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En el presente artículo el lector conocerá a través de un caso real, la forma en la que el SAT emite una multa derivada la Facultad de Fiscalización, consistente en…
Con fecha 19 de Octubre de 2020 la Comisión de Hacienda y Crédito Público aprobó, en lo general y en lo particular, con 18 votos a favor, 12 en contra y cero abstenciones, el dictamen que reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, y del Código Fiscal de la Federación.
La Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) quedó fuera del dictamen debido a que el único artículo que se mencionaba en la iniciativa que envió Hacienda era el referente a la cuota complementaria del IEPS a gasolinas.
El Dictamen lo podrás consultar aquí:
Las autoridades fiscales han informado a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, que el tratamiento asimilado a salarios, ha sido utilizado por personas físicas que obtienen exorbitantes cantidades de ingresos de los contratantes obligados a efectuar la retención y el entero del impuesto, constatando la existencia de las prácticas indebidas siguientes en perjuicio del fisco federal:
- Los contratantes incumplen la obligación de efectuar la retención del impuesto, no obstante ello emiten el comprobante fiscal digital por Internet de nómina en el que se consignan cantidades retenidas a la persona física que obtiene los ingresos.
- Los contratantes efectúan la retención del impuesto y emiten el comprobante fiscal digital por Internet de nómina correspondiente, pero incumplen la obligación de realizar el entero de la retención.
- Los contratantes obligados a la retención y entero del impuesto frecuentemente proporcionan a las autoridades fiscales domicilios fiscales que no se encuentran localizados.
- Las personas físicas que perciben los ingresos que se asimilan a salarios, utilizan el comprobante fiscal digital por Internet de nómina para los efectos del acreditamiento contra su impuesto a cargo, a pesar de que tales cantidades jamás fueron recibidas por las autoridades fiscales como entero de retenciones.
Los efectos conjuntos de las prácticas antes descritas producen diversas consecuencias en perjuicio del fisco federal, ya que además de que se deja de recaudar el impuesto sobre la renta correspondiente a los ingresos asimilables a salarios, el contratante erosiona indebidamente su base imponible al efectuar la deducción de las erogaciones realizadas a favor de las personas físicas, y por último, la persona física con base en el comprobante fiscal digital por Internet de nómina emitido por su contratante, acredita las cantidades supuestamente retenidas contra el impuesto a su cargo, existiendo la posibilidad incluso que le resulte saldo a favor que sería susceptible de devolución.
A mayor abundamiento, la Comisión que dictamina considera que, a través de la realización de estas prácticas indebidas efectuadas por los contribuyentes, se nulifican las facultades de cobro coactivo de las autoridades fiscales, pues al intentar realizar el cobro del impuesto omitido a las personas físicas, éstas exhiben el comprobante fiscal digital por Internet de nómina emitido por los contratantes adquirentes de sus bienes o servicios.
Por lo anterior, se propuso la adición de los párrafos segundo y tercero al artículo 94 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, pasando los actuales segundo a séptimo párrafos a ser cuarto a noveno párrafos, con el objeto de establecer que los ingresos a que se refieren las fracciones IV, V y VI no serán considerados asimilables a salarios, cuando la suma de tales ingresos, en lo individual o en su conjunto, exceda de 75 millones de pesos en el ejercicio de que se trate, en cuyo caso, los contribuyentes que los hayan percibido no les podrán aplicar nuevamente las disposiciones del Título IV, Capítulo I de la Ley del Impuesto sobre la Renta en los ejercicios subsecuentes, debiendo cumplir con las obligaciones previstas en el Capítulo al que correspondan.
La cancelación de las facturas electrónicas es un proceso común en la práctica contable de los contribuyente, pero es normal caer en prácticas erróneas como generar notas de crédito buscando cancelar sus efectos fiscales.
Es probable que esta creencia se deba a que cuando fue la transición de la versión de CFDIs 3.2 a 3.3 el SAT "sugirió" cancelar CFDIs con notas de crédito y esa práctica se quedó como costumbre en algunos contribuyentes como solución. Si embargo, de acuerdo al esquema de cancelación de CFDI 3.3 que entró en vigor el 1º de noviembre de 2018, las facturas en algunos casos, solo podrán cancelarse cuando la persona a favor de quien se expidan acepte su cancelación.
Lo primero que debemos tener en cuenta es que una Nota de Crédito, ampara devoluciones, descuentos y bonificaciones y también sirve para corregir un monto en una factura, sin embargo, la factura anteriormente generada queda vigente. Si lo que se quiere hacer es que la factura original quede invalidada, esta deberá cancelarse.
De acuerdo al apéndice 2 de la guía del anexo 20 del SAT en donde se establecen los tipos de comprobantes que pueden emitirse, se define el concepto del comprobante de EGRESOS también conocido como NOTA DE CRÉDITO de la siguiente manera:
Comprobante de Egreso.- Amparan devoluciones, descuentos y bonificaciones para efectos de deducibilidad y también puede utilizarse para corregir o restar un comprobante de ingresos en cuanto a los montos que documenta, como la aplicación de anticipos. Este comprobante es conocido como nota de crédito.
Por tanto, si se emite el CFDI de tipo egreso (nota de crédito) a este se le debe dar el efecto fiscal correspondiente, es decir, aplicarlo en la declaración anual como deducción, ya que se trata de un descuento, devolución o bonificación, según el artículo 25, fracción I de la LISR.
Si lo que necesitas es sustituir una factura de venta errónea, deberás cancelar el CFDI de ingresos y generar uno nuevo de tipo SUSTITUCIÓN DE LOS CFDI PREVIOS relacionándolo con el CFDI cancelado.
Uno de los requisitos de deducibilidad de la previsión social para efectos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, es que las prestaciones se concedan en forma general en beneficio de todos los trabajadores, sin embargo dicho concepto puede confundirse en sentido que este tipo de prestaciones deban otorgarse a la totalidad de los trabajadores.
Al respecto el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (Ahora Tribunal Federal de Justicia Administrativa) a través de un criterio aislado, concluyo que la generalidad debe considerarse cuando son atribuidas a un grupo homogéneo de personas, que, al encontrarse en igualdad de circunstancias, y por tanto deben acceder a la misma prestación de previsión social.
El criterio es el siguiente:
PREVISIÓN SOCIAL, CONCEPTO DE GENERALIDAD. SUS ALCANCES (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA 2013).- El concepto de generalidad a que se refiere el artículo 109, primer párrafo, fracción VI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2013, como requisito para considerar exentos del impuesto relativo, los ingresos que el trabajador perciba con motivo de prestaciones de previsión social, otorgadas por el patrón; debe matizarse y no ser interpretado en forma radical. Ciertamente, si bien la referida porción normativa establece que dichas prestaciones deben concederse de manera general, ello se refiere a un grupo homogéneo de personas, que al encontrarse en igualdad de circunstancias, deben acceder a la misma prestación de previsión social otorgada a sus pares, de acuerdo con las leyes o por contratos de trabajo, que definan los planes del sector aplicable, requisitos de elegibilidad, beneficiarios y procedimientos para determinar el monto de las prestaciones.
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 127/15-23-01-1.- Resuelto por la Sala Regional del Norte-Centro IV del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 3 de noviembre de 2015, por unanimidad de votos. Magistrado Instructor Alejandro Raúl Hinojosa Islas. Secretario Licenciado José Refugio Medina Larios.
Fuente: Revista del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Séptima Época. Año VI. Núm. 54, VII-CASR-NCIV-14, p. 331, Tesis Aislada, enero 2016.
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