DEFRAUDACIÓN

  • El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Senadores presentó en noviembre del año pasado, una iniciativa con proyecto de decreto para incluir a la defraudación fiscal y la defraudación fiscal equiparada en el catálogo de delitos cometidos por la delincuencia organizada, esto con el objetivo de "combatir a quienes acuerdan criminalmente evadir millonariamente al fisco federal"

     El senador Alejandro Armenta Mier, ponente de la iniciativa, señala en su exposición de motivos que la SHCP ha realizado un estudio sobre la concurrencia de diversos delitos de carácter fiscal y ha llegado a la conclusión de que se puede distinguir entre delincuentes peligrosos y de otros que no lo son. 

         El equiparar las penas de defraudación fiscal con las de delincuencia organizada evitaría pérdidas anuales por 500 mil millones de pesos al erario, advirtió Carlos Romero Aranda, procurador fiscal de la Federación.

         Dicha iniciativa se hace relevante debido a que durante el seminario Corrupción y Lavado de Dinero, realizado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, explicó que el objetivo de hacer cambios a la ley es endurecer las penas y dar mayores competencias a las autoridades para que las investigaciones no sean superficiales.

    Recordó que de acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) factureras lavaron en promedio 2 billones de pesos de 2014 a 2018, cifra cercana a una décima parte del gasto público. Para su propósito los delincuentes de cuello blanco utilizan a personas que no ganan más de dos salarios mínimos y a adultos mayores como prestanombres.

    De acuerdo con el dictamen del proyecto que reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales; la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y la Ley de Seguridad Nacional en materia de empresas fantasma, se busca combatir a las empresas facturadoras de operaciones simuladas (EFOS) y a las empresas que deducen operaciones simuladas (EDOS), y a "cualquier otra conducta delictiva de contenido económico", de manera que los delitos fiscales sean considerados como graves, de manera que implicarían forzosamente la aplicación de prisión preventiva oficiosa, es decir, que dado el tipo de delito, quienes lo cometen no alcanzan el beneficio de llevar a cabo su proceso en libertad.

     El proyecto se encuentra actualmente turnado a la Comisión de Estudios Legislativos Primera y aún debe discutirse en esta instancia antes de pasar al Pleno del Senado.

    Habrá que estar pendiente del estatus legislativo de esta iniciativa.

    Consulta el documento fuente de esta iniciativa en la siguiente liga:

     

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    La Suprema Corte de Justicia de la Nación a través del comunicado 085/2019 de fecha 25 de Junio del corriente, dio a conocer que se considera constitucional el delito equiparado a la defraudación fiscal consistente en omitir presentar por más de 12 meses las declaraciones definitivas así como las de un ejercicio fiscal, dejando de pagar la contribución respectiva. No se viola el principio de taxatividad.

    El comunicado completo es el siguiente:

    Fuente:http://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=5904

    No. 085/2019

    Ciudad de México, a 25 de junio de 2019

       

    CONSTITUCIONAL DELITO DE DEFRAUDACIÓN FISCAL EQUIPARADA POR OMITIR PRESENTAR DECLARACIONES

       

    *La SCJN declara procedentes los desistimientos del Ministerio Público Federal y la SHCP, relacionados con la obtención de información financiera sin orden judicial.

    La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en sesión del Tribunal Pleno, determinó que son procedentes los desistimientos presentados por el Ministerio Público Federal y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, respecto de los recursos de revisión interpuestos en contra de una sentencia de amparo dictada por un Tribunal Colegiado de Circuito, en la que se declaró la inconstitucionalidad del artículo 142, fracción I, de la Ley de Instituciones de Crédito.

    Dicho precepto establece que las instituciones de crédito estarán obligadas a dar información financiera sin que exista una orden judicial, cuando sea solicitada por el Procurador General de la República o el servidor público en quien delegue facultades para requerir información, para la comprobación del hecho que la ley señale como delito y de la probable responsabilidad del imputado.

    Por tal motivo, ha quedado firme la decisión del Tribunal Colegiado respecto de la inconstitucionalidad dicho artículo.

    Resuelto lo anterior, la SCJN analizó la constitucionalidad del artículo 109, fracción V, del Código Fiscal de la Federación —impugnado por el quejoso particular— el cual establece que será sancionado con las mismas penas que el delito de defraudación fiscal quien sea responsable por omitir presentar por más de doce meses las declaraciones que tengan carácter de definitivas, así como las de un ejercicio fiscal que exijan las leyes fiscales, dejando de pagar la contribución correspondiente.

    La SCJN resolvió que dicho artículo no vulnera el principio de taxatividad, por lo que es constitucional. No obstante, en la siguiente sesión, el Pleno precisará si, para que se configure dicho delito, es necesario que el contribuyente omita presentar, por más de doce meses, tanto las declaraciones que tengan carácter de definitivas, como las de un ejercicio fiscal, dejando en ambos casos de pagar la contribución correspondiente; o bien, si basta con que se actualice sólo uno de esos supuestos.

    Amparo directo en revisión 1762/2018, derivado del promovido por Pedro Guillén Mariscal, en contra de la sentencia dictada el 17 de agosto de 2017 por el Quinto Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, en el toca de apelación 25/2017.

     

     

     

     

     

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