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El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Senadores presentó en noviembre del año pasado, una iniciativa con proyecto de decreto para incluir a la defraudación fiscal y la defraudación fiscal equiparada en el catálogo de delitos cometidos por la delincuencia organizada, esto con el objetivo de "combatir a quienes acuerdan criminalmente evadir millonariamente al fisco federal"

 El senador Alejandro Armenta Mier, ponente de la iniciativa, señala en su exposición de motivos que la SHCP ha realizado un estudio sobre la concurrencia de diversos delitos de carácter fiscal y ha llegado a la conclusión de que se puede distinguir entre delincuentes peligrosos y de otros que no lo son. 

     El equiparar las penas de defraudación fiscal con las de delincuencia organizada evitaría pérdidas anuales por 500 mil millones de pesos al erario, advirtió Carlos Romero Aranda, procurador fiscal de la Federación.

     Dicha iniciativa se hace relevante debido a que durante el seminario Corrupción y Lavado de Dinero, realizado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, explicó que el objetivo de hacer cambios a la ley es endurecer las penas y dar mayores competencias a las autoridades para que las investigaciones no sean superficiales.

Recordó que de acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) factureras lavaron en promedio 2 billones de pesos de 2014 a 2018, cifra cercana a una décima parte del gasto público. Para su propósito los delincuentes de cuello blanco utilizan a personas que no ganan más de dos salarios mínimos y a adultos mayores como prestanombres.

De acuerdo con el dictamen del proyecto que reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales; la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y la Ley de Seguridad Nacional en materia de empresas fantasma, se busca combatir a las empresas facturadoras de operaciones simuladas (EFOS) y a las empresas que deducen operaciones simuladas (EDOS), y a "cualquier otra conducta delictiva de contenido económico", de manera que los delitos fiscales sean considerados como graves, de manera que implicarían forzosamente la aplicación de prisión preventiva oficiosa, es decir, que dado el tipo de delito, quienes lo cometen no alcanzan el beneficio de llevar a cabo su proceso en libertad.

 El proyecto se encuentra actualmente turnado a la Comisión de Estudios Legislativos Primera y aún debe discutirse en esta instancia antes de pasar al Pleno del Senado.

Habrá que estar pendiente del estatus legislativo de esta iniciativa.

Consulta el documento fuente de esta iniciativa en la siguiente liga:

 

56 09 17 23