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En la iniciativa de cambios al Código Fiscal de la Federación se propone indicar que si bien la adopción del acuerdo conclusivo se podrá solicitar en cualquier momento, el límite temporal para hacerlo será de quince días siguientes a aquél en que se haya levantado el acta final o se haya notificado el oficio de observaciones o la resolución provisional, según sea el caso, ello considerando que el contribuyente durante el procedimiento de fiscalización tuvo la oportunidad para desvirtuar las observaciones u optar por corregir su situación fiscal, demostrando así su buena fe para llegar a un acuerdo de conclusión, máxime que, derivado de la posibilidad de solicitar dichos acuerdos hasta antes de que se notifique la liquidación, es muy común que los contribuyentes esperen a que la autoridad trate de notificar la liquidación correspondiente, para solicitar la adopción de un acuerdo conclusivo con el único propósito de evitar que concluya el proceso de notificación de la liquidación y poner en riesgo el acto de fiscalización, en caso de que no se llegue a un consenso y la autoridad deba emitir la liquidación al reactivarse los plazos del artículo 50 y 53-B del Código Fiscal de la Federación.

En ese contexto, se propone incluir diversas causales de improcedencia del acuerdo conclusivo, a efecto de establecer limitantes a su interposición cuando se utiliza con el mero propósito de obstaculizar y viciar los procedimientos de fiscalización, tal como sucede cuando se solicita la adopción de un acuerdo conclusivo cuando ya se encuentra en vías de notificación la resolución determinante del crédito fiscal; cuando no resulta aplicable debido a la naturaleza de las facultades ejercidas en materia de devoluciones, compulsas y cumplimentación de resoluciones y sentencias, o bien, en aquellos casos en que los solicitantes de la adopción de un acuerdo conclusivo sean empresas que facturan operaciones simuladas (EFOS) presuntos o definitivos, ello considerando que el mecanismo para desvirtuar los hechos que llevaron a la autoridad a publicarlos como tales se encuentra previsto en el propio artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, por lo que de ninguna manera procede utilizar el procedimiento de acuerdo conclusivo para tales efectos.

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En la iniciativa de cambios al Código Fiscal de la Federación se propone reformar el artículo 52-A del Código Fiscal de la Federación relativo a que en la revisión del dictamen se pueda requerir al contador público no solo para la exhibición de los papeles de trabajo que elaboró con motivo de la auditoría sino también para que en el mismo acto comparezca ante la autoridad fiscal a fin de llevar a cabo el desahogo de cuestionamientos en relación con los citados papeles de trabajo.

Es de indicarse que existen precedentes del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que confirman el sentido de la norma ya que requerir a los contadores públicos la exhibición de papeles de trabajo trae consigo de manera implícita la facultad de solicitar a dichos profesionistas su comparecencia ante las oficinas de la autoridad fiscal para que desahoguen cuestionamientos propios de los papeles de trabajo, bajo el entendido de que ello permite a la autoridad fiscal allegarse de la información necesaria para verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales del contribuyente dictaminado.

No obstante, algunas Salas del referido Tribunal han resuelto que el artículo 52-A, fracción I, inciso b), del Código Fiscal de la Federación solo prevé la facultad de las autoridades fiscales para solicitar al contador público la exhibición de papeles de trabajo, mas no la posibilidad de requerir a éstos su comparecencia a efecto de que desahogue cuestionamientos en relación con los papeles de trabajo, por lo que la propuesta referida otorgará seguridad jurídica en relación con la procedencia del requerimiento de comparecencia señalado.

 

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En la iniciativa de cambios al Código Fiscal de la Federación se propone un cambio al Artículo 45 del Código Fiscal de la Federación que para el próximo año.  

 

Se trata del primer párrafo del Artículo 45 que establece las obligaciones de los contribuyentes cuando reciban a sus visitadores. Señala que estos visitadores ahora podrán utilizar herramientas tecnológicas para recabar imágenes o material que sirva como constancia de los bienes o activos del domicilio fiscal.

 

Incluso el secretario de Hacienda llevó el tema a su cuenta de Twitter y dijo… Este mecanismo no busca, de ninguna manera, limitar la privacidad e intimidad de las personas, sino combatir la corrupción y la defraudación fiscal.

 

Cabe resaltar que, atendiendo a que la obtención de esa información se realizará en el ejercicio de las facultades de comprobación a que se refiere el artículo 42 del mismo Código, se entiende que entran en la reserva fiscal prevista en el primer párrafo del artículo 69 del propio Código.

 

Es importante recordar que en 2016 se emitió un criterio de Tribunales Colegiados que indica que esa practica sin fundamentar ni motivar viola el derecho de inviolabilidad e intimidad de Domicilio y de Protección de los Datos de las Personas.

 

Época: Décima Época

Registro: 2012226

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Tipo de Tesis: Aislada

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

Libro 33, Agosto de 2016, Tomo IV

Materia(s): Constitucional, Administrativa

Tesis: XVI.2o.A.4 A (10a.)

Página: 2832

VISITA DOMICILIARIA. EL HECHO DE QUE LA AUTORIDAD TOME FOTOGRAFÍAS DEL INTERIOR DEL INMUEBLE RESPECTIVO SIN FUNDAR Y MOTIVAR ESA ACTUACIÓN EN RELACIÓN CON EL OBJETO DE LA REVISIÓN, NI PRECISAR EL MANEJO Y LA CONFIDENCIALIDAD DE ESOS DATOS, REPRESENTA UN MENOSCABO Y UN DETERIORO EN LOS DERECHOS DE INVIOLABILIDAD E INTIMIDAD DEL DOMICILIO Y DE PROTECCIÓN DE LOS DATOS DE LAS PERSONAS.

Conforme al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la tutela de la inviolabilidad e intimidad del domicilio exige que las facultades de comprobación de las autoridades fiscales en el desarrollo de una visita domiciliaria, se ciñan a los derechos fundamentales de legalidad, seguridad jurídica, debida fundamentación y motivación, por lo que no es dable algún tipo de ambigüedad o margen de discrecionalidad; de ahí que únicamente en casos excepcionales y en aras de proteger el interés general, se autoriza a la autoridad administrativa introducirse en el domicilio del particular, invadiendo su privacidad, como sucede con las visitas que se realizan en el domicilio del contribuyente. En ese sentido, el Estado tiene la obligación de velar por la protección de los derechos de inviolabilidad e intimidad del domicilio y de protección de los datos de las personas, frente a los actos de autoridad, lo que de suyo engloba la obligación de fundar y motivar el objeto por el cual se autoriza una injerencia en el domicilio de las personas, qué datos pueden ser recopilados en una visita de inspección, incluidos aquellos recabados por medios electrónicos, por lo que tratándose de archivos que contienen datos personales incorrectos u obtenidos en contravención de las disposiciones legales, debe reconocerse el derecho de toda persona a pedir su rectificación o eliminación, máxime que el estándar en la limitación de esas prerrogativas, por ser de carácter excepcional, así como del más estricto rigor, lleva implícita la carga de la autoridad de probar, además de la existencia de fundamentos y motivos en los cuales sea susceptible justificar su actuación, también que las medidas asumidas en el acto de molestia sean objetivas y razonables. Por tanto, como la salvaguarda de esos derechos fundamentales también comprende aquellos documentos, espacios e información que les son inherentes y que, por ende, deben permanecer ajenos al conocimiento, vista e injerencia de terceros, entonces, el hecho de que la autoridad tome fotografías del interior del inmueble visitado sin fundar y motivar esa actuación en relación con el objeto de la revisión, ni precisar el manejo y la confidencialidad de esos datos, representa un menoscabo y un deterioro en dichos derechos del particular, de naturaleza continuada.

 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.

Amparo en revisión 302/2015. Salas Rangel Construcciones, S.A. de C.V. 8 de abril de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Arturo Hernández Torres. Secretario: Luis Ángel Ramírez Alfaro.

Esta tesis se publicó el viernes 05 de agosto de 2016 a las 10:05 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

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En la iniciativa de cambios al Código Fiscal de la Federación se propone modificar la fracción III del propio artículo 40, para incluir en el Aseguramiento Precautorio a los terceros relacionados con los contribuyentes y/o responsables solidarios.

Dentro de los terceros que se oponen generalmente al ejercicio de las atribuciones de la autoridad fiscal, se encuentran aquellos que realizaron presuntas operaciones con contribuyentes que se clasificaron como empresas que facturan operaciones simuladas (EFOS), así como los que recibieron ingresos exorbitantes como presuntos asimilados a salarios.

 La intención de la modificación es que ese tipo de terceros también puedan ser sujetos de aseguramiento precautorio y, bajo esta condición, apoyen a la autoridad fiscal en el ejercicio de sus atribuciones y se eliminen esas malas prácticas que dañan al fisco federal.

 Lo anterior obedece a que en la fracción III del artículo 40 del Código Fiscal de la Federación, se establece una medida de apremio que es idónea para conseguir el fin que se busca, a saber, constreñir a su destinatario para que permita el inicio o desarrollo de las facultades de la autoridad fiscal tendentes a conocer la situación fiscal del contribuyente. Se afirma que se trata de una medida idónea porque constituye un instrumento cuyo empleo está indefectiblemente condicionado a que el contribuyente, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados se opongan, impidan u obstaculicen físicamente el inicio o desarrollo de las facultades de las autoridades tributarias. Así, la posibilidad jurídica de que la autoridad fiscal decrete legítimamente el aseguramiento precautorio de los bienes o de la negociación del contribuyente depende de la actitud del propio contribuyente, responsable solidario o tercero con ellos relacionado. En este sentido, mientras éstos no incurran en las conductas establecidas en el precepto legal de que se trata, la autoridad no podrá válidamente decretar dicho aseguramiento. Lo anterior garantiza la constitucionalidad de la medida.

 En congruencia con la propuesta de modificación a la fracción III del artículo 40 del referido Código, en el artículo 40-A del propio ordenamiento se incorpora que los terceros relacionados con el contribuyente o con el responsable solidario, también son sujetos del aseguramiento precautorio.

 La inclusión de los terceros relacionados con los contribuyentes o con los responsables solidarios como sujetos de aseguramiento precautorio sería una facultad reglada ya que la autoridad fiscal debe cumplir las formalidades de los actos de molestia

 

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