PRODECON

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    Fuente: PRODECON

     

    El pasado 21 de junio de 2019, fue aprobado en sesión ordinaria el criterio sustantivo 17/2019/CTN/CS-SASEN, sustentado en la Consulta número PRODECON/SASEN/DGEN/III/053/2019 a través del cual se determinó el efecto que se genera con el cumplimiento espontáneo de la obligación de informar sobre los donativos recibidos.

     

    El criterio se reproduce a continuación:

     

     

    RENTA. EFECTO QUE SE GENERA CON EL CUMPLIMIENTO ESPONTÁNEO DE LA OBLIGACIÓN DE INFORMAR SOBRE LOS DONATIVOS RECIBIDOS. El artículo 90, párrafos segundo y tercero de la Ley del Impuesto Sobre la Renta dispone que las personas físicas residentes en México están obligadas a informar en la declaración del ejercicio sobre los préstamos, donativos y premios obtenidos en dicho periodo, siempre que en lo individual o en su conjunto excedan de $600,000.00. Por su parte, el artículo 91, quinto párrafo, de la misma Ley establece que tratándose de préstamos y donativos que no se informen a las autoridades fiscales, éstos se considerarán atribuibles al Régimen de los demás Ingresos de las personas físicas y, por tanto, deberán acumularse para efectos de determinar el impuesto sobre la renta (ISR) del ejercicio. En ese sentido, en opinión de esta Procuraduría, en caso de que un contribuyente no hubiese informado en la declaración normal del ISR sobre un donativo recibido estando obligado a ello, podrá subsanar dicha omisión mediante la presentación de la declaración complementaria del ISR de manera espontánea, lo cual implica que el contribuyente cumplió con su obligación legal conforme a lo estipulado en el citado artículo 90.

     

     

     

     

     

     

     

     

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    Fuente: PRODECON

    El pasado 29 de abril de 2019, fue aprobado en sesión ordinaria el criterio sustantivo 10/2019/CTN/CS-SASEN, sustentado en la Consulta número PRODECON/SASEN/DGEN/III/174/2018 a través del cual se determino el tratamiento fiscal que se debe dar a la transferencia bancaria que realiza una Sociedad por Acciones Simplificada a su socio.

     

    El criterio se reproduce a continuación: 

     

    TRANSFERENCIAS BANCARIAS REALIZADAS POR UNA S.A.S. A SU SOCIO ÚNICO. SU TRATAMIENTO FISCAL CUANDO NO EXISTE UN CONTRATO, NEGOCIO O RELACIÓN QUE DETERMINE SU NATURALEZA JURÍDICA. Las Sociedades por Acciones Simplificadas (S.A.S.), creadas y reguladas por la Ley General de Sociedades Mercantiles, tienen como uno de sus objetivos incentivar y facilitar la creación de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES), pues pueden ser constituidas sin la necesidad de un fedatario público a través de la página de internet de la Secretaría de Economía. En el ámbito tributario, por ejemplo, se les otorgó la opción de pagar el impuesto sobre la renta (ISR) conforme a flujo de efectivo, es decir, hasta en tanto perciban efectivamente el ingreso respectivo. En este sentido, al ser personas morales contribuyentes distintas a sus socios, en opinión de PRODECON, si una S.A.S. le efectúa transferencias bancarias a su socio único y éstas no están amparadas por algún contrato, negocio o relación jurídica diversa que determine la naturaleza de aquéllas, como podrían ser honorarios por la prestación de un servicio, al sólo existir la relación corporativa entre la sociedad y su socio, el tratamiento fiscal que les corresponde a las transferencias de la primera al segundo tendrá que ser el de utilidades o dividendos, lo que significa que la S.A.S., además de tener que pagar el impuesto corporativo por las cantidades que transfiera a su socio, deberá de cumplir con las demás obligaciones correlativas al pago de utilidades, en términos del último párrafo del artículo 200 y demás disposiciones aplicables de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

     

     

     

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    En la iniciativa de cambios al Código Fiscal de la Federación se propone indicar que si bien la adopción del acuerdo conclusivo se podrá solicitar en cualquier momento, el límite temporal para hacerlo será de quince días siguientes a aquél en que se haya levantado el acta final o se haya notificado el oficio de observaciones o la resolución provisional, según sea el caso, ello considerando que el contribuyente durante el procedimiento de fiscalización tuvo la oportunidad para desvirtuar las observaciones u optar por corregir su situación fiscal, demostrando así su buena fe para llegar a un acuerdo de conclusión, máxime que, derivado de la posibilidad de solicitar dichos acuerdos hasta antes de que se notifique la liquidación, es muy común que los contribuyentes esperen a que la autoridad trate de notificar la liquidación correspondiente, para solicitar la adopción de un acuerdo conclusivo con el único propósito de evitar que concluya el proceso de notificación de la liquidación y poner en riesgo el acto de fiscalización, en caso de que no se llegue a un consenso y la autoridad deba emitir la liquidación al reactivarse los plazos del artículo 50 y 53-B del Código Fiscal de la Federación.

    En ese contexto, se propone incluir diversas causales de improcedencia del acuerdo conclusivo, a efecto de establecer limitantes a su interposición cuando se utiliza con el mero propósito de obstaculizar y viciar los procedimientos de fiscalización, tal como sucede cuando se solicita la adopción de un acuerdo conclusivo cuando ya se encuentra en vías de notificación la resolución determinante del crédito fiscal; cuando no resulta aplicable debido a la naturaleza de las facultades ejercidas en materia de devoluciones, compulsas y cumplimentación de resoluciones y sentencias, o bien, en aquellos casos en que los solicitantes de la adopción de un acuerdo conclusivo sean empresas que facturan operaciones simuladas (EFOS) presuntos o definitivos, ello considerando que el mecanismo para desvirtuar los hechos que llevaron a la autoridad a publicarlos como tales se encuentra previsto en el propio artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, por lo que de ninguna manera procede utilizar el procedimiento de acuerdo conclusivo para tales efectos.

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    Con fecha 13 de julio de 2020 la Procuraduría de la Defensa Del Contribuyente emitió el oficio PRODECON/SASEN/370/2020  a través del cual se analiza la obligación de Esquemas Reportables y le solicita al SAT una Guía

      

    Fuente: www.prodecon.gob.mx

     

     

     

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    Con fecha 13 de julio de 2020 la Procuraduria de la Defensa Del Contribuyente emitió el oficio PRODECON/SASEN/369/2020  a través del cual se analiza que contribuyentes como Camaras, Sindicatos, Colegios de profesionales, no están obligados a presentar el aviso de actualización de Socios o Accionistas

      

    Fuente: www.prodecon.gob.mx

     

     

     

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     Fuente: www.prodecon.gob.mx

     

     A través de su portal de Internet, la Procuraduria Federal de la Defensa de los Derechos del Contribuyente, dio a conocer su acuerdo general de días inhábiles para 2020:

     

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    Con fecha 13 de julio de 2020 la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) difunde su Acuerdo General 004/2020, mediante el cual se modifica el diverso numero 003/2020, por el que se suspenden temporalmente las actividades presenciales (no así sus servicios) que la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente realiza en sus oficinas centrales y delegaciones, que abarca del 6 de abril de 2020 y hasta la fecha en que el Consejo de Salubridad General determine que ha cesado la contingencia, y se implementan diversas medidas en relación con el funcionamiento y operación de sus áreas sustantivas, con motivo de la pandemia derivada del Coronavirus (Covid-19).

      

    Fuente: www.prodecon.gob.mx

     

     

     

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    La PRODECON recientemente publicó una recomendación 29/2020, relacionada con la negativa para renovar una e.firma.

    El contexto radico en que un contribuyente pretendió renovar el certificado de firma electrónica y se encentraba en el listado definitivo a que se refiere el Artículo 69-B del CFF. Por lo anterior le fue negada su renovación restringiendo el derecho para cumplir con otras obligaciones fiscales, tales como corregir su situación fiscal o promover recurso de revocación. 

    La contribuyente manifestó que la actuación de la autoridad era ilegal, pues no existe una disposición fiscal que le prohíba llevar a cabo la renovación de su firma electrónica por haber sido sujeta al procedimiento mencionado.

    En este contexto, la PRODECON consideró ilegal la negativa de la autoridad para renovar la e.firma de la contribuyente. Aquí puedes ver parte de las consideraciones de la PRODEDON:

    Si bien es cierto que para efectos de las solicitudes relacionadas con el certificado de e.firma, la autoridad fiscal puede validar la información proporcionada por los contribuyentes ante el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), relacionada con su identidad, domicilio y en general sobre su “situación fiscal”.

    Esto no quiere decir que pueda restringir o prohibir la conclusión de dicho trámite, si al ejercer dicha facultad descubre que un contribuyente se encuentra en el supuesto definitivo del cuarto párrafo del artículo 69-B del CFF, o que su CSD fue cancelado.

    Pues dicho supuesto no se encuentra previsto en los artículos 17-D, quinto párrafo, y 27, sección C, fracción I, inciso a), del CFF, ni en Ley o Reglamentación alguna.

    Adicionalmente la PRODECON, argumentó que la autoridad fiscal es omisa en fundar y motivar la negativa de la renovación de certificado de e.firma ya que no precisa el fundamento legal que establece como limitante para dicha renovación el hecho de que la contribuyente esté sujeta al procedimiento previsto en el Artículo 69-B del CFF, con lo que violenta en perjuicio del contribuyente los derechos fundamentales de Legalidad, Seguridad y Certeza Jurídica establecidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución, y  que la autoridad debe ceñirse a verificar si el contribuyente reúne los requisitos del Artículo 17-D del CFF y en la Regla 2.2.14 de la RMF y la ficha de trámite 106/CFF para efectos de la procedencia de la renovación de e.firma electrónica ya que atribuir el incumplimiento de requisitos no previstos en la ley genera un estado de incertidumbre jurídica violentando el principio de Confianza Legítima, tema sobre el cual ya se ha pronunciado la SCJN en la tesis de rubro “Confianza legitima.

    En este sentido se señaló que cuando la firma electrónica pierde vigencia, la autoridad fiscal no puede negar su renovación bajo argumento de que los contribuyentes se ubican en el supuesto previsto en el cuarto párrafo del referido artículo 69-B del CFF. Porque estimar lo contrario implicaría desconocer los derechos de aquéllos que contaban con un certificado, limitando el acceso para poder cumplir con sus obligaciones tributarias, corregir su situación fiscal o tener acceso a la justicia administrativa…

    Por todo lo anterior, la PRODECON recomendó al Servicio de Administración (SAT) que permita al contribuyente en cuestión renovar su firma electrónica

     

    En análisis completo de PRODECON lo podrás descargar del siguiente enlace

     

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    A del portal de PRODECON se dio a conocer dentro de la compilación de criterios jurisdiccionales el número 41/2020 aprobado en la 4ta sesión ordinaria del 29/04/2020.

     

    Abajo se muestra el criterio y la Versión Pública de la Sentencia del la cual se derivo el criterio jurisdiccional:

     

    CRITERIO JURISDICCIONAL 41/2020 (Aprobado 4ta. Sesión Ordinaria 29/04/2020) MULTA CFDI GLOBALES. NO PROCEDE SU IMPOSICIÓN SI SE ACREDITA QUE SU EMISIÓN FUE DE MANERA ESPONTÁNEA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 73 DEL CFF.El artículo 29 del Código Fiscal de la Federación (CFF) establece como obligación de los contribuyentes el expedir comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI) por los actos o actividades que realicen, los cuales deberán cumplir con los requisitos previstos en dicho precepto, así como en el diverso artículo 29-A del mismo ordenamiento; de igual forma, señala que a través de reglas de carácter general el Servicio de Administración Tributaria podrá establecer requisitos de los comprobantes que amparen operaciones realizadas con el público en general, como lo es el previsto en la Regla 2.7.1.24 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2019, misma que establece que para efectos de los mencionados artículos, el contribuyente podrá elaborar el CFDI de forma diaria, semanal, mensual o bimestral y que para ello contará con un plazo de 72 horas siguientes al cierre de las operaciones. Al respecto, el Órgano Jurisdiccional consideró que si bien el contribuyente emitió los comprobantes globales fuera del plazo con el que contaba para ello, es decir, fuera de las 72 horas que establece la Regla referida Página 327 y, por tanto, de manera extemporánea, pero de forma espontánea, ya que cuando se realizó la visita domiciliaria para verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de expedición de CFDI, el contribuyente ya había cumplido con tal obligación, sin que existiera previamente notificación de alguna gestión por parte de la autoridad, en consecuencia, no procedía la imposición de multas, pues en términos del artículo 73 del CFF el cumplimiento, si bien se realizó de manera extemporánea, fue de manera espontánea.

     

    Juicio Contencioso Administrativo en la vía sumaria. Primera Sala Regional Norte Este del Estado de México del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 2020. Sentencia firme

     

     

    Fuente: www.prodecon.gob.mx

     

     

     

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    A del portal de PRODECON se dio a conocer dentro de la compilación de criterios jurisdiccionales el número 46/2020 aprobado en la 4ta sesión ordinaria del 29/04/2020.

     

    Abajo se muestra el criterio y la Versión Pública de la Sentencia del la cual se derivo el criterio jurisdiccional:

     

    CRITERIO JURISDICCIONAL 46/2020 (Aprobado 4ta. Sesión Ordinaria 29/04/2020) PRIMA DEL SEGURO DE RIESGOS DE TRABAJO. SU DETERMINACIÓN Y LA MULTA POR LA OMISIÓN EN SU PRESENTACIÓN SON ILEGALES SI SE ACREDITA QUE DURANTE EL PERIODO RESPECTIVO EL PATRÓN DIO DE BAJA A LA TOTALIDAD DE SUS TRABAJADORES. Conforme a los artículos 15, fracción I y 72 de la Ley del Seguro Social, se establece la obligación de los patrones de registrarse e inscribir a sus trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), comunicar sus altas y bajas, las modificaciones de su salario y determinar la prima para el seguro de riesgos de trabajo. Así, a consideración del Órgano Jurisdiccional es ilegal que el IMSS determine la prima del seguro de riesgos de trabajo y además imponga una multa por la supuesta omisión incurrida por el patrón en su determinación, sin considerar que en el caso concreto, cesó la obligación patronal a la que se encontraba afecto el contribuyente ante la presentación del aviso de baja de la totalidad de sus trabajadores, pues la terminación de la relación laboral es un hecho que pone fin a las obligaciones patronales; sin que en la especie el IMSS demostrara que el demandante se encontraba constreñido a cumplir con dichas obligaciones ante la existencia de trabajadores inscritos a su servicio.

    Juicio Contencioso Administrativo en la vía ordinaria. Segunda Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 2019. Sentencia firme

     

     

    Fuente: www.prodecon.gob.mx

     

     

     

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    Fuente: PRODECON

     

    Con fecha 3 de julio de 2019 la PRODECON emitió la Recomendación Federal 05/2019 y lo publico en su página de Internet que versa sobre la aplicación del estímulo fiscal del IVA por la prestación de servicios parciales de construcción de inmuebles destinados a casa habitación.

     

    En resumen, la PRODECON indica que la autoridad fiscal vulnera los derechos del contribuyente al impedir la aplicación del estímulo fiscal de IVA  por la prestación de servicios parciales de construcción de inmuebles destinados a casa habitación, toda vez que dejó de considerar tanto el inicio de actividades del contribuyente, quien comenzó a prestar dichos servicios en junio 2018, así como lo establecido en la regla 11.6.4 de la RMF para  2018 respecto a la presentación del aviso.

    Por todo lo anterior, la PRODECON recomendó permitir al contribuyente la aplicación del estímulo fiscal.

     

    Baja el contenido integro del documento dando click en la siguiente imagen:

     

     

     

     

     

     

     

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    Fuente: www.prodecon.gob.mx

    Recientemente la PRODECON publicó en su pagina de Internet la Recomendación 09/2019 que analiza la aplicación del Estimulo Fiscal en materia de IVA por la prestación de Servicios Parciales de Construcción de inmuebles destinados a casa habitación, a través recomienda al SAT, permitir al Contribuyente la aplicación de dicho estimulo con posterioridad a Enero que es la fecha en la que la autoridad fiscal indica como plazo.

     

     

     Baja el Documento Completo en la Siguiente Liga:

     

     

                                              

     

     

      

     

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    Recientemente se dio a conocer un caso de éxito de PRODECON a través del cual una Contribuyente una asalariada presentó su solicitud de devolución del Impuesto Sobre la Renta del ejercicio ante el SAT por concepto del pago de colegiaturas; sin embargo, le fue rechazada.

    Los motivos para el rechazo expresados por la autoridad fiscal consistieron en que la escuela que emitía el comprobante fiscal digital por internet (CFDI) no estaba en la lista de instituciones con reconocimiento oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

    Según SAT, la escuela preparatoria por el cual se buscaba la Deducción de Colegiaturas no se encontraba registrada en el padrón de Instituciones Educativas publicadas en el portal del SAT, por lo que consideró que ésta no tenía autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios en términos de la Ley General de Educación.

     
    Una vez que la contribuyente acudió a la PRODECON, se le proporcionó el servicio gratuito de representación y defensa legal, logrando que el SAT resolviera que la determinación de la autoridad era ilegal.
     
    Al hacer una consulta en el portal oficial de la SEP, se advirtió que, contrario a lo señalado por la autoridad fiscal, la escuela sí cuenta con reconocimiento de validez oficial de estudios.

    Uno de los aspectos a destacar es que si bien el nombre que aparece en el portal oficial de la SEP con el cual se pudo validar la validez oficial de los estudios de la escuela preparatoria, es distinto al contenido en los diversos CFDI exhibidos en el medio de defensa, esto se debió a que en el registro se refleja el nombre comercial de la escuela y no así su razón social.

     
    Por lo anterior se puedo demostrar que se trataba de la misma institución con la Constancia de Situación Fiscal ante el SAT exhibida como prueba, por lo que se ordenó a la autoridad que emitiera una nueva resolución en la que reconociera tales deducciones personales como procedentes y efectúe la devolución correspondiente a la pagadora de impuestos.

     

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    Con fecha 2 de Junio se da a conocer la Terna propuesta por el Titular del Ejecutivo Federal para estar al frente de la Procuraduíia de los Derechos del Contribuyente (PRODECON)

     

     

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