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El Senador Germán Martínez Cazares, senador integrante de la LXIV Legislatura del senado de la república, e integrante del grupo parlamentario de MORENA, presenta iniciativa de una nueva Ley que llevaría el nombre de LEY GENERAL DE RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL Y DEBIDA DILIGENCIA CORPORATIVA. Dicha ley va encaminada a sancionar la falta de responsabilidad social de las empresas que involucra la implementación de mecanismos de cumplimiento y debida diligencia en materia laboral, ambiental, anticorrupción, respeto a los derechos humanos, entre otros aspectos de la vida de las empresas. Dentro de las sanciones que establece esta Ley se encuentran Multas, Suspensión de Establecimientos e incluso Clausuras.

 

La iniciativa completa la podrás consultar aquí:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con fecha 21 de septiembre de 2020, se publica en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo A/001/2020, por el que se abroga el diverso A/078/13, por el que se establece la organización y funcionamiento de la Unidad Especializada en Análisis Financiero de la Procuraduría General de la República, y se dispone la unidad administrativa que fungirá como la Unidad Especializada en Análisis Financiero.

A través de eta publicación se abroga el Acuerdo A/078/13, por el que se establece la organización y funcionamiento de la Unidad Especializada en Análisis Financiero de la Procuraduría General de la República, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de julio de 2013.

La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, por conducto de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros, fungirá como la Unidad Especializada en Análisis Financiero a que se refiere el artículo 7 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

La Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros ejercerá, de forma adicional a las facultades que actualmente tiene conforme a las normas jurídicas que le resultan aplicables, las que establecen los artículos 7 y 8 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

 

La publicación la podrás consultar aquí:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la iniciativa de Reformas al Código Fiscal de la Federación dispone que en virtud de la gravedad del incumplimiento a las disposiciones fiscales en materia de precios de transferencia éste no debe tratarse como el resto de los incumplimientos.

Por lo tanto, se propone adicionar una fracción V al artículo 75 del Código Fiscal de la Federación, pasando las actuales V y VI a ser VI y VII, ya que a nivel internacional las multas por incumplimiento a las disposiciones fiscales en materia de precios de transferencia suelen ser mayores que las multas por omisiones de pago.

Adicionalmente, se propone a esa Soberanía la derogación del penúltimo párrafo del artículo 76 del mencionado Código para eliminar las reducciones del 50% tratándose de multas por infracciones en la materia de precios de transferencia. Esta propuesta es congruente con la relativa a considerar grave el incumplimiento a las obligaciones en materia de precios de transferencia prevista en el artículo que antecede.

Para esta propuesta se tomó en cuenta la práctica a nivel Internacional ya que, en dicho ámbito, las multas por incumplimiento a las disposiciones fiscales en materia de precios de transferencia son mayores que las multas por omisiones de pago.

De igual forma, debe considerarse que el entorno de negocios actual hará que la verificación del cumplimiento de estas obligaciones sea más recurrente en el futuro próximo y la percepción del riesgo de incumplimiento deberá motivar una conducta mayormente apegada a las normas tributarias.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la iniciativa de Reformas al Código Fiscal de la Federación se propone limitar la posibilidad de que el contribuyente continúe con las malas prácticas, por lo que se plantea incluir las actuales fracciones IV y X del mencionado artículo 17-H Bis, como nuevas fracciones en el artículo 17-H del Código Fiscal de la Federación, a fin de que se deje de inmediato sin efectos su certificado de sello digital y así, de manera oportuna, impedir que sigan realizando las acciones que los llevaron a esa situación.

 

En este sentido las nuevas causas de cancelación inmediata serán las siguientes:

- No desvirtuar la presunción de la inexistencia de las operaciones amparadas en comprobantes fiscales emitidos.

- No desvirtuar la presunción de transmitir indebidamente pérdidas fiscales.

 

La justificación a este cambio radica en que es de conocimiento público que una de las mayores afectaciones al fisco federal es la que ocasionan las empresas que facturan operaciones simuladas (EFOS), que se crean con la finalidad de realizar operaciones inexistentes o simuladas y, una vez cumplido tal fin, desaparecen. Estas empresas también se conocen como "empresas factureras".

Las referidas afectaciones se configuran toda vez que los receptores de los comprobantes les dan efectos fiscales de acreditamiento y deducción, con lo que no pagan impuestos y se llega al extremo de solicitar devoluciones de saldos a favor irreales. Las mencionadas acciones de simulación también dan pauta para el lavado de dinero.

Asimismo, existen empresas que fueron parte de una reestructuración, escisión o fusión de sociedades, o bien, de un cambio de accionistas y, por consecuencia, dejan de formar parte del grupo al que pertenecían y efectúan la transmisión de pérdidas fiscales, acción que resulta indebida, pues trae como consecuencia la erosión de la base del impuesto sobre la renta, con lo que evidentemente se evita el pago de dicha contribución.

El esfuerzo de la autoridad fiscal por detener esas prácticas se ha visto reflejado en diversas modificaciones al Código Fiscal de la Federación, especialmente con la inclusión de los artículos 69-B y 69-B Bis, los cuales establecen procedimientos de inmediatez plena y eficaz que revierten y determinan consecuencias jurídicas para quienes realizan esas malas prácticas.

Parte de esas consecuencias jurídicas se concretó en las modificaciones al Código Fiscal de la Federación para 2020,  al adicionar el artículo 17-H Bis, y de manera específica como supuestos para la restricción temporal del certificado de sello digital, a las empresas factureras y a quienes transmiten indebidamente pérdidas fiscales, respectivamente.

Sin embargo, la característica particular del citado artículo 17-H Bis, al establecer un procedimiento en el que solamente se realiza  una restricción temporal, implica que, durante el desahogo del procedimiento, el contribuyente queda en aptitud de seguir aplicando esas  malas prácticas e, incluso, desaparecer durante tal procedimiento que, aunque ágil, siempre implica un tiempo que puede ser aprovechado para evitar la acción de la autoridad fiscal.

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