En la iniciativa de Reformas al Código Fiscal de la Federación se propone limitar la posibilidad de que el contribuyente continúe con las malas prácticas, por lo que se plantea incluir las actuales fracciones IV y X del mencionado artículo 17-H Bis, como nuevas fracciones en el artículo 17-H del Código Fiscal de la Federación, a fin de que se deje de inmediato sin efectos su certificado de sello digital y así, de manera oportuna, impedir que sigan realizando las acciones que los llevaron a esa situación.

En este sentido las nuevas causas de cancelación inmediata serán las siguientes:

- No desvirtuar la presunción de la inexistencia de las operaciones amparadas en comprobantes fiscales emitidos.

- No desvirtuar la presunción de transmitir indebidamente pérdidas fiscales.

La justificación a este cambio radica en que es de conocimiento público que una de las mayores afectaciones al fisco federal es la que ocasionan las empresas que facturan operaciones simuladas (EFOS), que se crean con la finalidad de realizar operaciones inexistentes o simuladas y, una vez cumplido tal fin, desaparecen. Estas empresas también se conocen como "empresas factureras".

Las referidas afectaciones se configuran toda vez que los receptores de los comprobantes les dan efectos fiscales de acreditamiento y deducción, con lo que no pagan impuestos y se llega al extremo de solicitar devoluciones de saldos a favor irreales. Las mencionadas acciones de simulación también dan pauta para el lavado de dinero.

Asimismo, existen empresas que fueron parte de una reestructuración, escisión o fusión de sociedades, o bien, de un cambio de accionistas y, por consecuencia, dejan de formar parte del grupo al que pertenecían y efectúan la transmisión de pérdidas fiscales, acción que resulta indebida, pues trae como consecuencia la erosión de la base del impuesto sobre la renta, con lo que evidentemente se evita el pago de dicha contribución.

El esfuerzo de la autoridad fiscal por detener esas prácticas se ha visto reflejado en diversas modificaciones al Código Fiscal de la Federación, especialmente con la inclusión de los artículos 69-B y 69-B Bis, los cuales establecen procedimientos de inmediatez plena y eficaz que revierten y determinan consecuencias jurídicas para quienes realizan esas malas prácticas.

Parte de esas consecuencias jurídicas se concretó en las modificaciones al Código Fiscal de la Federación para 2020,  al adicionar el artículo 17-H Bis, y de manera específica como supuestos para la restricción temporal del certificado de sello digital, a las empresas factureras y a quienes transmiten indebidamente pérdidas fiscales, respectivamente.

Sin embargo, la característica particular del citado artículo 17-H Bis, al establecer un procedimiento en el que solamente se realiza  una restricción temporal, implica que, durante el desahogo del procedimiento, el contribuyente queda en aptitud de seguir aplicando esas  malas prácticas e, incluso, desaparecer durante tal procedimiento que, aunque ágil, siempre implica un tiempo que puede ser aprovechado para evitar la acción de la autoridad fiscal.

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En la iniciativa de cambios al Código Fiscal de la Federación se propone indicar que si bien la adopción del acuerdo conclusivo se podrá solicitar en cualquier momento, el límite temporal para hacerlo será de quince días siguientes a aquél en que se haya levantado el acta final o se haya notificado el oficio de observaciones o la resolución provisional, según sea el caso, ello considerando que el contribuyente durante el procedimiento de fiscalización tuvo la oportunidad para desvirtuar las observaciones u optar por corregir su situación fiscal, demostrando así su buena fe para llegar a un acuerdo de conclusión, máxime que, derivado de la posibilidad de solicitar dichos acuerdos hasta antes de que se notifique la liquidación, es muy común que los contribuyentes esperen a que la autoridad trate de notificar la liquidación correspondiente, para solicitar la adopción de un acuerdo conclusivo con el único propósito de evitar que concluya el proceso de notificación de la liquidación y poner en riesgo el acto de fiscalización, en caso de que no se llegue a un consenso y la autoridad deba emitir la liquidación al reactivarse los plazos del artículo 50 y 53-B del Código Fiscal de la Federación.

En ese contexto, se propone incluir diversas causales de improcedencia del acuerdo conclusivo, a efecto de establecer limitantes a su interposición cuando se utiliza con el mero propósito de obstaculizar y viciar los procedimientos de fiscalización, tal como sucede cuando se solicita la adopción de un acuerdo conclusivo cuando ya se encuentra en vías de notificación la resolución determinante del crédito fiscal; cuando no resulta aplicable debido a la naturaleza de las facultades ejercidas en materia de devoluciones, compulsas y cumplimentación de resoluciones y sentencias, o bien, en aquellos casos en que los solicitantes de la adopción de un acuerdo conclusivo sean empresas que facturan operaciones simuladas (EFOS) presuntos o definitivos, ello considerando que el mecanismo para desvirtuar los hechos que llevaron a la autoridad a publicarlos como tales se encuentra previsto en el propio artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, por lo que de ninguna manera procede utilizar el procedimiento de acuerdo conclusivo para tales efectos.

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