, se les sujeta a un procedimiento de fiscalización, habida cuenta que durante su tramitación pueden solicitar un acuerdo conclusivo, lo que es acorde con el nuevo modelo de relación cooperativa que tiene como propósito fundamental orientar a los contribuyentes con oportunidad sobre los términos en que deben cumplir con sus obligaciones fiscales y resolver diferendos derivados de la interpretación de la ley, sin necesidad de recurrir a los tribunales, a fin de lograr una mayor recaudación y reducir los costos de operación de la hacienda pública.

    SEGUNDA SALA

    Amparo en revisión 1287/2015. Boehringer Ingelheim Promeco, S.A. de C.V. y otras. 6 de julio de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López.

    Esta opinión resulta absurda, ya que en lugar de dejar a salvo los derechos de defensa de los contribuyentes, previstos por el artículo 17 constitucional, pretende que se sujeten a un “acuerdo conclusivo”, lo que está condicionado a la voluntad del gobernado, en ejercicio de la autonomía de la voluntad; de ello se desprende la parcialidad del Poder Judicial en esta clase de asuntos.

    DÉCIMA:

    Época: Décima Época

    Registro: 2012399

    Instancia: Segunda Sala

    Tipo de Tesis: Aislada

    Fuente: Semanario Judicial de la Federación

    Materia(s): (Administrativa)

    Tesis: 2a. LXXX/2016 (10a.)

    REVISIÓN ELECTRÓNICA. LA PRELIQUIDACIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES OMITIDAS CONSTITUYE UNA PROPUESTA DE PAGO. La preliquidación de las contribuciones omitidas contenida en la resolución provisional, se traduce en un acto declarativo a través del cual la autoridad hacendaria exhorta al contribuyente a corregir su situación fiscal respecto de los hechos u omisiones advertidos al verificar el cumplimiento de obligaciones relacionadas con los pagos definitivos de una contribución, señalando la cantidad que, en su caso, deberá cubrir para acogerse al beneficio previsto en la fracción II del artículo 53-B del Código Fiscal. Por esa razón, la preliquidación constituye una propuesta de pago para el caso de que el contribuyente opte por corregir su situación fiscal, no así un requerimiento de pago, ya que éste sólo podrá verificarse una vez que, habiéndose otorgado al contribuyente la oportunidad de alegar y probar lo que a su derecho convenga en el procedimiento de fiscalización respectivo o en el recurso de revocación, la autoridad hacendaria dicte una resolución definitiva en la que califique los hechos u omisiones advertidos y, de ser el caso, determine el monto de las contribuciones omitidas.

    SEGUNDA SALA

    Amparo en revisión 1287/2015. Boehringer Ingelheim Promeco, S.A. de C.V. y otras. 6 de julio de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López.

    Aquí la Corte señala que la preliquidación constituye una propuesta de pago, para el caso de que el contribuyente opte por corregir su situación fiscal, por ende no se trata de un requerimiento de pago, ya que éste se convertirá en definitivo, una vez que, habiéndose otorgado al contribuyente la oportunidad de alegar y probar en contrario, en el procedimiento de fiscalización respectivo o en el recurso de revocación (sic), la autoridad hacendaria dicte una resolución definitiva en la que califique los hechos u omisiones advertidos y, de ser el caso, determine el monto de las contribuciones omitidas.

    buzon tributario

    BUZÓN TRIBUTARIO.

    PRIMERA:

    Época: Décima Época

    Registro: 2012375

    Instancia: Segunda Sala

    Tipo de Tesis: Aislada

    Fuente: Semanario Judicial de la Federación

    Materia(s): (Constitucional)

    Tesis: 2a. LIX/2016 (10a.)

    BUZÓN TRIBUTARIO. EL ARTÍCULO 17-K DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AL ESTABLECER ESE MEDIO DE COMUNICACIÓN ENTRE EL CONTRIBUYENTE Y LA AUTORIDAD HACENDARIA, NO VIOLA EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA (DECRETO DE REFORMAS PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 9 DE DICIEMBRE DE 2013). El citado precepto dispone que las personas físicas y morales inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes tendrán asignado un buzón tributario, consistente en un sistema de comunicación electrónico ubicado en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, a través del cual, la autoridad fiscal realizará la notificación de cualquier acto o resolución administrativa que emita, en documentos digitales, incluyendo cualquiera que pueda ser recurrido, y los contribuyentes presentarán promociones, solicitudes, avisos, o darán cumplimiento a requerimientos de la autoridad, a través de documentos digitales, y podrán realizar consultas sobre su situación fiscal, estableciendo el mecanismo para corroborar su autenticidad y correcto funcionamiento inicial. Lo anterior permite observar que el artículo 17-K del Código Fiscal de la Federación sólo instaura un nuevo canal de comunicación entre el contribuyente y la autoridad hacendaria aprovechando los avances tecnológicos, precisando con toda claridad cuál será su propósito y la forma en que se le dotará de eficacia, con lo cual, se deja en claro al contribuyente a qué atenerse, pues la norma le permite conocer que tendrá asignado un buzón tributario para interactuar e intercambiar información con la autoridad hacendaria, de manera que tiene la certeza de que, a través de ese medio, le efectuará la notificación de cualquier acto o resolución administrativa que emita y que, por la misma vía, deberá presentar sus promociones, solicitudes, avisos, dar cumplimiento a sus obligaciones y a los requerimientos que se le formulen, así como realizar consultas sobre su situación fiscal, aunado a que la redacción de la norma impide a la autoridad cualquier actuación arbitraria o excesiva, en la medida en que establece con precisión el objeto y finalidad del buzón tributario, el cual no podrá utilizarse para cuestiones diversas de las expresamente establecidas por el legislador. En esos términos, el artículo 17-K invocado, no viola el derecho a la seguridad jurídica reconocido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tomando en consideración, que sólo propone delimitar lo que podrá enviarse a través del citado medio, y no detalla cómo se hará el envío respectivo, esto es, cómo se efectuarán las notificaciones por esa vía ni bajo qué parámetros se tendrán por realizadas, a fin de constatar que la información respectiva ha sido entregada al receptor, pues esos aspectos se regulan esencialmente en el artículo 134 del referido código tributario.

    SEGUNDA SALA

    Amparo en revisión 1287/2015. Boehringer Ingelheim Promeco, S.A. de C.V. y otras. 6 de julio de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López.

    La tesis indica que el buzón fiscal es un canal de comunicación entre el contribuyente y la autoridadhacendaria, aprovechando los avances tecnológicos, precisando su forma de utilización y los documentos que le serán enviados y que se podrán mandar por esta vía; legitimando su existencia y empleo en materia tributaria.

    SEGUNDA:

    Época: Décima Época

    Registro: 2012374

    Instancia: Segunda Sala

    Tipo de Tesis: Aislada

    Fuente: Semanario Judicial de la Federación

    Materia(s): (Constitucional, Administrativa)

    Tesis: 2a. LX/2016 (10a.)

    BUZÓN TRIBUTARIO. EL ARTÍCULO 17-K DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AL ESTABLECER ESE MEDIO DE COMUNICACIÓN ENTRE EL CONTRIBUYENTE Y LA AUTORIDAD HACENDARIA, NO VIOLA EL DERECHO A LA IGUALDAD (DECRETO DE REFORMAS PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 9 DE DICIEMBRE DE 2013). El citado precepto dispone que las personas físicas y morales inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes tendrán asignado un buzón tributario, consistente en un sistema de comunicación electrónico ubicado en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, a través del cual, la autoridad fiscal realizará la notificación de cualquier acto o resolución administrativa que emita, en documentos digitales, incluyendo cualquiera que pueda ser recurrido, y los contribuyentes presentarán promociones, solicitudes, avisos, o darán cumplimiento a sus obligaciones y requerimientos de la autoridad, a través de documentos digitales, y podrán realizar consultas sobre su situación fiscal, estableciendo el mecanismo para corroborar su autenticidad y correcto funcionamiento inicial. Lo anterior permite advertir que, atendiendo al carácter de contribuyente que le puede asistir a las personas físicas y morales inscritas en el citado Registro, la norma establece para todas ellas, bajo idénticas circunstancias e implicaciones, la asignación del buzón tributario para los efectos señalados. En esos términos el artículo 17-K del Código Fiscal de la Federación, al establecer el referido medio de comunicación electrónico entre la autoridad hacendaria y los contribuyentes, no viola el derecho a la igualdad reconocido en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues su vocación normativa se circunscribe a dar existencia jurídica al buzón tributario y a delimitar lo que podrá enviarse a través de él, sin que en ello exista distinción de cualquier clase entre los sujetos destinatarios de la norma.

    SEGUNDA SALA

    Amparo en revisión 1287/2015. Boehringer Ingelheim Promeco, S.A. de C.V. y otras. 6 de julio de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López.

    Este criterio convalida el uso del buzón tributario, para personas físicas como para las morales, y marca queeste sistema de comunicación llego para quedarse.

    TERCERA:

    Época: Décima Época

    Registro: 2012373

    Instancia: Segunda Sala

    Tipo de Tesis: Aislada

    Fuente: Semanario Judicial de la Federación

    Materia(s): (Común)

    Tesis: 2a. LVI/2016 (10a.)

    BUZÓN TRIBUTARIO, CONTABILIDAD Y REVISIONES ELECTRÓNICAS. LOS ARTÍCULOS 17-K, 28, 42, FRACCIÓN IX Y 53-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE REGULAN ESAS FIGURAS JURÍDICAS, INTEGRAN UN SISTEMA NORMATIVO PARA EFECTOS DE SU IMPUGNACIÓN MEDIANTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (DECRETO DE REFORMAS PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 9 DE DICIEMBRE DE 2013). Conforme a la exposición de motivos del citado decreto y al texto de los preceptos señalados, se advierte que su propósito fundamental es ampliar la base de contribuyentes y asegurar su plena integración al ciclo tributario, para lo cual, se estimó necesario emplear las tecnologías en materia de comunicación e información, mediante la utilización de mecanismos electrónicos que faciliten a los contribuyentes cumplir sus obligaciones fiscales y permitan a la autoridad hacendaria llevar a cabo procesos de recaudación y fiscalización más ágiles y eficientes. En ese contexto, el legislador ordinario estableció: a) Un sistema de contabilidad electrónico estándar a través del cual los contribuyentes deben llevar sus registros o asientos (artículo 28, fracción III, en relación con las fracciones I y II); b) La obligación de enviar mensualmente la información respectiva a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, de acuerdo con las reglas generales que al efecto se emitan (artículo 28, fracción IV, en relación con las fracciones I y II); c) La asignación de un buzón tributario a cada contribuyente como medio de comunicación electrónica con la autoridad hacendaria, a través del cual, ésta realizará la notificación de actos y resoluciones, y aquél presentará promociones, solicitudes, avisos, o cumplirá requerimientos, y podrá consultar su situación fiscal y cumplir con sus obligaciones fiscales (artículo 17-K); y d) Un nuevo procedimiento de fiscalización electrónica, conforme al cual, la autoridad hacendaria podrá ejercer sus facultades de comprobación con base en la información y documentación que obre en su poder, sobre rubros o conceptos específicos de una o más contribuciones, y dictar, en su caso, una resolución provisional en la que se asentarán los hechos u omisiones que den lugar a la determinación de un crédito fiscal y la preliquidación respectiva, requerir la documentación e información correspondiente y notificar el resultado relativo a través del buzón tributario en lapsos breves (artículos 42, fracción IX y 53-B). Lo anterior permite advertir que si entre las disposiciones regulatorias del buzón tributario, la contabilidad y las revisiones electrónicas existe una estrecha vinculación, en tanto el citado buzón es el medio a través del cual los contribuyentes envían su información contable al Servicio de Administración Tributaria, la cual se integrará a un sistema de contabilidad electrónica estándar que, además de facilitarles el cumplimiento de otras obligaciones fiscales, permite que los procesos de fiscalización sean más ágiles y eficientes, pues con la reducción de plazos y costos de operación la autoridad estará en posibilidad de revisar rubros o conceptos específicos de una o más contribuciones en los que se advierta alguna irregularidad con base en el análisis de los documentos e información que tenga en su poder, incluida la contabilidad electrónica, es evidente que los artículos 17-K, 28, 42, fracción IX y 53-B del Código Fiscal de la Federación -y otras disposiciones que desarrollan su contenido- integran un sistema normativo para efectos de su impugnación, mediante el juicio de amparo indirecto.

    SEGUNDA SALA

    Amparo en revisión 1287/2015. Boehringer Ingelheim Promeco, S.A. de C.V. y otras. 6 de julio de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López.

     

    La opinión judicial transcrita marca que las disposiciones regulatorias del buzón tributario, la contabilidad y las revisiones electrónicas pertenecen a un mismo sistema normativo, por ello, son materia del juicio constitucional en su conjunto.

    Derivado de esto, las violaciones constitucionales tendrán que vincularse con estos temas, para efectos de obtener una protección integral.

    CUARTA:

    Época: Décima Época

    Registro: 2012372

    Instancia: Segunda Sala

    Tipo de Tesis: Aislada

    Fuente: Semanario Judicial de la Federación

    Materia(s): (Común)

    Tesis: 2a. LVII/2016 (10a.)

    BUZÓN TRIBUTARIO, CONTABILIDAD Y REVISIONES ELECTRÓNICAS. CONTRA LOS ARTÍCULOS 17-K, 28, 42, FRACCIÓN IX Y 53-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SI SE IMPUGNAN CONJUNTAMENTE CON MOTIVO DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA OBLIGACIÓN DE ENVIAR A LA AUTORIDAD HACENDARIA LA CONTABILIDAD ELECTRÓNICA (DECRETO DE REFORMAS PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 9 DE DICIEMBRE DE 2013). Si en la demanda de amparo se señalan como actos reclamados los preceptos de referencia -así como otras disposiciones que desarrollan su contenido- y lo que fundamentalmente se impugna es el nuevo mecanismo implementado para el registro y control de la contabilidad electrónica de los contribuyentes con motivo de la entrada en vigor de la obligación consistente en llevar la contabilidad en medios electrónicos y enviar mensualmente la información respectiva al Servicio de Administración Tributaria (1 de julio de 2014), se advierte que en torno a dichas normas no se actualizan las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XII y XXIII, ésta en relación con el artículo 17, fracción I, de la Ley de Amparo (falta de interés jurídico y extemporaneidad), no obstante que a algunas de ellas les revista el carácter de heteroaplicativas y otras hubiesen iniciado su vigencia con anterioridad, en razón de que todas pertenecen al mismo sistema normativo que, para efectos del juicio de amparo, es impugnable en su integridad a partir del inicio de vigencia de la obligación aludida, siempre que la demanda se hubiese interpuesto dentro del plazo previsto en el citado artículo 17, fracción I.

    SEGUNDA SALA

    Amparo en revisión 1287/2015. Boehringer Ingelheim Promeco, S.A. de C.V. y otras. 6 de julio de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López.

    Esta tesis indica que por ser un sistema integral, tal y como se dijo en el comentario anterior, no importa que se trate de normas autoaplicativas o heteoaplicativas, ya que se combatieron conjuntamente.

    Lo anterior quedo rebasado, dado que a la fecha se podrá atacar el primer acto de aplicación únicamente, puesto que la oportunidad procesal de interponer Amparo por la entrada en vigor de las normas relativas, ya feneció.

    En espera de que estas notas le sean útiles, aprovechamos para saludarle.

     

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    Publicado el 08 Feb a las 17:59h

    www.gmcapacitacion.com

    ANDRES MATEOS2    Por: Lic. Andres Mateos Santiago

                                        El Fiscalista de México

                                        Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

    Nota: Al 5 de febrero de 2016 fecha en que se terminó el presente análisis, la Reforma a la Ley General de Sociedades Mercantiles que contempla las Sociedad por Acción Simplificada (SAS) ha sido aprobada sin que aún  se haya publicado el decreto respectivo en el Diario Oficial de la Federación, por lo que cualquier omisión será comentada con posterioridad.

    INTRODUCCIÓN

    Nuestro concepto de sociedad parte de la idea general de “societas“, palabra latina que significasociedad unipersonal 2 <reunión, comunidad, compañía >, como dijera Aristóteles, el hombre es un ser de naturaleza social; las personas se asocian en torno a un fin común, siendo necesario lograr la estabilidad en los acuerdos y darles eficacia, es así que nace la forma societaria cuya normatividad se encuentra en la Ley General de Sociedades Mercantiles y en los distintos  códigos de derecho civil de nuestro país, dependiendo de su propósito predominantemente económico o asistencial.

    La sociedad anónima que es una de las figuras de capital  más usuales en México, es aquella que existe bajo una denominación formada libremente y en la cual los socios responden de manera limitada hasta por el monto de sus acciones, tienen personalidad jurídica propia distinta a la de sus socios y al ser inscritas en el Registro Público de Comercio, también adquieren la publicidad necesaria para que puedan desarrollarse en el área de los negocios. Es entonces que este modelo de sociedad con propósitos comerciales, ha sido crucial para el desarrollo económico en un sistema capitalista.

     

    No obstante lo antes dicho, los distintos modelos de sociedades no son estáticos, evolucionan y se transforman adecuándose a las nuevas realidades que el comercio, la economía y el derecho dictan en los diferentes estadíos; la tecnología ha acelerado las relaciones comerciales en el mundo y también fluye la información en diversos ámbitos jurídico, político, económico, sociales etc. Es de esta manera que sabemos que las sociedades de capitales encuentran diversas codificaciones y regulación en su nacimiento, desarrollo, y extinción. Pasamos de la asociación plural de personas, a la singularidad bajo el esquema de sociedad, esta forma aunque originalmente surgió en países del continente europeo como Alemania, Francia,  España, Inglaterra  por citar sólo algunos de ellos, en México la entendemos muy bien, porque un ejemplo de sociedad con administración unipersonal lo encontramos en el Código Civil  del Estado de Morelos,  y más tratándose del tema tributario puesto que concebimos en nuestra ley de renta la acepción asimilables ” a ..” es decir  la idea de algo parecido, entendido, comparado, aceptado, interpretado, que funciona asī etc; así que el concepto de Sociedad Unipersonal, o Sociedad  Unimembre, o Sociedad por Acciones Simplificada que en términos  lisos y llanos  significa una sociedad formada por una persona física o moral, podemos comprenderla  bien.

    ANTECEDENTES DE ESTE TIPO DE SOCIEDADES EN ESPAÑA.

    En España, el derecho  de sociedades no se regula en un solo cuerpo legal, sino que  se encuentra disperso en diferentes cuerpos legales, principalmente en el Código civil de 1889, el Código de Comercio de 1885 y Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

    El derecho societario español decretó en la disposición final séptima de la Ley 3/2009 , del 3 de abril , sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles para que en un plazo de 12 meses procediera a refundir en un único texto las normas legislativas relativas a: 1. Leyes de Sociedades Anónimas y 2. Leyes de Sociedades de Responsabilidad Limitada; es así que actualmente se rigen por la Ley de Sociedades de Capital, misma que el pasado 1 de enero de 2015 entró en vigor la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifico para la mejora del gobierno corporativo, de la que mucho deberíamos incorporar al derecho estatutario de nuestro país, pues esencialmente la reforma atiende a beneficios en la  figura del representante legal.

    < Real decreto legislativo 1/2010, del 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital .

    La sociedad unipersonal

    Artículo 12 Clases de sociedades de capital unipersonales

    Se entiende por sociedad unipersonal de responsabilidad limitada o anónima:

    a)La constituida por un único socio, sea persona natural o jurídica.

    b) La constituida por dos o más socios cuando todas las participaciones o las acciones hayan pasado a ser propiedad de un único socio. Se consideran propiedad del único socio las participaciones sociales o las acciones que pertenezcan a la sociedad unipersonal.

    Artículo 13 Publicidad de la unipersonalidad

    1.La constitución de una sociedad unipersonal, la declaración de tal situación como consecuencia de haber pasado un único socio a ser propietario de todas las participaciones sociales o de todas las acciones, la pérdida de tal situación o el cambio del socio único como consecuencia de haberse transmitido alguna o todas las participaciones o todas las acciones, se harán constar en escritura pública que se inscribirá en el Registro Mercantil. En la inscripción se expresaránecesariamente la identidad del socio único. 

    2.En tanto subsista la situación de unipersonalidad, la sociedad hará constar expresamente su condición de unipersonal en toda su documentación, correspondencia, notas de pedido y facturas, así como en todos los anuncios que haya de publicar por disposición legal o estatutaria.

     

    Artículo 14 Efectos de la unipersonalidad sobrevenida 

    1. Transcurridos seis meses desde la adquisición por la sociedad del carácter unipersonal sin que esta circunstancia se hubiere inscrito en el Registro Mercantil, el socio único responderá personal, ilimitada y solidariamente de las deudas sociales contraídas durante el período de unipersonalidad. 

    2. Inscrita la unipersonalidad, el socio único no responderá de las deudas contraídas con posterioridad.

     Sección 2

     Régimen jurídico de la sociedad unipersonal

    Artículo 15 Decisiones del socio único 

    1. En la sociedad unipersonal el socio único ejercerá las competencias de la junta general. 

    2. Las decisiones del socio único se consignarán en acta, bajo su firma o la de su representante, pudiendo ser ejecutadas y formalizadas por el propio socio o por los administradores de la sociedad.

     Artículo 16 Contratación del socio único con la sociedad unipersonal

    1. Los contratos celebrados entre el socio único y la sociedad deberán constar por escrito o en la forma documental que exija la ley de acuerdo con su naturaleza, y se transcribirán a un libro-registro de la sociedad que habrá de ser legalizado conforme a lo dispuesto para los libros de actas de las sociedades. En la memoria anual se hará referencia expresa e individualizada a estos contratos, con indicación de su naturaleza y condiciones. 

    2. En caso de concurso del socio único o de la sociedad, no serán oponibles a la masa aquellos contratos comprendidos en el apartado anterior que no hayan sido transcritos al libro-registro y no se hallen referenciados en la memoria anual o lo hayan sido en memoria no depositada con arreglo a la ley. 

    3. Durante el plazo de dos años a contar desde la fecha de celebración de los contratos a que se refiere el apartado primero, el socio único responderá frente a la sociedad de las ventajas que directa o indirectamente haya obtenido en perjuicio de ésta como consecuencia de dichos contratos. 

    Artículo 17 Especialidades de las sociedades unipersonales públicas

    A las sociedades de responsabilidad limitada o anónimas unipersonales cuyo capital sea propiedad del Estado, Comunidades Autónomas o Corporaciones locales, o de organismos o entidades de ellos dependientes, no serán de aplicación lo establecido en el apartado segundo del artículo 13, el artículo 14 y los apartados 2 y 3 del artículo 16. >

    CONCEPTO DE SOCIEDAD UNIPERSONAL  EN EL DERECHO MEXICANO.

    El Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos ya establece un precepto que bien podríamos considerar como un precedente en un modelo de administración unipersonal; dice dicho precepto:

    ARTICULO: 2137. ADMINISTRACIÓN UNIPERSONAL O PLURAL DE LA SOCIEDAD.

    La administración de la sociedad puede conferirse a uno o más socios. Habiendo socios especialmente encargados de la administración, los demás no podrán contrariar no entorpecer las gestiones de aquellos, ni impedir sus efectos.

    Es cierto que se refiere a la administración de la sociedad en el caso de sociedad civil puesto que tal artículo corresponde al capítulo de ese nombre, sin embargo sirve para el caso de poner como ejemplo una administración en la que se dijera : ” la sociedad será administrada y dirigida por un socio ” situación de la que hablamos en este artículo.

    En comentario de Jorge Barrera Graf y Horacio Aguilar Álvarez de Alba, tomado del tomo Vl, Enciclopedia Jurídica Mexicano, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, editorial PORRÚA, dice: “Como su nombre lo indica, son sociedades de un solo socio. Si bien su carácter de sociedades puede, y debe negarse su existencia, en la realidad, tanto en México como en el derecho extranjero ( norteamericano , ingles, francés, italiano, etc. ) constituye una realidad evidente , reconocida y analizada por la doctrina.

     < En rigor no estamos en presencia de una sociedad , sino de un fenómeno jurídico distinto: de organización de empresas, que toma prestados del régimen jurídico de las sociedades de capitales – de la SA- caracteres y principios básicos que hace que dichas empresas o sociedades unimembres actúen de manera similar a la SA.

     Tales principios y caracteres son:

    a) La obtención de una personalidad y de un patrimonio propios (nota común a toda clase de sociedades);

    b) La limitación de responsabilidad del socio al monto o cuantía de lo que se obligue a aportar para constituir el capital social de la sociedad unimembre;

    c) La representación del capital en ocasiones, que son títulos de crédito de carácter nominativo , eminentemente circulables;

    d) La posibilidad de emitir obligaciones o bonos, la presencia y la distribución de funciones, durante la vida del ente, en tres órganos:

    e) La asamblea de accionistas (de acciones),

    f) La administración que puede ser singular o plural y que puede recaer en socios o terceros, y

    g) La vigilancia, que puede ser externa, o bien, quedar a cargo del único socio;

    h) La posibilidad finalmente de entrada de nuevos socios (en tal caso, la sociedad unimembre se convertirá en plurimembre), ya sea mediante emisión y suscripción de nuevas acciones (en tal caso de aumentos de capital), ya por transmisión a terceros de acciones del o de los socios. >

     

     LA DISCUSIÓN SOBRE LA APROBACIÓN DE LAS SOCIEDADES UNIPERSONALES EN MÉXICO YA TIENE HISTORIA

    sociedad unipersonal 3Es entonces  que las sociedades unipersonales ya tienen cuando menos dos décadas de plantearse como proyecto de reforma en nuestra legislación de Sociedades Mercantiles, las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento industrial y de Estudios Legislativos, así como por la Cámara de origen y Revisora, aprobaron la Minuta del Proyecto de Decreto que fue redactada desde el 27 de marzo de 2008, y boletín 2408

    (La Cámara de Diputados aprobó en lo general por 283 votos en pro, 85 en contra y ocho abstenciones, el dictamen que reforma la Ley General de Sociedades Mercantiles para crear la figura de empresas unipersonales, a fin de impulsar la economía, incentivar actividades productivas individuales y eliminar la condición de testaferro para evitar la búsqueda de socios o accionistas de participación simulada.

    El documento elaborado por la Comisión de Economía señala que la nueva figura responde a la necesidad del sector empresarial por limitar y destinar activos a sus actividades sin arriesgar la totalidad de su patrimonio)

    Trascendió a la fecha de redactar este artículo 4 de febrero de 2016, que mediante boletín 0831, que el día 20 de enero la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados aprobó la minuta con el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles, a través del cual se propone crear la figura de la “Sociedad por Acciones Simplificada”-SAS-, con los siguientes beneficios :

    Boletín N°. 0831

    Aprueba Comisión de Economía crear las Sociedades por Acciones Simplificadas

    El dictamen busca crear una figura jurídica que agilice la constitución de las Sociedades por Acciones Simplificadas, así como su respectiva inscripción en el Registro Público de Comercio.

     Las SAS´s podrán constituirse por un solo socio, con capital de aportación no inferior a $50,000.00 (cincuenta mil pesos) y sus ingresos totales anuales no deberán rebasar de los $5,000,000.00 (cinco millones de pesos); en caso de superar el monto pasarán a otro régimen societario de los contemplados en la ley.

     La reforma precisa que entre los requisitos para la constitución de dichas sociedades, los accionistas deberán contar con el certificado de firma electrónica avanzada vigente, reconocido en las reglas generales que emite la Secretaría de Economía.

     La existencia de la SAS´s se probará con el contrato social de la constitución de la sociedad y la boleta de inscripción del Registro Público de Comercio.

     

    CLASES DE SOCIEDAD UNIPERSONAL

    Los países que han adoptado este tipo de sociedad admiten esencialmente dos clases de ella, a) las sociedades uniper­sonales originarias  y b) las sociedades unipersonales sobrevinientes.

    Unipersonalidad originaria.- Consistente en la fundación de la sociedad con un único socio. La sociedad es un ente jurídico unilateral y puede constituirse con persona física o jurídica individual.

    Unipersonalidad sobreviniente.- La adquisición de todas las acciones por el socio único le da el carácter de sociedad unipersonal sobreviniente las acciones pueden transferirse por enajenación incluyendo desde luego la donación en favor de una persona.

    LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA SOCIEDAD UNIPERSONAL .

    La reforma considerará  sociedades de un solo socio, por ello estaremos ante   «decisiones del socio único»,ya no serán decisiones colegiadas en este tipo de sociedades, no habrá por tanto, convocatoria, reunión, deliberación o votación, serán decisiones tomadas de manera unilateral y llevadas a la formalidad de acta de resolutivos. Las decisiones del socio único se consignaran en un acta con la firma del único socio persona física o la de su representante para el caso de persona moral.

    ARGUMENTOS A FAVOR Y EN CONTRA

    Algunos de los argumentos en contra de este tipo de sociedades es el hecho de presentarse muy frágiles y quetanto oro quanto il peso puedan servir como medios de defraudación fiscal, lavado de dinero, y fraude comercial entre otros;

    En contra posición se esgrimen razonamientos en favortales como agilizar el tiempo invertido en la constitución de empresas, promover el desarrollo micro industrial, generar empleo, ayudar a la economía y mayor control fiscal entre otros.

    En mi concepto, no puedo aceptar que se miren a este tipo de sociedades como defraudadoras por el hecho de capital inferior, ó por la participación de un solo socio; por el contrario, comulgo con la corriente que busca una manera de desarrollar las actividades productivas a través de la formalidad, de la adopción de una figura legal con personalidad jurídica y regulación en el derecho positivo mexicano.

    Otros  argumentos de importancia son el caso de la seguridad jurídica en cuanto a la responsabilidad limitada, pues por regla de derecho, las sociedades responden hasta por el total de las aportaciones de los socios, en este caso de un solo socio, existe un dique legal que protege el patrimonio y al darle publicidad mediante la inscripción en el registro público del comercio, los terceros  relacionados comercialmente, tienen noticia del capital, a la vez que el monto de sus ingresos anuales también estará topado a cinco millones de pesossegún ha trascendido sin que hasta el momento de redacción de este artículo sea un dato confirmado, pues no se ha publicado el decreto correspondiente en el Diario Oficial de la Federación ; no obstante ha fluido información confiable aunque no oficial.

    EL CASO DEL SÍNDICO EN LAS SOCIEDADES UNIPERSONALES.

    Las sociedades deben nombrar a un vigilante de la  administración, la persona que está al pendiente de la buena marcha conforme a los estatutos de la sociedad; ¿rompe la regla de socio unipersonal la inclusión del síndico?, consideró que no afecta, ya que ésta persona puede ser extraña a la sociedad, no es necesario incluirla en la administración y en este contexto, no afecta la condición de sociedad unimembre.

    LOS TESTAFERROS O PRESTANOMBRES, EL USO DE SU IDENTIDAD EN LAS SOCIEDADES DE CAPITAL.

    Una práctica común vigente es el caso de los prestanombres, jurídicamente testaferros, son aquellas personas que por diversas razones ya de economía y hasta de desconocimiento aceptan prestar su identidad a fin de posibilitar la existencia de una sociedad, recordemos que la legislación nos pide un mínimo de dos socios o accionistas y para cumplir ese requisito de forma, es que en ocasiones se hace necesaria la participación de un segundo socio que prácticamente permanece inmóvil, no participa activamente del negocio social pero es poseedor de cuando menos el 1 % del capital social y de sus rendimientos. También esta práctica no es del todo convincente desde la perspectiva de asignar al socio minoritario la calidad de representante legal y por ello la facultad de ejercer la suma de atribuciones que el artículo 2554 del Código Civil Federal disponen para los apoderados generales de las empresas, estos poderes son: para actos de representación, de administración y de dominio; por ende la persona en quien recaiga el nombramiento de la representación legal  de la sociedad, será   responsable  de las irregularidades que se cometan al amparo de la misma; aquí dejo señalado que el actual artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles en correlación con el diverso 95 del Código Fiscal Federal se refieren a la representación de la persona jurídica y la responsabilidad objetiva por la comisión de ilícitos fiscales, situación que en ocasiones desconoce el prestanombres o testaferro y consideró que no debe permitirse  más; no es posible que por necesidad o ignorancia de las personas se les coloque como representantes legales de alguna empresa, usando su identidad como socios  poseedores de 1%, ó de una acción y al final resulten  responsable de la práctica de conductas tipificadas como delitos, e insisto de delitos, porque sí hablamos de la responsabilidad civil patrimonial, primero en la vía subsidiaria  tendríamos que agotar el patrimonio de la empresa y en seguida en vía de responsabilidad solidaria, exigir el  pago al representante legal  y  finalmente a los socios o accionistas, así lo establece el artículo 26 del Código Fiscal de la Federación vigente en el país.

    Uno de los propósitos de las sociedades Unipersonales es precisamente disminuir la figura del testaferro o prestanombresel fin también debe ser evitar que se siga negociando con la identidad, el desconocimiento y la necesidad como ya he dicho, si alguna persona tiene interés en formar una empresa y no tiene con quién asociarse, pues es esta una primera opción de negocio; sin que pase por alto que  en cuanto a la parte económica de este tipo de sociedades no sea un gran atractivo  (cinco millones de pesos de ingreso anual)  pero ya vendrán las formas, las reformas, y las peticiones para poder hacer eficiente el nuevo modelo de sociedad,  esto apenas es un comienzo que ya es vigente en otros países y por lo tanto es posible ponerlo en marcha y mejorar su regulación y funcionamiento.

    ES IMPORTANTE CONSIDERAR LA RESPONSABILIDAD SOLIDARIA EN LA SOCIEDAD UNIPERSONAL .

    sociedad unipersonal 5Amén de todo lo comentado por su servidor, consideró muy importante el tema de la responsabilidad solidaria del socio unipersonal en términos de la legislación fiscal, puesto que uno de los argumentos a favor para incorporar a nuestra legislación este tipo de sociedades unipersonales, ha sido el punto de la protección del patrimonio al fijar la participación accionaria en la sociedad de responsabilidad limitada, esto es cierto en el tema de la responsabilidad lineal, pura y natural; pero desde el punto de vista de la responsabilidad solidaria cambian las cosas. Veamos el artículo 26 del Código  Fiscal Federal, “son responsables solidarios con la sociedad” …dice la ley, y enseguida establece las hipótesis que materializan el tipo de responsabilidad en XVlll fracciones, en el caso de las personas jurídicas, la responsabilidad no es directa, es subsidiaria; la persona que tenga conferida la dirección general o la administración única de la persona moral, será responsable solidario por las contribuciones causadas o no retenidas por la persona moral durante su gestión, así como por las que debieron pagarse o enterarse durante la misma EN LA PARTE DEL INTERÉS FISCAL QUE NO ALCANCE A SER GARANTIZADA  CON LOS BIENES DE LA PERSONA MORAL QUE DIRIGEN…(la responsabilidad solidaria comprende los accesorios, pero no las multas); es en este perfil que si bien el modelo de sociedad unipersonal otorgará seguridad patrimonial por cuanto que la responsabilidad civil queda acotada al capital accionario, también debe tomarse en cuenta que tratándose del caso de responsabilidad solidaria las cosas cambian, <sí es posible desde mi interpretación aplicar las reglas del artículo 26 del Código comentado >.  Por ello es importante definir las reglas claras del derecho en cuanto a la forma de tributar ya que hablamos de sociedades de capital, que aunque de cuantía limitada al fin y al cabo son entes jurídicos que llevan a cabo actos de comercio y su naturaleza será  mercantil; a su vez el socio deberá ser cuidadoso de no incurrir en causales de responsabilidad solidaria para no poner en riesgo su patrimonio ni el de su familia, para ello será necesario necesario dictar reglas y formas claras que en principio se apeguen a la legalidad, respeten los derechos humanos de las personas físicas y morales ( la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha resuelto que las personas morales son titulares de derechos humanos ) y promuevan con eficacia el desarrollo productivo.

    ES NECESARIO DISEÑAR UN RÉGIMEN MERCANTIL Y TRIBUTARIO ESPECÍFICO PARA LAS  SOCIEDADES UNIPERSONALES.

    Escribí en párrafos superiores que nuestra legislación  debe ser clara y respetuosa de los conceptos de derecho y promover el desarrollo de las actividades productivas que ayuden a la generación de empleos y a la economía, pues bien, estaremos ante la oportunidad de partir de cero, de legislar o cuando menos intentar legislar con mejor estilo y contenido la reglamentación jurídica de este tipo de sociedades unipersonales, aceptando también que en el continente europeo no ha sido fácil su  regulación formal según se desprende de los antecedentes y datos aportados en el presente artículo. España por ejemplo para el mejor funcionamiento de la ley, tuvo que acudir a un  Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se apruebo el texto refundido de la Ley de Sociedades de capital   (1. Leyes de Sociedades Anónimas y 2. Leyes de Sociedades de Responsabilidad Limitada ), y cuya reforma  reciente del pasado 1 de enero de 2015 entró en vigor la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifico para la mejora del gobierno corporativo, y que a mi parecer mucho deberíamos incorporar al derecho estatutario de nuestro país, en beneficio del  administrador de la sociedad, reconociendo la importancia del mismo en el desarrollo de la empresa, si no tomamos el reto  de mejorar en todos los a campos del derecho y la economía, incluyendo  la esfera administrativa de gobierno.  habremos perdido una gran oportunidad. La ley debe ser alentadora y segura, apoyar el inicio de estas nuevas sociedades para que puedan crecer y desarrollarse, las sociedades unipersonales no deben mirarse como entes de mero control fiscal o como sociedades de ínfima cuantía,  si no como verdaderos  motores  de generación de economía y empleo, México necesita mejorar en sus estructuras jurídicas reguladoras del sector empresarial y aquí está un instrumento , no lo dejemos pasar.

    IMPORTANCIA DE LOS CAMBIOS A LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL DE ESPAÑA AL ESTABLECER CONCEPTOS RETRIBUTIVOS EN FAVOR DEL ADMINISTRADOR DE LA SOCIEDAD.

    El pasado 1 de enero de 2015 entró en vigor la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo. ( España )

    La reforma a esta ley puede clasificarse en dos categorías: 1. Los  que se refieren a la Junta General,  y 2. Los relativos al Consejo de Administración .

    Una de las reglas en las sociedades de capital es que  el  cargo de administrador sea  gratuito, salvo que los Estatutos Sociales establezcan lo contrario. Si se opta por regular el sistema de remuneración, la Ley obliga a que el mismo sea fijado en los Estatutos Sociales, que deberán determinar el concepto o conceptos retributivos a percibir por los administradores (art. 217.1). Estos conceptos retributivos podrán consistir en uno o varios de los siguientes: ”  a) una asignación fija, b) dietas de asistencia, c) participación en beneficios, d) retribución variable con indicadores o parámetros generales de referencia, e)  remuneración en acciones o vinculada a su evolución, f) indemnizaciones por cese, siempre y cuando el cese no estuviese motivado por el incumplimiento de las funciones de administrador y f)  los sistemas de ahorro o previsión que se consideren oportunos “.

    Ahora que por cuanto debemos señalar que la Ley General de Sociedades Mercantiles de nuestro país establece en su artículo 142 que – la administración de la sociedad anónima estará a cargo de uno o varios mandatarios temporales y revocables, quienes pueden ser socios o personas extrañas a la sociedad– y además en términos del diverso artículo 28 del   Código Civil Federal, las personas morales se regirán por las leyes correspondientes, por su escritura constitutiva y por sus estatutos. Así que es recomendable diseñar las disposiciones estatutarias que más convengan a las nuevas sociedades unipersonales, de manera particular, sin moldes generales, si no de manera concreta a cada ente jurídico.

    CONCLUSIÓN.

    La figura societaria unipersonal en México es ya inminente, un modelo distinto de persona moral con propósitos dirigidos a generar economía, seguridad patrimonial, y desarrollo de la micro empresa. Corresponderá  a las autoridades de gobierno poner todo su empeño para que la implementación de éstas sociedades en nuestro sistema jurídico mexicano sea exitoso.

     

  • Publicado el 28 May a las 13:51h 

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    LRDG GM Colaboración de: LD y MDF Luis Raúl Diaz González

     

    La modernidad y los avances tecnológicos, siempre irán delante de las normas jurídicas, eso es un hecho irrefutable.

    La existencia de computadoras, las redes y demás avances cibernéticos, permiten estar comunicados desde cualquier parte del mundo y hasta con la estación espacial internacional; razón por la cual es factible realizar negocios, prestar servicios y comerciar con bienes tangibles e intangibles, sin necesidad de estar en un lugar fijo que reúna determinadas características, tales actividad electronica como mobiliario, equipo, maquinaria etc..

    Del mismo modo, la digitalización de operaciones, permiten hasta la sustitución de personal, por robots, programas y sofisticados sistemas electrónicos y ello abate costos y cargas administrativas demasiado onerosas, ya que un robot no necesita seguridad social, ni vivienda, ni descanso semanal o vacaciones, ni se pondrá en huelga o enfermará.

    Suena cruel pero es el precio de la modernidad, ya que es natural para un empresario el tratar de abatir costos, para incrementar sus ganancias y hacerlo es completamente legal.

    Así llegamos a figuras como el teletrabajo, el comercio electrónico y las comunicaciones digitales, siendo las últimas utilizadas por las autoridades administrativas y judiciales, veamos:

    1.- Buzón tributario, mediante el cual se pueden notificar resoluciones fiscales y presentar promociones y documentos por medios electrónicos, sin necesidad de presentarse físicamente en un lugar determinado.

    2.- Justicia en línea, con el que se puede presentar una demanda ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y realizar todas las diligencias procesales por esta vía.

    3.- Juicio de Amparo por medios digitales, ante los miembros del Poder Judicial de la Federación.

    4.- Consultar y realizar trámites ante la Administración Pública Federal.

    En muchos trámites se exige el señalamiento de un correo electrónico para el efecto de poder ser notificado un particular.

    Debemos ver lo dispuesto por el Código Tributario Federal:

    “Artículo 18. Toda promoción dirigida a las autoridades fiscales, deberá presentarse mediante documento digital que contenga firma electrónica avanzada. Los contribuyentes que exclusivamente se dediquen a las actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas que no queden comprendidos en el tercer párrafo del artículo 31 de este Código, podrán no utilizar firma electrónica avanzada. El Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general, podrá determinar las promociones que se presentarán mediante documento impreso.

    Las promociones deberán enviarse a través del buzón tributario y deberán tener por lo menos los siguientes requisitos: 

    I. El nombre, la denominación o razón social, y el domicilio fiscal manifestado al registro federal de contribuyentes, para el efecto de fijar la competencia de la autoridad, y la clave que le correspondió en dicho registro.

    II. Señalar la autoridad a la que se dirige y el propósito de la promoción.

    III. La dirección de correo electrónico para recibir notificaciones.

    Cuando no se cumplan los requisitos a que se refieren las fracciones I y II de este artículo, las autoridades fiscales requerirán al promovente a fin de que en un plazo de 10 días cumpla con el requisito omitido. En caso de no subsanarse la omisión en dicho plazo, la promoción se tendrá por no presentada, así como cuando se omita señalar la dirección de correo electrónico.

    Los contribuyentes a que se refiere el tercer párrafo del artículo 31 de este Código no estarán obligados a utilizar los documentos digitales previstos en este artículo. En estos casos, las promociones deberán presentarse en documento impreso y estar firmadas por el interesado o por quien esté legalmente autorizado para ello, a menos que el promovente no sepa o no pueda firmar, caso en el que imprimirá su huella dactilar. Las promociones deberán presentarse en las formas que al efecto apruebe el Servicio de Administración Tributaria. Cuando no existan formas aprobadas, la promoción deberá reunir los requisitos que establece este artículo, con excepción del formato y dirección de correo electrónicos. Además deberán señalar el domicilio para oír y recibir notificaciones y, en su caso, el nombre de la persona autorizada para recibirlas.

    Cuando el promovente que cuente con un certificado de firma electrónica avanzada, acompañe documentos distintos a escrituras o poderes notariales, y éstos no sean digitalizados, la promoción deberá presentarla en forma impresa, cumpliendo los requisitos a que se refiere el párrafo anterior, debiendo incluir su dirección de correo electrónico. Las escrituras o poderes notariales deberán presentarse en forma digitalizada, cuando se acompañen a un documento digital.

    Cuando no se cumplan los requisitos a que se refieren los párrafos cuarto y quinto de este artículo, las autoridades fiscales requerirán al promovente a fin de que en un plazo de 10 días cumpla con el requisito omitido. En caso de no subsanarse la omisión en dicho plazo, la promoción se tendrá por no presentada, si la omisión consiste en no haber usado la forma oficial aprobada, las autoridades fiscales deberán especificar en el requerimiento la forma respectiva.

    Lo dispuesto en este artículo no es aplicable a las declaraciones, solicitudes de inscripción o avisos al registro federal de contribuyentes a que se refiere el artículo 31 de este Código. Artículo 18. Toda promoción dirigida a las autoridades fiscales, deberá presentarse mediante documento digital que contenga firma electrónica avanzada. Los contribuyentes que exclusivamente se dediquen a las actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas que no queden comprendidos en el tercer párrafo del artículo 31 de este Código, podrán no utilizar firma electrónica avanzada. El Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general, podrá determinar las promociones que se presentarán mediante documento impreso”.

                En España se marca:

    “Además del domicilio fiscal, las normas tributarias exigen a los sujetos que desarrollen actividades económicas declarar los siguientes datos adicionales de localización:

    a) El lugar donde tengan efectivamente centralizada la gestión administrativa y la dirección de sus negocios en territorio español, cuando sea distinto del domicilio fiscal, para las personas físicas empresarios y profesionales residentes.

    b) El domicilio social, si existe y es distinto del fiscal, para personas jurídicas o entidades residentes en territorio español.

    c) Se deberá consignar la referencia catastral asignada a los distintos domicilios, el número de teléfono, y, en su caso, la dirección del correo electrónico y el nombre de dominio o dirección en Internet, mediante el cual desarrolle, parcial o totalmente sus actividades”. Fuente: Agencia Tributaria.

    Proximamente tendremos sociedades unipersonales, denominadas Sociedad por Acciones Simplificada, en las cuales el socio siempre será su administrador; y esta persona puede tener un domicilio físico, un domicilio virtual o uno móvil y las operaciones del negocio las maneja a través de una laptop, una Tablet o un Smart pone, que son dispositivos portátiles.

    Para mayor comprensión anotamos lo siguiente:

    Domicilio. Es el lugar en el cual pueden ser localizada una persona. Nuestro Sistema Jurídico (Derecho Civil), previene varios tipos de domicilio: Voluntario, Legal y Convencional.

    Domicilio-fiscala)  Domicilio voluntario. Es aquél que elige libremente la persona para establecer su casa o su lugar de trabajo.

    b)  Domicilio legal. Aquí ciertas circunstancias delimitan el lugar en donde podrá encontrarse un sujeto y por ello, la norma legal fija dicho sitio. Cuentan con domicilio legal, los casos siguientes:

    1.- Los menores de edad. Será domicilio de éstos, el de quienes ejerzan Patria Potestad (Padres y a falta de éstos, los abuelos que decida un Juez de lo Familiar).

    Si no hay quien ejerza la Patria Potestad, el domicilio será el del tutor.

    2.- Los incapaces mayores de edad (interdictos). Quienes tienen su domicilio en el lugar donde esté el tutor o tutores.

    3.- Los militares en activo. El sitio en donde estén destacados.

    4.- Los funcionarios públicos. El lugar en donde ejerzan sus actividades, por más de seis meses.

    5.- Los reos. El Centro de readaptación social, en donde purguen su condena.

    6.- Los procesados y los arraigados. El reclusorio o el sitio en donde estén confinados.

    c) Domicilio convencional. Es un determinado lugar, seleccionado por la persona, para cumplir allí con cierto trámite o para que en él se practiquen algunas diligencias administrativas o judiciales (la oficina de un contador, el despacho del abogado etc.).

    El Derecho Común para efectos de localizar a una persona o para determinar la competencia de las autoridades, en consideración al territorio, fija las siguientes reglas:

    a) Se tendrá como domicilio de una persona física, el lugar en donde tenga su casa habitación.

    b) Si no se le encuentra allí, se considerará como domicilio el sitio en donde desarrolle sus actividades remuneradas (industria, comercio, trabajo, etc.)

    c) Si no aparece en alguno de los dos primeros, el lugar en donde esté.

    El domicilio de una persona moral, es aquél lugar en donde se halla su administración principal.

    En este sitio se practicarán toda clase de diligencias, ya que allí debe encontrarse el representante legal de la corporación.

    En ciertas situaciones legales, se podrán realizar diligencias oficiales, en lugares distintos al domicilio social, como sucede con las sucursales, representaciones o agencias.

    Las personas morales de Derecho Público, cuentan con domicilio fijado por la Ley y no por la voluntad de sus integrantes, como sucede con:

    1. La Federación, Entidades Federativas, Distrito Federal y Municipios.
    2. Los Organismos descentralizados.

    DOMICILIO U OFICINA VIRTUAL.

    Un domicilio u oficina virtual, puede considerarse como un lugar virtual e intangible donde se desarrollan actividades de negocios o empresariales como si se tratase de una oficina física. Las oficinas virtuales van enfocadas a prestar servicios a los clientes, o sea que una oficina virtual puede ofrecer productos y servicios sin hacer uso de los medios tradicionales (oficina 1), lo que puede llegar a ser mucho más eficiente y con menor costo, ya que los interesados puedenoficina-virtual1 acceder las 24 horas del día durante todo el año.

    Las oficinas virtuales las ocupan empresas grandes, medianas y pequeñas, además de profesionistas y empresarios que desean reducir los costos y contar con un domicilio para su empresa o despacho. Las oficinas virtuales son muy utilizadas para tener presencia en diversos lugares, sin la necesidad de contar con un espacio físico, que a menudo suele ser muy costoso.

    Debemos recordar que es totalmente válido abatir costos y obtener más ganancias.

    En la actualidad, en muchos países se ofrece el servicio de oficinas virtuales, con costo mucho más bajo, comparado con el mantenimiento de un lugar físico. Ahorramos en luz, secretaria, vigilancia, mantenimiento etc..

    Abundando, las reuniones con los clientes, se hacen mediante el chat o las videoconferencias, sin hacer uso de salas de conferencias y lugares físicos donde recibir a tus clientes.

    Entonces una oficina virtual es una oficina compartida, que permite a personas físicas y morales, disponer de un domicilio fiscal permanente, en un determinado Estado o Ciudad dentro del Territorio Nacional. Ofrecen diferentes servicios que se pueden contratar por paquetes o módulos, según cada necesidad. Así tenemos: Servicio de recepción de correspondencia o maildrop; Servicio de gestión de llamadas telefónicas en diferentes modalidades “voice mail box” (buzón de voz), call forwarding o call redirecting (reenvío de llamadas) y call answering (recepción de llamadas por operadora); Servicio de recepción de fax,  mediante el sistema llamado fax o fax to e-mail; y alquiler de oficinas físicas y salas de reuniones por horas.

    Por la practicidad de esta figura, muchos contribuyentes hacen uso de ella, llegando a señalarla como domicilio fiscal, dadas las facilidades y comodidades mencionadas.

                Sin embargo, a criterio de la autoridad fiscal, entre los elementos que pueden indicar que una empresa presuntamente está involucrada en una operación simulada, es que su domicilio fiscal es no localizado o que se ubica en pequeños cuartos de dos por dos metros, en los que operan una gran cantidad de empresas.

                                                                                                                                                                                

    51216058. México, 16 Dic. 2015 (Notimex-Francisco García).- El jefe del SAT, Aristóteles Núñez Sánchez, informó que se detectaron este año 384 casos de abuso de confianza durante la presentación de las declaraciones anuales, con un impacto fiscal por nueve millones de pesos. NOTIMEX/FOTO/FRANCISCO GARCÍA VELASCO/FGV/EBF/

     

    El Servicio de Administración Tributaria ha sostenido:

    “Hemos encontrado hasta 350 empresas en un domicilio muy pequeño, pero que

    realmente son oficiales virtuales; son empresas que manejan grandes cantidades de operaciones en domicilios existentes, pero en zonas marginadas de las ciudades”, detalló.

    Luego entonces tenemos:

    ¿Para funcionar empresarialmente, es necesario un domicilio en Polanco o en Santa Fe?

    ¿Contar con dos y tres pisos?

     ¿Tener mil empleados?

    Respuesta, claro que no, es una posición extremadamente subjetiva y sin fundamento, el pensar así, ya que a la fecha se usa el buzón tributario, el correo electrónico y hasta los mensajes vía celular, para comunicarse con el contribuyente, llegando incluso a presumirse que esta notificado al cuarto día del envío del mensaje por buzón.

     Acerca del domicilio fiscal, el Código Tributario Federal indica:

    Artículo 10. Se considera domicilio fiscal:

    I. Tratándose de personas físicas:

    a). Cuando realizan actividades empresariales, el local en que se encuentre el principal asiento de sus negocios.

    b). Cuando no realicen las actividades señaladas en el inciso anterior, el local que utilicen para el desempeño de sus actividades. 

    c). Únicamente en los casos en que la persona física, que realice actividades señaladas en los incisos anteriores no cuente con un local, su casa habitación. Para estos efectos, las autoridades fiscales harán del conocimiento del contribuyente en su casa habitación, que cuenta con un plazo de cinco días para acreditar que su domicilio corresponde a uno de los supuestos previstos en los incisos a) o b) de esta fracción. 

    Siempre que los contribuyentes no hayan manifestado alguno de los domicilios citados en los incisos anteriores o no hayan sido localizados en los mismos, se considerará como domicilio el que hayan manifestado a las entidades financieras o a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, cuando sean usuarios de los servicios que presten éstas. 

    II. En el caso de personas morales:

    a). Cuando sean residentes en el país, el local en donde se encuentre la administración principal del negocio.

    b). Si se trata de establecimientos de personas morales residentes en el extranjero, dicho establecimiento; en el caso de varios establecimientos, el local en donde se encuentre la administración principal del negocio en el país, o en su defecto el que designen.

    Cuando los contribuyentes no hayan designado un domicilio fiscal estando obligados a ello, o hubieran designado como domicilio fiscal un lugar distinto al que les corresponda de acuerdo con lo dispuesto en este mismo precepto o cuando hayan manifestado un domicilio ficticio, las autoridades fiscales podrán practicar diligencias en cualquier lugar en el que realicen sus actividades o en el lugar que conforme a este artículo se considere su domicilio, indistintamente”.

    Como se aprecia con facilidad, el numeral transcrito no se encuentra al día en materia digital y cibernética, como si lo está en otros apartados.

     Surge la pregunta: ¿Para abrir el buzón fiscal, debo estar en mi domicilio fiscal?

                La respuesta es no, ya que gracias a la portabilidad de los equipos digitales, puedo abrirlo desde cualquier lugar y por lo tanto estar en contacto con el fisco federal.

                La ley tributaria se halla plagada de presunciones, las cuales deben demostrarse por la autoridad, ya que si ella dice que la operación es simulada (2), se aplica el artículo 68 del CFF que a la letra dice:

    “Artículo 68. Los actos y resoluciones de las autoridades fiscales se presumirán legales. Sin embargo, dichas autoridades deberán probar los hechos que motiven los actos o resoluciones cuando el afectado los niegue lisa y llanamente, a menos que la negativa implique la afirmación de otro hecho”.

                El particular debe tener mucho cuidado al expresarse y efectuar una negativa lisa y llana, sin aclarar nada ni agregar nada, para que opere la inversión de la carga de la prueba, en contra de la autoridad fiscal correspondiente.

                Veamos las siguientes Tesis:

    CAUSACIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES. LA CARGA DE LA PRUEBA DE QUE UN ACTO, HECHO O NEGOCIO JURÍDICO ES ARTIFICIOSO RECAE EN QUIEN HACE LA AFIRMACIÓN CORRESPONDIENTE.
    Las operaciones no prohibidas legalmente que lleven a cabo los contribuyentes -entre ellas, las inversiones en acciones- cuentan con presunción de licitud, si en ello coincide el que no se presentan como ajenas a la práctica comercial ordinaria. Por tanto, cuando se alegue que una determinada operación no revela la intención de realizar una inversión real, sino que tien9e un propósito especulativo que únicamente pretende eludir el impuesto correspondiente, la parte que propone tal argumento debe aportar los elementos que acrediten la ausencia de sustancia jurídica. Así, para probar el carácter artificioso de una operación ante la autoridad jurisdiccional, debe argumentarse, por ejemplo, atendiendo a si: la operación tiene una repercusión económica neta en la posición financiera del contribuyente; existe una razón de negocios para la realización de la operación; al efectuar la transacción podía razonablemente anticiparse la generación de una ganancia, previa a la consideración de los efectos fiscales de la operación; o bien, la medida en la que el particular se hubiera expuesto a sufrir una pérdida bajo circunstancias ajenas a su control. Todo lo anterior, sin dejar de reconocer que el tema aludido resulta de particular complejidad, por lo que las cuestiones propuestas como elementos para la valoración de cada caso no son más que una aproximación que no pretende ser la guía rectora definitiva de los juicios que versen sobre el carácter artificioso o abusivo de una operación, o sobre su plena validez.


    Amparo en revisión 297/2008. Servicios Administrativos Grupo Casa Saba, S.A. de C.V. 3 de septiembre de 2008. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Juan Carlos Roa Jacobo.


    Tesis: 1a. XLVII/2009.

    10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 3; Pág. 2027

    PRESUNCIÓN JURÍDICA. SU NOCIÓN EN MATERIA TRIBUTARIA. En materia tributaria, la finalidad de establecer presunciones por parte del legislador radica, precisamente, en el hecho de que, en aquellas situaciones en las que, por la dificultad de la autoridad de probarlas, y a fin de controlar prácticas de evasión y elusión de impuestos, deben recogerse experiencias derivadas de prácticas que se dan con un cierto margen de generalidad o reiteración, lo que se conoce como “máximas de experiencia” que, dada su idoneidad, el legislador las positiviza, recogiéndolas en el texto con ese carácter. Así, la presunción jurídica constituye un juicio lógico del legislador o del Juez, en virtud del cual se considera como cierto o probable un hecho, con apoyo en las máximas generales de experiencia, que le indican cuál es el modo normal como suceden los acontecimientos. Dicha figura se integra, en todo caso, por tres elementos esenciales, a saber, una afirmación base, otra presumida y el enlace o nexo. El primero se constituye en piedra angular sobre la que se erige la presunción, por lo que deberá acreditarse fehacientemente; el segundo es el producto novedoso con significado probatorio, establecido a partir del hecho base, una vez verificado y, el tercero, consiste en máximas de experiencia que fijan la relación precisa entre las afirmaciones base y presumida. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA

    CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

    Amparo directo 842/2012. Tapón Corona, S.A. de C.V. 22 de marzo de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Claudia Patricia Peraza Espinoza.

    9a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXIX, Abril de 2009; Pág. 730

    PRESUNCIONES SOBRE EL INCREMENTO DEL PATRIMONIO DEL CONTRIBUYENTE. SUS ALCANCES EN RELACIÓN CON LOS PRINCIPIOS DE JUSTICIA TRIBUTARIA.Las presunciones legales son frecuentes en el ámbito tributario en virtud de que se anticipan a las posibles conductas fraudulentas de los sujetos obligados y parten de una probabilidad normal en la realización de un hecho de difícil constatación para la autoridad fiscal creándose así una verdad jurídica distinta a la real, siendo su fundamento el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que autoriza al legislador para que dentro de un sistema tributario justo adopte las medidas para lograr el exacto cumplimiento de las obligaciones fiscales, en el entendido que debe existir un correcto equilibrio entre el hecho demostrado y el presumido, de manera que uno sea consecuencia necesaria del otro. Si esta elemental regla de deducción lógica no se respeta en la norma de presunción, o haciéndolo, el proceso deductivo es incoherente, se habrá provocado indefensión al contribuyente por señalarse un supuesto jurídico poco probable, absurdo, irracional o imposible de plantear, cuya presunción mal trazada producirá su inconstitucionalidad por ser incompatible con los postulados de equidad y proporcionalidad, a pesar de que sea un instrumento que en apariencia trata de reprimir el fraude a la ley tributaria. Así, la inconstitucionalidad puede sobrevenir por no responder a criterios de equidad o capacidad contributiva, que en parte conforman la idea de justicia en el ámbito tributario, pues una mala o deficiente estructura de la presunción legal provocaría que se creara en lugar de una verdad jurídica aceptable, una ficción jurídica imposible de rebatir y sin trascendencia para constituir el hecho imponible.

           SALA

    Amparo directo en revisión 143/2009. Promotora Cultural y Educativa de Aguascalientes, A.C. 11 de marzo de 2009. Mayoría de tres votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta tesis. Disidentes: José Fernando Franco González Salas y Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: Israel Flores Rodríguez.

     

                Pasamos al siguiente caso, los negocios móviles, como serían los denominados “food trucks” que sirven alimentos en la vía pública, o los escritorios públicos que funcionan en la calle, curiosamente muchos de ellos cerca de las oficinas gubernamentales, ¿esta clase de negocio, cae en los supuestos del artículo 10 del CFF).

                Esa es una gran interrogante, pues basta con mover la unidad automotora, para “cambiar de domicilio” y aparecer como “ilocalizable” a criterio del fisco de la Federación.

                Debemos atender esta opinión judicial:

     DOMICILIO. SU CONCEPTO PARA EFECTOS DE PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL.

    El concepto de domicilio que contempla el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no coincide plenamente con el utilizado en el derecho privado y en especial en los artículos 29, 30 y 31 del Código Civil Federal, como punto de localización de la persona o lugar de ejercicio de derechos y obligaciones. El concepto subyacente a los diversos párrafos del artículo 16 constitucional ha de entenderse de modo amplio y flexible, ya que se trata de defender los ámbitos en los que se desarrolla la vida privada de las personas, debiendo interpretarse -de conformidad con el segundo párrafo del artículo 1o. constitucional- a la luz de los principios que tienden a extender al máximo la protección a la dignidad y a la intimidad de la persona, ya que en el domicilio se concreta la posibilidad de cada individuo de erigir ámbitos privados que excluyen la observación de los demás y de las autoridades del Estado. Así las cosas, el domicilio, en el sentido de la Constitución, es cualquier lugar cerrado en el que pueda transcurrir la vida privada, individual o familiar, aun cuando sea ocupado temporal o accidentalmente. En este sentido, el destino o uso constituye el elemento esencial para la delimitación de los espacios constitucionalmente protegidos, de ahí que resulten irrelevantes la ubicación, la configuración física, su carácter de mueble o inmueble, el tipo de título jurídico que habilita su uso o la intensidad y periodicidad con la que se desarrolle la vida privada en el mismo. Así las cosas, la protección constitucional del domicilio exige que con independencia de la configuración del espacio, sus signos externos revelen la clara voluntad de su titular de excluir dicho espacio y la actividad en él desarrollada del conocimiento e intromisión de terceros. En el mismo sentido, la protección que dispensa el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha de extenderse no solamente al domicilio entendido como aquel lugar en el que un individuo fija su residencia indefinidamente, sino a todo espacio cerrado en el que el individuo pernocte y tenga guardadas las cosas pertenecientes a su intimidad, ya sea de manera permanente o esporádica o temporal, como puede ser la habitación de un hotel. Existen personas que por específicas actividades y dedicaciones, pasan la mayor parte de su tiempo en hoteles y no por ello se puede decir que pierden su derecho a la intimidad, pues sería tanto como privarles de un derecho inherente a su personalidad que no puede ser dividido por espacios temporales o locales. Ahora bien, no sobra señalar que las habitaciones de este tipo de establecimientos pueden ser utilizadas para realizar otro tipo de actividades de carácter profesional, mercantil o de otra naturaleza, en cuyo caso no se considerarán domicilio de quien las usa para tales fines. En el caso de los domicilios móviles, es importante señalar que -en principio- los automóviles no son domicilios para los efectos aquí expuestos, sin embargo, se puede dar el caso de aquellos habitáculos móviles remolcados, normalmente conocidos como roulottes, campers o autocaravanas, los cuales gozarán de protección constitucional cuando sean aptos para servir de auténtica vivienda.

    Clave: 1a., Núm.: CXVI/2012 (10a.)

    Amparo directo en revisión 2420/2011. 11 de abril de 2012. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González.

    Conclusión: Prácticas que no se encuentra prohibidas por la norma legal, se prestan a infinidad de abusos por parte de la autoridad tributaria, dentro de las cuales mencionamos:

                1.- Considerar ilocalizable al contribuyente y negarle devoluciones de impuestos.

                2.- Cancelar los certificados para que no puedan expedir comprobantes fiscales.

                3.- Presumir que realizan operaciones inexistentes.

    Todos estos abusos se pueden combatir mediante los medios de impugnación previstos por nuestro Sistema Jurídico, alegando lo que a nuestros intereses convenga; recordando siempre la negativa lisa y llana, para el efecto de que, la autoridad tenga que demostrar sus afirmaciones.

    Nota:

    1

    Del latín officīna, una oficina es el local destinado a algún trabajo. Puede tener distintas formas de organización y de distribución del espacio de acuerdo a la cantidad de trabajadores y a su función.

    Lee todo en: Definición de oficina – Qué es, Significado y Concepto http://definicion.de/oficina/#ixzz49alb12wf

    2

    Nótese lo subjetivo del precepto y nunca olvidar que en materia penal no se pueden considerar las presunciones, solo los hechos consumados:

    “Artículo 69-B. Cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o bien, que dichos contribuyentes se encuentren no localizados, se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes.

    En este supuesto, procederá a notificar a los contribuyentes que se encuentren en dicha situación a través de su buzón tributario, de la página de internet del Servicio de Administración Tributaria, así como mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación, con el objeto de que aquellos contribuyentes puedan manifestar ante la autoridad fiscal lo que a su derecho convenga y aportar la documentación e información que consideren pertinentes para desvirtuar los hechos que llevaron a la autoridad a notificarlos. Para ello, los contribuyentes interesados contarán con un plazo de quince días contados a partir de la última de las notificaciones que se hayan efectuado.

    Transcurrido dicho plazo, la autoridad, en un plazo que no excederá de cinco días, valorará las pruebas y defensas que se hayan hecho valer; notificará su resolución a los contribuyentes respectivos a través del buzón tributario y publicará un listado en el Diario Oficial de la Federación y en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria, únicamente de los contribuyentes que no hayan desvirtuado los hechos que se les imputan y, por tanto, se encuentran definitivamente en la situación a que se refiere el primer párrafo de este artículo. En ningún caso se publicará este listado antes de los treinta días posteriores a la notificación de la resolución.

    Los efectos de la publicación de este listado serán considerar, con efectos generales, que las operaciones contenidas en los comprobantes fiscales expedidos por el contribuyente en cuestión no producen ni produjeron efecto fiscal alguno.

    Las personas físicas o morales que hayan dado cualquier efecto fiscal a los comprobantes fiscales expedidos por un contribuyente incluido en el listado a que se refiere el párrafo tercero de este artículo, contarán con treinta días siguientes al de la citada publicación para acreditar ante la propia autoridad, que efectivamente adquirieron los bienes o recibieron los servicios que amparan los citados comprobantes fiscales, o bien procederán en el mismo plazo a corregir su situación fiscal, mediante la declaración o declaraciones complementarias que correspondan, mismas que deberán presentar en términos de este Código.

    En caso de que la autoridad fiscal, en uso de sus facultades de comprobación, detecte que una persona física o moral no acreditó la efectiva prestación del servicio o adquisición de los bienes, o no corrigió su situación fiscal, en los términos que prevé el párrafo anterior, determinará el o los créditos fiscales que correspondan. Asimismo, las operaciones amparadas en los comprobantes fiscales antes señalados se considerarán como actos o contratos simulados para efecto de los delitos previstos en este Código”. 

  •  

     

    Fuente: IUS SCJN

     Con fecha 12 de julio de 2019, la Suprema Corte de Justicia de la Nación publica las tesis y jurisprudencias correspondientes a la semana que termina el 12 de julio de 2019, cuya aplicación será obligatoria a partir del lunes 15 de julio de 2019, dentro de ellas se encuentra una importante Tesis que indica que la responsabilidad solidaria de los Socios o Accionistas respecto de las contribuciones causadas por la sociedad no actualiza simultáneamente el derecho a la autoridad para exigir el pago del crédito fiscal, pues para ello es necesario que previamente se lleve a cabo el procedimiento administrativo que ponga de manifiesto la insuficiencia o ausencia de bienes de la deudora principal.

    Dicha tesis se transcribe a continuación:

     

    Época: Décima Época

    Registro: 2020315

    Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

    Tipo de Tesis: Aislada

    Fuente: Semanario Judicial de la Federación

    Publicación: viernes 12 de julio de 2019 10:19 h

    Materia(s): (Administrativa)

    Tesis: V.2o.P.A.25 A (10a.)

     

    RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS RESPECTO DE LAS CONTRIBUCIONES CAUSADAS POR LA SOCIEDAD. NO ACTUALIZA SIMULTÁNEAMENTE EL DERECHO DE LA AUTORIDAD HACENDARIA PARA EXIGIR EL PAGO DEL CRÉDITO FISCAL, AL SER NECESARIO LLEVAR A CABO PREVIAMENTE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO QUE PONGA DE MANIFIESTO LA INSUFICIENCIA O AUSENCIA DE BIENES DE LA DEUDORA PRINCIPAL.

     

    El artículo 26, fracción X, del Código Fiscal de la Federación señala que son responsables solidarios con los contribuyentes, los socios o accionistas, respecto de las contribuciones que se hubieran causado en relación con las actividades realizadas por la sociedad cuando tenían dicha calidad "en la parte del interés fiscal que no alcance a ser garantizada con los bienes de la misma", exclusivamente en los casos en que dicha sociedad incurra en cualquiera de los supuestos referidos en los incisos a) a d) de la fracción III del mismo numeral, entre los que se encuentra la desocupación del local donde tenga su domicilio fiscal sin presentar el aviso de cambio correspondiente, en términos del reglamento del propio código. De esta manera, el precepto invocado es claro al señalar que la responsabilidad solidaria de los socios o accionistas no se configura de manera general, es decir, no abarca la totalidad del crédito tributario, ya que debe comprender exclusivamente la parte del interés fiscal que no alcance a ser garantizada con los bienes del deudor principal. Lo anterior evidencia la necesidad de tramitar el procedimiento administrativo de ejecución en contra de la persona moral, con el objeto de poner de manifiesto a cuánto ascendió el valor o monto de dichos bienes o, en su caso, la ausencia de los mismos, para estar así en condiciones de exigir al deudor solidario el adeudo no garantizado. En estas condiciones, el hecho de que exista la responsabilidad solidaria de los socios o accionistas de la persona moral en el caso indicado, no actualiza simultáneamente el derecho de la autoridad hacendaria para exigir el pago del crédito a dichos responsables como si se tratara de una solidaridad general u ordinaria, pues para ello es necesario que previamente se lleve a cabo el procedimiento que ponga de manifiesto que no existen bienes de la deudora principal que puedan ser materia de ejecución o que éstos son insuficientes para cubrir el adeudo pues, de lo contrario, se haría nugatorio lo previsto en el artículo 26, fracción X, invocado, en el sentido de que los responsables solidarios de la deudora principal solamente deben responder por la parte del interés fiscal que no alcance a ser garantizada con los bienes de aquélla.

     

    SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL QUINTO CIRCUITO.

     

    Amparo directo 105/2018. 18 de febrero de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: Óscar Javier Sánchez Martínez. Secretario: Iván Güereña González.

     

    Esta tesis se publicó el viernes 12 de julio de 2019 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

     

     

     

  •  

     

    El Artículo 14 del Reglamento de la Ley del ISR regula las fechas de presentación e indica que la solicitud '…se presentará un mes antes de la fecha en la que se deba efectuar el entero del pago provisional que se solicite disminuir. Cuando sean varios los pagos provisionales cuya disminución se solicite, dicha solicitud se deberá presentar un mes antes de la fecha en la que se deba enterar el primero de ellos.

     

    Con base a lo anterior esta apunto de vencer al plazo para realizar dicha solicitud.

     

    Te invitamos a nuestra sección de artículos donde podrás consultar como poder aprovechar esta disposición fiscal de forma detallada con el artículo titulado

     

    ¿Sabe que puede disminuir pagos provisionales del ISR 2019 a partir de julio?.

     

     

     

     

     

     

     

  • Publicado el 13 Sep a las 15:29h

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    FOTO LRDG 2Por: LD y MDF Luis Raúl Díaz González

      El pasado viernes 9 de septiembre de este año, aparecieron publicadas tres Tesis sobre las revisiones electrónicas y la e-contabilidad, por ende tenemos los siguientes comentarios:

    PRIMERO.

    Época: Décima Época

    Registro: 2012535

    Instancia: Segunda Sala

    Tipo de Tesis: Aislada

    Fuente: Semanario Judicial de la Federación

    Materia(s): (Común)

    Tesis: 2a. XCVIII/2016 (10a.)

    REVISIÓN ELECTRÓNICA. EFECTO DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO 53-B, FRACCIÓN IV, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. La concesión del amparo contra la referida norma debe ser para el efecto de que, en caso de haberse instaurado un procedimiento de revisión electrónica al quejoso durante su vigencia y éste no hubiera ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con ese propósito debe declararse insubsistente. Lo anterior sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho del quejoso para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación a efecto de desvirtuar esos hechos u omisiones o, en su caso, el monto de las contribuciones omitidas.

    SEGUNDA SALA

    Amparo en revisión 1287/2015. Boehringer Ingelheim Promeco, S.A. de C.V. y otras. 6 de julio de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López.

    La Tesis antes transcrita señala que no se puede a exigir el pago del monto de la preliquidación, aunque no se hayan desvirtuado los hechos u omisiones detectados por la autoridad fiscal, a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con ese propósito debe declararse insubsistente.

                En todo caso, hasta que se convierta en definitiva la citada preliquidación, podrá intentarse el cobro forzado, actuación administrativa que podrá combatirse mediante los medios de defensa correspondientes.

    SEGUNDO.

    Época: Décima Época

    Registro: 2012520

    Instancia: Segunda Sala

    Tipo de Tesis: Aislada

    Fuente: Semanario Judicial de la Federación

    Materia(s): (Administrativa)

    Tesis: 2a. XCIX/2016 (10a.)

    CONTABILIDAD ELECTRÓNICA. EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA QUE OPERE LA CADUCIDAD DE LAS FACULTADES DE COMPROBACIÓN INICIA A PARTIR DE LA FECHA EN QUE EL SUJETO OBLIGADO ENVÍA LA INFORMACIÓN RELEVANTE A LAS AUTORIDADES HACENDARIAS A TRAVÉS DE LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS PREVISTOS PARA ESE EFECTO. Del artículo 28, fracciones III y IV, del Código Fiscal de la Federación, se advierte la obligación del contribuyente de llevar su contabilidad en medios electrónicos y de ingresar mensualmente esa información a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria. Ahora, del artículo 67, fracción II, del aludido código tributario, deriva que uno de los supuestos para que inicie el plazo para que opere la caducidad de las facultades de la autoridades fiscales para determinar las contribuciones o aprovechamientos omitidos y sus accesorios, así como para imponer sanciones por infracciones a las disposiciones fiscales es el relativo a la fecha en que se presentó o debió presentarse ante aquéllas la información relativa al cumplimiento de las obligaciones tributarias. Por ende, de la interpretación armónica de las referidas porciones normativas, se concluye que el cómputo del plazo para que opere la caducidad de las facultades de comprobación, tratándose de la contabilidad electrónica inicia, respecto de cada envío, en la fecha en que el sujeto obligado haya presentado, vía electrónica, ante las autoridades correspondientes, la información considerada como relevante en relación con su situación fiscal, en virtud de que es a partir de ese momento cuando la autoridad puede llevar a cabo el análisis de la información y, de presentarse el caso, establecer la posible irregularidad en el cumplimiento de las obligaciones tributarias del gobernado.

    SEGUNDA SALA

    Amparo en revisión 1287/2015. Boehringer Ingelheim Promeco, S.A. de C.V. 6 de julio de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán, votaron con salvedad Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Oscar Vázquez Moreno.

    Esta opinión judicial indica que el cómputo del plazo para que opere la caducidad de las facultades de comprobación de la autoridad tributaria, en materia de la contabilidad electrónica, comienza, respecto de cada envío, en la fecha en que el contribuyente haya presentado, vía electrónica, la información considerada como relevante en relación con su situación fiscal, ya que que es a partir de ese momento cuando la autoridad puede llevar a cabo el análisis de la información proporcionada.

    Consideramos entonces, que la caducidad será de cinco años, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 67 del Código Fiscal de la Federación.

    TERCERO.

    Época: Décima Época

    Registro: 2012519

    Instancia: Segunda Sala

    Tipo de Tesis: Aislada

    Fuente: Semanario Judicial de la Federación

    Materia(s): (Común)

    Tesis: 2a. XCVII/2016 (10a.)

    CONTABILIDAD ELECTRÓNICA. EFECTO DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO CONTRA EL ANEXO 24 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2015, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 5 DE ENERO DE 2015. El efecto que debe imprimirse a la sentencia que concede el amparo contra el Anexo referido es el de desincorporar de la esfera jurídica del quejoso la obligación de atender los lineamientos técnicos de forma y sintaxis para la generación de archivos XML especificados por el consorcio w3, establecidos en la página de internet http://www.w3.org, hasta en tanto el Servicio de Administración Tributaria formule y publique en alguno de los medios a su alcance los lineamientos a seguir para la generación de archivos XML en idioma español.

    SEGUNDA SALA

    Amparo en revisión 1287/2015. Boehringer Ingelheim Promeco, S.A. de C.V. y otras. 6 de julio de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López.

     

    La opinión transcrita, marca que el contribuyente que consiguió el Amparo contra el Anexo 24, no tiene la obligación de atender los lineamientos técnicos de forma y sintaxis para la generación de archivos XML, hasta en tanto el Servicio de Administración Tributaria formule y publique los lineamientos a seguir para la generación de archivos XML en idioma español.

    Dicha publicación debe estar respaldada por un traductor oficial y por algún fedatario, dado que la autoridad no cuenta con personal para hacerlo, ni tiene facultades legales para ello.

    Mientras no se publiquen los citados lineamientos en idioma patrio, no se tiene el deber de subir la e-contabilidad, por los años 2014, 2015 y lo que va del 2016.

                                                               Saludos amable Lector.

  •  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    El Servicio de Administración Tributaria desde hace algún tiempo ha manejado lo que le llama Recaudación Inducida, que se basa por la emisión de Cartas Invitación a través del las cuales se les hace saber a los Contribuyentes que tienen omisiones en el cumplimiento de sus obligaciones y con ello tengan la oportunidad de regularizarse de manera espontánea.

     

    El pasado 28 de septiembre de 2020 el SAT dio a conocer la tercera versión de la “Tercera resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal para 2020 y sus anexos 1-a, 3 y 14”, en ella se prevé la incorporación de la regla 2.12.15. con el título “Aclaración de cartas invitación o exhortos de obligaciones omitidas”.

     

    La regla indica textualmente lo siguiente:

    Cuando las personas físicas o morales reciban una carta invitación o exhorto, mediante el cual cualquier autoridad del SAT solicite se acredite el cumplimiento en la presentación de declaraciones a que está sujeto de conformidad con las disposiciones fiscales aplicables, por algún impuesto, concepto, periodo y ejercicio, podrán realizar la aclaración correspondiente ante la Administración Desconcentrada de Recaudación más cercana a su domicilio fiscal, de conformidad con lo establecido en la ficha de trámite 128/CFF “Aclaración de requerimientos o carta invitación de obligaciones omitidas”, contenida en el Anexo 1-A. Lo dispuesto en la presente regla no será aplicable tratándose de las cartas invitación emitidas por la Administración General de Grandes Contribuyentes.

     

    Por tanto, es importante considerar lo que se establece en la ficha de trámite 128/CFF “Aclaración de requerimientos o carta invitación de obligaciones omitidas”, contenida en el Anexo 1-A de la RMISC 2020.

     

    En dicha ficha se indica que el contribuyente deberá ingresar al portal del SAT, en el apartado de Otros trámites y servicios, Aclaraciones asistencia y orientación electrónica, Aclara tu requerimiento de obligaciones omitidas, sección “Mi Portal”, servicios por Internet, y finalmente la opción “consulta” y proporcionar el número de folio del envío o recepción de su aclaración y que en caso de que la autoridad requiera documentación adicional, se enviará un reporte de información pendiente

    Una excepción que se debe tomar en cuenta es que las cartas invitación no será aplicable a las cartas invitación emitidas por la Administración General de Grandes Contribuyentes.

     

  • Publicado el 26 Ago a las 11:33h

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    I. INTRODUCCION

    Una de las reformas más controvertidas de la reforma fiscal para 2014 que aún sigue dando de qué hablar es la referente a la posibilidad que tiene el Fisco de Cancelar los certificados de sello digital. Dicha reforma se publicó en el D.O.F. el 9 de diciembre de 2013 para estar vigente a partir de 2014, con lo que uno podría pensar que solamente aplicaría para el ejercicio en que entre en vigor hacia adelante, sin embargo se han visto diversos casos que esta disposición se ha aplicado en forma retroactiva incluso para ejercicios de 2012 y 2013, es decir antes de la entrada en vigor de dicha disposición.

    Es por ello que el propósito del presente artículo será abordar las diversas vías de defensa que pueden tener los contribuyentes sujetos a esta situación

     

    II. DESARROLLO

     En efecto el articulo 17 H, fracción X del Código Fiscal de la federación indica lo siguiente:

    Artículo 17-H.- Los certificados que emita el Servicio de Administración Tributaria quedarán sin efectos cuando:

    X. Las autoridades fiscales:

    a) Detecten que los contribuyentes, en un mismo ejercicio fiscal y estando obligados a ello, omitan la presentación de tres o más declaraciones periódicas consecutivas o seis no consecutivas, previo requerimiento de la autoridad para su cumplimiento.

    b) Durante el procedimiento administrativo de ejecución no localicen al contribuyente o éste desaparezca.

    c) En el ejercicio de sus facultades de comprobación, detecten que el contribuyente no puede ser localizado; éste desaparezca durante el procedimiento, o bien se tenga conocimiento de que los comprobantes fiscales emitidos se utilizaron para amparar operaciones inexistentes, simuladas o ilícitas.

    d) Aun sin ejercer sus facultades de comprobación, detecten la existencia de una o más infracciones previstas en los artículos 79, 81 y 83 de este ordenamiento, y la conducta sea realizada por el contribuyente titular del certificado.

     

    De lo anterior se puede apreciar que existen 4 supuestos por los cuales el fisco tiene la facultad de cancelar los certificados de sello digital.

    En este sentido a través del Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1258/15-16-01-8.- Resuelto por la Sala Regional Peninsular del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 4 de abril de 2016, se emitió la tesis siguiente:

     

     

     

    VII-CASR-PE-30

    CANCELACIÓN DE CERTIFICADOS DE SELLOS DIGITALES (CSD). DEBIDA INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 17-H, FRACCIÓN X, INCISO D), DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.- El artículo 17-H, fracción X, del Código Fiscal de la Federación, establece una medida de control de los certificados de sellos o firmas digitales que expide el Servicio de Administración Tributaria, la cual se traduce en la cancelación de los mismos con el fin de evitar la emisión de comprobantes fiscales por parte de los contribuyentes que hayan incurrido en alguna conducta contraria a los objetivos de la administración tributaria, para lo cual autorizó a las autoridades fiscales a dejarlos sin efectos, conforme al inciso a) cuando detecten que los contribuyentes omitieron la presentación de declaraciones periódicas, pese a mediar requerimiento para su cumplimiento; en los incisos b) y c) cuando durante el procedimiento administrativo de ejecución o durante el ejercicio de facultades de comprobación, no puedan localizar o desaparezcan los contribuyentes, incluso cuando emitan estos comprobantes fiscales para amparar operaciones inexistentes, simuladas o ilícitas; y en el inciso d) cuando detecten la existencia de una o más infracciones previstas en los artículos 79, 81 y 83 del Código Fiscal Federal, con independencia que hayan o no ejercido facultades de comprobación, con la única condición que la conducta sea realizada por el contribuyente titular del certificado; sin que la expresión “Aun sin ejercer sus facultades de comprobación”, que contiene al principio de su texto el inciso d) de la citada fracción X del artículo 17-H, deba interpretarse que con ello se hace referencia únicamente a los casos en que las autoridades fiscales conozcan de la comisión de alguna de dichas infracciones sin ejercer facultades de comprobación, pues del análisis contextual a dicha disposición legal, se advierte la intención del legislador de autorizar la cancelación respectiva, entre otros supuestos, cuando el contribuyente titular del certificado cometa alguna de las infracciones previstas en los citados artículos 79, 81 y 83, habiéndose o no ejercido por parte de las autoridades alguna facultad de comprobación.

    Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1258/15-16-01-8.- Resuelto por la Sala Regional Peninsular del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 4 de abril de 2016, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Ana Luz Brun Iñárritu.- Secretario: Lic. Rigoberto Jesús Zapata González.

    R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año VI. No. 60. Julio 2016. p. 357

     

    La pregunta es ¿Por qué la autoridad está aplicando la cancelación para ejercicios en los que esta disposición no existía como lo son 2012 y 2013?

    Tal vez la respuesta la podamos encontrar en el artículo 6 del Código Fiscal de la Federación que indica lo siguiente:

    Artículo 6o.- Las contribuciones se causan conforme se realizan las situaciones jurídicas o de hecho, previstas en las leyes fiscales vigentes durante el lapso en que ocurran.

    Dichas contribuciones se determinarán conforme a las disposiciones vigentes en el momento de su causación, pero les serán aplicables las normas sobre procedimiento que se expidan con posterioridad.

    En este sentido podemos decir que existen normas sustantivas y normas adjetivas o de procedimiento. Una tesis muy ilustrativa que explica lo anterior es la siguiente:

     

    VI-TASR-XXVIII-24

    NORMAS SUSTANTIVAS Y ADJETIVAS. CONCEPTOS Y DIFERENCIAS.- El derecho sustantivo, es aquel que establece derechos u obligaciones, a diferencia del que regula su ejercicio, castiga su infracción o determina el procedimiento para su efectividad extraordinaria; por su parte, el derecho adjetivo, es el conjunto de leyes que posibilitan y hacen efectivo el ejercicio regular de las relaciones jurídicas, al poner en actividad el organismo judicial del Estado, esto es, no determina qué es lo justo, sino cómo ha de pedirse la justicia. Por lo anterior, se puede concluir que las normas sustantivas son aquellas que conceden derechos e imponen obligaciones, excepto las relacionadas con el proceso, mientras que las normas adjetivas, son las que regulan la utilización de los aparatos del Estado que aplican el derecho. En efecto, las normas sustantivas, son aquellas que reconocen un derecho o imponen una obligación; mientras que las normas procesales o instrumentales, son las que fijan los requisitos de los actos destinados a componer los conflictos que, en su caso, se den en relación con la observancia a las normas sustantivas, regulando los medios para llegar a la solución y estableciendo las disposiciones referentes a los sujetos procesales.

    Juicio Contencioso Administrativo Núm. 4989/10-07-02-1.- Resuelto por la Segunda Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 2 de junio de 2011, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Alfredo Ureña Heredia.- Secretario: Lic. David Fernando Castillón Dueñas.

    R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año III. No. 24. Julio 2013. p. 197

     

    Lo anterior es importante si consideramos con la tesis anterior que el artículo 17 H, fracción X, del Código Fiscal de la Federación no puede considerarse como una norma adjetiva o de procedimiento que conforme al artículo 6 del mismo ordenamiento pueda ser aplicada con posterioridad.

    Dicho lo anterior podemos analizar las diversas vías de atención o defensa

    • ACLARACION

     

    En primer termino tenemos que en la regla 2.2.4 que se puede ver en la publicación del 6 de mayo de 2016 en la 2da Resolución de Modificaciones a la Miscelánea Fiscal indica:

     

    Procedimiento para dejar sin efectos el CSD de los contribuyentes, restringir el uso del certificado de e.firma o el mecanismo que utilizan las personas físicas para efectos de la expedición de CFDI y procedimiento para desvirtuar o subsanar las irregularidades detectadas

     Para los efectos del artículo 17-H, primer párrafo, fracción X del CFF, así como de las reglas 2.2.8., 2.7.1.21. y las demás que otorguen como facilidad algún otro esquema de comprobación fiscal, cuando las autoridades fiscales tengan conocimiento de la actualización de alguno de los supuestos previstos en el citado artículo, emitirán la resolución que deje sin efectos el o los CSD del contribuyente, o bien, restrinja el uso del certificado de e.firma o el mecanismo que utilizan las personas físicas para efectos de la expedición del CFDI.

    Para los efectos del artículo 17-H, tercer párrafo, 29, antepenúltimo párrafo y 69, primer párrafo del CFF, los contribuyentes podrán consultar en el Portal del SAT, los CSD que han quedado sin efectos.

    Para los efectos del artículo 17-H, sexto párrafo del CFF, los contribuyentes podrán subsanar las irregularidades detectadas o desvirtuar la causa por la que se dejó sin efectos el o los CSD, se restringió el uso del certificado de e.firma o el mecanismo que utilizan para expedir CFDI, a través de un caso de aclaración que presenten conforme a la ficha de trámite 47/CFF“Aclaración para subsanar las irregularidades detectadas o desvirtuar la causa por la que se dejó sin efectos su certificado de sello digital, se restringió el uso de su certificado de e.firma o el mecanismo que utiliza para efectos de la expedición de CFDI”, contenida en el Anexo 1-A.

    Los contribuyentes a quienes se haya dejado sin efectos el o los CSD para la expedición de CFDI, no podrán solicitar un nuevo certificado o, en su caso, no podrán optar o continuar ejerciendo las opciones a que se refieren las reglas 2.2.8. y 2.7.1.21., ni alguna otra opción para la expedición de CFDI establecida mediante reglas de carácter general, en tanto no desvirtúen o subsanen las irregularidades detectadas.

    Para la aplicación del procedimiento previsto en la presente regla, cuando las autoridades fiscales dejen sin efectos el o los CSD se considera que también restringen el uso del mecanismo que utilice el contribuyente para la expedición de CFDI conforme a las reglas 2.2.8. y 2.7.1.21., o la que establezca la opción correspondiente.

     

    • JUICIO DE NULIDAD

    La siguiente alternativa puede se la implementación de un Juicio Contencioso administrativa ante el actual Tribunal Federal de Justicia Administrativa antes Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa,  argumentando para los casos de cancelaciones anteriores a 2014 que dicho actuar de parte de la autoridad es ilegal por aplicar el artículo 17 H, fracción X del Código Fiscal de la Federación en ejercicios en los que no existía, siendo que no puede ser considerada como una norma adjetiva o de procedimiento por la que pueda aplicarse el artículo 6 del mismo ordenamiento legal.

     

    • JUICIO DE AMPARO

     Otra opción seria la implementación de un Juicio de Amparo Indirecto  argumentando la que la norma es aplicada en forma retroactiva.

    Al respecto se muestran los siguientes antecedentes jurisdiccionales:

     

    Época: Novena Época

    Registro: 162299

    Instancia: Primera Sala

    Tipo de Tesis: Jurisprudencia

    Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

    Tomo XXXIII, Abril de 2011

    Materia(s): Constitucional

    Tesis: 1a./J. 78/2010

    Página: 285

    RETROACTIVIDAD DE LA LEY Y APLICACIÓN RETROACTIVA. SUS DIFERENCIAS.

    El análisis de retroactividad de las leyes implica estudiar si una determinada norma tiene vigencia o aplicación respecto de derechos adquiridos o situaciones jurídicas acaecidas con anterioridad a su entrada en vigor. En cambio, el análisis sobre la aplicación retroactiva de una ley supone la verificación de que los actos materialmente administrativos o jurisdiccionales estén fundados en normas vigentes, y que en caso de un conflicto de normas en el tiempo se aplique la que genere un mayor beneficio al particular.

    Amparo directo en revisión 737/2005. 3 de agosto de 2005. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: Andrea Nava Fernández del Campo.

    Amparo directo en revisión 829/2008. Miguel Jiménez Puga. 9 de julio de 2008. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guillermina Coutiño Mata.

    Amparo directo en revisión 1151/2008. Autos Populares de la Chontalpa, S.A. de C.V. 22 de octubre de 2008. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretaria: Paola Yaber Coronado.

    Amparo directo en revisión 1431/2008. Sena Automotriz, S.A. de C.V. 22 de octubre de 2008. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Francisco Octavio Escudero Contreras.

    Amparo directo en revisión 1013/2010. René Alejandro Chavarría García. 4 de agosto de 2010. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Rodrigo de la Peza López Figueroa.

    Tesis de jurisprudencia 78/2010. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de veintisiete de octubre de dos mil diez.

    Nota: Por instrucciones de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esta tesis que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, diciembre de 2010, página 149, se publica nuevamente con el cuarto precedente correcto, al encontrarse ausente el Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo.

    Época: Novena Época

    Registro: 188508

    Instancia: Pleno

    Tipo de Tesis: Jurisprudencia

    Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

    Tomo XIV, Octubre de 2001

    Materia(s): Constitucional

    Tesis: P./J. 123/2001

    Página: 16

    RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. SU DETERMINACIÓN CONFORME A LA TEORÍA DE LOS COMPONENTES DE LA NORMA.

    Conforme a la citada teoría, para determinar si una ley cumple con la garantía de irretroactividad prevista en el primer párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe precisarse que toda norma jurídica contiene un supuesto y una consecuencia, de suerte que si aquél se realiza, ésta debe producirse, generándose, así, los derechos y obligaciones correspondientes y, con ello, los destinatarios de la norma están en posibilidad de ejercitar aquéllos y cumplir con éstas; sin embargo, el supuesto y la consecuencia no siempre se generan de modo inmediato, pues puede suceder que su realización ocurra fraccionada en el tiempo. Esto acontece, por lo general, cuando el supuesto y la consecuencia son actos complejos, compuestos por diversos actos parciales. De esta forma, para resolver sobre la retroactividad o irretroactividad de una disposición jurídica, es fundamental determinar las hipótesis que pueden presentarse en relación con el tiempo en que se realicen los componentes de la norma jurídica. Al respecto cabe señalar que, generalmente y en principio, pueden darse las siguientes hipótesis: 1. Cuando durante la vigencia de una norma jurídica se actualizan, de modo inmediato, el supuesto y la consecuencia establecidos en ella. En este caso, ninguna disposición legal posterior podrá variar, suprimir o modificar aquel supuesto o esa consecuencia sin violar la garantía de irretroactividad, atento que fue antes de la vigencia de la nueva norma cuando se realizaron los componentes de la norma sustituida. 2. El caso en que la norma jurídica establece un supuesto y varias consecuencias sucesivas. Si dentro de la vigencia de esta norma se actualiza el supuesto y alguna o algunas de las consecuencias, pero no todas, ninguna norma posterior podrá variar los actos ya ejecutados sin ser retroactiva. 3. También puede suceder que la realización de alguna o algunas de las consecuencias de la ley anterior, que no se produjeron durante su vigencia, no dependa de la realización de los supuestos previstos en esa ley, ocurridos después de que la nueva disposición entró en vigor, sino que tal realización estaba solamente diferida en el tiempo, ya sea por el establecimiento de un plazo o término específico, o simplemente porque la realización de esas consecuencias era sucesiva o continuada; en este caso la nueva disposición tampoco deberá suprimir, modificar o condicionar las consecuencias no realizadas, por la razón sencilla de que éstas no están supeditadas a las modalidades señaladas en la nueva ley. 4. Cuando la norma jurídica contempla un supuesto complejo, integrado por diversos actos parciales sucesivos y una consecuencia. En este caso, la norma posterior no podrá modificar los actos del supuesto que se haya realizado bajo la vigencia de la norma anterior que los previó, sin violar la garantía de irretroactividad. Pero en cuanto al resto de los actos componentes del supuesto que no se ejecutaron durante la vigencia de la norma que los previó, si son modificados por una norma posterior, ésta no puede considerarse retroactiva. En esta circunstancia, los actos o supuestos habrán de generarse bajo el imperio de la norma posterior y, consecuentemente, son las disposiciones de ésta las que deben regir su relación, así como la de las consecuencias que a tales supuestos se vinculan.

    Amparo en revisión 2030/99. Grupo Calidra, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia.

    Amparo en revisión 375/2000. Ceras Johnson, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.

    Amparo en revisión 1551/99. Domos Corporación, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: José Manuel Quintero Montes.

    Amparo en revisión 2002/99. Grupo Maz, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Manuel González Díaz.

    Amparo en revisión 1037/99. Fibervisions de México, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Rosalía Argumosa López.

    El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinte de septiembre en curso, aprobó, con el número 123/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veinte de septiembre de dos mil uno.

    Época: Novena Época

    Registro: 183715

    Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

    Tipo de Tesis: Aislada

    Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

    Tomo XVIII, Julio de 2003

    Materia(s): Administrativa

    Tesis: VI.2o.A.49 A

    Página: 1204

    RETROACTIVIDAD DE LA NORMA JURÍDICA. HIPÓTESIS EN QUE OPERA (MATERIA FISCAL).

    Denomínase retroactividad a la traslación de la vigencia de una norma jurídica creada en un determinado momento histórico, a un lapso anterior al de su creación. Desde el punto de vista lógico, esa figura (retroactividad) implica subsumir ciertas situaciones de derecho pretéritas que estaban reguladas por normas vigentes al tiempo de su existencia dentro del ámbito regulativo de las nuevas normas creadas; el artículo 14 constitucional establece que a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, principio este que rige de acuerdo a la doctrina y a la jurisprudencia, respecto de las normas de derecho sustantivo como de las adjetivas o procesales. La aplicación retroactiva de las leyes a partir del enfoque sustantivo, se refiere a los efectos que tienen sobre situaciones jurídicas concretas o derechos adquiridos por los gobernados con anterioridad a su entrada en vigor, al constatar si la nueva norma desconoce tales situaciones o derechos al obrar sobre el pasado, lo que va contra el principio de irretroactividad de las leyes inmerso en el artículo constitucional citado; en cuanto hace a las leyes del procedimiento, éstas no pueden producir efectos retroactivos, dado que los actos de esa naturaleza se rigen por las disposiciones vigentes en la época en la que se actualizan. En ese contexto, si el contribuyente, en atención al saldo a favor que obtuvo en un año, adquirió el derecho de acreditarlo en la forma prevista por el precepto 6o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, vigente en esa época (contra el impuesto a su cargo que le corresponda en los meses siguientes hasta agotarlo), es incorrecto que la Sala examinara la litis, al tenor de lo que dispone el último numeral en cita, vigente en dos mil, en tanto que se aplica éste en forma retroactiva, en perjuicio de la peticionaria, al sostener que la resolución administrativa impugnada en el juicio de nulidad es válida, porque con esa conclusión se obliga a efectuar un acreditamiento que pugna contra la legislación de dos mil, cuando lo procedente es que para tal fin se atendiera a la norma en vigor durante el año en que se generó el derecho para acreditar el saldo a favor, contra el impuesto a cargo del contribuyente beneficiado, acorde con la cual podía realizarse la acreditación aludida en los meses siguientes.

    SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO.

    Amparo directo 136/2002. H. Peregrina de Pue., S.A. de C.V. 6 de junio de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Omar Losson Ovando. Secretaria: Elsa María López Luna.

     

    Una situación importante es lo referente a que el pasado 17 de Junio de 2016 fue publicado en el Semanario Judicial de la Federación la tesis Tesis: IV.2o.A.122 A (10a.) emitida por el Segundo Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, a través del cual indica que no es procedente la suspensión para efectos de que se reactiven los certificados de sello digital, tal como se indica a continuación:

     

    Época: Décima Época

    Registro: 2011910

    Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

    Tipo de Tesis: Aislada

    Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

    Libro 31, Junio de 2016, Tomo IV

    Materia(s): Común

    Tesis: IV.2o.A.122 A (10a.)

    Página: 2818

    CERTIFICADO DE SELLOS DIGITALES PARA LA EXPEDICIÓN DE COMPROBANTES FISCALES. ES IMPROCEDENTE CONCEDER LA SUSPENSIÓN EN EL AMPARO INDIRECTO PARA QUE AQUÉL SE REACTIVE SI SE DEJÓ SIN EFECTOS POR ACTUALIZARSE ALGUNA DE LAS HIPÓTESIS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 17-H, FRACCIÓN X, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.

    Si la Ley de Amparo en vigor, en sus artículos 128 y 138, determina que para resolver sobre la procedencia de la suspensión del acto reclamado debe verificarse la apariencia del buen derecho y la no afectación al orden público y al interés social, y la valoración de ambos aspectos no es desvinculada, sino concomitante, pues deben ponderarse con base en la apreciación de todos los elementos con que se cuente para la determinación más objetiva posible, tanto del buen derecho invocado como de la naturaleza del acto, también con la premisa de evitar que el otorgamiento de la suspensión esté basado en una pretensión infundada y temeraria que afecte al interés social; se considera que si en el juicio de amparo indirecto el acto reclamado consiste en que las responsables dejaron sin efectos un certificado de sellos digitales para la expedición de comprobantes fiscales, por haberse actualizado alguno de los supuestos previstos en el artículo 17-H, fracción X, del Código Fiscal de la Federación, aun cuando el quejoso solicite que la suspensión se otorgue para el efecto de que aquél se reactive porque, de no hacerlo, se le causaría un perjuicio de difícil reparación, al estar impedido para continuar con las actividades mercantiles necesarias para su subsistencia en un contexto en que, por un lado niega desconocer con certeza las razones de la cancelación pero, por otro, existen elementos en la demanda o sus anexos que permiten advertir que el fundamento del acto es la porción normativa aludida, debe considerarse que otorgar la medida cautelar con el efecto pretendido, sería contrario al orden público y al interés social y, por tanto debe negarse, pues dado su fundamento, el acto se origina en el ejercicio de las facultades de fiscalización o la realización de actos en detrimento de dichas facultades o los intereses fiscales y su rehabilitación trascendería al correcto desarrollo de éstas, y si se toma en cuenta que el uso correcto y adecuado de cadenas digitales en los comprobantes fiscales garantiza su origen, autenticidad y unicidad, tanto para los contribuyentes que realizan operaciones entre sí, como para las autoridades fiscales, a las que se facilita la detección, rastreo y verificación de operaciones facturables y la eliminación de operaciones ficticias, para hacer más eficientes el control fiscal y la recaudación de ingresos para el gasto público, es plausible que, en el mismo contexto, efectuada la ponderación entre la apariencia del buen derecho y la no afectación al interés social, la pretendida rehabilitación o reactivación del certificado puede impactar esos propósitos de orden público; afectación cuya evitación, por su impacto en intereses colectivos, se considera de mayor trascendencia que las que se ocasionarían individualmente al quejoso, en tanto se resuelve el juicio.

    SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.

    Queja 30/2016. Administrador Desconcentrado Jurídico de Nuevo León “1” de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en representación de la propia Administración Desconcentrada Jurídica y de las Administraciones Desconcentradas del Servicio al Contribuyente de Auditoría Fiscal y de Recaudación de Nuevo León “1”. 25 de febrero de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. Secretario: Eucario Adame Pérez.

    Queja 42/2016. Administrador Desconcentrado Jurídico de Nuevo León “1” de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en representación de la Administración Desconcentrada Auditoría Fiscal de Nuevo León “1”. 3 de marzo de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. Secretaria: Griselda Tejada Vielma.

    Esta tesis se publicó el viernes 17 de junio de 2016 a las 10:17 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

     

    • CONCLUSIONES

    Es claro que existen tres principales vías de atención ante una situación de Cancelación de Certificados de Sello Digital que pueden aplicar los contribuyentes, por tanto es importante analizar cada caso concreto para elegir la mejor opción, sin embargo es claro que en cualquier caso implicara tiempo en que el contribuyente prácticamente quedara imposibilitado de continuar con su operación al estar impedido de emitir CFDI´s con las implicaciones colaterales respecto de la deducción y acreditamiento de terceros.

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